Francisca Vargas

Francisca Vargas

Lunes, 22 Octubre 2018 00:00

Plan de retorno deshumanizado

Carta al Director publicada junto a Lidia Casas en La Tercera el 21 de Octubre de 2018.

SEÑOR DIRECTOR

El plan de retorno humanitario de extranjeros impulsado por el gobierno de humanitario tiene poco. Este plan se planteó en un inicio solo para personas haitianas y ahora se ha dicho que es para “cualquier extranjero”. Sin embargo, en las gráficas y videos del sitio web de Extranjería sólo aparecen afrodescendientes. Esto, a lo menos, huele a discriminación nacional o racial, si está dirigido solo a haitianos.

Además, el plan contempla una prohibición de ingreso por nueve años al país, plazo excesivo y discriminatorio, puesto que se equipara con la que tienen extranjeros expulsados judicialmente por la comisión de delitos en Chile.
La Corte ha señalado que los objetivos de las políticas migratorias deben tener presente el respeto por los DD.HH. de las personas y este programa no lo hace.

Si lo que se busca es que los extranjeros no vean este plan como una oportunidad para visitar a su familia y luego volver a Chile, es posible adoptar otras medidas más razonables, como la devolución de dinero que implique solventar el costo que Chile asumió al retornarlos.

Por último, vemos con desazón la poca consciencia del impacto de género que tiene este programa. Que una persona en el grupo familiar sea la que tome la decisión por toda la familia, deja abierta la puerta a la perpetuación de situaciones de subordinación y violencia contra la mujer, que no podrá decidir sobre su propio proyecto migratorio.
El plan muestra una visión que propugna la salida de inmigrantes del país sin primar las políticas de integración, sin advertir la discriminación que involucra ni las implicancias de género en la sociedad.

Lidia Casas Becerra
Francisca Vargas Rivas
Centro de Derechos Humanos UDP

Miércoles, 03 Octubre 2018 00:00

O el asilo contra la opresión

Carta al Director publicada en El Mostrador el 3 de Octubre de 2018, junto a los firmantes que aparecen abajo.

Señor Director:

Los días 13 y 23 de septiembre pasado presentamos dos acciones de protección en favor de 20 personas extranjeras a quienes se les denegó de manera ilegal y arbitraria el acceso al procedimiento de asilo por parte de funcionarios del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior.

Estamos frente a un caso grave: se trata de personas que han venido de sus países no por gusto, sino escapando de la persecución, la violencia o la guerra y han buscado en Chile, país que promulga el asilo contra la opresión, paz y protección.

La Ley 20.430 sobre protección de refugiados es clara: el funcionario que conozca de una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado de una persona, deberá remitirla en el más breve tiempo a las autoridades pertinentes, quienes estudiarán el caso y asesorarán al Subsecretario del Interior, autoridad que toma la decisión de si una persona es o no refugiada en un proceso que dura, en la práctica, entre 2 y 3 años. En ningún caso el funcionario receptor debe tomar mérito de la solicitud, cuestión que ha ocurrido en el presente caso, contraviniendo la ley.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que el derecho a buscar y recibir asilo impone la obligación a los Estados de permitir el ingreso a un procedimiento de estudio del caso, cuestión que ha sido privada. Por lo mismo, hemos remitido comunicaciones tanto a la Relatoría de Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como al Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, con el objeto de alertar sobre esta situación.

Es necesario acabar cuanto antes con esta situación de vulnerabilidad en la que se ha puesto a estas personas, y que la autoridad cese estas prácticas. Desde la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, estamos #ConLosRefugiados.

Nicolás Arancibia
Lucca Biondi
Francisco Camus
Claudia Cespedes
Carlos Donoso
Sebastián Jaures
Vicente Jiménez
Nicolás Parra
Cristian Vargas
Claudia Charles
Fernanda Gutiérrez
Víctor Hugo Lagos
Francisca Vargas
Estudiantes y equipo docente
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP

Miércoles, 22 Agosto 2018 00:00

Deshumanización de la Migración

*Carta publicada originalmente el 20 de Agosto 2018 en La Tercera.

SEÑOR DIRECTOR El manejo que el gobierno está dando a las migraciones es una vergüenza: según cifras de la PDI, los años 2016 y 2017 se decretaron 5.824 medidas de expulsión, por distintos motivos.

Sin embargo, no había visto antes tamaño espectáculo: dos policías por persona, un avión de la Fuerza Aérea, y todo esto bajo flashes y cámaras, cual pasarela de un desfile de modas.

Lo anterior fue bajo el marco de la meta fijada por el gobierno de llegar a las dos mil expulsiones de migrantes, con y sin antecedentes penales.

Hablar de una “meta” ya es impresentable, pues no estamos frente a una competición deportiva. Estamos hablando de personas, y me pregunto en qué momento nos olvidamos de esto.

La exposición de las personas expulsadas es incorrecta, más aún teniendo en cuenta que, con al menos un grupo de ellas –las expulsadas administrativamente por tener antecedentes penales en Chile o en el país de origen–, no es claro que se hayan respetado las normas de un debido proceso, que se haya ponderado el tipo de delito o la conducta o reinserción social de la persona, ni que se haya intentado proteger a la familia o a los hijos e hijas de las personas expulsadas residentes en Chile.

No estamos promoviendo la delincuencia; por el contrario, estamos promoviendo el cumplimiento de las normas existentes en Chile; de todas ellas, no solo de algunas a conveniencia.

Algunas de éstas se encuentran en tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Lamento que el gobierno pretenda transformar en sinónimas las palabras migración y delincuencia, y que parezca no tener claro que ya no estamos en tiempos de soberanía estatal sin límites.

*Noticia publicada originalmente el 17 de Agosto 2018 en La Tercera.

La expulsión de 51 colombianos concretada ayer no tuvo buena acogida por parte de todos los sectores. Las clínicas jurídicas de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y de la Universidad Diego Portales (UDP), que se han especializado en la situación de los migrantes, cuestionaron el operativo del gobierno.

Según ambas instituciones, no existió un procedimiento en que los expulsados pudiesen defenderse y apelar de la medida. Para Macarena Rodríguez, de la clínica jurídica de migrantes de la UAH, la situación “nos preocupa. Si bien entre ellos un grupo corresponde a expulsiones judiciales (en que se conmuta la pena impuesta por la expulsión), hay otros casos en que la situación es distinta”.

Rodríguez añadió que “representamos a una persona que tuvo un antecedente penal en Colombia por un hurto agravado y donde el mismo tribunal, atendidas las circunstancias, declaró la suspensión condicional de la pena. Esto ocurrió en el año 2006. Él vive en Chile hace casi 10 años, acá también viven su familia, su pareja y todo su entorno; hoy día se relaciona con Chile, donde ha logrado reconstruir su vida. La expulsión rompe con todo eso”.

Desde el gobierno señalaron que la persona a la que hace referencia la UAH registraba una condena en su país de origen por el delito de hurto calificado, el cual en Chile equivale a un robo con intimidación o con fuerza. Este ciudadano, agregaron, fue condenada a 32 meses de prisión, por lo cual su expulsión se ajusta a la legislación vigente.

En tanto, Francisca Vargas, de la clínica jurídica de migrantes de la UDP, indicó que “personas con antecedentes penales son expulsables. Lo que me pregunto es cómo se evaluaron otros derechos, por ejemplo, el derecho a la protección de la familia. Entiendo que varias personas tenían hijos en Chile y llevaban bastante tiempo en el país”.

Vargas dijo, además, que “me pregunto cuál fue la evaluación del arraigo familiar que se hizo, porque en nuestra experiencia en la UDP tenemos que llegar a la Corte Suprema para recién poder hablar de los niños. Creo que al menos con 19 personas que están en esta segunda situación hay faltas al debido proceso”.

Miércoles, 27 Junio 2018 00:00

Migración around the world: estamos rodeados

*Columna de opinión publicada originalmente el 26 de Junio 2018 en La Tercera.

En principio, el título de esta columna puede parecer alarmista o conspiracional, pero cuando hablamos de migración, lo cierto es que estamos rodeados. Quizás, en este país desigual, usted, estimado lector, pensó en Santiago, pensó en el comercio y dijo “Sí, estamos rodeados de inmigrantes”. Pero no, no me refiero a ese cerca de 5% de población migrante en Chile, sino a quienes propagan discursos racistas, xenófobos, nacionalistas, egoístas y con absoluto desconocimiento del Estado de derecho en que vivimos. Lo peor es que no estoy pensando sólo en Chile, sino también en el resto del mundo o en quienes, lamentablemente, concentran gran parte del poder.

¿Se acuerda usted de esos chistes machistas del tipo ”en qué se parece una mujer a (inserte alguna cosa)”? Aquí va una frasecita como esas, pero que, desafortunadamente, no es en broma: ¿en qué se parece Donald Trump al gobierno de Sebastián Piñera en materia de migraciones? En que ambos, en ese ya inentendible – y un poco infantil – rechazo a las personas migrantes, plantean expulsiones de una u otra forma masivas, sin las debidas garantías de un debido proceso, criminalizando la migración.

“No podemos permitir que esta gente (refiriéndose a quienes cruzan irregularmente la frontera) nos invada” dice Trump, planteando la reconducción inmediata, sin procedimiento judicial, para quienes ingresen de esta forma. “Reconducción inmediata”, por cierto, es el título de uno de los artículos que más contraviene los estándares internacionales de derechos humanos del actual proyecto de ley de migración y extranjería impulsado por el Presidente Sebastián Piñera. Pero eso no es todo: “Vamos a pasar las dos mil expulsiones este año” asegura el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, como quien se vanagloria de los goles que espera sumar en un partido, agregando que, en una segunda y tercera etapa de expulsiones, el enfoque estará en quienes estén en el país en situación irregular sin antecedentes penales y quienes no se registraron en el proceso de regularización migratoria. Nuevamente, al igual que Trump, asimila la irregularidad migratoria a la delincuencia y se plantea la medida que debiera ser excepcional, la expulsión del país, sin ninguna otra consideración, no contemplando garantías de un debido proceso.

La semana pasada, el mismo gobierno chileno se alarmaba – como si nunca hubiera estado siquiera cerca de hacerlo – de la separación de familias en Estados Unidos; pero, frente a lo planteado por el subsecretario Ubilla, yo me pregunto: ¿qué pasa con aquellas personas migrantes en Chile que tienen una familia, un trabajo o deseos de una mejor calidad de vida? ¿Qué procedimiento racional y justo impedirá la separación de estas familias? ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre esta medida y aquella que criticaron? En Chile no tenemos celdas o jaulas físicas para encarcelar a las personas migrantes en situación migratoria irregular, algunas de las cuales se encuentran en estado de extrema pobreza; sin embargo, hay celdas que, aunque invisibles, separan familias y también separan a personas de sus sueños, encerrándolas en la vulnerabilidad social, la discriminación y el estigma, y escondiéndose sigilosamente detrás de un discurso populista e ilusoriamente ordenado, seguro y regular.

*Columna de opinión publicada originalmente el 26 de Mayo 2018 en La Tercera.

Como Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales hemos analizado la constitucionalidad del decreto supremo que establece visa consular de turismo para personas haitianas junto a la Universidad Alberto Hurtado, el Servicio Jesuita a Migrantes y el abogado Tomás Greene, asesorando a diputadas y diputados para su impugnación.

El decreto vulnera derechos humanos de las personas migrantes y la propia Constitución chilena. Esto último se da por dos motivos. De un lado, la carta fundamental establece que el actuar del Estado es válido siempre que se haga, entre otras cosas, en la forma que prescribe la ley. Aquí encontramos el primer problema. Cuando revisamos los motivos que la ley de extranjería exige para establecer los visados de turismo consulares, que son excepcionales, vemos que sólo puede hacerse por motivos de reciprocidad internacional o interés nacional. Lo primero no existe ya que Haití no exige visa a personas chilenas para ingresar a su territorio. Lo segundo tampoco, ya que aunque los estados pueden definir en un momento determinado qué es interés nacional, aquello debe tener motivos razonables para no ser una decisión arbitraria, y ello no ocurre en este caso, no configurándose un verdadero interés nacional. No entender eso es creer que la soberanía no tiene límites. Al analizar los motivos explicitados en el decreto, nos damos cuenta que se asumen cuestiones que no son reales. Como ejemplo podemos indicar que, revisando cifras, no se vislumbra que sea insoslayable el aumento sostenido de personas haitianas que ingresan al país permaneciendo en Chile en situación irregular, como se señala. La población haitiana no es la mayor en Chile -es la sexta según datos del Censo 2017- y tampoco es la que mayoritariamente ingresó al país en 2017, pues aunque la diferencia entre ingresos y egresos, según cifras de la PDI, es un poco más de 100 mil personas, la misma cifra de personas argentinas supera las 564 mil. Tampoco es cierto que la mayoría de los y las haitianas se hayan quedado en Chile en situación migratoria irregular, pues lo cierto es que son la tercera nacionalidad en cuanto a solicitudes de visa se refiere. Lo anterior lleva a que el decreto supremo no se haya hecho respetando la forma que la ley prescribe en relación a las razones para establecer una visa de turismo consular.

De otro lado, se vulnera el derecho a la igualdad que según la Constitución tienen todas las personas. Cuando una autoridad hace una diferencia, para que aquella no sea arbitraria, debe tener un motivo razonable. Según ha señalado el TC, si queremos que una diferenciación sea razonable, ésta debe efectivamente contribuir al fin buscado por la autoridad que hace la diferencia. Este segundo análisis tampoco es superado por el decreto, ya que no se vislumbra cómo, en el momento actual, una visa consular para personas haitianas, que distingue entre nacionalidades de migrantes, logra, en particular, una migración regular y segura para ellos y sus familiares. Según los datos disponibles, esta población no tiene características migratorias especiales como para restringir o controlar su ingreso de manera diferente a las demás, y es por esto que la medida vulnera la igualdad. Se hizo una diferencia en atención a la nacionalidad, que no aporta al fin buscado y que no tiene razones adecuadas. Esto es discriminación arbitraria, cuestión que está prohibida.

Vimos cómo la visa consular de turismo para personas dominicanas impuesta en 2012 favoreció a las redes de tráfico de personas. Aprendamos de nuestra experiencia, pues la migración no va a parar. Si queremos que sea ordenada, segura y regular, tenemos que dar espacio para que quienes vengan, que lo harán igual, lo hagan en condiciones dignas y seguras para ellos y para el país.

Viernes, 25 Mayo 2018 00:00

Política Migratoria

*Carta al Director publicada originalmente el 25 de Mayo en El Mercurio.

Señor Director:

En su respuesta a nuestra carta, don Álvaro Bellolio realizó acusaciones respecto al SJM, responsabilizándonos de la migración irregular y de querer mantener el status quo.

Estas acusaciones son graves, injustas e infundadas. Basta revisar los medios de comunicación y nuestros programas sociales, en los que se incluye un trabajo jurídico relevante contra el tráfico de personas, el incentivo a la regularización de migrantes y la promoción de políticas públicas, para desmentir esas acusaciones.

La dilatada ausencia de políticas públicas no es nuestra responsabilidad. Es el Estado el que debe velar por esto, y por ello siempre hemos acusado este abandono. Este gobierno ha mostrado la clara voluntad política de regular este tema, pero ello no implica que no vayamos a diferir y debatir. Tampoco son responsabilidad nuestra los negativos efectos de la obsolescencia normativa y las medidas administrativas que pueden provocar la promoción de la irregularidad migratoria.

No han sido los migrantes los que han querido caer en ella. Ha sido una incorrecta concepción de la regularización como un privilegio y no como un deber del Estado, lo que los ha llevado a esa situación

El señor Bellolio también señala que estamos ideologizados. Nosotros trabajamos desde el enfoque de derechos y desde ahí, junto con la evidencia, proponemos políticas migratorias. Por ello, junto con las clínicas especializadas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, el Movimiento Acción Migrante y el abogado Tomás Greene, tenemos la convicción de que la vida consular de turismo para Haití infracciona uno de los principios clave del mencionado enfoque: la igualdad ante la ley y la no discriminación. Esa es nuestra crítica. Puntual y clara.

Desde estos principios y con una agenda definida, hemos tenido una mirada crítica con los últimos gobiernos, no sólo con el actual. Lo que hemos planteado es técnico y desde nuestra experiencia concreta trabajando con migrantes. Así, hemos celebrado cuando las autoridades coinciden con nuestra agenda y hemos criticado cuando hay distancia. El fin es debatir en pos de la mejor política migratoria.

Somos organizaciones serias y responsables, siempre dispuestas a la colaboración y al diálogo, con miras a la satisfacción del objetivo que nos moviliza: la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Por lo demás, es propio de un Estado democrático que exista un control ciudadano de las políticas de gobierno, y, de hecho, es nuestro deber hacer este control. Nuestras críticas y cuestionamientos tienen siempre un fin constructivo.

La carta del señor Bellolio se titula "Política Migratoria". Esto es mucha más que imponer visas. Se trata también de generar procesos y políticas sectoriales que permitan abordar el desafío de la inclusión de las personas migrantes, su verdadera regularización y la protección de sus derechos humanos. Seguiremos atentos y atentas al debate con el fin de generar un país respetuoso, inclusivo e intercultural. Esperamos que el Gobierno pueda abrirse a dialogar con quienes estamos aportando desde una reflexión con altura de miras para profundizar el debate del fenómeno migratorio actual. Ojala sea así, porque nosotros no dejaremos de hacer nuestro trabajo.

Francisca Vargas Rivas
Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, UDP

Tomás Greene Pinochet
Abogado UC

Macarena Rodríguez Atero
Clínica Jurídica de Atención a Migrantes UAH

Eduardo Cardoza
Secretario Ejecutivo
Movimiento de Acción Migrante

Pablo Valenzuela Mella
Director Social
Servicio Jesuita a Migrantes

Viernes, 11 Mayo 2018 00:00

Migrar como derecho humano

*Carta al Director publicada originalmente el 08 de Mayo en El Mostrador.

Señor Director:

Me he tomado la libertad de hacer parte de la discusión suscitada tras las columnas de Juan Ignacio Gómez, quien respondió a otra de Daniela Aceituno y Paulina Morales, en relación a la existencia —o no— del derecho humano a migrar.

Me parece que se equivoca el Sr. Gómez al afirmar que existe el derecho a migrar pero que aquello no implica el la obligación de un Estado de recibir.

Se equivoca, primero, porque es lógicamente imposible pensar que quien sale de su país irá a “la tierra de nadie”. Lo cierto es que el derecho a salir implica, en su misma naturaleza, que se ingresará en un nuevo territorio. Es decir, si yo quiero respetar el derecho de una persona a salir de un país, entonces la única forma de hacerlo es permitiéndole ingresar a otro.

¿Significa esto que la persona decide qué requisitos deberá cumplir en el país que elija pensando en la migración voluntaria o presuntamente voluntaria a la que se refiere el Sr. Gómez? No, y es que por supuesto que no existe un derecho a ingresar a cualquier Estado sin restricciones, aunque haya doctrina especializada que de argumentos para entender que las fronteras abiertas —en el sentido de existencia de requisitos mínimos de ingreso a un país— son una buena idea.

Los Estados, desde su soberanía, pueden decidir quiénes ingresan y quiénes no, pero no es correcto pensar que esta potestad es tan abierta que permite decidir sin motivación o —lo que es lo mismo— no es correcto decir que frente a la soberanía de un Estado la persona migrante no tiene derecho alguno, que es hacia donde el Sr. Gómez parece apuntar. El ejercicio de la soberanía encuentra como límite los derechos humanos de las personas, establecidos, por ejemplo, en tratados internacionales ratificados y vigentes.

De ahí que los Estados no pueden establecer requisitos de ingresos arbitrarios o discriminatorios en atención a la nacionalidad de una persona o color de piel, solo por dar algunos ejemplos. Es en este sentido que entendemos la existencia de un derecho a migrar, como un derecho a ingresar a un territorio de un Estado cumpliendo requisitos razonables y en igualdad de derechos que otras personas.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior —y desde un entendimiento de la migración desde la óptica de los derechos humanos— podríamos hablar de la existencia actual de una migración forzada que queda fuera de la definición de refugiado y cómo el Estado debe hacerse cargo de esta realidad, pero aquello excede al espacio de esta intervención.

Francisca Vargas Rivas
Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, Universidad Diego Portales