Centro de Derechos Humanos

Centro de Derechos Humanos

*Al final de esta nota se encuentra el video del lanzamiento del Informe y el enlace para descargarlo en formato PDF.


Desde 2003 que el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UDP publica el Informe Anual sobre Derechos Humanos, el cual es una investigación multidisciplinaria que revisa el estado de los derechos humanos en el país de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las obligaciones contraídas por Chile a ese respecto.

En esta versión decimosexta, 17 autores (15 son mujeres) escribieron 14 capítulos en un texto que supera las 600 páginas y donde casi 48 alumnos de la Facultad de Derecho colaboraron en la investigación. Esto, para el Decano Marcelo Montero demuestra la seriedad del informe. “Cuando uno lo analiza, puede observar un trabajo pausado, serio y prolijo que da cuenta del estado en que se encuentra el respeto y promoción de los DD.HH. en nuestro país. Es una tarea importante y necesaria de hacer”, comentó. 

Por su parte, la directora del Centro de DD.HH. UDP, profesora Lidia Casas, puntualizó que este Informe “no es solo una publicación: es un aporte muy concreto para que la sociedad civil se haga de él, permita y nos facilite la tarea de hacer que el Estado rinda cuentas sobre su actuar y sobre el cumplimiento de sus obligaciones de Derechos Humanos”.

Tomás Vial, profesor del Centro de DD.HH. UDP y editor del Informe, detalló los avances, retrocesos y deudas sobre materias de DD.HH. en Chile. Entre los aspectos positivos destacó la “celebración de elecciones democráticas el año pasado con ejercicio de los derechos de voto y participación política” lo cual es “un fundamento de los Derechos Humanos y eso deberíamos notarlo”. También relevó la movilización feminista durante el 2018 y que son tratados en dos capítulos en el Informe, donde se destaca la mayor participación femenina en la política gracias a la Ley de Cuotas. 

Otro avance, dijo el profesor Vial, fue la aprobación de la Ley de Aborto en tres causales, que son las “mínimas que penalizaban a la mujer en casos extremos”, lo que consideró un triunfo tras años de lucha. Esto, sin perjuicio, de las dificultades que existen en su implementación, ejemplificando con la objección de conciencia institucional. Además, mencionó como un aspecto positivo la aprobación de una Ley de Identidad de Género. “No solo era una necesidad extrema de reconocimiento a las personas trans (…) sino que es una ley que se basa en el principio de autonomía personal en las materias más importante de las personas”, dijo.

Entre los retrocesos, puntualizó sobre la violencia en La Araucanía, que se ejemplificó con el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. También los discursos negacionistas respecto a las violaciones de DD.HH., el debilitamiento de la acción del gobierno en materia de justicia y verdad de víctimas de la Dictadura y la “conducta de los tribunales, a lo menos ambigua, con las sentencias en materia de libertades condicionales a presos por crímenes contra lesa humanidad”.

También se analizó negativamente los cambios en política migratoria, donde se han establecido “formas de restricción a la migración y un discurso público que solo pueden fomentar un ingreso ilegal, con sus consiguientes consecuencias de precariedad abuso y discriminación” y la situación de los niños, niñas y adolescentes donde el Estado no ha cumplido, como ya es de público conocimiento, con su deber de protegerlos.

Por último, entre las deudas -que son “aquello que no hemos cumplido como Estado”, dijo Vial- comentó que sobre las violaciones respecto a la Dictadura, Chile aún tiene una “cantidad inmensa de Detenidos Desaparecidos sin que conozca su paradero. Una sociedad no puede considerarse digna sin que haya una acción expresa -más allá de lo que hagan los tribunales- para lograr encontrar los paraderos, los restos o las situaciones que fueron asesinadas esas personas”.

Relacionado ese mismo tema, el profesor Vial, dijo que entre el año 1995 y el 2018 se han dictados “367 sentencias definitivas en materia de violaciones por el pasado, que incluyan a 713 víctimas, básicamente Detenidos Desaparecidos y ejecutados. Eso respecto al universo de víctimas implica que solo el 22% de las víctimas han sido objeto de una sentencia relativas a ellas”. Y, en materia de tortura y prisión política, solo el 0.6% de las víctimas han tenido una sentencia.

Otra de las deudas es sobre las mujeres y la protección que se le otorga a las víctimas de violencia intrafamiliar. Según el capítulo escrito por la profesora Casas, Vial dice que “demuestra que cuando tenemos la protección de derechos esenciales como integridad física y psíquica, el Estado -la policía, la Fiscalía, los demás servicios- fallan en dar una protección efectiva en aquello que parece más esencial: una vida libre de ataques y agresión”.

El Informe fue lanzado el 3 de diciembre y fue comentado por la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, y el director del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña S.J.

Puedes descargar el informe completo o algún capítulo por separado en este enlace.

A continuación los invitamos a revisar el video del lanzamiento del Informe:
 

Revisa la entrevista realizada por Canal 24 Horas a Antonia Rivas, académica UDP y autora del Informe Anual sobre Derechos Humanos en este enlace.

Revisa la entrevista realizada al profesor Tomás Vial en CNN Chile sobre el Informe Anual de Derechos Humanos en este enlace.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2018 está disponible para su descarga en este enlace.

Este artículo fue publicado originalmente el 27 de Noviembre en El Mostrador.

"Entre junio de 2017 y el mismo mes de 2018 se desarrollaron situaciones que afec­tan positivamente el ejercicio de estos derechos, en particular en los ámbitos de la participación política y de la autonomía reproductiva", precisó Gloria Maira, quien redactó el capítulo enfocado en los derechos de las mujeres."

El Informe Anual sobre DD.HH. 2018 que realiza el Centro de DD.HH. de la Facultad de Derecho UDP incluye un capítulo sobre mujeres género, en el que, según el resumen escrito por Gloria Maira, se "revisan los eventos más importantes del año que tienen relación con los derechos humanos de las mujeres".

"Entre junio de 2017 y el mismo mes de 2018 se desarrollaron situaciones que afec­tan positivamente el ejercicio de estos derechos, en particular en los ámbitos de la participación política y de la autonomía reproductiva", precisó Maira.

Y agregó: "A continuación, se da cuenta tanto del importante aumento del núme­ro de mujeres parlamentarias como resultado de la aplicación de un criterio de paridad en la conformación de las listas de candidaturas, como de la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales específicas. Estos dos hechos –o más bien, los accidentados caminos para su concreción– marcaron gran parte de la agenda de género durante 2017”.

El capítulo, titulado "Derechos humanos de las mujeres: avances en los derechos de las mujeres desafían obstáculos estructurales de la desigualdad, la discriminación y la violencia, explica que el "cambio de año no muestra ninguna merma en la movilización de las mujeres por sus derechos: en efecto, el primer semestre estuvo marcado por las tomas y paros en universidades y colegios de todo el país liderados por las jóvenes estudiantes en demanda de respuestas efectivas a la violencia contra las mujeres en los espacios educativos y de avances en materia de educación no sexista".

Cabe destacar que el informe completo será lanzado el lunes 3 de diciembre de 13:00 a 14:30.

 

Los dejamos invitados e invitadas al lanzamiento del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2018, toda la información a continuación:

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Estimadas y estimados colegas y amigos,

Junto con saludarles, tenemos el agrado de adjuntar una nueva edición de nuestro boletín sobre avances y noticias en verdad, justicia, reparación y memoria en Chile y la región. Este boletín, n° 48, cubre el periodo julio y agosto de 2018.

El proximo lunes, 3 de diciembre, a las 13,00 hrs, será lanzado el Informe Anual DDHH en Chile 2018 de la UDP, que contiene un capítulo dedicado a justicia transicional, realizado por el equipo del Observatorio. La actividad se realizará en la Aula Magna de la Facultad de Derecho, UDP, Republica 105. La actividad es abierta y gratuita, por favor inscríbanse de antemano en el correo: derechoshumanos@mail.udp.cl

Luego del lanzamiento, tanto el mencionado capítulo como los demás capítulos tematicos del Informe, estarán disponibles para bajar (sin costo) en este sitio web.

Les saluda cordialmente,
Equipo Observatorio de Justicia Transicional
Universidad Diego Portales


Descargas:
Boletín N°48 del Observatorio de Justicia Transicional

 
Sábado, 24 Noviembre 2018 00:00

[VIDEO] Arauco tiene Músicos

Les compartimos este video, realizado por distintos músicos chilenos alrededor del mundo, demostrando su pena por el conflicto mapuche:

 

Este artículo fue publicado originalmente el 19 de Noviembre por La Tercera.

El documento de la U. Diego Portales analiza los hechos ocurridos entre junio de 2017 y julio de 2018. Según la autora del texto, que será lanzado en diciembre, “el asesinato de Catrillanca confirma que los temores no eran infundados”.

“Las indicaciones para modificar esta ley (Antiterrorista) y la creación del ‘Comando Jungla’, nos parece que no van en la línea de respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas, y no hacen más que profundizar las diferencias de tratamiento entre la población mapuche y el resto de la comunidad nacional”. Esta es una de las conclusiones sobre el capítulo referido a materia indígena del Informe Anual sobre Derechos Humanos 2018, realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), y que será lanzado el 3 de diciembre.

El cuestionamiento al Grupo Táctico de Carabineros, compuesto por 80 policías que se capacitaron en Colombia y que hoy está destinado a la macrozona de La Araucanía, se da en un contexto complejo, luego de que el miércoles pasado Camilo Catrillanca (24) falleciera producto de un disparo, en el marco de un operativo de este grupo en la comunidad Temucuicui.

Sobre esto, la autora del informe, Antonia Rivas, abogada y doctora en Antropología, dijo que “un comando policial especializado, altamente militarizado y entrenado en Colombia en un contexto de narcotráfico y conflicto armado -muy distinto a lo que ocurre hoy en el sur de Chile- no va en la línea de respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Agregó que “ya era preocupante al momento de escribir el informe, el poder de armamento, el foco exclusivo en el pueblo mapuche y el enfoque de militarización en el que se anunció que operaría el Comando. El asesinato de Camilo Catrillanca confirma que los temores no eran infundados”.

El documento señala, además, que “Chile aún incumple las recomendaciones de los órganos internacionales que han solicitado, en innumerables ocasiones, la no utilización de la Ley Antiterrorista (…) contra el pueblo mapuche, puesto que significa un atropello a sus derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso, y no ha sido eficaz en poner fin a la violencia en el sur”.

Se agrega que lo que pasó con la denominada Operación Huracán “debe ser considerado como una importante lección a futuro”. Este procedimiento policial, realizado por los miembros de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de Carabineros durante septiembre de 2017, se tradujo en la detención de ocho comuneros mapuches por ser los supuestos autores de ataques incendiarios en La Araucanía. Tiempo después se comprobó que era parte de un montaje realizado por efectivos de Carabineros, implantando evidencia falsa en los celulares de los imputados.

Sobre esto, el informe señala que es “fundamental que el Estado tome todas las acciones necesarias para esclarecer el verdadero alcance de las irregularidades e ilegalidades cometidas por Carabineros en el marco del caso Huracán y de otros que puedan surgir, puesto que dicho actuar arroja un importante manto de duda sobre todas sus intervenciones en casos relacionados con los miembros del pueblo mapuche, en los últimos años”.

También se denuncia una serie de hechos de violencia en contra de mapuches durante el periodo observado por el informe, entre junio de 2017 y julio de 2018. “Los casos mencionados permiten configurar que en el sur del país, en especial en la región de La Araucanía se constatan importantes situaciones de violencia policial, que configuran violaciones a los derechos a acceso a la justicia, la presunción de inocencia, y la integridad física de numerosas comunidades y personas indígenas frente al actual de Carabineros”, dice el texto.

Para Juan Carlos Reinao, presidente de Asociación de Alcaldes Mapuches, “el grupo académico en el informe está en lo correcto. Lo grave que puedo agregar es que el daño que ha hecho el ‘Comando Jungla’ en estos meses es irreversible. Es un error político hacer un equipo de policías especializado para abordar la problemática que tiene el Estado chileno con los pueblos originarios”.

Por su parte, el senador RN por La Araucanía, José García Ruminot, dijo que “este informe termina siendo completamente parcial y no refleja para nada lo que es el sentimiento mayoritario de la población de La Araucanía, que quiere pide seguridad y protección y que respaldemos a Carabineros. Me sorprende que estén tan alejados de lo que piensa la mayoría de la región”.

En la misma línea, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida aseguró que “el ‘Comando Jungla’ es una necesidad imperiosa reclamada por muchas personas que viven en la Novena Región y que claman por la presencia del Estado para mantener la paz social. Por eso no puedo estar más en desacuerdo del informe de Derechos Humanos de la UDP”.

Desde Carabineros, indicaron que “no manejamos el informe. Por tal razón no podremos referirnos. No obstante, una vez recibido, lo estudiaremos y analizaremos, toda vez que este informe de esta prestigiosa casa de estudios superiores es un gran aporte para mejorar nuestros servicios a la comunidad”.

Este artículo fue publicado originalmente el 19 de Noviembre en el sitio web de El Mercurio, donde se puede leer en su totalidad.

La abogada Ester Valenzuela ejemplifica: "Cuando se construyen carreteras o metros nadie dice tenemos $400 millones, sino que todo el mundo mira estándares técnicos para no poner en riesgo a personas" y con la infancia debiera hacerse lo mismo, porque "se ha visto que corre riesgo la vida".


Cada año la Universidad Diego Portales realiza un informe de Derechos Humanos, dividido en capítulos. Uno de ellos, analiza los principales hechos ocurridos entre julio 2017 y julio de 2018 en materia de derechos de los niños y adolescentes. Incluye la revisión de sentencias, proyectos de ley, indicaciones, oficios, reglamentos, políticas públicas y otros hechos de connotación social, que han dado lugar a reacciones desde los distintos poderes del Estado, como es el caso del Acuerdo Nacional de la Infancia.

El Presidente Sebastián Piñera puso en su discurso la expresión "los niños primero" para transmitir la priorización que daría a la infancia en su administración y esta semana la discusión legislativa estuvo centrada en la eliminación que realizó la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados al financiamiento de una ley corta -impulsada por el Gobierno- que buscaba aumentar el aporte fiscal a los organismos colaboradores de Sename.

Los investigadores de la casa de estudios, las profesoras Ester Valenzuela y Macarena Arismendi, abordan estas y otras materias, aunque respecto de subvenciones -aclaran- el capítulo se cerró antes del reciente traspié en el Congreso de la iniciativa relacionada con las residencias privadas.

Declaración de intenciones

Entre las conclusiones a las que arriba el informe UDP se encuentra una reflexión que vincula el discurso político con las mejoras que en concreto pueden verse en las condiciones de vida de los menores de edad al cuidado del Estado.

Y, sobre ello, advierte el reporte: "Es cuestionable la afirmación de que los niños, niñas y adolescentes están primero, ya que pese a las numerosas iniciativas legislativas, planes y políticas públicas dirigidas a ellos, hasta ahora, no es posible afirmar que se han mejorado o subsanado las vulneraciones en temas de infancia en Chile".

-¿Hablamos de avanzar hacia una administración directa total o solo de endurecer la supervisión de los privados?

-Eso es más bien de ideología política. Hay un sector del país que dice que todo debe estar administrado por el Estado y otro que siente que la gran mayoría debiese estar en manos de privados. Yo personalmente -dice Valenzuela- creo en un sistema mixto, que es lo que muestra también la experiencia internacional, con un Estado que va a ser garante de supervisar adecuadamente. Esa supervisión sí o sí tiene que ser del Estado, no puede quedar en manos de privados sin esa supervisión.

El problema de la ley corta

El capítulo critica también que la actividad desplegada por la autoridad en distintos ámbito vinculados con la infancia "mientras se insiste con aumentar las subvenciones, la experiencia internacional señala que se requiere establecer estándares de funcionamiento de las residencias y programas que atienden a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, todo bajo una fuerte supervisión del Estado".

La académica afirma que en el caso de un aumento de subvenciones es clave garantizar que los destinatarios de esos fondos serán los niños y pone un ejemplo con el 80 bis, que es el artículo que permite a los tribunales ordenar un sobrecupo para recibir a un niño en un centro.

Explica que "el Estado debe pagar el exceso de niños y eso no está pagado, hay una deuda súper importante al respecto, y ahí las organizaciones colaboradoras están haciendo magia para cubrir esos otros cupos. Ha pasado un tiempo excesivo y no les ha llegado la subvención para ello. Entonces al aumentar la subvención, eso con suerte va a ser para cubrir esa deuda que el Estado tiene". Por eso, apunta, es importante que haya una supervisión real de en qué se gastarán esos fondos.

Según el informe, en la actualidad habría aproximadamente 2.307 menores de edad en residencias de administración directa y 9.673 en centros residenciales, respecto de los cuales el Estado debiese cubrir la totalidad de sus necesidades en conformidad a estándares fijados por la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN) y los distintos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, cuestión que no sucede.

Eliminar "óptica punitiva"

También aborda el informe UDP el caso de los adolescentes infractores. En relación con ellos, concluye que es "esencial tener presente que provienen de contextos de vulneración, de pobreza multisistémica, por lo mismo es preciso hacerse cargo desde una mirada que considere su situación desde el enfoque de derechos de infancia y adolescencia y no privilegiar la óptica punitiva, a través del endurecimiento de penas".

Y, plantea el reporte, "falta incluir la perspectiva de género en la reflexión. Son muchas las problemáticas que implican una distinción entre niños y niñas". Un ejemplo, comenta Valenzuela, es cuando los menores de edad son víctimas de delitos sexuales, dado que mayoritariamente las afectadas son niñas y adolescentes.

-¿Qué es lo clave, lo primero a abordar, en materia de infancia?

-Hay que empezar a hablar de estándares y siempre pongo como ejemplo el que cuando se construyen carreteras o metros nadie dice tenemos $400 millones para construir esto, sino que todo el mundo mira estándares técnicos para no poner en riesgo a personas que se van a subir a ese metro o que van a andar por esa carretera. En este tema de las residencias y de las políticas públicas de infancia también se ha visto que corre riesgo la vida, entonces no entiendo por qué este país no ha empezado a hablar de estándares.

Además, dice, "hablamos de nueve mil, que como mucho podrá variar a 11 mil, y eso significa que no hemos sido capaces de hacernos cargo de un número acotado de niños".

 

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