Elementos filtrados por fecha: Octubre 2020

Nota publicada originalmente en El Mostrador el 19 de Octubre 2020

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó este pasado viernes 16 de octubre un balance de la información obtenida a nivel nacional desde la base de datos de violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis social. En específico, son todas las acciones judiciales presentadas por el INDH que catastran a víctimas que denunciaron hechos vulneratorios de DDHH, entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020. En ese período, el INDH presentó un total de 2.520 querellas a nivel país.

La Universidad Diego Portales, en paralelo, realizó otro balance, analizando el año del INDH. Esto, porque el organismo dirigido por Sergio Micco se convirtió en uno de los protagonistas del estallido social, constatando en terreno las diversas violaciones de los derechos humanos que se cometieron desde octubre del 2019. Un año después, es posible asegurar, según el Informe de Derechos Humanos UDP 2020, que "pese a las tremendas exigencias que el dramático momento impuso, (el INDH) fue capaz de ejercer sus facultades, pero que tensiones internas y problemas de diseño institucional afectaron también esa respuesta".

El estudio, llevado a cabo por Alberto Coddou, Tomás Vial y Vicente Aylwin, fue elaborado utilizando diversas fuentes que sirvieron, de manera complementaria, "para evaluar la acción de quien está posicionado institucionalmente para someter a escrutinio la acción estatal de acuerdo con estándares de derechos humanos". Se realizaron 7 entrevistas a actores relevantes del instituto dirigido por Sergio Micco, cuya participación fue sometida a la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Derecho de Universidad Diego Portales.

Uno de estos entrevistados –un consejero del INDH– dijo que “el INDH reaccionó, no permaneció pasivo y la reacción visibilizó las formas de vulneración a los derechos humanos. Ejerció las funciones que tiene, pero creo que no es la reacción perfecta, hay una serie de cosas que se pudieron hacer con más claridad".

En esa línea, el estudio destaca la aptitud que tuvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos de comunicar y visibilizar las violaciones de los DDHH, funcionando con un centro de monitoreo de lo que estaba pasando, presentando posteriormente denuncias y acciones judiciales. "Si bien las facultades del INDH son limitadas en relación con la recepción, procesamiento e investigación de quejas individuales, en los hechos, ejerció fuertemente dicho rol", agregan.

Sin embargo, "la crisis social hizo emerger una serie de problemas y tensiones internas que aquejan desde hace tiempo al INDH, y que podrían tener alguna relación con su capacidad de reacción, pero que, además, develan ciertos problemas de diseño institucional y permiten abrir la discusión respecto de su arquitectura institucional de cara al proceso constituyente".

Entre las conclusiones del estudio, los autores destacan que "el rol del INDH fue particularmente relevante para prevenir algunas violaciones a los derechos humanos, especialmente a partir del constante monitoreo y observación del ejercicio del derecho de reunión, y del uso de sus atribuciones legales para controlar el adecuado cumplimiento de los estándares constitucionales para el respeto del derecho a la libertad personal y seguridad individual".

Además, aseguran que se pudo "constatar la gran cantidad de acciones judiciales iniciadas por la Unidad de Protección de Derechos, que se desplegó en todo el territorio nacional, conformando una vasta red de colaboradores formales e informales que contribuyeron en la recopilación de antecedentes y eventuales pruebas que puedan ayudar al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, contribuyendo decisivamente a la búsqueda la verdad, justicia y eventual reparación de las graves violaciones ocurridas".

"En términos generales, podemos decir que el INDH estuvo a la altura de las difíciles circunstancias, sobre todo considerando la delimitación de sus atribuciones legales y la falta de recursos, factores que no impidieron el ejercicio adecuado de su mandato legal", subrayan.

El informe también habla de una posible constitución de una Comisión de Verdad. Si bien esta podría ser una instancia positiva, según estiman algunos funcionarios del INDH, existen ciertas aprensiones respecto a que su creación conlleve un reemplazo de justicia por verdad.

Dicho lo anterior, también indican que "existen ciertos desafíos pendientes, sobre todo considerando algunas deficiencias del diseño institucional y el deterioro de las premisas sociales y políticas sobre las cuales se pensó originalmente la institución".

El informe finaliza entregando una serie de recomendaciones al INDH para mejorar de cara al primer aniversario del 18-O, entre las que se destacan el reforzamiento de la Unidad de Protección de Derechos, a través de personal especializado y de abogadas colaboradoras, con el objeto de hacer seguimiento a la gran cantidad de acciones judiciales iniciadas por el organismo, garantizando el cumplimiento de los estándares derivados del derecho a la tutela judicial efectiva; eliminar la atribución presidencial de nombrar a dos consejeros del INDH, en cumplimiento con lo señalado en los Principios de París, relativo a la autonomía de la institución; realizar una evaluación del funcionamiento del actual diseño institucional del INDH, especialmente de su Consejo, y proponer las modificaciones legales que permitan un adecuado cumplimiento de su mandato legal, esto es, la promoción y protección de los derechos humanos; y mejorar la transparencia del Consejo del INDH y entregar información fidedigna, pertinente y actualizada de las actas de este, las que constituyen una valiosa fuente de información y de control ciudadano para el ejercicio adecuado de las atribuciones legales y del mandato del INDH. Asimismo, garantizar, de manera inmediata, las condiciones adecuadas para que el Consejo Consultivo pueda ejercer sus funciones.

El objetivo del nuevo año: suavizar conflictos al interior del INDH

Uno de los autores del estudio, Alberto Coddou, dijo a El Mostrador que el INDH "es una institución que ha hecho mucho con muy pocos recursos y atribuciones. En un contexto complejo para toda la institucionalidad estatal, el INDH destacó en varias dimensiones. Sin embargo, creo que lo más importante fue detectar algunas deficiencias del diseño institucional y el deterioro de las premisas sociales y políticas sobre las cuales se pensó originalmente la institución. El diseño institucional del INDH, con un órgano político colegiado en su núcleo, está pensado sobre el supuesto de que existen ciertos consensos mínimos que le dan a la institución una unidad de propósitos, marcada por los estándares del derecho internacional de los derechos humanos".

"Como vimos al interior del Consejo, estos consensos se han ido debilitando con anterioridad al estallido y se aceleraron con este. Otras cuestiones propias del diseño institucional apuntan al hecho de que el director del INDH sea un consejero, cuestión que se torna problemática cuando existen niveles de polarización, o de que los consejeros tengan una dedicación parcial a sus labores, generando ciertas distancias con el resto de la institución, afectándose así la cohesión institucional que se requiere en tiempos complejos. Por último, un Consejo Consultivo en forma, originalmente pensado para ayudar al Consejo del INDH y a la misma institución en cuestiones complejas, pudo haber sido de gran ayuda para abordar los desafíos institucionales a los que se vio sometido el INDH en el estallido social", añadió.

En esa línea, Coddou indica que, en los últimos 365 días, el INDH ha realizado una serie de mejoras que ya están indicadas en el informe UDP, las que son de dos tipos: contingente y estructural.

Respecto del primer nivel, "el INDH ha realizado todos los esfuerzos para estar a la altura del desafío histórico. Así, por ejemplo, ha efectuado cambios en su estructura y ha incorporado abogados colaboradores para reforzar la Unidad de Protección de Derechos. No obstante lo anterior, sigue sujeto a una limitación presupuestaria importante. Esto ha dificultado la intervención judicial del INDH, la que será cada vez más intensiva y requerirá más personal especializado conforme vayan avanzando los procesos penales seguidos en contra de agentes del Estado".

Respecto de las cuestiones estructurales, el “estallido social” develó la existencia "de un Consejo del INDH binominalizado, que no logró generar los consensos necesarios para abordar la crisis masiva de derechos humanos. Ello no solo afectó la percepción que los ciudadanos tenían respecto del INDH, sino también, en alguna medida, su capacidad de gestión frente a la crisis. Ahora bien, dicha binominalización es propia de la arquitectura institucional del INDH y, más concretamente, es el efecto de las reglas de elección de sus consejeros. Ejemplo de ello es la regla que permite al Presidente nombrar a dos consejeros del INDH, cuestión que pugna directamente con lo señalado en los Principios de París en relación con la autonomía de las instituciones de derechos humanos".

"Creemos que el proceso constituyente en curso será una oportunidad histórica para abrir la discusión respecto de la forma que la institucionalidad de derechos humanos debiese adoptar. Esto es fundamental para abordar los múltiples desafíos que tiene nuestro país en materia de derechos humanos", agregó.

¿Qué le depara al INDH después del primer aniversario del 18-O? "Yo creo que es un año en que tienen que suavizarse algunos conflictos al interior del Consejo y otorgar garantías de que los funcionarios tendrán la debida independencia técnica y apoyo financiero para continuar con la tramitación de la gran cantidad de causas que han sido iniciadas por el INDH o en las que este es parte. Además, es un año complejo por la discusión constituyente, que afectará toda la arquitectura institucional del Estado chileno, es imperativo reflexionar acerca de la posición que ocupará el conjunto de entidades u órganos que forman parte de lo que se ha denominado como la institucionalidad de derechos humanos".

"¿Es la institucionalidad de derechos humanos un tema de relevancia constitucional? ¿Es necesario garantizar la autonomía constitucional de una institución como el INDH? ¿Cómo pensar en una institucionalidad de derechos humanos en relación con la apertura constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Cómo abordar la demanda por generar institucionalidad que vaya en protección de diversos grupos desaventajados? Estas y otras preguntas incluyen temas que eventualmente serán abordados en el debate constituyente, y para ello se requiere contar tanto con información actualizada, con los aprendizajes generados por la práctica institucional reciente, y por la experiencia comparada, que ayuda a comprender de mejor manera la relevancia de contar con una institucionalidad de derechos humanos en forma", finalizó.

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Columna publiciada originalmente en The Clinic el 18 de Octubre de 2020

Alguien diría que todo comenzó el 18 de octubre de 2019 con un centenar de estudiantes que se habían organizado para evadir en forma simultánea el cobro del pasaje del Metro. Pero pronto fueron miles los que se sumaron a lo largo del país; ello sólo se explica por la desigualdad estructural, con el crédito como gran puerta de acceso al consumo y una promesa de bienestar que es esquiva para la mayoría. Los indicadores macroeconómicos nos mostraban como el buen ejemplo para el vecindario, pero que el bienestar era más bien aparente, pues debajo del consumo germinaba el descontento social.

Desde antes de el estallido, el Ejecutivo siempre miró las manifestaciones sociales con displicencia, y mostraba su completa desconexión con las necesidades de la vasta mayoría. El ahora exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, llamaba a los pasajeros a levantarse más temprano para gozar de tarifas rebajadas y no tener que viajar en horario punta. Tiempo antes, el ex-Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, señalaba que las personas llegaban a tempranas horas para obtener un número para atención en los consultorios porque a la gente gustaba de la interacción y vida social que allí se produce. Y el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondía sobre la carestía de algunos productos de primera necesidad con que el precio de las flores había bajado. Es decir, un Ejecutivo completamente desvinculado de la realidad de los millones de habitantes de Chile, como alguien dijo, un país atendido por sus propios dueños. La protesta social nunca fue por los 30 pesos.

Un estudio recientemente conocido (https://www.encuestacirculodedirectores.org/) sobre las brechas de percepción de la elite –política, económica, líderes de opinión y académica- muestra en forma evidente esta desconexión. Se instaló un discurso de que Chile es habitado por una gran clase media que abarca desde el presidente Piñera, uno de los hombres más ricos del país, hasta el empleado que vive en Maipú. Sin embargo, los datos indican que solo el 20% de la población está en ese segmento (no cerca el 57%, como cree la elite según el mismo estudio) y que el 77% de los chilenos son pobres. Por eso, aquellos que protestaban en un clásico barrio de clase media como Ñuñoa, lo hacían y hacen desde su precariedad de “clase media”, y que su “malestar” es parte de esa desigualdad que algunos no ven.

La élite, muestra este estudio, sobreestima la cantidad de afiliados a Isapres: cree que es 39% de los sectores medios, pero en realidad es un 18%; también cree que un 8% de los más pobres están afiliados, cuando no hay ninguno. Perciben que los desafíos para una sociedad más justa se refieren a la educación y el empleo (43%), luego la igualdad de oportunidades (33%), y sólo en último término al problema de la redistribución de la riqueza (16%). En este contexto, hace pleno sentido la declaración del ex Ministro de Salud Jaime Mañalich, quien se mostró sorprendido que en algunas comunas de Santiago existiese tal nivel de pobreza y hacinamiento.

A un año del estallido social, la falta de sintonía permanece. Si el mundo político se mantiene desconectado de ese Chile real, si los intelectuales y distintos sectores políticos no advierten que la violencia se va normalizando no podremos construir una sociedad más justa.

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Nota publicada originalmente en El Mostrador el 18 de Octubre 2020

Este domingo se cumple exactamente un año del comienzo del estallido social, ocurrido el 18 de octubre del 2019, fecha que trajo consigo diversos hechos de violencia y un acuerdo político para realizar un plebiscito que busque una nueva Constitución, el que se realizará -tras aplazarse por el COVID-19- el próximo 25 de octubre.

Un año es fecha suficiente para realizar balances de las diferentes aristas que marcaron el estallido social. Entre ellas, se encuentra la violencia del Estado ejercida sobre los ciudadanos en todo el país, la que se tradujo en múltiples y graves violaciones de derechos humanos. Transcurridos 365 días, lejos de ser una situación puntual, la violencia se ha extendido en el tiempo, teniendo a Carabineros entre sus principales responsables.

¿Qué tan bien funcionaron en este último año? La Universidad Diego Portales analizó a la institución y a otras, como la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas, publicando sus resultados en el Informe de Derechos Humanos UDP 2020.

En el capítulo "Torturas, tratos crueles e inhumanos desde el estallido social", elaborado por Eduardo Alcaíno, advierten -recordando, por ejemplo, el caso de Fabiola Campillai- que hubo múltiples víctimas de la violencia estatal. "No obstante, los avances que ha habido en el cumplimiento del Estado de Chile en sus obligaciones internacionales respecto a la violencia policial, el estallido social dejó en manifiesto que se trata de una práctica que sigue suscitándose a través de los años en nuestro país y, por lo mismo, requiere ser descrita, puesta en contexto y evidenciada", aseguran.

Para este estudio, se realizó un análisis de todos los informes de instituciones relacionadas a la defensa de los derechos humanos, de diversas instituciones públicas nacionales y también de organismos internacionales del sistema de protección de derechos humanos, medios de prensa, requerimientos de acceso a información pública, y otras fuentes abiertas, con el objetivo de identificar y resumir los principales hechos de violencia ocurridos desde el 18 de octubre de 2019 en los términos del presente informe.

Y las conclusiones no están lejos de lo advertido por la ACNUDH y la CIDH: la culpa del actuar policial es del Estado. "En otras palabras, el sistema internacional de los derechos humanos reconoce que los Estados deben garantizar el orden público y el cumplimiento de la ley, pero no a cualquier costo", dice el estudio.

El estallido social evidenció que el Estado de Chile posee graves dificultades "no sólo para garantizar el derecho de reunión, sino que al momento de ejercer la fuerza para controlar el orden público".

"En primer lugar, existe evidencia contundente acerca del uso de armamento no letal -principalmente por Carabineros- sobre grupos de manifestantes, sin diferencias de aquellos que se encontraban ejecutando conductas violentes respecto de aquellos que estaba manifestándose pacíficamente, y sin tomar las medidas de resguardo para no generar riesgos indebidos de lesiones graves. Estas acciones provocaron, entre otras, secuelas en el rostro y traumas oculares severos, significado en algunos casos la pérdida total de visión o globos oculares dañados. En ese contexto, existe un incumplimiento evidente de los Principios Básicos de utilización de la fuerza sobre los ciudadanos y, a su vez, una vulneración grave del Estado de Chile a los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente, el derecho a la integridad física y psíquica", aseguran.

"Esta vulneración no sólo se explica por las acciones ejecutadas por agentes del Estado sobre los ciudadanos, sino que también por la omisión de las autoridades policiales y de gobierno frente a las evidentes conductas que estaban siendo desplegadas en el control del orden público", agregan, recordando entre otras cosas el uso de escopetas anti disturbios. "En ese contexto, resulta imperioso que la autoridad tomé conciencia de la gravedad de los hechos y de los peligros asociados a la utilización de armamento no letal sobre ciudadanos, y comprenda el rol que le compete de protección sobre manifestantes que están ejerciendo su derecho a reunión", dice.

Otra de las conclusiones a la que llega es que existió una clara vulneración a la prohibición absoluta de los Estados a ejecutar torturas y otros tratos sobre los ciudadanos. Además, advierten que el Estado, a través del Ministerio Público, "ha dado cuenta que se encuentran investigando los hechos constitutivos de tortura y otros tratos", sin embargo existe demora "y dificultades para obtener la información respecto de las instituciones policiales, las cuales son fundamentales para esclarecer los hechos y perseguir penalmente las sanciones que corresponden".

En cuarto lugar, "es relevante dar cuenta que existieron serios episodios de violencia de parte de ciertos grupos de manifestantes sobre funcionarios policiales", lo que es responsabilidad del Estado, ya que es el que debe "garantizar la integridad física y vida de los funcionarios policiales, para lo cual deberá dotarlo de los recursos y logística necesaria para cumplir su labor adecuadamente".

Finalmente, el Estado de Chile deberá responder por las acciones de sus agentes estatales, quienes son los que directamente se encuentran ejerciendo la fuerza, dice el estudio. Pero no sólo deberán responder civil o administrativamente, sino que, como ha indicado el Comité de Naciones contra la Tortura de Naciones Unidas, “los superiores jerárquicos, funcionarios públicos incluidos, no pueden […] sustraerse a la responsabilidad penal por los actos de tortura cometidos o los malos tratos infligidos por sus subordinados si sabían o debían haber sabido que esas conductas inaceptables estaban ocurriendo o era probable que ocurrieran".

Entre las recomendaciones que presenta el estudio, destaca la modificación de los protocolos de uso de armas no letales, de manera de adecuarlas a las recomendaciones internacionales; avanzar en la agenda legislativa de reforma a Carabineros; adoptar medidas necesarias para que las Policías y las Fuerzas Armadas cumplan con las obligaciones de garantizar los derechos de las personas; mejorar capacidades de persecución penal y transparencia; evaluar y mejorar la oferta de capacitación y formación de policías, fiscales, defensores y jueces sobre tortura y otros tratos crueles, con estándares internacionales; investigar de manera acuciosa y con celeridad los diversos casos de violencia, realizando todas las diligencias correspondientes, protegiendo las garantías de las víctimas; y establecer mecanismos de reparación integral.

Panorama "sombrío"

Eduardo Alcaíno, creador del estudio, conversó con El Mostrador sobre este estudio, asegurando que viene a confirmar que "ha habido por parte de Carabineros un uso de la fuerza de manera innecesaria y desproporcionada por sobre personas que se encontraban en las manifestaciones de distinto tipo, así como también en detenciones, sin perjuicio de que esas personas puedan haber estado participando de manera pacífica o no".

También confirma que "hay un patrón de conducta de parte de Carabineros al momento de ejercer la fuerza, lo que se traduce en varios casos y no pocos, en conductas que puedes ser constitutivas de torturas y otro tipo de tratos como atentados contra la integridad física, lo que quiero decir es que esto no es una situación que se generó a partir del 18 de octubre", sino que "es una situación que viene aconteciendo hace mucho tiempo que probablemente claramente ha ido mejorando en algunos aspectos especialmente a partir de la reforma procesal penal pero si sigue habiendo un uso excesivo por parte de la fuerza".

Alcaíno también se refirió al uso de las escopetas antidisturbios: "la evidencia, especialmente de la cantidad de casos y del tipo de lesiones da cuenta de un uso de parte de las escopetas antidisturbios sobre grupo de personas y que mas que tener un objetivo de defensa, ya sea de los propios funcionarios o de terceros, sino que mas bien un medio para efectos de dispersar las manifestaciones o incluso de afectar la integridad de estas personas". Esto es relevante porque la evidencia, científica o no, da "cuenta de que aquella utilización es completamente indebida, ya que genera mayor riesgo de generar lesiones de gravedad y especialmente de afectar la visión y los ojos de las personas, como ha sido claramente documentado en el caso de nuestro país".

Este 18 de octubre, día que se cumple un año del estallido social, Alcaíno analiza el último año de Carabineros: "Claramente lo sucedido en el 18 de octubre hasta la fecha, ha generado algún tipo de reacción de parte de las autoridades, de parte de Carabineros, en alguna medida esto ha implicado un remezón interno y eso es imposible no reconocerlo. Sin perjuicio de ello, claramente ha sido insuficiente".

"Los hechos acontecidos recientemente, especialmente, el homicidio frustrado respecto del joven de 16 años del puente Pío Nono, la reacción institucional y con todas las consecuencias que son públicamente conocidas, dan cuenta de que los Carabineros todavía tiene una concepción respecto de su trabajo que no implica una auto revisión de sus protocolos, ni siquiera digamos al menos un discurso con mayor resguardo y restricciones respecto a lo sucedido sino que mas bien hay una defensa corporativa lo que da cuenta que la concepción respecto al uso de fuerza de su institución sigue siendo la misma, en el fondo que acá la pueden ejercer sin perjuicio de las consecuencias y de los hechos que podría justificar su uso, porque eso es importante, y especialmente desde el punto de vista de los estándares internacionales", explica.

En esa línea, dice que el "panorama respecto a Carabineros es bastante sombrío y poco claro porque el problema central que existe en Carabineros es una institución que tiene una relación con el Poder Político evidente y por tanto los cambios que vayan a suceder van a depender netamente del respaldo que puedan tener o no tener del poder político, no solamente de la autoridad sino por supuesto de los parlamentarios quienes también tienen que ver con los cambios, entonces el panorama yo te diría que es un poco incierto porque va a depender del respaldo que van a tener de la autoridad".

"Lo que esperaría y lo que espera el centro de DDHH, es que haya, exista una reforma relevante, importante respecto a Carabineros. Existe una serie de propuestas en una serie de comisiones que se han visto sobre los cambios que deben existir, por supuesto que impliquen desmilitarizar Carabineros, implica mayor control de parte del poder civil, un serie de otras cuestiones de las cuales hay un consenso técnico bastante avanzado, el tema tiene que ver más bien con el apoyo político que puede tener eso. Nosotros esperamos que a partir del dialogo que puede existir con el Gobierno, con los distintos partidos políticos y con los distintos organismos de la sociedad civil pueda llegarse a un consenso respecto de como modificar esto y poder lograr tener una institución digamos que sea moderna y de acuerdo a los estándares de la democracia y de los DDHH", finalizó.

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Columna publicada originalmente en El Mostrador.

Hace varios años, el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales viene insistiendo en que aquellas personas que se vinculan con la protección y promoción de derechos humanos han estado en una situación de vulnerabilidad: reciben amenazas, golpizas, se les ha despedido de sus trabajos, e incluso se investiga la muerte de defensores sociales que han estado al centro de protestas por la protección de derechos sociales y ambientales en distintos territorios. En otras ocasiones se les criminaliza. Así, dirigentes en comunidades como Petorca han sido hostigados por su ardua lucha por el acceso al agua; o los de Quintero- Puchuncaví por la contaminación y zona de sacrificio ambiental en que viven.

Para muchos no es claro quiénes son defensores de derechos humanos. El sistema internacional de protección de los derechos humanos procura ciertas definiciones: una de ellas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que se trata de “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional”. En esta definición se incluyen a profesionales, como los operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados/as defensoras quienes a través de su función contribuyen a la realización del acceso a la justicia, ya sea investigando, litigando o juzgando.

Hoy en Chile hay fiscales que viven bajo amenazas. Es conocida por la opinión pública la situación de la fiscal Ximena Chong, quien dirige la investigación por un joven empujado al Río Mapocho por parte de de un carabinero de Fuerzas Especlales, con presunta intencionalidad. Pero la persecutora también participa de indagaciones de otros hechos vinculados a la violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado desde el pasado 18 de octubre.

La labor del Estado, a través de todos sus poderes es asegurar que los defensores estén protegidos en el desempeño de su labor. Relativizar, o señalar que es normal que la fiscal reciba las amenazas, como ha declarado el Senador Iván Moreira por su labor “politizada” de investigar delitos, da cuenta de una profunda crisis política y social.

Creo que es el momento que todos los estamentos adviertan la gravedad de la situación, que el Ministerio Público sea proactivo y consciente en la investigación de las amenazas a dirigentes sociales, que el poder político sea capaz de reaccionar en forma efectiva revisando y modificando las actuales condiciones dentro de Carabineros, y que los jueces se aseguren que no haya impunidad.

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Lunes, 05 Octubre 2020 00:00

Se lanza #ConstituciónConGénero

Las académicas Lidia Casas y Judith Schönsteiner participaron en la elaboración de Nueva Constitución Con Perspectiva de Género, un insumo elaborado por 18 expertas en derecho público para el debate sobre una #ConstituciónConGénero que se lanzó hoy 5 de octubre de 2020. Las académicas que suscriben están convencidas que la nueva constitución requiere incorporar la igualdad de género para construir una sociedad más democrática, inclusiva y sustentable.

Por ello, dan a conocer al país - para su debate - propuestas en siete áreas: principios rectores del Estado con perspectiva de género; subjetividad jurídica y ciudadanía de las mujeres y personas LGBTI; igualdad y no-discriminación; derechos humanos con perspectiva de género; reconocimiento de los pueblos originarios y mujeres indígenas; paridad en el poder y finalmente, incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento constitucional.

El proyecto fue coordinado por Miriam Henríquez Viñas y firman Amaya Álvez Marín, Tania Busch Venthur, Lidia Casas Becerra, Estefania Esparza Reyes, Ximena Gauché Marchetti, Miriam Henríquez Viñas, Catalina Lagos Tschorne, Leticia Morales, Viviana Ponce de León, Carolina Salas Salazar, Claudia Sarmiento Ramírez, Judith Schönsteiner, Bárbara Sepúlveda Hales, Verónica Undurraga, Lieta Vivaldi, Yanira Zúñiga Añazco, Alejandra Zúñiga Fajuri,

El documento completo está disponible en el siguiente enlace: https://docdro.id/wKW1rTQ

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