Elementos filtrados por fecha: Abril 2019

Carta publicada en El Mostrador el 25 de Abril de 2019 junto a  Centro de Derechos Humanos de la UDP y Ximena Gauché, profesora de Derecho Internacional y Derechos Fundamentales, Universidad de Concepción

Señor Director:

Hace unos días, el gobierno de Chile publicó un comunicado anunciando que había enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una declaración, firmada también por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, y Paraguay.

Llama la atención que la preocupación de tales gobiernos por reforzar el “principio de subsidiariedad” y por introducir en el sistema un “margen de apreciación”, así como asegurar la “proporcionalidad” de las reparaciones, se dirija a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque ésta última esté también aludida en la declaración y es la que define, en última instancia, los temas mencionados y que serían el motivo de la preocupación de los gobiernos citados. Hace pensar que por alguna razón, los gobiernos apuntan a ejercer presión sobre la Comisión.

También, la citada declaración – cuyo texto original no fue hecho público – incurre en varios errores e ignora aspectos relevantes de la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, de los que se pueden destacar tres como los principales.

El primero es que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados identifica cuatro elementos para la interpretación de un tratado, de los cuales el texto solamente es uno y en sí insuficiente para interpretar el contenido y alcance de un derecho (contrario a lo que señala la declaración que enfatiza de manera indebida una interpretación literal). El segundo es que la misma Convención Americana identifica como referencias para la interpretación, a otros tratados y declaraciones internacionales, así como el principio de la interpretación restrictiva de las limitaciones que se pongan a los derechos por parte de los Estados. El tercero tiene que ver con la especificidad de los tratados internacionales de derechos humanos que trascienden en sus obligaciones a los tratados comunes y que, por lo mismo, son interpretados por los órganos del sistema interamericano a la luz del principio pro persona y la interpretación evolutiva, asumiendo que el sentido y alcance de cada disposición de derechos humanos debe mirarse en el contexto del tiempo y no de manera estática y literal.

Los anteriores aspectos no sólo han sido reconocidos por todos los tribunales regionales de derechos humanos, sino también por órganos como el Appellate Body de la OMC, siendo además avalados por la Asamblea General de la OEA, de la cual los cinco países forman parte, cuando se han emitido sendas resoluciones condenando prácticas contrarias a derechos, como la discriminación a personas de pueblos originarios o que se reconocen como gays o lesbianas, por ejemplo. Además, la declaración desconoce la misma jurisprudencia del sistema interamericano como fuente auxiliar, lo que pone en riesgo la vigencia de la seguridad jurídica.

Los cambios a los que llaman los gobiernos de los cinco estados, quienes han mostrado compartir una agenda común en determinados temas, no son baladí. De llegar a implementarse, dejarían sin efecto real al mandato de promoción y protección de los derechos humanos que recibieron Comisión y Corte de parte de los mismos Estados ya que quitarían a los órganos de supervisión la capacidad de efectuar, justamente, su mandato de supervisión e interpretación, tan necesario para resguardar, en el pasado y presente, la democracia y la dignidad de todas las personas.

Por Judith Schönsteiner, Centro de Derechos Humanos de la UDP y Ximena Gauché, profesora de Derecho Internacional y Derechos Fundamentales, Universidad de Concepción

Firman:
Cecilia Medina Quiroga
Felipe González, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales, Ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Lidia Casas, profesora de Derecho, Directora, Centro de Derechos Humanos de la UDP
Francisca Vargas, Centro de Derechos Humanos de la UDP
Verónica Undurraga, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Adolfo Ibañez
Yanira Zuñiga, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Austral de Chile
Tomás Vial, profesor de Derecho Constitucional, Universidad Andrés Bello y Universidad Diego Portales
Mauricio Tapia, profesor de Derecho Civil, Universidad de Chile
Liliana Galdamez, profesora de Derecho, Universidad de Chile
Nancy Yañez, directora Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Ana María Moure, profesora de Derecho, Universidad de Chile
Salvador Millaleo, profesor de Derecho, Universidad de Chile
Isaac Ravetllat, profesor de Derecho, Universidad de Talca
Jaime Bassa, profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
Daniela Marzi, profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
Luis Villavicencio, profesor de Derecho y Director del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, Universidad de Valparaíso
Alejandra Zuñiga, profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
Flavio Quezada, profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
Nicolás Espejo, profesor de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Oxford
Pablo Contreras, profesor de Derecho, Universidad Autónoma de Chile
Sergio Fuenzalida, profesor de Derecho, Universidad Central
Amaya Alvez, profesora de Derecho Constitucional, Universidad de Concepción
Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Universidad de Concepción
Tania Busch, profesora de Derecho, Corporación Fundamental
Tammy Pustilnick, profesora de Derecho, Corporación Descentralizada
Mylene Valenzuela, profesora de Derecho, Universidad Central
Marcela Zúñiga, Universidad Diego Portales
Rita Lages, Profesora investigadora, Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Claudia Iriarte, Investigadora Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Valentina López, Asistente de investigación Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Felipe Abbott, Subdirector Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Tomás Pascual, profesor, Universidad Alberto Hurtado
Fabiola Lathrop, profesora de Derecho, Universidad de Chile

 

 

 

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La Fundación PROHumana en conjunto con variadas empresas llevaron a cabo las Mesas Redondas PROhumana: “Negocios y Compliance: la responsabilidad del mundo empresarial con los derechos humanos”, donde participó la Investigadora centro de Derechos Humanos de la UDP, Judith Schönsteiner. 

Estas jornadas de diálogo reunieron a un grupo de más de 30 líderes empresariales -entre ellos Directores de empresas, Gerentes de Compliance, Gerentes Legales, Gerentes de Personas y Gerentes de Sustentabilidad, entre otros perfiles- reflexionando sobre lo que las empresas entienden por derechos humanos; cómo los están implementando y gestionando desde el compliance; cuáles son las fortalezas y debilidades para enfrentarlos; y compartiendo algunas acciones destacables que se están implementando y/o conocen.

Es así como gracias a la realización de este espacio -apoyado por Bci, Coopeuch, Paris, SMU y Vergara Galindo y Correa abogados, y con la alianza estratégica de la CPC- PROhumana pondrá a disposición pública las conclusiones y principales resultados del estudio cualitativo que se desprenden de estas mesas, las cuales son un aporte a las discusiones y reflexiones que en el mundo se está llevando a cabo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la ONU, los principios de la OECD y acuerdos globales sobre los Derechos Humanos; los cuales presionan a mejorar el estándar y hacerse cargo de otras temáticas que derivan de éstos y que son claves de abordar por los Estados y empresas, tanto públicas como privadas.

En esta ocación, junto con conocer los resultados del Estudio, el lanzamiento contó con dos panelistas: Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo Consejo Minero y Judith Schönsteiner, Investigadora centro de Derechos Humanos de la UDP (Universidad Diego Portales), que comentarán la implicancia del compliance y los derechos humanos a nivel país, organizacional y empresarial, dando a conover sus puntos de vista desde su experiencia en la temática.

“El seminario confirmó que hay algunas empresas que han trabajado en adoptar una política de derechos humanos y empresas, y sus respectivas herramientas de debida diligencia, pero, tal como lo conversamos en el panel con el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero hay aún muchas que no se sienten aludidas – aún escuchamos la pregunta ¿de qué me habla? yo no he torturado a nadie. Es una doble falacia. Primero, el alcance de los derechos humanos es mucho más amplio. Y segundo, preguntaría a las empresas con cadenas de suministro globales si realmente pueden sentirse seguras que los productos e insumos que compran hayan sido elaborados sin condiciones laborales que equivalen a la tortura – esclavitud, las peores formas de trabajo infantil, trabajo forzado. Nos queda todavía mucho camino por recorrer”, agregó al respecto Judith Schönsteiner, académica de la Facultad de Derecho UDP.

PROhumana es una organización chilena -sin fines de lucro, no partidista, independiente y autosustentable-que lleva 22 años de trabajo continuo, promoviendo el cambio cultural en Chile, a través de iniciativas transformadoras que permitan a nuestro país avanzar hacia una sociedad con mayor Desarrollo Humano Sustentable multisectorial, y donde las empresas persigan en sus modelos de negocios ser un agente de progreso económico, ético, social y ambiental.

 

 

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) renovará cuatro de sus siete integrantes el próximo mes de junio durante la Asamblea General de la OEA. Los Estados ya han nominado seis candidatos/as, de los cuales cuatro serán elegidos/as por el Consejo Permanente de dicha organización.

Convencidas de que la elección de los y las integrantes de uno de los órganos de derechos humanos más importantes de la región debe realizarse en el marco de un proceso transparente, independiente y participativo, organizaciones de la sociedad civil han vuelto a convocar un Panel Independiente de Expertos y Expertas para evaluar a las personas nominadas. Esta iniciativa nació en 2015 y volvió a desarrollarse para las elecciones tanto de la CIDH como de la Corte IDH en 2017 y 2018.

El Panel -conformado por profesionales de reconocida trayectoria en derechos humanos- invita a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organizaciones de profesionales y otros/as interesados/as, a entregar información sobre las candidatas y candidatos a través de este formulario. Las observaciones se recibirán hasta el día 26 de abril.

Las personas nominadas a ocupar los cuatro puestos que quedarán vacantes en la CIDH son:

· Esmeralda Arosemena de Troitiño (propuesta por Panamá)

· Everth Bustamante García (propuesto por Colombia)

· Julissa Mantilla Falcón (propuesta por Perú)

· Margarette May Macaulay (propuesta por Jamaica)

· Eduardo E. Rodriguez Veltzé (propuesto por Bolivia)

· Edgar Stuardo Ralón Orellana (propuesto por Guatemala)

Para más información sobre los/as nominados/as así como sobre los/as integrantes del Panel Independiente y su misión, ingrese aquí. Si desea apoyar el trabajo del Panel con el respaldo de su organización o institución, por favor complete este formulario.

Ante cualquier duda o consulta, no dude en contactarse con la Secretaría del Panel, administrada por el Centro de Derechos Humanos & Derecho Humanitario de American University Washington College of Law, a través de su correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

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Entre el 26 y 28 de junio de este año, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) elegirá cuatro nuevos/as integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes, los/as candidatos/as propuestos por los Estados miembros de la OEA serán evaluados/as por un grupo de expertos y expertas independientes, convocado por varias organizaciones de la sociedad civil, en un esfuerzo por promover un proceso de selección transparente e imparcial para la conformación del organismo de derechos humanos más importante de toda la región.

Los procesos de nominación de candidaturas y elección de comisionados/as por parte de la OEA han carecido históricamente de procedimientos y criterios transparentes capaces de brindar a las elecciones de los/as miembros de la CIDH las garantías de legitimidad que demandan. La OEA aprobó en 2016, 2017 y 2018 resoluciones recomendando a los Estados miembros que nominen y elijan a personas que permitan asegurar una integración equilibrada en género, con representación de las diferentes regiones, grupos poblacionales y sistemas jurídicos del hemisferio, garantizando que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Asimismo, encomendó al Consejo Permanente una presentación pública de los candidatos y candidatas a la Comisión y a la Corte. Sin embargo, estos procesos de selección aun podrían mejorarse sustantivamente, por ejemplo, mediante la creación un comité consultivo independiente capaz de proporcionar evaluaciones competentes, justas e independientes de los/las nominados/as, tal como los que existen para supervisar los procesos de selección en relación a otros tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Esta y otras recomendaciones pueden encontrarse en los informes de los paneles independientes de expertos/as de 2015, 2017 y 2018, y en el informe “Fortaleciendo desde adentro” elaborado por la Comisión Internacional de Juristas y la Open Society Justice Initiative. El Centro de Derechos Humanos de la UDP ha participado de este debate y convocado, el año pasado, a actividades donde se discutiera sobre los procesos de selección nacionales de los/las comisionados/as, jueces y juezas interamericanos/as.

En este contexto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para un Debido Proceso (DPLF) y la Open Society Justice Initiative (OSJI) volvieron a convocar en 2019 a un Panel Independiente de Expertos/as para evaluar a las y los candidatos/as y así ofrecer mayor transparencia a la elección. Estas organizaciones comparten un compromiso común de fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos a través del principio de elecciones justas, transparentes e inclusivas y mediante la nominación de candidatos/as calificados/as e independientes. El Panel Independiente de 2019 está compuesto por cinco juristas internacionalmente reconocidos por su trayectoria en derechos humanos: Mariclaire Acosta, Carlos Ayala, Catalina Botero, Juan Méndez y Judith Schönsteiner. Por segundo año consecutivo, el Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de American University Washington College of Law servirá como Secretaría del Panel, asegurando de esta forma la independencia e imparcialidad del Panel tanto de parte de los Estados como de las organizaciones de la sociedad civil. En años anteriores, el panel fue integrado por Cecilia Medina, ex jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesora emérita de la Universidad Diego Portales.

El Panel Independiente de Expertos/as 2019 abrirá a la brevedad un plazo y un mecanismo para que aquellos grupos o personas interesadas puedan presentar información sobre las candidatas y candidatos. La información que las misiones estatales permanentes ante la OEA han publicado sobre ellos hasta el momento puede encontrarse aquí. El informe del panel se dará a conocer semanas antes de la reunión de la Asamblea General y se publicará en la misma página.

Contactos de prensa:

CEJIL:

Alexandra McAnarney

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Tel: +1 202 319 3000 ext. 117

DPLF:

Santiago Martínez Neira

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Tel: +1 202 462-7701

OSJI:

Liliana Gamboa

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Tel: +1 212 548 0600

Washington College of Law:

Mariela Galeazzi

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Tel.: +1 202 577 2869

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Carta al Director publicada junto a los firmantes en El Mostrador el 02 de Abril de 2019.

Señor Director:

A casi un año de los anuncios del gobierno en materia migratoria que prometieron “ordenar la casa”, conviene pasar revista de sus resultados, observar si fueron efectivas las medidas, e identificar en qué consistió este orden prometido.

Los anuncios de abril de 2018 se pueden agrupar en tres grandes temas: creación y eliminación de visas, anuncio de un proceso de regularización extraordinario, y envío de las indicaciones para avanzar en la creación de una nueva ley de Migración y Extranjería. Estas y otras medidas se suman a una política sistemática de exclusión de la sociedad civil y de otras reparticiones del Estado y Organismos Internacionales. Esta política trae como efecto el cierre el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, el cese el trabajo del Consejo Técnico de Política Migratoria, y la no adhesión al Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, entre otros.

En términos generales, en el ámbito de los resultados, se puede argumentar que las medidas fueron efectivas, pero en la constitución y profundización de un “racismo de Estado”, evidenciado a partir de la drástica disminución de la migración proveniente de Haití y de otras medidas “focalizadas” en este colectivo, que buscan promover el retorno mediante deportaciones encubiertas en una política humanitaria. Dicho sea de paso, el país más pobre del hemisferio, según la ONU, y sumido en una crisis con civiles muertos. Es así como el gobierno ha demostrado ser un precursor activo de políticas racistas, además de un estratega en selectividad de ciertos migrantes como potenciales votantes.

Para efectos del análisis, conviene ir revisando los resultados punto por punto para dilucidar por qué unos y no otros:

1. Creación y eliminación de visas

Con la eliminación de la Visa por Motivos Laborales, la única alternativa legal para aquellas personas de nacionalidad extranjera que quisieran permanecer en el país para efectos de dar cumplimiento a un contrato de trabajo, volvió a ser la Visa Sujeta a Contrato, la cual es a lo menos ineficiente al no representar un incentivo ni para el empleador ni para el empleado. Sin embargo, se anunció la creación administrativa de seis nuevas visas, que se constituirían como alternativas a la migración laboral y, sobre todo, calificada, las que, si bien se condicen con el enfoque del valor que representa la migración para el desarrollo del país, en los hechos concretos pareciera ser que no son coherentes con las necesidades reales tanto de oferta como de demanda de personas migrantes.

Con la Visa de Oportunidades, por ejemplo, se prometía entregar 3000 visados a noviembre de 2018 para quienes quisieran venir a Chile a trabajar en áreas definidas como prioritarias en zonas geográficas determinadas. Sin perjuicio de ello, conforme a los datos informados por el gobierno, solo se han otorgado 95 de un total de 2156 solicitudes ingresadas a febrero de 2019. De éstas, 979 están aún pendientes de revisión y 1082 no cumplían con los requisitos. Asimismo, si se profundiza en las visas de orientación nacional e internacional el escenario es aún peor, ya que prometían atraer migración calificada, y en la actualidad prácticamente no se han otorgado.

De las visas destinadas a las personas nacionales de Haití y Venezuela, para restringir y fomentar la migración, respectivamente, a marzo de 2019, las 256 visas otorgadas a personas nacionales de Haití contrastan con las casi 20 mil visas otorgadas a personas nacionales de Venezuela. En tanto, en lo que respecta a la Visa de Reunificación Familiar para personas haitianas, de las más de 1300 entrevistas que realizó en 2018 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sólo se otorgaron 144.

Como resultado, el gobierno logró reducir considerablemente la migración haitiana y relevar una visa restrictiva como la única alternativa a la migración laboral de personas que se encuentran en Chile. En tanto, respecto de la Visa de Responsabilidad Democrática para personas venezolanas, a pesar de que en los dichos esta visa se constituiría como fomento de la migración proveniente de este país, tampoco es una buena alternativa frente a la crisis en Venezuela.

2. Proceso de regularización extraordinario

A pesar de que la iniciativa a priori es valorable, su génesis se basó en supuestos errados y con un alto nivel de improvisación, evidenciando un desconocimiento real de los flujos migratorios y una idea de que estamos en Canadá o Australia, además de un alto sesgo ideológico abiertamente racista. Se desconocieron las adversidades al no hacer una evaluación de la posibilidad de obtener documentación en países en crisis; se desconocieron las capacidades de los consulados en Chile y el exterior ;se subestimó la capacidad instalada en el Departamento de Extranjería y Migración, anterior a este gobierno; se realizaron capacitaciones insuficientes por parte de gente que desconocía el proceso; se sobrestimó la cantidad de personas en situación irregular; y se restringió la posibilidad de trabajar mientras las personas esperan su visa. A esto se suman los detalles revelados recientemente por Radio Universidad de Chile respecto a serios cuestionamientos a la gestión interna del Departamento de Extranjería, que incluyen actos de corrupción, amiguismos en la contratación de servicios, visas en un día, malos tratos y denuncias ante la Contraloría. En definitiva, un proceso improvisado, viciado, y con un gran desinterés por el bienestar de las personas migrantes inscritas en el proceso.

El proceso estuvo marcado por una intención mediática de justificar las 250 o 300 mil personas estimadas de manera previa con el fin de no reconocer la sobrestimación y, para esto, se culpó injustificadamente a la sociedad civil, a la cual se le acusó de llamar a no inscribirse. Como resultado, actualmente, según informa el Mercurio en marzo de 2019, la lista de espera de 16 mil personas inscritas para citas en Extranjería duplica la del AUGE. 

3. Proyecto de Ley

Una de las propuestas fundamentales del Proyecto de Ley que se encuentra en tramitación ante el Senado, y que determinará la dinámica migratoria de los próximos años, está en la imposibilidad de que quienes ingresen al territorio nacional en calidad de turistas, cambien de categoría migratoria dentro del país. Esta disposición es la que actualmente genera mayor controversia con la oposición y en un amplio sector de la sociedad civil, al pretender que, una vez estando en Chile, las personas deban tramitar su visa de trabajo en su país de origen, desconociendo acuerdos como el de residencia Mercosur, que admite el cambio de categoría dentro del país, y a sabiendas que la disposición tiene un alto potencial de generación de irregularidad, de vulneración de derechos asociados, y el efecto de que las personas deban arriesgar sus vidas para ingresar.

Todas estas medidas forman parte de una política migratoria sesgada y racista, que refleja un bajo conocimiento de la dinámica migratoria en Chile al intentar, entre otras cosas, equipararse a la realidad y modelos foráneos (Canadá o Australia), desconociendo -o más bien ignorando- la realidad regional y, sobre todo, de los países de origen y de los perfiles que se constituyen a partir de dichas realidades. Es así como resulta, por ejemplo, al menos inhumano restringir la salida desde Haití a Chile y promover el retorno de nacionales a un país como Haití, sumido en una crisis política, social y humanitaria que arrastra desde hace años. Sin embargo, tenemos a un gobierno con el foco puesto en Venezuela, asistiendo con ayuda humanitaria y abriendo la frontera para futuros votantes.

Durante el actual gobierno, la gestión migratoria se ha compuesto de un conjunto de medidas parche mal ejecutadas, caracterizada por iniciativas de “integración” de bajo impacto, estigmatización de las personas migrantes, una estrategia comunicacional que ha intentado sistemáticamente equiparar migración y delincuencia, irregularidades y corrupción en la gestión interna y, sobre todo, un alto componente de racismo y desprecio hacia algunos cuerpos que no encajan con el arquetipo chileno.

Para terminar, algunas preguntas, una hipótesis y un llamado a trabajar de manera proactiva:

La evaluación de las medidas adoptadas durante el año 2018 debiera de servir para informar, y desde ahí mejorar las propuestas del Proyecto de Ley. Desde esto generar algunas preguntas tales como: ¿Qué lógicas de la alteridad hay detrás de estas medidas? ¿Se busca una política de inclusión real o se continúa vulnerando derechos y ampliando el miedo? ¿Es realmente la migración el problema?. O bien, ¿Han funcionado las visas consulares, las cuales se solicitan en los países de origen? ¿Por qué se han otorgado tan pocas visas consulares? ¿Es la institucionalidad consular capaz de asumir estas funciones?¿Es el actual Departamento, futuro Servicio, capaz de hacerlo en su defecto? ¿Es posible para quienes desean venir a residir a Chile, cumplir con los requisitos exigidos para solicitarlas? ¿Se ha informado correcta y oportunamente a la población migrante sobre estas medidas? ¿Se han cumplido los objetivos propuestos para cada visado? ¿Cómo se va a explicitar la Política Nacional Migratoria si el Consejo de Ministros que la debiera de concertar ha sesionado una sola vez? ¿Cómo conecta la orientación de los flujos migratorios que ha venido trabajando la administración desde el año pasado con las necesidades reales de desarrollo del país? ¿Se ha trabajado de manera coordinada con los países de origen?¿Y con los de tránsito?. Las respuestas a todas estas preguntas son las que van a servir de fundamento para la Política Migratoria, para que no se siga adoptando de manera antojadiza.

Es muy probable que a un año del anuncio de las medidas en materia migratoria, precisamente, se anuncien más medidas próximamente. Es posible que estas medidas busquen, por un lado, intentar mejorar las anteriores, ya sea creando nuevas visas o alguna otra artimaña; y por otro lado, seguir regulando la dinámica migratoria sin discusión parlamentaria ni ciudadana. No es de extrañar que se fije la restricción al cambio de estatus mediante algún tipo de interpretación de la actual normativa.

Esta hipótesis nos debe llevar a un trabajo conjunto que conforme una respuesta, una contrapropuesta, con argumentos transdisciplinarios, entendiendo que al gobierno, los argumentos de naturaleza humanitaria le son insuficientes para gestionar la migración de una manera eficiente y eficaz.

Hacemos un llamado a la academia, a las clínicas jurídicas, a los municipios, a la sociedad civil, a las agencias internacionales, y a todo quien desee apelar al sentido realmente humanitario. Debemos preparar una contrapropuesta al eventual anuncio del gobierno en abril, a partir de la evidencia sobre la cual debe construirse la política migratoria, que eche por tierra todo intento de seguir regulando la migración de manera autoritaria y restringiendo toda posibilidad de que Chile se conforme como un país diverso y cohesionado. Este tipo de medidas no frenan la migración, sino que promueve el surgimiento de redes informales, lo que genera más muertes, más violaciones de DDHH y más vulnerabilidad.

No podemos seguir aceptando medidas racistas de corte aspiracional. No podemos seguir comparándonos con países altamente restrictivos que distan de la propia realidad. No podemos seguir dejando en manos de tecnócratas el derrotero del país. No podemos seguir actuando de manera reactiva. No podemos permitir que nos atrincheren en la discusión de si migrar es o no un derecho. No podemos ser agentes sin contra propuesta. Armémonos con evidencia. Trabajemos de manera preventiva para que, cuando el gobierno intente gobernar vía decreto, quede en evidencia la mala intención, ignorancia y desprecio de quienes pretenden atribuirse la responsabilidad de dejar vivir y hacer morir.

Firmantes:

- Cristián Orrego Rivera. Investigador CEDESOC/UTEM. Miembro de Fundación An Nou Palé.
- Carolina Stefoni Espinoza. Directora Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios PRIEM. Universidad Alberto Hurtado.
- María Emilia Tijoux. Coordinadora de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile.
- Luis Eduardo Thayer. Sociólogo e investigador.
- Francisca Vargas Rivas. Directora Clínica Jurídica de Migrante y Refugiados UDP.
- Movimiento Acción Migrante (MAM).

 

 
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