Elementos filtrados por fecha: Diciembre 2019
Miércoles, 11 Diciembre 2019 00:00

No sabemos qué respiramos

*Esta columna fue escrita junto a Dominique Hervé, Facultad de Derecho UDP. Originalmente publicada en la Tercera, el 11 de Diciembre 2019

Lo que se hizo patente durante los últimos años en la zona industrial de Puchuncaví-Quintero es un problema sistémico a lo largo del país: no podemos estar seguros sobre qué respiramos. Esa ignorancia es en sí un problema para el derecho a la salud y se ve acentuada actualmente en algunos sectores, dadas las emisiones por incendios y barricadas y el uso masivo de gases lacrimógenos en las últimas semanas.

En chile, la información ambiental sobre calidad de aire a pesar de existir un sistema que la regula– no cumple con los estándares de derechos humanos aplicables tanto para el acceso a la información, como para la calidad y contenido de la misma.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP de 2019, publicado en noviembre, reveló que los datos con los que contamos sobre los contaminantes en nuestras ciudades y pueblos son incompletos, por no abarcar todos los principales contaminantes nocivos para la salud y por no ser debidamente accesibles. Solo la información sobre material particulado grueso (PM10) se encuentra sistemáticamente disponible para la población.

Uno de los mayores problemas identificados por el informe es la falta de calidad de los datos que se usan para tomar decisiones de políticas públicas, tales como la adopción de planes de descontaminación. Así, existen errores de medición, ubicación no representativa de estaciones de monitoreo, baja frecuencia de mediciones y la ausencia de un laboratorio de referencia y un mecanismo de verificación de la calidad de la información sobre contaminación del aire. Otro aspecto del problema es que Chile no ha definido las concentraciones de contaminantes según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (nuestro país es más permisivo) y, peor aún, no ha abarcado contaminantes tan riesgosos como el carbono negro, o el arsénico y benceno que forman parte del PM10 y PM2.5.

Con ello, sabemos el tamaño de los contaminantes que respiramos, pero no su toxicidad; por lo tanto, no podemos tomar acciones individuales ni colectivas informadas para proteger nuestra salud.

La calidad del aire está íntimamente relacionada con el cambio climático, pero necesitamos datos distintos para hacer frente a cada uno: mientras para el último interesa reducir la cantidad de emisiones (y, por lo tanto, se miden éstas), la calidad de aire requiere además información sobre la concentración de los contaminantes en lugares habitados. Sin ella, no sabremos qué respiramos. Es preocupante que, justamente en el año de la COP25 del cambio climático, el informe revele que la cantidad de fiscalizaciones de calidad de aire por parte de la Superintendencia de Medioambiente ha bajado drásticamente.

En definitiva, es urgente avanzar para establecer las condiciones para un sistema independiente y transparente de verificación de la calidad de los datos sobre la contaminación del aire en el país.

Publicado en Blog-Opinion
Martes, 10 Diciembre 2019 00:00

Empresas, derechos humanos y estallido social

Columna originalmente publicada el 06 de Diciembre 2019

Organismos internacionales como Naciones Unidas y la OCDE, así como en el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas en Chile (a renovarse el próximo año), reconocen que las empresas deben respetar los DDHH y prevenir los impactos negativos que atenten contra ellos. Esto va incluso más allá de lo que les exija la ley; tal como ejemplificó la iniciativa #primerpaso, que reúne empresas que se comprometieron a no pagar sueldos menores de $ 500.000. No obstante, el actual contexto de crisis social y política en Chile ha dejado en evidencia que la definición de “impacto” que han manejado empresas y gremios muchas veces queda corta, y se reduce a los efectos directos, por ejemplo, sobre el derecho a la salud de la población aledaña afectada por las emisiones de sus instalaciones.

Esta definición acotada deja fuera tres formas de impacto indirecto que atingen al debate sobre justicia social y que, pese a no ser nuevas, deben ser reconocidas y eficazmente combatidas en cualquier acuerdo social futuro que pretenda ser justo. Éstas son: la corrupción y el financiamiento indebido de campañas políticas; la evasión de impuestos y el lobby tributario a favor de quienes tienen más recursos; y el lobby contra una mayor regulación para garantizar derechos sociales. Estos se dan en el contexto de la privatización de los servicios sociales cuando éstos son rentables, y la falta de mecanismos solidarios para proveer servicios de calidad cuando no lo son.

La capacidad de influenciar las elites políticas es claramente mucho mayor de la que tienen las personas afectadas, a pesar de una sociedad civil organizada y órganos de protección como el INDH o el SERNAC. En las últimas semanas, los casos sobre financiamiento de la política y corrupción que terminaron en salidas alternativas o sin condenas nos hablan elocuentemente de cómo la cancha está desequilibrada: algunos se enriquecen o aceptan beneficios económicos en perjuicio de la posibilidad del Estado de garantizar los DDHH.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que ningún Estado, grupo o persona puede emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de los DD.HH. Lo que se pide con toda razón a quienes saquean – que no afecten los derechos laborales de los trabajadores, por ejemplo – se debería pedir con mayor razón a quienes tienen poder y capacidad de generar un mucho mayor desbalance a los derechos humanos que los primeros.

Publicado en Blog-Opinion
Martes, 10 Diciembre 2019 00:00

Día de los Derechos Humanos

Carta publicada originalmente en El Mercurio por Judith Schönsteiner y Lidia Casas el 10 de Diciembre 2019,

Tradicionalmente, el 10 de diciembre el INDH ha presentado su Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile. Este es el primer año desde su creación en que no ocurrirá, ya que los y las funcionarios han tenido que desplegarse día y noche en calles, comisarías y hospitales para velar por el respeto a los DD.HH., dada la urgencia y gravedad de los acontecimientos en el país.

En este contexto, debe valorarse positivamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya creado una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI), informada el pasado jueves, ante la grave preocupación del organismo internacional por las violaciones de DDHH en nuestro país. El mecanismo –que también se ha instalado en países como Venezuela (desde 2017), Nicaragua (2018), Haití (2019) y Bolivia (2019)– busca “monitorear y dar respuesta a la situación de DD.HH.“, enfocándose principalmente en patrones de violaciones y asuntos estructurales, incluyendo de derechos sociales, y no en casos aislados.

Mientras la CIDH prepara su visita a Chile, esperamos que el INDH cuente con los recursos necesarios para realizar su labor en el nuevo contexto y no sólo medidas paliativas para responder a la contingencia.

Por Judith Schönsteiner y Lidia Casas
Centro de Derechos Humanos UDP

Publicado en Blog-Opinion