Viernes, 17 Agosto 2018 00:00

Clínicas jurídicas cuestionan expulsión de 51 colombianos

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*Noticia publicada originalmente el 17 de Agosto 2018 en La Tercera.

La expulsión de 51 colombianos concretada ayer no tuvo buena acogida por parte de todos los sectores. Las clínicas jurídicas de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y de la Universidad Diego Portales (UDP), que se han especializado en la situación de los migrantes, cuestionaron el operativo del gobierno.

Según ambas instituciones, no existió un procedimiento en que los expulsados pudiesen defenderse y apelar de la medida. Para Macarena Rodríguez, de la clínica jurídica de migrantes de la UAH, la situación “nos preocupa. Si bien entre ellos un grupo corresponde a expulsiones judiciales (en que se conmuta la pena impuesta por la expulsión), hay otros casos en que la situación es distinta”.

Rodríguez añadió que “representamos a una persona que tuvo un antecedente penal en Colombia por un hurto agravado y donde el mismo tribunal, atendidas las circunstancias, declaró la suspensión condicional de la pena. Esto ocurrió en el año 2006. Él vive en Chile hace casi 10 años, acá también viven su familia, su pareja y todo su entorno; hoy día se relaciona con Chile, donde ha logrado reconstruir su vida. La expulsión rompe con todo eso”.

Desde el gobierno señalaron que la persona a la que hace referencia la UAH registraba una condena en su país de origen por el delito de hurto calificado, el cual en Chile equivale a un robo con intimidación o con fuerza. Este ciudadano, agregaron, fue condenada a 32 meses de prisión, por lo cual su expulsión se ajusta a la legislación vigente.

En tanto, Francisca Vargas, de la clínica jurídica de migrantes de la UDP, indicó que “personas con antecedentes penales son expulsables. Lo que me pregunto es cómo se evaluaron otros derechos, por ejemplo, el derecho a la protección de la familia. Entiendo que varias personas tenían hijos en Chile y llevaban bastante tiempo en el país”.

Vargas dijo, además, que “me pregunto cuál fue la evaluación del arraigo familiar que se hizo, porque en nuestra experiencia en la UDP tenemos que llegar a la Corte Suprema para recién poder hablar de los niños. Creo que al menos con 19 personas que están en esta segunda situación hay faltas al debido proceso”.