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Carta al Director publicada en La Tercera, 12 de junio de 2016.

 

Señor director:

Preocupa de sobremanera la crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tuvo que suspender todas las restantes audiencias del año 2016, y si en la próxima Asamblea General los estados de la OEA no ponen los fondos necesarios, tendrá que despedir a un 40% de su personal.

 La CIDH ha protegido a personas de todas las Américas ante dictaduras y conflictos internos. Su labor en esto ha sido imprescindible. Aún hoy, los estados y las sociedades necesitamos el sistema interamericano de derechos humanos, aunque estemos en democracia. También se violan los derechos humanos, y ante la falta de acceso a la justicia, la desigualdad en el goce de derechos económicos, sociales y culturales, las amenazas a los y las defensores de derechos humanos, ante horribles condiciones carcelarias y daños ambientales y a la salud, necesitamos los órganos de supervisión internacionales, ya que a nivel interno, no se han logrado solucionar mentados problemas.

 Si el sistema requiere, como todos los sistemas de justicia, una revisión estructural para cumplir mejor su función - los problemas de atraso en el sistema de casos están sobre la mesa - , ésta se debe discutir como tal, y no reteniendo los fondos a los que los estados se han comprometido. Esto constituye una amenaza a la independencia del órgano y tendrá consecuencias en su imparcialidad, ya que tendrán que temer el recorte de facto de sus facultades. 

 Es el momento en el que los estados tendrán que mostrar su real compromiso con los derechos humanos, poniendo los fondos necesarios y convenciendo a otros gobiernos latinoamericanos de hacer lo mismo. Posteriormente se discutirá sobre la mejora en la eficacia de la CIDH. 

En ese contexto pregunto,  si en algún país donde se detectaran problemas de eficacia en una Fiscalía, ¿se exigirá recortar sus facultades y competencia, en vez de aumentar su capacidad de responder a la cantidad de casos que le llegan?

 

Judith Schönsteiner
Centro de Derechos Humanos UDP

Columna de opinión publicada en El Mostrador, 31 de mayo de 2016.

 

Cada cierto tiempo, cuando corresponde por parte de los órganos más políticos del Estado, el Ejecutivo y el Congreso, la designación de personas para instituciones como el Tribunal Constitucional, el Consejo para la Transparencia o, más recientemente, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se levanta una crítica recurrente de que esos nombramientos han sido realizados más en función de la militancia o adherencia política del designado –por corresponderle a ese partido o coalición la cuota u ocasión de nombramiento– que por los méritos necesarios para el cargo al cual se designa.

Con diversos matices, hay que decirlo, ese fue el caso de los nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional, Carlos Pozo y Cristián Letelier. Pues ellos, sin duda, como se ha dicho por otros que fueron duramente criticados al hacerlo presente pero sin que se refutara la observación central, no fueron nombrados primariamente por la profundidad de sus conocimientos constitucionales o por poseer una vasta trayectoria en el servicio público, la academia o la profesión legal, sino que claramente por su adhesión al grupo político que los propuso.

En el caso del INDH, con el reciente nombramiento por parte de la Cámara de Diputados del ex diputado Eduardo Saffirio, estas críticas se repiten, pues nuevamente, independientemente de los méritos del candidato, la aprobación del mismo era algo automático, por corresponder a un “cupo DC”.

Desgraciadamente algo similar está por suceder con otro nombramiento en el INDH por parte del Senado, pues se ha propuesto la renovación del actual decano UC Carlos Frontaura, sin que se haya planteado una discusión sobre los fundamentos del mismo, correspondiendo, en este caso, a un “cupo UDI”. En esta ocasión, además, hay serias objeciones en relación con la compatibilidad de las opiniones del profesor Frontaura en materia de derechos de las personas LGTBI con lo que hoy dispone el derecho internacional de los DD.HH.

Sería una ingenuidad pretender que los nombramientos a cargos públicos de importancia por parte de las cámaras y órganos políticos fueran algo totalmente prescindentes de las opiniones o inclinaciones políticas de los candidatos. En una sociedad en la cual existen diferencias de opinión importantes ellas se concretan en posiciones y adherencias partidarias o políticas. Pretender que no, es desconocer la existencia de desacuerdos sustantivos entre nosotros.

Sería una ingenuidad pretender que los nombramientos a cargos públicos de importancia por parte de las cámaras y órganos políticos fueran algo totalmente prescindentes de las opiniones o inclinaciones políticas de los candidatos. En una sociedad en la cual existen diferencias de opinión importantes ellas se concretan en posiciones y adherencias partidarias o políticas. Pretender que no, es desconocer la existencia de desacuerdos sustantivos entre nosotros. Pero cosa distinta es que al momento de escoger, eso sea lo primario o, peor aún, que ello implique el nombramiento de personas sin las debidas condiciones para el ejercicio del cargo.

Una forma de evitar eso es que el proceso de designación sea organizado con el debido tiempo y con las oportunidades procesales que permitan un escrutinio público adecuado, de forma tal que los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, profesionales o académicos, puedan ejercer un rol fiscalizador.

El problema de las designaciones automáticas en virtud del simple cuoteo es que ellas no solo pueden implicar que se nombre a personas sin las calificaciones necesarias y que se debilite la legitimidad de quienes sí poseen méritos para el cargo, sino que, principalmente, se afecta la ya debilitada legitimidad Congreso Nacional ante los ciudadanos, pues este posee como una de sus funciones esenciales, aunque no reconocida expresamente en la Constitución, la deliberación razonada sobre decisiones que afectan la marcha del país, como lo son los nombramientos de autoridades. El cuoteo contradice esa función.

Esta falta de deliberación y de debate, además de la premura con que frecuentemente se efectúan, impide una adecuada información y participación ciudadana, además de debilitar la legitimidad de los órganos cuya composición se realiza por medio de nombramientos del Congreso. Por ejemplo, si quienes componen una institución de tanta gravitación como el Tribunal Constitucional llegan a ella solo, o principalmente, porque corresponden a una determinada orientación política, ciertamente se pone en duda el sentido de tener una institución que no sería más que el reflejo de las corrientes partidarias existentes en el Congreso. Por consiguiente, debate informado, calidad de los nombramientos y legitimidad institucional son aspectos que están íntimamente relacionados y a los cuales pareciera que los parlamentarios debieran prestar más atención, y los ciudadanos exigirlos con mayor fuerza.

 
 

Carta al Director publicada en La Tercera, 19 de mayo de 2016.

 

Señor director:


Hace 10 años, entró en vigencia la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A pesar de la aprobación de una ley al respecto (20.422), las personas con discapacidad en Chile,  sus familiares y cuidadores, aún están esperando la plena vigencia,  incluso de los mínimos imprescindibles de sus derechos: accesibilidad de los espacios públicos y de la información pública en igualdad de condiciones; toma de decisiones autónoma; acceso al trabajo en igualdad de condiciones y con iguales pagos; acceso a la educación en igualdad de condiciones; protección contra abusos; e incluso tratamientos médico-psiquiátricos que pueden constituir, según el Relator contra la Tortura, malos tratos. La razón: falta de regulación, regulación contraria a la Convención, falta de concientización en la sociedad, y falta de adopción de políticas públicas en favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

Recientemente, el Comité de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad mandó sus recomendaciones a Chile. Espero que en su cuenta pública del 21 de mayo de este año, la Presidenta de la República pueda reiterar su compromiso, y el compromiso del Estado de Chile, con las personas con discapacidad y sus derechos. Es una obligación para el Estado de Chile. Espero que pueda anunciar medidas concretas que resguarden la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, especialmente en cuanto a su igualdad ante la ley, e inclusión en los ámbitos laboral y educativo.

Las personas con discapacidad no pueden esperar más, y toda la sociedad debe tomar conciencia de aquello, tal como indica el artículo 8 de la Convención arriba mencionada. La inclusión es su derecho, y la diversidad la riqueza de nuestra sociedad. 

Judith Schönsteiner

Directora, Centro de Derechos Humanos UDP

Santiago, 17 de mayo de 2016

Estimados consejeros y estimadas consejeras del Instituto Nacional de Derechos Humanos,

Escribimos para apoyar la nominación del P. José Aldunate SJ al Premio Nacional de Derechos Humanos 2016. Todos y todas conocemos su valiente y decidido testimonio y lucha contra la tortura y a favor de los derechos humanos durante la dictadura. Al fundar el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, caminó junto a las víctimas de violaciones gravísimas de derechos humanos y sus familiares, hizo suyo sus denuncias, y también ayudó a derribar el miedo de pronunciarse. Toda su acción fue aplicando un método no-violento arriesgando incluso su propia vida y salud.

Pero también ha levantado la voz en otros temas, tal vez menos conocidos fuera de círculos católicos. El Padre Aldunate abogó por los derechos humanos, por ejemplo, los derechos de las mujeres, el derecho a la educación en igualdad de condiciones. Ha sido fuerte defensor de las minorías sexuales, un ámbito que ha probado ser terreno difícil para la Iglesia Católica. Pepe Aldunate ya en 2005 había defendido los derechos de las personas homosexuales, incluyendo su derecho a vivir en pareja y casarse.[1] Es un mensaje, nuevamente valiente, a favor de la dignidad de las personas, y desafiando  la línea oficial de su iglesia que ese mismo año recomendó no admitir a los homosexuales en los seminarios para la formación sacerdotal. Aldunate reiteró su opinión en el año 2014, en una entrevista en CNN,[2] apoyando la legislación sobre la unión civil para parejas del mismo sexo, y explicando que quisiera también que cambiara la postura de la Iglesia Católica en relación al tema. Su voz y opinión sobre los derechos civiles de las personas homosexuales y lesbianas, y su acogida en la Iglesia, ha ayudado a que tengan un espacio hoy en la Iglesia chilena que hace 10 años no tenían.

El Padre José Aldunate así se ha mostrado siempre, en situaciones más que difíciles, como un arriesgado luchador de los derechos humanos. Solo podemos expresar nuestro cariño y agradecimiento, y nuestro respeto por su labor. Esperamo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos le otorgue el Premio Nacional de Derechos Humanos de 2016.

Atentamente,

Judith Schönsteiner

Lidia Casas                                           

Delfina Lawson                                                                    

Tomás Vial

Directora e investigadores/as del Centro de Derechos Humanos de la UDP


El Poder Ejecutivo se había comprometido a enviar un proyecto de ley que abordara la protección de los derechos de las personas migrantes antes del 31 de marzo. En el día de ayer, se anunció a través de la prensa que dicho proyecto no se encuentra dentro de las “prioridades” presidenciales y que su presentación sería postergada hasta nuevo aviso. Lamentable.

Hace más de 40 años rige en Chile un decreto ley que regular el ingreso, egreso y permanencia de las personas extranjeras en el país. Este decreto carece de un enfoque de derechos, y se encuentra completamente ajeno a las necesidades nacionales o al contexto regional. Todos los países de la región han modificado su ley de migraciones (con la excepción de Brasil, que se encuentra discutiendo un proyecto de ley en el Congreso), menos Chile.

Hace varios años que Naciones Unidas le señala al Estado en cada uno de sus informes que es necesario reformular la política migratoria, y para ello, un paso esencial es la reforma de la legislación. El gobierno realizó consultas durante más de un año con los distintos actores involucrados y trabajó en la elaboración de un anteproyecto de ley de migraciones, que aún espera en algún escritorio el momento oportuno para ser presentado.

La falta de una ley de migraciones no impide el ingreso de las personas al país, prueba de ello es el aumento significativo de la migración durante los últimos años. La ausencia de una ley solamente perjudica a quienes, en el ejercicio de un derecho: el derecho humano a migrar, desean ingresar al país por distintos motivos.

Hoy en día cerca de medio millón de personas residen en el país con diferentes tipos de visas, o en forma irregular. Todas ellas se encuentran expuestas a vulneraciones permanentes en su acceso a diferentes derechos fundamentales, como la salud, la educación, el debido proceso y la nacionalidad. A diario tomamos conocimiento de personas que han sido víctimas de discriminación, de mujeres migrantes que han sufrido violencia sexual o de niños que no han sido siquiera registrados luego de su nacimiento porque sus padres se encuentran en situación migratoria irregular. Cualquiera de esas situaciones (entre muchas otras que ocurren a diario) vulnera la dignidad de las personas, y atenta contra sus derechos fundamentales.

¿Hasta cuándo podemos seguir esperando? ¿Qué es necesario que suceda para que la migración se transforme en prioridad política? O acaso estamos esperando que ocurra una tragedia para impulsar el proyecto de ley? Espero que este no sea el caso.

Por Judith Schönsteiner, publicado en El Mostrador, 6 de mayo de 2016 

Chiloé está lejos. La marea roja trajo a la isla y a sus pescadores artesanales a las noticias santiaguinas. Los despidos y precariedades de los últimos meses no lo habían logrado. Una marea roja sin precedentes, que produce la asfixia de miles de sardinas y moluscos, posiblemente causadas por el calentamiento superficial del mar, originado por El Niño. Sin embargo, también se ha afirmado que se vertieron miles de toneladas de pescado en descomposición al mar (las cifras sobre la cantidad exacta varían), factor que podría haber aumentado la mortandad de moluscos y peces en la X Región.

Ante esta situación, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, aseguró a los pescadores artesanales que se han ido organizando en asambleas en Chiloé, que no los dejaría solos. El mismo día, el ministro del Interior, Jorge Burgos, indicó, ante la exigencia de un bono de $ 300 o $ 400 mil a los pescadores artesanales, que “no somos un gobierno de billetera fácil”. Pero ¿cuál es exactamente la responsabilidad del Estado en esta situación?

Primero, prevenir que la situación de desabastecimiento y falta de liquidez para la compra de productos básicos se agrave. Debe garantizar, en virtud del Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un nivel básico de vida adecuado a cualquier habitante del país, especialmente, si se trata de grupos vulnerables, por su condición socioeconómica o por otros factores de discriminación o vulnerabilidad. En la situación que se está dando hoy, ya se están cumpliendo varias de las variables que el Nobel de Economía Amartya Sen ha identificado como indicios de que se genere –de no mediar intervención distributiva y de apoyo – el hambre en una región aislada de un país.

Segundo, la reacción del Estado ante la protesta social por estos acontecimientos debe regirse estrictamente por el derecho internacional, evitando cualquier exceso de uso de fuerza, así como las restricciones ilegítimas de la libertad de expresión y libertad de asociación. Eso incluye la transparencia sobre lo que realmente ha ocurrido y, si no se sabe, investigarlo.
Tercero, debemos hacernos la pregunta por la responsabilidad del Estado en mitigar los efectos que han tenido un fenómeno natural, por un lado, y eventualmente, la falta de regulación de la actividad económica en el contexto de la mayor vulnerabilidad del ecosistema, por el otro. A los pescadores artesanales y los trabajadores despedidos de Chiloé no les servirá una explicación de causalidad y responsabilidades civiles compartidas para paliar la falta de ingresos que se ha sostenido por meses, y que podría seguir así por varios más.

No estamos ante una reducción en los ingresos, sino de su completa ausencia en el caso de todas las personas que se dedican cien por ciento a la pesca. En virtud del Art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado debe proveer el derecho a la seguridad social ante el riesgo de perder el empleo, incluyendo el empleo independiente, y en virtud de su Art. 11, un nivel adecuado de vida. Nada le impide posteriormente investigar las responsabilidades de actores privados por el daño ocurrido, y recuperar parte de la inversión en medidas paliativas vía una demanda del Consejo de Defensa del Estado contra las empresas u otros actores presuntamente responsables.

Cuarto, el Estado debe revisar la eficacia de los mecanismos de fiscalización de la contaminación y su capacidad real de prevenir los delitos ambientales. Esto implica también una regulación clara sobre la contaminación del mar territorial y de la zona económica exclusiva. Esta norma hoy no existe, por lo que impide a la Superintendencia de Medio Ambiente fiscalizar ese punto. La otra cara de la moneda es que las empresas dedicadas a la producción industrial de pescado o mariscos, no tienen norma que seguir en esta materia. La observancia voluntaria de “buenas prácticas”, como se comprobó en muchos casos parecidos, no es suficiente incentivo.

Finalmente, sin embargo, hay una responsabilidad directa de las empresas, incluso si el Estado no cumpliera con su deber de regulación y prevención de los daños a través de la fiscalización. Así, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del 2011, y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, establecen la responsabilidad directa de las empresas por los derechos humanos y el medioambiente, en virtud de la due diligence (la debida diligencia) en materia de sus impactos negativos en los derechos humanos de sus trabajadores y las comunidades. Ciertamente, no debieran hacer nada que agrave la situación. No hay evidencia que hayan tomado las medidas preventivas y de mitigación que hubiera correspondido ante la reducción de la necesidad de trabajadores, y la mayor sensibilidad del ecosistema marino.

Parece que la crisis del salmón del 2007 no nos sirvió para mejorar nuestra legislación, los mecanismos de fiscalización, la seguridad social para los trabajadores, empleados e independientes de la industria pesquera, ni la responsabilidad empresarial. Ni si quisiera en materias tan básicas como los derechos humanos.

Por Judith Schönsteiner, publicado en El Mostrador, 12 de junio de 2016 

El caso del hogar ELEAM en Puente Alto, donde fallecieron varias personas en condiciones indignas y que fue administrado por una empresa familiar, solo es la punta de un iceberg. Uno que se esconde debajo de las aguas de falta de fiscalización del Estado en el ámbito del cuidado, que es también una incapacidad generalizada para fiscalizar y así prevenir afectaciones a los derechos humanos por parte de privados.

Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice. Así, deben asegurar que los derechos humanos de las personas bajo cuidado efectivamente se respeten por parte de las empresas.

Estos estándares, que han sido desarrollados, entre otros, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ximenes Lopes contra Brasil, parecen haber sido violados en el caso que recientemente conocimos por la prensa. Llama profundamente la atención que Senama había recibido las denuncias desde hace varios meses, y no pudo actuar "porque (...) no tenía personal ni plata para mandar" a los fiscalizadores. Ese retraso a primera vista no corresponde con el estándar de debida diligencia que es aplicable. Seamos claros: el Estado puede optar por la privatización de estos servicios; pero debe garantizar a los y las habitantes el goce de sus derechos, como el derecho a la privacidad, la integridad física y psíquica, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad.

[cia tipo="destaque"] Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice.[/cita]

En otros ámbitos, según el reciente Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos de la UDP, la situación tampoco es mucho más alentadora. En materia de pesca y minería, algunos entrevistados para el Estudio señalaron que el Estado ha renunciado a fiscalizaciones sin aviso, porque le era imposible mantener la confidencialidad de la agenda de fiscalizaciones. Por tanto, hoy se anuncian todas las fiscalizaciones a las empresas con anticipación de varias semanas. Eso puede tener el impacto positivo de lograr un cierto grado de cumplimiento relacionado con la visita de los fiscalizadores, pero también permite sustraer evidencia o indicios de incumplimientos más serios.

Además, hay un serio problema de colaboración y coordinación entre los entes fiscalizadores, más allá de que las competencias no están siempre claramente definidas o circunscritas. Así, existen duplicaciones en las competencias - por ejemplo, los comedores en faenas mineras - y al mismo tiempo, áreas que no están sujetas a ninguna fiscalización - por ejemplo, un número considerable de prestaciones de salud que no recaen ni en el ámbito de competencia del SERNAC, ni en la de la Superintendencia de Salud. En cuanto a la coordinación, detectamos que la Superintendencia de Medioambiente tiene un serio desafío de ejercer su mandato y no puede cumplirlo porque depende de los recursos y la voluntad de cooperación por parte de otras superintendencias que no necesariamente priorizan las solicitudes de fiscalización de la SMA.

A estos problemas estructurales, se suma la falta de recursos financieros y técnicos para la fiscalización preventiva, además, de la falta de capacitación de los y las funcionarios/as para llevar adelante su labor.

¿Las consecuencias? Incidentes como el incendio en el vertedero de Santa Marta; derrames, el desastre ambiental de Chiloé, o, justamente, el caso de la Fundación AMSCA en Puente Alto.

Por Judith Schönsteiner, publicado en La Tercera, 12 de julio de 2016 

El gobierno anunció la instalación de una mesa de diálogo con distintos actores de La Araucanía, indígenas y no-indígenas, para generar “propuestas específicas” sobre una solución al conflicto entre Estado, comunidades mapuche y empresariado en La Araucanía. Pensamos que esta iniciativa debiera tomar en cuenta el contexto del conflicto que la región está viviendo. Este contexto incluye el rol de las empresas y el impacto de sus actividades en materia de derechos humanos. El reciente estudio del Centro de Derechos Humanos de la UDP sobre empresas y derechos humanos dedica una sección a este asunto. Esta columna pretende contribuir al debate con un breve resumen de su análisis y conclusiones.

 

A la luz de los estándares internacionales, en el conflicto entre Estado, comunidades indígenas y empresas, se han infringido derechos de propiedad, integridad e incluso, el derecho a la vida. En la medida que el Estado no proporciona acceso a la justicia, éstas infracciones se convierten en violaciones a los derechos humanos. Así, por ejemplo, mientras el Estado está avanzando en el acceso a la justicia en el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay (2013), no ha proporcionado debido acceso a la justicia en todos los cuatro casos de comuneros jóvenes muertos por parte de Carabineros; entre ellos, Alex Lemún (2002). Este caso fue declarado admisible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por uso desproporcional de la fuerza policial, y por denegación de acceso a la justicia a causa del uso del sistema de justicia militar donde se alegaron faltas al deber de investigación y sanción, principalmente. El Estado tampoco ha cumplido con el deber de prevención de violaciones a los derechos de niños y niñas mapuche que resultan heridos por balines y perdigones en allanamientos, situación que hace años ya ha preocupado a Unicef y la Cruz Roja.

 

En cuanto a los daños a maquinaria de camioneros o empresas forestales, el gobierno ha mencionado crear un fondo para superar la falta de acceso a la indemnización en estos casos; sin embargo, aún no se han conocido mayores detalles sobre esta iniciativa. Tampoco en estas situaciones, el Estado en este momento no logra cumplir con el deber de prevención.

 

Además, el nivel de remuneración promedio para personas no-indígenas es un 43% más que para personas indígenas. Esto confirma la discriminación hacia estas últimas. Además, como el acceso a formación de calidad es otro factor sujeto a discriminación, por tanto se generan efectos de discriminación indirecta que se suman a los de discriminación directa: así, incluso si se mide entre personas con un mismo oficio, sin tomar en cuenta el diferencial en educación, esta brecha salarial se mantiene entre el 29% y 34%.

El origen del conflicto se enraíza en la falta de reconocimiento de territorios ancestrales de las comunidades mapuche, en desacuerdos profundos sobre el modelo de desarrollo y uso de las tierras, y en la falta de reconocimiento y representación políticos del pueblo mapuche en la institucionalidad estatal. Estas situaciones constituyen en sí, violaciones sistémicas y estructurales de los derechos de los pueblos indígenas, y marcan el contexto de la creciente tensión y violencia que estamos observando desde hace más o menos 10 años. La violación de los derechos humanos conlleva más violaciones de los derechos humanos.

Por tanto, estas violaciones estructurales deben ser resueltas si el Estado pretende seriamente bajar los niveles de conflictividad y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y no-discriminación. Estas obligaciones también tienen consecuencias para las empresas que desarrollan su actividad en la zona.

 

El Estudio de la UDP concluye que entre otras cosas, las empresas, especialmente las forestales y la piscicultura, tendrán que aceptar mayor regulación económica y ambiental, así como limitaciones a sus proyectos de expansión para que el Estado pueda encontrar un equilibrio en la protección de los derechos, especialmente, en relación a la escasez hídrica y el empobrecimiento de los suelos causados por los monocultivos. Además, el Estado debe considerar la posibilidad de expropiar terrenos para poder restituir territorios ancestrales a las comunidades, y así crear este balance de derechos. La Ley de Fomento Forestal también requiere una revisión a la luz de los derechos humanos. Finalmente, los pueblos deben participar en la definición de las prioridades políticas y de desarrollo en la región.

 

Este desafío no es sólo para el Estado. No es suficiente que la empresa deje de aprovecharse de la desigualdad de poder; al contrario, las empresas deberían tomar iniciativas propias para mejorar la desigualdad de remuneración, el cambio de uso de tierras sobreexplotadas, la protección del agua en la región, adelantándose en esta materia incluso, a la regulación del Estado, tal como indican los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Más importante, sin embargo, no deberían impedir que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Mesa de trabajo en La Araucanía: Puntos a tomar en cuenta

Martes, 08 Marzo 2016 00:00

Igualdad de Derechos

Escrito por

Columna por Tomás Vial S., investigador Centro de Derechos Humanos UDP

 

El reciente fallo del primer juzgado de familia de San Miguel, que entrega el cuidado de una menor de cinco años a la mujer ex pareja de la madre biológica, ha levantado, nuevamente, la discusión sobre las diversas formas de familia y sobre si acaso una persona que no es  heterosexual o una pareja del mismo sexo son aptos para cuidar y mantener niños y niñas. De acuerdo a la sentencia del tribunal las circunstancias concretas abogaban claramente porque el interés superior de la niña estaba mejor servido al permanecer con quien se había hecho cargo diligentemente ella por cinco años y no por su madre biológica, quien en la práctica la había abandonado. Lo interesante para la discusión antes mencionada es que en este caso, como en otros ya resueltos en tribunales de familia en Chile, para los jueces la orientación sexual de la persona que queda a cargo del niño o niña es completamente irrelevante al momento de resolver el asunto en disputa, no siendo algo que en sí afecte favorable o negativamente la posibilidad de criar a un niño. Así, en estos casos la orientación sexual pasa a ser un asunto neutral.

 

Esta forma de decidir asuntos de tuición y, pensamos de parentalidad o maternidad, incluyendo la adopción y el acceso a métodos de reproducción asistida en forma no discriminatoria, está claramente en línea con lo que han ido decidiendo varios tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Atala vs Chile, el 2012) y la Corte Europea de Derechos Humanos (a partir del caso EB vs Francia, el 2008), al analizar casos en los cuales se establecían diferencias en tuición o adopción en razón de la orientación sexual. En todos ellos la jurisprudencia ha  afirmado el principio de que la orientación sexual de un padre o madre no pueden ser per se un factor a considerar a la hora de resolver asuntos de familia y que el hacerlo constituye una discriminación arbitraria. Esto mismo han fallado tribunales constitucionales tan influyentes como el Tribunal Constitucional Alemán o la Corte Constitucional Colombiana.  

 

Sin perjuicio de celebrarse esta línea de resolución de casos, la verdad es que en Chile, luego de aprobado el acuerdo de unión civil, probablemente el tema más polémico desde el punto de vista del pleno respecto de los derechos de las personas LGTBI y que aun genera resistencia en algunos sectores, es la posibilidad de reconocer el igual derecho de las parejas del mismo sexo y de las hombres y mujeres LGTBI de ejercer su paternidad o maternidad. La ley en Chile hoy ni reconoce ni asegura ese derecho, pues, para dar un solo un ejemplo, la legislación de adopción vigente, cuya modificación integral hoy se discute en el Congreso, solo permite adoptar a personas solas o casadas. Y a esta altura de los tiempos la resistencia a reconocer que las parejas y las personas lesbianas u homosexuales puedan ser padres o madres en igualdad de condiciones que el resto solo puede basarse en el puro prejuicio, pues como lo han ido confirmado en forma progresivamente unánime las asociaciones científicas y las sentencias de los tribunales citados, la orientación sexual de los padres o guardadores no es factor que incida en forma relevante, ni negativa ni positivamente, en el desarrollo de un niño o niña (algo que, por ejemplo, ya declaraba expresamente la Asociación Americana de Psicología el 2004). Todo lo anterior permite abogar que ya es hora de que en Chile se establezca un pleno reconocimiento de este derecho para todas las personas LGTBI, eliminado las barreras existentes y asegurando la posibilidad efectiva de su ejercicio.

Martes, 08 Marzo 2016 00:00

Igualdad de Derechos

Escrito por

Tomás Vial S., investigador Centro de Derechos Humanos UDP

 

El reciente fallo del primer juzgado de familia de San Miguel, que entrega el cuidado de una menor de cinco años a la mujer ex pareja de la madre biológica, ha levantado, nuevamente, la discusión sobre las diversas formas de familia y sobre si acaso una persona que no es  heterosexual o una pareja del mismo sexo son aptos para cuidar y mantener niños y niñas. De acuerdo a la sentencia del tribunal las circunstancias concretas abogaban claramente porque el interés superior de la niña estaba mejor servido al permanecer con quien se había hecho cargo diligentemente ella por cinco años y no por su madre biológica, quien en la práctica la había abandonado. Lo interesante para la discusión antes mencionada es que en este caso, como en otros ya resueltos en tribunales de familia en Chile, para los jueces la orientación sexual de la persona que queda a cargo del niño o niña es completamente irrelevante al momento de resolver el asunto en disputa, no siendo algo que en sí afecte favorable o negativamente la posibilidad de criar a un niño. Así, en estos casos la orientación sexual pasa a ser un asunto neutral.

 

Esta forma de decidir asuntos de tuición y, pensamos de parentalidad o maternidad, incluyendo la adopción y el acceso a métodos de reproducción asistida en forma no discriminatoria, está claramente en línea con lo que han ido decidiendo varios tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Atala vs Chile, el 2012) y la Corte Europea de Derechos Humanos (a partir del caso EB vs Francia, el 2008), al analizar casos en los cuales se establecían diferencias en tuición o adopción en razón de la orientación sexual. En todos ellos la jurisprudencia ha  afirmado el principio de que la orientación sexual de un padre o madre no pueden ser per se un factor a considerar a la hora de resolver asuntos de familia y que el hacerlo constituye una discriminación arbitraria. Esto mismo han fallado tribunales constitucionales tan influyentes como el Tribunal Constitucional Alemán o la Corte Constitucional Colombiana.  

 

Sin perjuicio de celebrarse esta línea de resolución de casos, la verdad es que en Chile, luego de aprobado el acuerdo de unión civil, probablemente el tema más polémico desde el punto de vista del pleno respecto de los derechos de las personas LGTBI y que aun genera resistencia en algunos sectores, es la posibilidad de reconocer el igual derecho de las parejas del mismo sexo y de las hombres y mujeres LGTBI de ejercer su paternidad o maternidad. La ley en Chile hoy ni reconoce ni asegura ese derecho, pues, para dar un solo un ejemplo, la legislación de adopción vigente, cuya modificación integral hoy se discute en el Congreso, solo permite adoptar a personas solas o casadas. Y a esta altura de los tiempos la resistencia a reconocer que las parejas y las personas lesbianas u homosexuales puedan ser padres o madres en igualdad de condiciones que el resto solo puede basarse en el puro prejuicio, pues como lo han ido confirmado en forma progresivamente unánime las asociaciones científicas y las sentencias de los tribunales citados, la orientación sexual de los padres o guardadores no es factor que incida en forma relevante, ni negativa ni positivamente, en el desarrollo de un niño o niña (algo que, por ejemplo, ya declaraba expresamente la Asociación Americana de Psicología el 2004). Todo lo anterior permite abogar que ya es hora de que en Chile se establezca un pleno reconocimiento de este derecho para todas las personas LGTBI, eliminado las barreras existentes y asegurando la posibilidad efectiva de su ejercicio.