Blog-Opinion

Blog-Opinion (90)

Por Judith Schönsteiner, publicado en La Tercera, 12 de julio de 2016 

El gobierno anunció la instalación de una mesa de diálogo con distintos actores de La Araucanía, indígenas y no-indígenas, para generar “propuestas específicas” sobre una solución al conflicto entre Estado, comunidades mapuche y empresariado en La Araucanía. Pensamos que esta iniciativa debiera tomar en cuenta el contexto del conflicto que la región está viviendo. Este contexto incluye el rol de las empresas y el impacto de sus actividades en materia de derechos humanos. El reciente estudio del Centro de Derechos Humanos de la UDP sobre empresas y derechos humanos dedica una sección a este asunto. Esta columna pretende contribuir al debate con un breve resumen de su análisis y conclusiones.

 

A la luz de los estándares internacionales, en el conflicto entre Estado, comunidades indígenas y empresas, se han infringido derechos de propiedad, integridad e incluso, el derecho a la vida. En la medida que el Estado no proporciona acceso a la justicia, éstas infracciones se convierten en violaciones a los derechos humanos. Así, por ejemplo, mientras el Estado está avanzando en el acceso a la justicia en el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay (2013), no ha proporcionado debido acceso a la justicia en todos los cuatro casos de comuneros jóvenes muertos por parte de Carabineros; entre ellos, Alex Lemún (2002). Este caso fue declarado admisible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por uso desproporcional de la fuerza policial, y por denegación de acceso a la justicia a causa del uso del sistema de justicia militar donde se alegaron faltas al deber de investigación y sanción, principalmente. El Estado tampoco ha cumplido con el deber de prevención de violaciones a los derechos de niños y niñas mapuche que resultan heridos por balines y perdigones en allanamientos, situación que hace años ya ha preocupado a Unicef y la Cruz Roja.

 

En cuanto a los daños a maquinaria de camioneros o empresas forestales, el gobierno ha mencionado crear un fondo para superar la falta de acceso a la indemnización en estos casos; sin embargo, aún no se han conocido mayores detalles sobre esta iniciativa. Tampoco en estas situaciones, el Estado en este momento no logra cumplir con el deber de prevención.

 

Además, el nivel de remuneración promedio para personas no-indígenas es un 43% más que para personas indígenas. Esto confirma la discriminación hacia estas últimas. Además, como el acceso a formación de calidad es otro factor sujeto a discriminación, por tanto se generan efectos de discriminación indirecta que se suman a los de discriminación directa: así, incluso si se mide entre personas con un mismo oficio, sin tomar en cuenta el diferencial en educación, esta brecha salarial se mantiene entre el 29% y 34%.

El origen del conflicto se enraíza en la falta de reconocimiento de territorios ancestrales de las comunidades mapuche, en desacuerdos profundos sobre el modelo de desarrollo y uso de las tierras, y en la falta de reconocimiento y representación políticos del pueblo mapuche en la institucionalidad estatal. Estas situaciones constituyen en sí, violaciones sistémicas y estructurales de los derechos de los pueblos indígenas, y marcan el contexto de la creciente tensión y violencia que estamos observando desde hace más o menos 10 años. La violación de los derechos humanos conlleva más violaciones de los derechos humanos.

Por tanto, estas violaciones estructurales deben ser resueltas si el Estado pretende seriamente bajar los niveles de conflictividad y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y no-discriminación. Estas obligaciones también tienen consecuencias para las empresas que desarrollan su actividad en la zona.

 

El Estudio de la UDP concluye que entre otras cosas, las empresas, especialmente las forestales y la piscicultura, tendrán que aceptar mayor regulación económica y ambiental, así como limitaciones a sus proyectos de expansión para que el Estado pueda encontrar un equilibrio en la protección de los derechos, especialmente, en relación a la escasez hídrica y el empobrecimiento de los suelos causados por los monocultivos. Además, el Estado debe considerar la posibilidad de expropiar terrenos para poder restituir territorios ancestrales a las comunidades, y así crear este balance de derechos. La Ley de Fomento Forestal también requiere una revisión a la luz de los derechos humanos. Finalmente, los pueblos deben participar en la definición de las prioridades políticas y de desarrollo en la región.

 

Este desafío no es sólo para el Estado. No es suficiente que la empresa deje de aprovecharse de la desigualdad de poder; al contrario, las empresas deberían tomar iniciativas propias para mejorar la desigualdad de remuneración, el cambio de uso de tierras sobreexplotadas, la protección del agua en la región, adelantándose en esta materia incluso, a la regulación del Estado, tal como indican los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Más importante, sin embargo, no deberían impedir que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Mesa de trabajo en La Araucanía: Puntos a tomar en cuenta

Martes, 08 Marzo 2016 00:00

Igualdad de Derechos

Escrito por

Columna por Tomás Vial S., investigador Centro de Derechos Humanos UDP

 

El reciente fallo del primer juzgado de familia de San Miguel, que entrega el cuidado de una menor de cinco años a la mujer ex pareja de la madre biológica, ha levantado, nuevamente, la discusión sobre las diversas formas de familia y sobre si acaso una persona que no es  heterosexual o una pareja del mismo sexo son aptos para cuidar y mantener niños y niñas. De acuerdo a la sentencia del tribunal las circunstancias concretas abogaban claramente porque el interés superior de la niña estaba mejor servido al permanecer con quien se había hecho cargo diligentemente ella por cinco años y no por su madre biológica, quien en la práctica la había abandonado. Lo interesante para la discusión antes mencionada es que en este caso, como en otros ya resueltos en tribunales de familia en Chile, para los jueces la orientación sexual de la persona que queda a cargo del niño o niña es completamente irrelevante al momento de resolver el asunto en disputa, no siendo algo que en sí afecte favorable o negativamente la posibilidad de criar a un niño. Así, en estos casos la orientación sexual pasa a ser un asunto neutral.

 

Esta forma de decidir asuntos de tuición y, pensamos de parentalidad o maternidad, incluyendo la adopción y el acceso a métodos de reproducción asistida en forma no discriminatoria, está claramente en línea con lo que han ido decidiendo varios tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Atala vs Chile, el 2012) y la Corte Europea de Derechos Humanos (a partir del caso EB vs Francia, el 2008), al analizar casos en los cuales se establecían diferencias en tuición o adopción en razón de la orientación sexual. En todos ellos la jurisprudencia ha  afirmado el principio de que la orientación sexual de un padre o madre no pueden ser per se un factor a considerar a la hora de resolver asuntos de familia y que el hacerlo constituye una discriminación arbitraria. Esto mismo han fallado tribunales constitucionales tan influyentes como el Tribunal Constitucional Alemán o la Corte Constitucional Colombiana.  

 

Sin perjuicio de celebrarse esta línea de resolución de casos, la verdad es que en Chile, luego de aprobado el acuerdo de unión civil, probablemente el tema más polémico desde el punto de vista del pleno respecto de los derechos de las personas LGTBI y que aun genera resistencia en algunos sectores, es la posibilidad de reconocer el igual derecho de las parejas del mismo sexo y de las hombres y mujeres LGTBI de ejercer su paternidad o maternidad. La ley en Chile hoy ni reconoce ni asegura ese derecho, pues, para dar un solo un ejemplo, la legislación de adopción vigente, cuya modificación integral hoy se discute en el Congreso, solo permite adoptar a personas solas o casadas. Y a esta altura de los tiempos la resistencia a reconocer que las parejas y las personas lesbianas u homosexuales puedan ser padres o madres en igualdad de condiciones que el resto solo puede basarse en el puro prejuicio, pues como lo han ido confirmado en forma progresivamente unánime las asociaciones científicas y las sentencias de los tribunales citados, la orientación sexual de los padres o guardadores no es factor que incida en forma relevante, ni negativa ni positivamente, en el desarrollo de un niño o niña (algo que, por ejemplo, ya declaraba expresamente la Asociación Americana de Psicología el 2004). Todo lo anterior permite abogar que ya es hora de que en Chile se establezca un pleno reconocimiento de este derecho para todas las personas LGTBI, eliminado las barreras existentes y asegurando la posibilidad efectiva de su ejercicio.

Martes, 08 Marzo 2016 00:00

Igualdad de Derechos

Escrito por

Tomás Vial S., investigador Centro de Derechos Humanos UDP

 

El reciente fallo del primer juzgado de familia de San Miguel, que entrega el cuidado de una menor de cinco años a la mujer ex pareja de la madre biológica, ha levantado, nuevamente, la discusión sobre las diversas formas de familia y sobre si acaso una persona que no es  heterosexual o una pareja del mismo sexo son aptos para cuidar y mantener niños y niñas. De acuerdo a la sentencia del tribunal las circunstancias concretas abogaban claramente porque el interés superior de la niña estaba mejor servido al permanecer con quien se había hecho cargo diligentemente ella por cinco años y no por su madre biológica, quien en la práctica la había abandonado. Lo interesante para la discusión antes mencionada es que en este caso, como en otros ya resueltos en tribunales de familia en Chile, para los jueces la orientación sexual de la persona que queda a cargo del niño o niña es completamente irrelevante al momento de resolver el asunto en disputa, no siendo algo que en sí afecte favorable o negativamente la posibilidad de criar a un niño. Así, en estos casos la orientación sexual pasa a ser un asunto neutral.

 

Esta forma de decidir asuntos de tuición y, pensamos de parentalidad o maternidad, incluyendo la adopción y el acceso a métodos de reproducción asistida en forma no discriminatoria, está claramente en línea con lo que han ido decidiendo varios tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Atala vs Chile, el 2012) y la Corte Europea de Derechos Humanos (a partir del caso EB vs Francia, el 2008), al analizar casos en los cuales se establecían diferencias en tuición o adopción en razón de la orientación sexual. En todos ellos la jurisprudencia ha  afirmado el principio de que la orientación sexual de un padre o madre no pueden ser per se un factor a considerar a la hora de resolver asuntos de familia y que el hacerlo constituye una discriminación arbitraria. Esto mismo han fallado tribunales constitucionales tan influyentes como el Tribunal Constitucional Alemán o la Corte Constitucional Colombiana.  

 

Sin perjuicio de celebrarse esta línea de resolución de casos, la verdad es que en Chile, luego de aprobado el acuerdo de unión civil, probablemente el tema más polémico desde el punto de vista del pleno respecto de los derechos de las personas LGTBI y que aun genera resistencia en algunos sectores, es la posibilidad de reconocer el igual derecho de las parejas del mismo sexo y de las hombres y mujeres LGTBI de ejercer su paternidad o maternidad. La ley en Chile hoy ni reconoce ni asegura ese derecho, pues, para dar un solo un ejemplo, la legislación de adopción vigente, cuya modificación integral hoy se discute en el Congreso, solo permite adoptar a personas solas o casadas. Y a esta altura de los tiempos la resistencia a reconocer que las parejas y las personas lesbianas u homosexuales puedan ser padres o madres en igualdad de condiciones que el resto solo puede basarse en el puro prejuicio, pues como lo han ido confirmado en forma progresivamente unánime las asociaciones científicas y las sentencias de los tribunales citados, la orientación sexual de los padres o guardadores no es factor que incida en forma relevante, ni negativa ni positivamente, en el desarrollo de un niño o niña (algo que, por ejemplo, ya declaraba expresamente la Asociación Americana de Psicología el 2004). Todo lo anterior permite abogar que ya es hora de que en Chile se establezca un pleno reconocimiento de este derecho para todas las personas LGTBI, eliminado las barreras existentes y asegurando la posibilidad efectiva de su ejercicio.

Columna publicada en La Tercera, 21 de enero de 2016.

Una nube de humos tóxicos cubrió Santiago y sus alrededores. Un incendio en el basural de Santa Marta, al sur de la capital,  fue la causa. Considerando la laxa regulación y casi inexistente fiscalización sobre separación de residuos, además de los efectos notorios en la salud de la población, pareció más que sorpresivo que las autoridades no reconocieran la necesidad de medidas preventivas y remediativas, para por lo menos proteger a la población más vulnerable. No se distribuyeron mascarillas, no se trasladó la población vulnerable, no se decretó emergencia ambiental en las comunas colindantes. Pareciera que se tratara como “un día de esmog en verano” – y ¿por qué preocuparse si en invierno, es a diario? ¿Por qué preocuparse si en la mayoría de las comunas, el viento disipa la nube de humo?-.  Pero mientras la composición del esmog es más o menos conocida, un incendio en un basural libera necesariamente gases y materiales más tóxicos que la quema de leña o incluso, de combustibles. Reconozcámoslo: si el incendio hubiese ocurrido en otras comunas de la RM, las autoridades hubieran lo más probablemente, bajo presión de población más influyente, reaccionado de manera distinta. San Bernardo,según la Casen 2013 publicada en 2015, es una de las comunas más vulnerables de la RM.

Pero hay preguntas adicionales que surgen. Son preguntas de sentido común, pero quiero plantearlas desde una perspectiva de derechos humanos, porque ellas nos permiten ver los problemas estructurales que están detrás de este incidente.

Si el derecho a un medioambiente sano o el derecho a la salud están involucrados, el Estado debe, primero y según el derecho internacional de los derechos humanos que Chile ha reconocido, investigar y si se confirma, sancionar la responsabilidad civil o penal de la empresa y de sus gerentes se deberá. Ser innovativo en el uso de gases en un relleno, no exime de cumplir con todas las normas ambientales, tampoco el haber certificado a  la empresa en 2004 según la norma ISO 14001. Especialmente, si se considera que esta certificación caduca cada tres años (dato que la empresa no publica en su página web). Según los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU,las empresas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, especialmente, en materia de prevención, manejo de riesgos y reparación por impactos negativos a los derechos humanos.

Existen otros elementos por lo menos igualmente importantes. El Estado debe adoptar medidas de prevención de daños a estos derechos, según la obligación de debida diligencia consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto implica, en lo concreto, que las autoridades tengan las facultades correspondientes para lograr una protección eficaz – y las puedan ejercer con la suficiente cantidad de recursos, y sin presiones indebidas sobre las decisiones que sean discrecionales. Una investigación en curso del Centro de Derechos Humanos de la UDP confirma que las distintas Superintendencias, especialmente la de Medioambiente, no cuentan con los recursos necesarios para efectuar su labor de fiscalización.

Considerando que en el mundo de los negocios, muchas veces las multas no son detractores de incumplimiento – el relleno sanitario Santa Marta ha sido multado 45 veces en 14 años según La Tercera – se hace necesario que las autoridades sean facultadas para cerrar un establecimiento mucho antes. Si además, podrían operar influencias indebidas – desde corrupción y tráfico de influencias hasta consideraciones de orden pragmático (al estilo de pensar que “es mejor un relleno sanitario con alto riesgo de contaminación y accidentes funcionando, que la basura en la calle o en vertederos ilegales”) – estos cierres de operaciones deberían estar sustraídos de la discreción del fiscalizador y ordenarse automáticamente si ciertos criterios se (in)cumplen.

El tema sin embargo, va aún más allá de esto, aunque sea incómodo reconocerlo. El negocio de la basura es un tan buen negocio porque todos preferimos botar en vez de evitar la basura o reciclar. Sin incentivos estatales e incluso, empresariales en esta materia – regulación o auto-regulación sobre empaques y reciclaje, la promoción de una cultura de “segunda mano”, además de fiscalización estatal de residuos tóxicos de la basura también de casas particulares y del retail, – los basureros y rellenos sanitarios seguirán siendo de altísimo riesgo, simplemente por el coctel de material que allí se reúne.

 
Lunes, 28 Diciembre 2015 00:00

Subsecretaría de Derechos Humanos.

Escrito por

Columna por Judith Schönsteiner, publicada en La Tercera, 21 de diciembre de 2015

Finalmente, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea  la Subsecretaría de Derechos Humanos como una nueva subdivisión del Ministerio de Justicia, que se hará cargo de la promoción y educación de derechos humanos, y de asegurar que habrá una política de derechos humanos en el país. Es un importante paso hacia una institucionalidad más robusta en este ámbito, con su comité interministerial y el encargo de elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos. También coordinará las respuestas del Estado chileno  ante los órganos internacionales de supervisión de los derechos fundamentales, y, así se espera, velará por la implementación de las respectivas recomendaciones y órdenes.

En este sentido, llena un vacío institucional que había persistido y que, por ejemplo, significaba que no había quién pudiese coordinar el encargo del artículo 2 de la Ley que establece medidas contra la discriminación, a saber, la adopción de políticas públicas de no-discriminación. En se sentido, complementa el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se mantiene como organismo autónomo según su mandato.

A pesar de haber sido convocado a última hora, al acto de promulgación asistieron  representantes de fuerzas de orden, la sociedad civil y ministerios. Hubo muchos otros a quienes la invitación no llegó y además, no deja de sorprender  que casi todas las referencias concretas tuvieran relación con las violaciones del pasado. Es verdad, ha sido una demanda de la sociedad civil desde hace mucho tiempo, y una repetida recomendación y orden de los órganos internacionales, la tipificación del crimen de tortura, por ejemplo. El trabajo de las asociaciones de derechos humanos -familiares de detenidos desaparecidos, por nombrar solo una- ha sido imprescindible y valiente. Cierto, era un momento para volver a reconocer esa labor y además, queda mucho por hacer en temas de justicia transicional, especialmente en materia de sobrevivientes de tortura, como el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP lo ha señalado repetidamente.

Pero son esas  mismas asociaciones que nos recuerdan, junto con los órganos internacionales y otras múltiples organizaciones de la sociedad civil, que la discriminación a los distintos grupos vulnerables, la desigualdad económica, y otros factores, requieren una mayor protección de derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales hoy, así como la prevención de violaciones de distinta índole, incluso, cuando se cometen por privados.

La Subsecretaría de Derechos Humanos está a cargo de todos los derechos humanos a cuyo respeto y garantía se ha comprometido Chile. Será importantísimo no perder nunca de vista ese mandato. Por ello, le compete la tarea fundamental de transversalizar políticas públicas de derechos humanos, para así cumplir con la prevención de eventuales violaciones. El desafío entonces, no es solo de contribuir reparar las graves violaciones del pasado, sino que ir convirtiendo al Estado de Chile en uno cuya forma de actuar permanente garantice los derechos humanos de los habitantes de este país en todas sus políticas.

Lunes, 28 Diciembre 2015 00:00

Subsecretaría de Derechos Humanos.

Escrito por

Columna de opinión publicada en La Tercera, 21 de diciembre de 2015.

Finalmente, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea  la Subsecretaría de Derechos Humanos como una nueva subdivisión del Ministerio de Justicia, que se hará cargo de la promoción y educación de derechos humanos, y de asegurar que habrá una política de derechos humanos en el país. Es un importante paso hacia una institucionalidad más robusta en este ámbito, con su comité interministerial y el encargo de elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos. También coordinará las respuestas del Estado chileno  ante los órganos internacionales de supervisión de los derechos fundamentales, y, así se espera, velará por la implementación de las respectivas recomendaciones y órdenes.

En este sentido, llena un vacío institucional que había persistido y que, por ejemplo, significaba que no había quién pudiese coordinar el encargo del artículo 2 de la Ley que establece medidas contra la discriminación, a saber, la adopción de políticas públicas de no-discriminación. En se sentido, complementa el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se mantiene como organismo autónomo según su mandato.

A pesar de haber sido convocado a última hora, al acto de promulgación asistieron  representantes de fuerzas de orden, la sociedad civil y ministerios. Hubo muchos otros a quienes la invitación no llegó y además, no deja de sorprender  que casi todas las referencias concretas tuvieran relación con las violaciones del pasado. Es verdad, ha sido una demanda de la sociedad civil desde hace mucho tiempo, y una repetida recomendación y orden de los órganos internacionales, la tipificación del crimen de tortura, por ejemplo. El trabajo de las asociaciones de derechos humanos -familiares de detenidos desaparecidos, por nombrar solo una- ha sido imprescindible y valiente. Cierto, era un momento para volver a reconocer esa labor y además, queda mucho por hacer en temas de justicia transicional, especialmente en materia de sobrevivientes de tortura, como el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP lo ha señalado repetidamente.

Pero son esas  mismas asociaciones que nos recuerdan, junto con los órganos internacionales y otras múltiples organizaciones de la sociedad civil, que la discriminación a los distintos grupos vulnerables, la desigualdad económica, y otros factores, requieren una mayor protección de derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales hoy, así como la prevención de violaciones de distinta índole, incluso, cuando se cometen por privados.

La Subsecretaría de Derechos Humanos está a cargo de todos losderechos humanos a cuyo respeto y garantía se ha comprometido Chile. Será importantísimo no perder nunca de vista ese mandato. Por ello, le compete la tarea fundamental de transversalizar políticas públicas de derechos humanos, para así cumplir con la prevención de eventuales violaciones. El desafío entonces, no es solo de contribuir reparar las graves violaciones del pasado, sino que ir convirtiendo al Estado de Chile en uno cuya forma de actuar permanente garantice losderechos humanos de los habitantes de este país en todas sus políticas.

Viernes, 18 Diciembre 2015 00:00

"Instituto unicameral"

Escrito por

Carta al director de organizaciones defensoras de DD.HH., en La Tercera, 17 de diciembre de 2015.

Señor director:

El domingo en su columna, Axel Buchheister hizo una ácida e infundada crítica al trabajo realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a propósito de la presentación de su informe anual. El profesional sostiene que la autonomía del INDH es inconstitucional y que su atribución de hacer recomendaciones al Estado, se funda únicamente en que los parlamentarios de centro derecha no se atrevieron a oponerse. Dicho análisis es liviano y falaz o, al menos, demuestra un desconocimiento total de la institucionalidad en materia de derechos humanos.

Es menester recordarle que la autonomía del INDH y su mandato no se debe a un capricho de un sector, sino a los acuerdos que los estados han suscrito, plasmados en los Principios de París, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1993. Entre ellos, la necesidad de contar con una institución autónoma y con un mandato amplio que le permita “presentar, a título consultivo, al gobierno, al Parlamento y a cualquier otro órgano pertinente (…) informes sobre todas las cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos”. En consecuencia, las situaciones que da cuenta el informe recientemente presentado, no dicen relación con una interpretación antojadiza del INDH sino con un exhaustivo examen que esta institución realiza del país.

Como organizaciones defensoras de DD.HH., estimamos que cualquier análisis o crítica sobre la labor del INDH debe ser fundada en el rol que a éste le toca cumplir por mandato legal, el cual fue entregado por el Parlamento a través de la ley 20.045 que lo crea. Lo demás sólo da cuenta de que ese análisis es incómodo, porque es un reflejo de las deudas que el Estado tiene en esta materia.

Marcela Benavides

Cimunidis

Javiera Farías

Leasur

Luis Larraín

Fundación Iguales

Consuelo Contreras

Corporación Opción

Gloria Leal

Instituto de la Mujer

Carolina Carrera

Corporación Humanas

Irma Iglesias

Fundación Down 21 Chile

Amalia Mauro

Centro de Estudios de la Mujer

Fabiola Gutiérrez

Observatorio de Género y Equidad

Judith Schönsteiner

Centro de Derechos Humanos UDP

Marta Cisternas

Casa Memoria José Domingo Cañas

Sandra Huentemilla

Asoc. de Profesionales Indígenas

Cynthia Plencovic

Observatorio Contra el Acoso Callejero

Ximena Erazo

Fundación Henry Dunant

América Latina

Erika Montecinos

Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio

Andrés Rivera

Observatorio de Derechos Humanos y Legislación

"A partir de sus compromisos internacionales, Chile debe –incluso sin que ninguna sentencia internacional que  se lo recuerde– de una vez por todas,  hacerse cargo del tema de la tortura. Aún no hay órgano competente que esté a cargo de investigar los casos de tortura de la dictadura; aún no está tipificado correctamente el delito en nuestro Código Penal; aún no se crea el Mecanismo de Prevención de la Tortura que es una obligación bajo la Convención contra la Tortura; todavía no se fortalecen los mecanismos de denuncias y fiscalización sistemática de malos tratos y tortura en el sistema penitenciario y en relación a las detenciones policiales."

"Es importante notar que el interés público de acceso a la información no solo está vinculado a entes estatales. Lo sabemos al menos desde el caso Claude Reyes, pero también en las múltiples iniciativas de accountability del sector privado en la economía. Es de interés público saber cómo las figuras públicas que detentan poder, lo ejercen. Eso vale también para la Iglesia Católica y, especialmente, en casos que se relacionan con posibles delitos penales que, por definición, son de interés público."

El gobierno de Chile anunció recientemente que ha iniciado la revisión de los antecedentes necesarios para acoger a la brevedad a un grupo de familias sirias que buscan refugio.