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Miércoles, 11 Noviembre 2015 00:00

Niños Invisibles

Escrito por

Delfina Lawson / Clínica de Migrantes y Refugiados UDP

Macarena Rodríguez / Clínica de Migrantes UAH

Miguel Yaksic SJ / Servicio Jesuita a Migrantes

Es muy probable que la mayoría de los lectores haya estudiado en el colegio la expresión latina “ius solis”. Es el derecho del suelo y significa que una persona adquiere la nacionalidad del país en el que nace. Así lo consigna la Constitución Política de Chile: que cualquier persona nacida en Chile es chilena, salvo los hijos de extranjeros transeúntes (tripulantes y turistas) y de diplomáticos.

Desconociendo el espíritu de la norma y vulnerando un derecho humano fundamental, durante casi dos décadas, el Registro Civil inscribió como “hijos de extranjeros transeúntes” y no como chilenos, al menos a tres mil niños nacidos en Chile. Se trató de niñas y niños hijos de padres en situación migratoria irregular, que aunque llevaran mucho tiempo viviendo en Chile y con ánimo de permanecer en este país, fueron entendidos como extranjeros transeúntes.

No hace falta mucha explicación para imaginar que el desconocimiento del derecho a la nacionalidad trae como consecuencia la vulneración de los derechos básicos de las personas y expone a quedar en situación de apatridia. Inocentes y en virtud de una conducta que no es en ningún caso atribuible a ellos, muchas niñas, niños y adolescentes viven en Chile sin nacionalidad.

Sin embargo, gracias a la insistencia de las organizaciones de la sociedad civil, a partir del año 2014 el Departamento de Extranjería y Migración ha modificado este criterio de adquisición de la nacionalidad, reconociendo que se trató de una interpretación errónea y fijando lineamientos claros respecto de las situaciones excepcionales en que un niño o niña nacido en Chile no adquiere la nacionalidad. Ha sido la decisión correcta y la felicitamos. Pero ¿qué ocurre con aquellos miles de niños a los que se les desconoció su derecho al momento de su nacimiento?

Durante este año, un equipo de investigadores de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Alberto Hurtado, junto al Servicio Jesuita a Migrantes han ido al encuentro de estos niños sin nacionalidad. Recorriendo distintas localidades de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá se han encontrado 200 de estos casos. En su gran mayoría se trata de niños y niñas que viven en condiciones de mucha vulnerabilidad, poco acceso a la información, precariedad en el acceso a la salud y a la educación y que enfrentan a diario episodios de discriminación y de exclusión por parte del Estado, ante la falta de reconocimiento de su derecho a la nacionalidad.

Todos estos casos han sido reunidos en un Recurso judicial que estas tres instituciones han presentado el pasado martes a la Corte Suprema reclamando que el Estado de Chile cumpla con la Constitución.

Si tres instituciones de la sociedad civil, con limitados recursos, han podido ir al encuentro de estos 200 niños, cuánto más podría hacer el Estado. Nos parece imperativo que el Estado repare esta deuda histórica reconociendo el derecho de nacionalidad de todos esos niños que faltan.

No basta sólo el cambio del criterio administrativo a partir del 2014, también se debe promover la rectificación de todas las inscripciones que desconocieron el derecho a la nacionalidad y avanzar en la consolidación de este cambio de criterio en normas de mayor jerarquía. Se trata de estándares básicos en el respeto de los derechos humanos.

Hay una responsabilidad directa de las empresas, incluso si el Estado no cumpliera con su deber de regulación y prevención de los daños a través de la fiscalización. Así, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del 2011, y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, establecen la responsabilidad directa de las empresas por los derechos humanos y el medioambiente, en virtud de la due diligence (la debida diligencia) en materia de sus impactos negativos en los derechos humanos de sus trabajadores y las comunidades.

Viernes, 07 Octubre 2016 00:00

El Sename y la responsabilidad del Estado

Escrito por

Por Judith Schönsteiner 

Columna de opinión publicada en La Tercera, 07 de octubre de 2016.

Desde que supimos del caso de Lisette, el país está cada vez más consciente y tal vez, también más solidario – eso queda por verse –  con la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) que están bajo el cuidado de la Red del Sename. La prevalencia de muerte entre éstos  es con creces más alta que entre los NNA en general. En promedio, murieron anualmente 0,94 niños, niñas y adolescentes por cada 1000, de quienes recibieron atención en la Red del Sename, entre 2006 y 2014. Entre todos los NNA en Chile, la prevalencia de muerte asciende a solamente 0,68 por cada mil. Y es lógico, ya que el Estado se hace cargo de muchos niños, niñas y adolescentes que tienen mayor riesgo de morir de una muerte no natural. De hecho, algo similar ocurriría si viviesen en su familia.

No quiero decir con esto que las cifras son menos graves; lo son, y mucho. Porque no sabemos cuántas de las muertes se deben, simplemente, a la negligencia, descuido, y falta de debida diligencia para con ellos. Tampoco  conocemos  exactamente lo que sucede  respecto de los NNA vulnerables que no están atendidos en el Sename, allí puede haber falta de protección también. En todo caso, es inaceptable la falta de interés que hemos tenido como sociedad al no preocuparnos  por su suerte. Es una falta de interés que en el caso del Sename muestra la punta del iceberg de  la falta de interés generalizada hacia la niñez desprotegida, también respecto de muchísimos que viven con sus familias o en la calle.

Por fin, como sociedad, empezamos a preguntar por ellos y exigimos al Estado rendir cuenta, lo que está comenzando hacer. Sin embargo, las cifras globales son solo el inicio de un necesario camino de investigación: cada muerte de una persona al cuidado del Estado debe ser investigada, para determinar si éste hizo todo lo que le exigen los tratados internacionales en la prevención de violaciones al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, más aún si se trata de NNA que requieren especial cuidado, según consagra, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño.

Entonces: ¿Qué significa en concreto la responsabilidad del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de los NNA bajo su cuidado? ¿En qué consiste la debida diligencia con la que el éste debiese haber actuado – o debiera actuar a futuro – para con estos niños, niñas y adolescentes?

Las investigaciones en las causas de las muertes de los 856 niños fallecidos en la red del Sename deben justamente abarcar las preguntas estructurales. Deben preguntar por qué el Estado cumplió – o no cumplió – su deber de cuidado. ¿Hizo todo lo que debiera haber hecho para que ese niño (a) no muriera? Esto es más que indagar en el actuar posiblemente negligente de funcionarios, directores, o proveedores. El estándar que debemos aplicar es la debida diligencia: ¿ha el Estado instalado un mecanismo de prevención eficaz de violaciones, especialmente, en los ámbitos del derecho al disfrute más alto posible de salud física y mental, para NNA con discapacidad y sin discapacidad?

Una vez identificado un riesgo, ¿existe la posibilidad concreta y real de derivación a un especialista? ¿Existen mecanismos eficaces de denuncia de violaciones, que conllevan una respuesta pronta y adecuada para atender a NNA? ¿Son los recursos del sistema los suficientes, y han sido utilizados de manera diligente y eficaz? Todo lo que sabemos hasta ahora indica que en la mayoría de los casos el Estado no hizo lo que el deber de protección, de respeto y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes le demandaba.

Considerando que aquellos atendidos por el Sename son más vulnerables que el resto, que sufren más frecuentemente adicciones, enfermedades crónicas o discapacidades que conllevan una mayor mortandad, es justamente aún más necesario proveer los recursos, mecanismos e instituciones para que puedan llevar la vida digna a la que todos tenemos derecho. La responsabilidad del Estado para con ellos es mayor, y es una responsabilidad transversal. No se podrá atender con instituciones aisladas de las demás instituciones de derechos humanos, de protección, de servicios.

Finalmente, quiero terminar con una observación adicional, que me surge a partir de la diferenciación de entre los NNA que murieron en centros del Sename y los que fallecieron en instituciones privadas colaboradoras del organismo. La responsabilidad del Estado es la misma en todos los casos, por tanto, fue correcto enmendar públicamente las cifras sobre cuál es efectivamente  el número de muertes por las que el Estado deberá responder. Si el Estado delega sus funciones a proveedores privados, mantiene el nivel de responsabilidad, tal como indica el derecho internacional general, por tanto, debe hacer una fiscalización estricta. Porque la garantía del derecho compete al Estado, e independientemente de qué medio escoge para cumplir, tiene la plena responsabilidad. No importa si encarga su responsabilidad a un funcionario, una funcionaria, a una Fundación, a una Pyme, o una persona natural. Lo que importa es el niño, la niña,  (el) la adolescente, su bienestar y sus derechos.

Lunes, 14 Noviembre 2016 00:00

Las deudas del Estado en Derechos Humanos

Escrito por

Columna de opinión publicada en Publimetro, 14 de noviembre de 2016.

De reciente publicación, el Informe Anual sobre derechos en Chile de la Universidad Diego Portales se centra en aquellos aspectos de nuestra vida social considerados de particular gravedad por su carácter estructural o invisibilidad. En el primer caso están las casi 40 mil familias que habitan en campamentos, sin acceso a servicios básicos y a un medioambiente sano. Ello viola el derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile, el cual obliga al Estado a garantizar ese mínimo, que debiese ser reconocido constitucionalmente.

En el caso de las personas intersex (que nacen con un sexo biológico indeterminado), se trata de uno de los grupos LGTBI cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile. Tanto así, que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas.

En materia de infancia, es particularmente grave la forma en que el Estado trata a los niñas, niños y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo. A 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), resulta inaceptable que Chile siga sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales de derechos humanos. Urge aprobar el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, el cual no debiera depender de la disponibilidad presupuestaria del Estado, tal y como aparece en la iniciativa.

Tampoco podemos seguir soportando paros ilegales de incierta duración cada vez que se negocia el reajuste salarial de los funcionarios públicos. Una legislación moderna con enfoque de derechos humanos nos lleva a reconocer su derecho a la sindicalización, negociación colectiva y a huelga, aunque admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición- en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término.

El resto de las temáticas abordadas este año se refieren a las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres; a la multiculturalidad en el sistema educacional; a mayores garantías legales para migrantes, y a verdad, justicia y memoria por violaciones a los DDHH en tiempos de dictadura, único capítulo que se mantiene desde los inicios de la publicación.

El informe está disponible en www.derechoshumanos.udp.cl

Lunes, 21 Noviembre 2016 00:00

Estado y Derechos Humanos: A apurar el tranco Destacado

Escrito por

Hoy en día es un desafío central en materia de derechos humanos el determinar cómo se avanza en la construcción de un Estado en el cual la forma habitual de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas se haga desde un enfoque de derechos humanos. La reciente creación, aun no implementada, de la Subsecretaría de DDHH, que tendrá como función coordinar esa acción, es por ello determinante y debe ser celebrada.

Modificado por última vez en Lunes, 21 Noviembre 2016 15:36
Viernes, 21 Octubre 2016 00:00

Parto de mapuche condenada

Escrito por

Carta al Director publicada en La Tercera, Señor director:

La situación de una mapuche condenada que dio a luz engrillada es un  tratamiento cruel, inhumano y degradante, siendo además una forma de violencia obstétrica. Ésta  se produce cuando intencionalmente el personal de salud omite o no entrega información durante el parto, y es de tipo psicológica. También la hay cuando el trato es deshumanizado, discriminatorio o humillante. 

Mantener a una mujer con grilletes durante su traslado de urgencia de una ciudad a otra para la realización de una cesárea, es una grosera violación a los derechos humanos de quien se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

Hay dos versiones: la del centro hospitalario de Concepción -donde ocurrieron los hechos- el cual  informa que debieron pedir que gendarmes varones se retiraran de la sala del procedimiento, pero que los grilletes se mantuvieron en los pies de la mujer, y la de Gendarmería, que niega lo anterior. El personal de salud habría intervenido para evitar que se produjera un parto en un contexto de mayor crueldad.

Lo que debe quedar claro de esta  situación es la imperiosa necesidad de una adecuada formación del personal de Gendarmería en los estándares de derechos humanos, y el reflejo de estos criterios en las estructuras de incentivos y en los  procedimientos. 

Pudiera argumentarse que el apego al protocolo de traslado de internos implica el uso de medidas de seguridad para evitar una fuga, pero la aplicación de las mismas obedece a un contexto que debe ser evaluado, y a una debida proporcionalidad.  La pregunta que debemos hacer es dónde quedó el criterio y si basta decir que se actuó así porque hay una medida judicial de por medio. Hay cosas que no son defendibles.

Lidia Casas Becerra
Profesora Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho
Universidad Diego Portales

Columna de opinión publicada en La Tercera, 16 de noviembre de 2016.

Cuando el Estado decide proveer servicios de salud, pensiones, cuidado personal o educación a través de instituciones o personas privadas, no se desliga por esto de su responsabilidad de garantizar los derechos humanos que están asociados a estos servicios. Más precisamente, mantiene el deber de garantizar el derecho a la salud, la seguridad social, la integridad física y psíquica; tal como el derecho a la privacidad, y el derecho a la educación. No puede adaptar políticas públicas que no tengan los mecanismos adecuados para estas garantías. En Chile, según el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP que se dio a conocer recientemente, hay considerables falencias en relación a este tema.

Principalmente, la definición del contenido y alcance y el ejercicio de balance de estos derechos con la propiedad, la libertad de emprendimiento y la libertad de enseñanza, no siempre corresponden al derecho internacional de los derechos humanos que Chile ha ratificado. Así los derechos como a la educación, la salud, o a la integridad, no se protegen eficazmente. El Informe destaca, recogiendo datos de la Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos que elaboró el mismo Centro de Derechos Humanos de la UDP, cómo la regulación en Chile es insuficiente para orientar claramente a los emprendedores privados que participan de la provisión de los servicios tan necesitados.

Vemos las consecuencias más tristes e impactantes en algunos centros que colaboran con el Sename (tal como en las instituciones públicas del Sename mismo), donde los niños, niñas y adolescentes (NNA) sufren abusos, descuido, abandono, y así, múltiples violaciones de sus derechos, incluyendo al derecho a la vida. También en las pensiones bajísimas que se pagan en el sistema privatizado de pensiones, las que en comparación con el costo de vida – la canasta básica – no son suficientes ni siquiera para proveer el derecho a la alimentación y el acceso al transporte. Asimismo, se han denunciado violaciones del derecho a la integridad y a la vida de adultos mayores, en contextos de abandono y descuido, en hogares que deberían ser autorizados, supervisados y fiscalizados por las autoridades públicas para justamente, evitar ese tipo de violaciones.

Los abogados de derechos humanos hablan de las obligaciones horizontales que tiene el Estado, a saber, el deber de asegurar de que entre privados no haya violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, en estas situaciones recién descritas, el deber de cuidado del Estado es mayor, porque la razón de por qué estos servicios se proporcionan por entes privados, es que el mismo Estado ha delegado su propia obligación consagrada por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en estas instituciones privadas. Que se entienda bien, tiene la discreción de hacerlo; lo que no está a su discreción es dejar de vigilar por el respeto y las garantías a las que se comprometió.

Así, si los mecanismos de prevención, fiscalización y acceso a la justicia son débiles, especialmente, en relación al cuidado de los NNA (entidades colaboradoras del Sename) y el cuidado de los adultos mayores, el Estado simplemente no es capaz de cumplir con su obligación.

Pero no es únicamente del Estado la responsabilidad,  sino de la misma empresa proveedora tiene – tal como ya se está viendo en el sector extractivo y del retail – responsabilidades en materia de derechos humanos. Ésta debe adoptar una política de derechos humanos, mecanismos de debida diligencia para identificar, mitigar, remediar e informar sus impactos negativos y positivos en materia de derechos humanos, e instalar los mecanismos internos de queja y denuncia que sean requeridos. Esas medidas refuerzan la capacidad de la empresa de cumplir con lo que el Estado debería pedirle a través de la regulación sectorial. Lo ideal sería que fuera el Estado quien claramente comunicara las expectativas en materia de política y debida diligencia de derechos humanos (a saber, los mecanismos internos de gestión para mejor cumplir). Por un lado, porque así no habría ventajas o desventajas en la libre competencia entre las instituciones colaboradoras; y por otro, considerando que tiene un claro interés de no dejar en manos de privados su propio deber de garantizar los derechos humanos.

Ante ese escenario, el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP hace tres recomendaciones: primero, elaborar un plan de cierre de brechas regulatorias en cada cartera, a la luz de criterios de urgencia en materia de derechos humanos; segundo, efectuar un estudio sobre acceso a la justicia en materia de empresas y derechos humanos, en el contexto de los desafíos estructurales del sistema chileno de administración de justicia y finalmente, reformar el sistema de fiscalización, para garantizar la prevención y la protección ante las violaciones de los derechos humanos.

Viernes, 23 Septiembre 2016 00:00

Escuelas para personas con discapacidad

Escrito por
Carta al Director publicada en La Tercera, 23 de septiembre de 2016.
 
Señor director:

Al ratificar la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), Chile asumió el compromiso internacional de implementar una nueva forma de entender la discapacidad. 

A través de un modelo social basado en los derechos humanos, la CDPCD obliga a incluir en distintos ámbitos de la vida a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás. 

Esto significa terminar con el modelo médico rehabilitador e ir avanzando hacia una educación inclusiva con ajustes razonables, empezando con la educación primaria, que constituye una obligación inmediata.

Sin embargo, la Cámara de Diputados solicitó el 20 de septiembre a la Presidenta incluir en la reforma educacional las escuelas para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Mientras es loable la preocupación de los parlamentarios por niños y adolescentes con discapacidad, es incomprensible que se desconozca el artículo 24 de la CDPCD y las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial, una de las cuales es terminar con las escuelas especiales.

La creciente evidencia en que se basa la CDPCD muestra que la educación inclusiva no sólo proporciona el mejor entorno educativo a todos los alumnos, sino que también ayuda a derribar barreras y a poner en cuestión estereotipos, para crear una sociedad que acepta la discapacidad en lugar de temerla.

Enrique Accorsi
Boris Araos
Marcela Benavides
Alberto Carvajal
Gladys Cuevas
Víctor Dagnino
Pamela Gutiérrez 
Irma Iglesias
Alberto Larraín
Alberto Minoletti
Catherine Muñoz
Andrea Slachevsky
Judith Schönsteiner
Valeria Valdés 
Gustavo Vergara

Exmiembros de la Comisión Asesora Presidencial sobre Discapacidad

 



Martes, 14 Junio 2016 00:00

¿Es necesario el INDH?

Escrito por

Columna de opinión publicada en La Tercera, 14 de junio de 2016.

 

El término del período de la actual directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Lorena Fríes, da pie a una evaluación de esta institución creada hace ya siete años. Quizás para realizarla sea bueno hacernos algunas preguntas básicas. Comencemos con la más fundamental. ¿Es necesario el INDH? ¿Por qué debiera existir si ya hay tribunales, Congreso, Contraloría, etc.? Es decir, una serie de órganos que deben proteger los derechos de los ciudadanos. La respuesta parte por considerar que Chile ha contraído un vasto número de obligaciones en materia de derechos humanos, es decir, derechos de naturaleza universal que el Estado se obliga a respetar y proteger y que, por consiguiente -algo que a veces se olvida o derechamente se ignora de mala fe- jurídicamente es el Estado el único que los pueden infraccionar.

Sin esta constatación básica no se entiende la necesidad de un ente que en forma especializada y necesariamente autónoma del poder político, pueda abogar, estudiar, revisar, aconsejar y, en algunos casos, directamente accionar, por la protección de esos derechos frente al Estado. Es absolutamente cierto que los derechos humanos son una obligación de todo el Estado, pero la labor que como órganos especializados realizan el tipo de instituciones como el INDH, de las cuales hay en la actualidad más de 160 en el mundo, es en gran parte educativa y de análisis. Hay razones de conocimiento técnico que explican la utilidad de ellas. Pero no sólo eso, pues como las obligaciones en materia de DD.HH. son de todo el Estado, es bueno que haya un ente que pueda estudiar cómo el mismo Estado las cumple o no. Eso justifica que sea un órgano con autonomía funcional de los poderes del mismo, pues sin ella carece de sentido.

La segunda pregunta es si el INDH ha cumplido con su mandato legal y, en lo central, si ha contribuido a una mejor protección de los DD.HH. en Chile. Para ello hay que considerar que sus funciones son acotadas y sus recursos limitados. El INDH no es la respuesta a los problemas de derechos humanos en el país. Pero sí tiene un rol, y ese rol, si se juzga desde una perspectiva de derechos humanos y no desde el lente de un sector político, ha sido sin duda positivo. Por de pronto, porque ha balanceado en sus informes y actuaciones -para quien los lea y no se informe sólo por la prensa, a veces muy parcial- el estudio, análisis y denuncia de las violaciones a los derechos de sectores y grupos muy diversos. Es el caso de quienes se encuentra en oposición al Estado, incluso en forma violenta, como activistas mapuche o personas en privación de libertad; minorías, como migrantes, pueblos indígenas o personas LGTBI, y grandes sectores de la población, como sucede con el derecho a la educación, a la salud, o los derechos de las mujeres, sin dejar, al mismo tiempo, de considerar el legado de las violaciones producidas en la dictadura.

Es evidente que para cualquier órgano, y también para quien lo dirija o represente, como ha sido el caso de la actual directora, es imposible satisfacer plenamente a todos los sectores en estos y en muchos otros aspectos. Pero si el INDH nos obliga como sociedad a pensar, a discutir, aunque sea polémica y apasionadamente, sobre qué son los derechos humanos y a qué nos hemos comprometido como país, habrá ya más que justificado su existencia.

Columna de opinión publicada en El Mostrador, 12 de junio de 2016.

 

El caso del hogar ELEAM en Puente Alto, donde fallecieron varias personas en condiciones indignas y que fue administrado por una empresa familiar, solo es la punta de un iceberg. Uno que se esconde debajo de las aguas de falta de fiscalización del Estado en el ámbito del cuidado, que es también una incapacidad generalizada para fiscalizar y así prevenir afectaciones a los derechos humanos por parte de privados.

Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice. Así, deben asegurar que los derechos humanos de las personas bajo cuidado efectivamente se respeten por parte de las empresas.

Estos estándares, que han sido desarrollados, entre otros, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ximenes Lopes contra Brasil, parecen haber sido violados en el caso que recientemente conocimos por la prensa. Llama profundamente la atención que Senama había recibido las denuncias desde hace varios meses, y no pudo actuar "porque (...) no tenía personal ni plata para mandar" a los fiscalizadores. Ese retraso a primera vista no corresponde con el estándar de debida diligencia que es aplicable. Seamos claros: el Estado puede optar por la privatización de estos servicios; pero debe garantizar a los y las habitantes el goce de sus derechos, como el derecho a la privacidad, la integridad física y psíquica, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad.

[cia tipo="destaque"] Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice.[/cita]

En otros ámbitos, según el reciente Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos de la UDP, la situación tampoco es mucho más alentadora. En materia de pesca y minería, algunos entrevistados para el Estudio señalaron que el Estado ha renunciado a fiscalizaciones sin aviso, porque le era imposible mantener la confidencialidad de la agenda de fiscalizaciones. Por tanto, hoy se anuncian todas las fiscalizaciones a las empresas con anticipación de varias semanas. Eso puede tener el impacto positivo de lograr un cierto grado de cumplimiento relacionado con la visita de los fiscalizadores, pero también permite sustraer evidencia o indicios de incumplimientos más serios.

Además, hay un serio problema de colaboración y coordinación entre los entes fiscalizadores, más allá de que las competencias no están siempre claramente definidas o circunscritas. Así, existen duplicaciones en las competencias - por ejemplo, los comedores en faenas mineras - y al mismo tiempo, áreas que no están sujetas a ninguna fiscalización - por ejemplo, un número considerable de prestaciones de salud que no recaen ni en el ámbito de competencia del SERNAC, ni en la de la Superintendencia de Salud. En cuanto a la coordinación, detectamos que la Superintendencia de Medioambiente tiene un serio desafío de ejercer su mandato y no puede cumplirlo porque depende de los recursos y la voluntad de cooperación por parte de otras superintendencias que no necesariamente priorizan las solicitudes de fiscalización de la SMA.

A estos problemas estructurales, se suma la falta de recursos financieros y técnicos para la fiscalización preventiva, además, de la falta de capacitación de los y las funcionarios/as para llevar adelante su labor.

¿Las consecuencias? Incidentes como el incendio en el vertedero de Santa Marta; derrames, el desastre ambiental de Chiloé, o, justamente, el caso de la Fundación AMSCA en Puente Alto.