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Viernes, 23 Septiembre 2016 00:00

Escuelas para personas con discapacidad

Escrito por
Carta al Director publicada en La Tercera, 23 de septiembre de 2016.
 
Señor director:

Al ratificar la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), Chile asumió el compromiso internacional de implementar una nueva forma de entender la discapacidad. 

A través de un modelo social basado en los derechos humanos, la CDPCD obliga a incluir en distintos ámbitos de la vida a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás. 

Esto significa terminar con el modelo médico rehabilitador e ir avanzando hacia una educación inclusiva con ajustes razonables, empezando con la educación primaria, que constituye una obligación inmediata.

Sin embargo, la Cámara de Diputados solicitó el 20 de septiembre a la Presidenta incluir en la reforma educacional las escuelas para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Mientras es loable la preocupación de los parlamentarios por niños y adolescentes con discapacidad, es incomprensible que se desconozca el artículo 24 de la CDPCD y las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial, una de las cuales es terminar con las escuelas especiales.

La creciente evidencia en que se basa la CDPCD muestra que la educación inclusiva no sólo proporciona el mejor entorno educativo a todos los alumnos, sino que también ayuda a derribar barreras y a poner en cuestión estereotipos, para crear una sociedad que acepta la discapacidad en lugar de temerla.

Enrique Accorsi
Boris Araos
Marcela Benavides
Alberto Carvajal
Gladys Cuevas
Víctor Dagnino
Pamela Gutiérrez 
Irma Iglesias
Alberto Larraín
Alberto Minoletti
Catherine Muñoz
Andrea Slachevsky
Judith Schönsteiner
Valeria Valdés 
Gustavo Vergara

Exmiembros de la Comisión Asesora Presidencial sobre Discapacidad

 



Martes, 14 Junio 2016 00:00

¿Es necesario el INDH?

Escrito por

Columna de opinión publicada en La Tercera, 14 de junio de 2016.

 

El término del período de la actual directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Lorena Fríes, da pie a una evaluación de esta institución creada hace ya siete años. Quizás para realizarla sea bueno hacernos algunas preguntas básicas. Comencemos con la más fundamental. ¿Es necesario el INDH? ¿Por qué debiera existir si ya hay tribunales, Congreso, Contraloría, etc.? Es decir, una serie de órganos que deben proteger los derechos de los ciudadanos. La respuesta parte por considerar que Chile ha contraído un vasto número de obligaciones en materia de derechos humanos, es decir, derechos de naturaleza universal que el Estado se obliga a respetar y proteger y que, por consiguiente -algo que a veces se olvida o derechamente se ignora de mala fe- jurídicamente es el Estado el único que los pueden infraccionar.

Sin esta constatación básica no se entiende la necesidad de un ente que en forma especializada y necesariamente autónoma del poder político, pueda abogar, estudiar, revisar, aconsejar y, en algunos casos, directamente accionar, por la protección de esos derechos frente al Estado. Es absolutamente cierto que los derechos humanos son una obligación de todo el Estado, pero la labor que como órganos especializados realizan el tipo de instituciones como el INDH, de las cuales hay en la actualidad más de 160 en el mundo, es en gran parte educativa y de análisis. Hay razones de conocimiento técnico que explican la utilidad de ellas. Pero no sólo eso, pues como las obligaciones en materia de DD.HH. son de todo el Estado, es bueno que haya un ente que pueda estudiar cómo el mismo Estado las cumple o no. Eso justifica que sea un órgano con autonomía funcional de los poderes del mismo, pues sin ella carece de sentido.

La segunda pregunta es si el INDH ha cumplido con su mandato legal y, en lo central, si ha contribuido a una mejor protección de los DD.HH. en Chile. Para ello hay que considerar que sus funciones son acotadas y sus recursos limitados. El INDH no es la respuesta a los problemas de derechos humanos en el país. Pero sí tiene un rol, y ese rol, si se juzga desde una perspectiva de derechos humanos y no desde el lente de un sector político, ha sido sin duda positivo. Por de pronto, porque ha balanceado en sus informes y actuaciones -para quien los lea y no se informe sólo por la prensa, a veces muy parcial- el estudio, análisis y denuncia de las violaciones a los derechos de sectores y grupos muy diversos. Es el caso de quienes se encuentra en oposición al Estado, incluso en forma violenta, como activistas mapuche o personas en privación de libertad; minorías, como migrantes, pueblos indígenas o personas LGTBI, y grandes sectores de la población, como sucede con el derecho a la educación, a la salud, o los derechos de las mujeres, sin dejar, al mismo tiempo, de considerar el legado de las violaciones producidas en la dictadura.

Es evidente que para cualquier órgano, y también para quien lo dirija o represente, como ha sido el caso de la actual directora, es imposible satisfacer plenamente a todos los sectores en estos y en muchos otros aspectos. Pero si el INDH nos obliga como sociedad a pensar, a discutir, aunque sea polémica y apasionadamente, sobre qué son los derechos humanos y a qué nos hemos comprometido como país, habrá ya más que justificado su existencia.

Columna de opinión publicada en El Mostrador, 12 de junio de 2016.

 

El caso del hogar ELEAM en Puente Alto, donde fallecieron varias personas en condiciones indignas y que fue administrado por una empresa familiar, solo es la punta de un iceberg. Uno que se esconde debajo de las aguas de falta de fiscalización del Estado en el ámbito del cuidado, que es también una incapacidad generalizada para fiscalizar y así prevenir afectaciones a los derechos humanos por parte de privados.

Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice. Así, deben asegurar que los derechos humanos de las personas bajo cuidado efectivamente se respeten por parte de las empresas.

Estos estándares, que han sido desarrollados, entre otros, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ximenes Lopes contra Brasil, parecen haber sido violados en el caso que recientemente conocimos por la prensa. Llama profundamente la atención que Senama había recibido las denuncias desde hace varios meses, y no pudo actuar "porque (...) no tenía personal ni plata para mandar" a los fiscalizadores. Ese retraso a primera vista no corresponde con el estándar de debida diligencia que es aplicable. Seamos claros: el Estado puede optar por la privatización de estos servicios; pero debe garantizar a los y las habitantes el goce de sus derechos, como el derecho a la privacidad, la integridad física y psíquica, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad.

[cia tipo="destaque"] Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice.[/cita]

En otros ámbitos, según el reciente Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos de la UDP, la situación tampoco es mucho más alentadora. En materia de pesca y minería, algunos entrevistados para el Estudio señalaron que el Estado ha renunciado a fiscalizaciones sin aviso, porque le era imposible mantener la confidencialidad de la agenda de fiscalizaciones. Por tanto, hoy se anuncian todas las fiscalizaciones a las empresas con anticipación de varias semanas. Eso puede tener el impacto positivo de lograr un cierto grado de cumplimiento relacionado con la visita de los fiscalizadores, pero también permite sustraer evidencia o indicios de incumplimientos más serios.

Además, hay un serio problema de colaboración y coordinación entre los entes fiscalizadores, más allá de que las competencias no están siempre claramente definidas o circunscritas. Así, existen duplicaciones en las competencias - por ejemplo, los comedores en faenas mineras - y al mismo tiempo, áreas que no están sujetas a ninguna fiscalización - por ejemplo, un número considerable de prestaciones de salud que no recaen ni en el ámbito de competencia del SERNAC, ni en la de la Superintendencia de Salud. En cuanto a la coordinación, detectamos que la Superintendencia de Medioambiente tiene un serio desafío de ejercer su mandato y no puede cumplirlo porque depende de los recursos y la voluntad de cooperación por parte de otras superintendencias que no necesariamente priorizan las solicitudes de fiscalización de la SMA.

A estos problemas estructurales, se suma la falta de recursos financieros y técnicos para la fiscalización preventiva, además, de la falta de capacitación de los y las funcionarios/as para llevar adelante su labor.

¿Las consecuencias? Incidentes como el incendio en el vertedero de Santa Marta; derrames, el desastre ambiental de Chiloé, o, justamente, el caso de la Fundación AMSCA en Puente Alto.

Carta al Director publicada en La Tercera, 12 de junio de 2016.

 

Señor director:

Preocupa de sobremanera la crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tuvo que suspender todas las restantes audiencias del año 2016, y si en la próxima Asamblea General los estados de la OEA no ponen los fondos necesarios, tendrá que despedir a un 40% de su personal.

 La CIDH ha protegido a personas de todas las Américas ante dictaduras y conflictos internos. Su labor en esto ha sido imprescindible. Aún hoy, los estados y las sociedades necesitamos el sistema interamericano de derechos humanos, aunque estemos en democracia. También se violan los derechos humanos, y ante la falta de acceso a la justicia, la desigualdad en el goce de derechos económicos, sociales y culturales, las amenazas a los y las defensores de derechos humanos, ante horribles condiciones carcelarias y daños ambientales y a la salud, necesitamos los órganos de supervisión internacionales, ya que a nivel interno, no se han logrado solucionar mentados problemas.

 Si el sistema requiere, como todos los sistemas de justicia, una revisión estructural para cumplir mejor su función - los problemas de atraso en el sistema de casos están sobre la mesa - , ésta se debe discutir como tal, y no reteniendo los fondos a los que los estados se han comprometido. Esto constituye una amenaza a la independencia del órgano y tendrá consecuencias en su imparcialidad, ya que tendrán que temer el recorte de facto de sus facultades. 

 Es el momento en el que los estados tendrán que mostrar su real compromiso con los derechos humanos, poniendo los fondos necesarios y convenciendo a otros gobiernos latinoamericanos de hacer lo mismo. Posteriormente se discutirá sobre la mejora en la eficacia de la CIDH. 

En ese contexto pregunto,  si en algún país donde se detectaran problemas de eficacia en una Fiscalía, ¿se exigirá recortar sus facultades y competencia, en vez de aumentar su capacidad de responder a la cantidad de casos que le llegan?

 

Judith Schönsteiner
Centro de Derechos Humanos UDP

Columna de opinión publicada en El Mostrador, 31 de mayo de 2016.

 

Cada cierto tiempo, cuando corresponde por parte de los órganos más políticos del Estado, el Ejecutivo y el Congreso, la designación de personas para instituciones como el Tribunal Constitucional, el Consejo para la Transparencia o, más recientemente, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se levanta una crítica recurrente de que esos nombramientos han sido realizados más en función de la militancia o adherencia política del designado –por corresponderle a ese partido o coalición la cuota u ocasión de nombramiento– que por los méritos necesarios para el cargo al cual se designa.

Con diversos matices, hay que decirlo, ese fue el caso de los nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional, Carlos Pozo y Cristián Letelier. Pues ellos, sin duda, como se ha dicho por otros que fueron duramente criticados al hacerlo presente pero sin que se refutara la observación central, no fueron nombrados primariamente por la profundidad de sus conocimientos constitucionales o por poseer una vasta trayectoria en el servicio público, la academia o la profesión legal, sino que claramente por su adhesión al grupo político que los propuso.

En el caso del INDH, con el reciente nombramiento por parte de la Cámara de Diputados del ex diputado Eduardo Saffirio, estas críticas se repiten, pues nuevamente, independientemente de los méritos del candidato, la aprobación del mismo era algo automático, por corresponder a un “cupo DC”.

Desgraciadamente algo similar está por suceder con otro nombramiento en el INDH por parte del Senado, pues se ha propuesto la renovación del actual decano UC Carlos Frontaura, sin que se haya planteado una discusión sobre los fundamentos del mismo, correspondiendo, en este caso, a un “cupo UDI”. En esta ocasión, además, hay serias objeciones en relación con la compatibilidad de las opiniones del profesor Frontaura en materia de derechos de las personas LGTBI con lo que hoy dispone el derecho internacional de los DD.HH.

Sería una ingenuidad pretender que los nombramientos a cargos públicos de importancia por parte de las cámaras y órganos políticos fueran algo totalmente prescindentes de las opiniones o inclinaciones políticas de los candidatos. En una sociedad en la cual existen diferencias de opinión importantes ellas se concretan en posiciones y adherencias partidarias o políticas. Pretender que no, es desconocer la existencia de desacuerdos sustantivos entre nosotros.

Sería una ingenuidad pretender que los nombramientos a cargos públicos de importancia por parte de las cámaras y órganos políticos fueran algo totalmente prescindentes de las opiniones o inclinaciones políticas de los candidatos. En una sociedad en la cual existen diferencias de opinión importantes ellas se concretan en posiciones y adherencias partidarias o políticas. Pretender que no, es desconocer la existencia de desacuerdos sustantivos entre nosotros. Pero cosa distinta es que al momento de escoger, eso sea lo primario o, peor aún, que ello implique el nombramiento de personas sin las debidas condiciones para el ejercicio del cargo.

Una forma de evitar eso es que el proceso de designación sea organizado con el debido tiempo y con las oportunidades procesales que permitan un escrutinio público adecuado, de forma tal que los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, profesionales o académicos, puedan ejercer un rol fiscalizador.

El problema de las designaciones automáticas en virtud del simple cuoteo es que ellas no solo pueden implicar que se nombre a personas sin las calificaciones necesarias y que se debilite la legitimidad de quienes sí poseen méritos para el cargo, sino que, principalmente, se afecta la ya debilitada legitimidad Congreso Nacional ante los ciudadanos, pues este posee como una de sus funciones esenciales, aunque no reconocida expresamente en la Constitución, la deliberación razonada sobre decisiones que afectan la marcha del país, como lo son los nombramientos de autoridades. El cuoteo contradice esa función.

Esta falta de deliberación y de debate, además de la premura con que frecuentemente se efectúan, impide una adecuada información y participación ciudadana, además de debilitar la legitimidad de los órganos cuya composición se realiza por medio de nombramientos del Congreso. Por ejemplo, si quienes componen una institución de tanta gravitación como el Tribunal Constitucional llegan a ella solo, o principalmente, porque corresponden a una determinada orientación política, ciertamente se pone en duda el sentido de tener una institución que no sería más que el reflejo de las corrientes partidarias existentes en el Congreso. Por consiguiente, debate informado, calidad de los nombramientos y legitimidad institucional son aspectos que están íntimamente relacionados y a los cuales pareciera que los parlamentarios debieran prestar más atención, y los ciudadanos exigirlos con mayor fuerza.

 
 

Carta al Director publicada en La Tercera, 19 de mayo de 2016.

 

Señor director:


Hace 10 años, entró en vigencia la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A pesar de la aprobación de una ley al respecto (20.422), las personas con discapacidad en Chile,  sus familiares y cuidadores, aún están esperando la plena vigencia,  incluso de los mínimos imprescindibles de sus derechos: accesibilidad de los espacios públicos y de la información pública en igualdad de condiciones; toma de decisiones autónoma; acceso al trabajo en igualdad de condiciones y con iguales pagos; acceso a la educación en igualdad de condiciones; protección contra abusos; e incluso tratamientos médico-psiquiátricos que pueden constituir, según el Relator contra la Tortura, malos tratos. La razón: falta de regulación, regulación contraria a la Convención, falta de concientización en la sociedad, y falta de adopción de políticas públicas en favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

Recientemente, el Comité de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad mandó sus recomendaciones a Chile. Espero que en su cuenta pública del 21 de mayo de este año, la Presidenta de la República pueda reiterar su compromiso, y el compromiso del Estado de Chile, con las personas con discapacidad y sus derechos. Es una obligación para el Estado de Chile. Espero que pueda anunciar medidas concretas que resguarden la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, especialmente en cuanto a su igualdad ante la ley, e inclusión en los ámbitos laboral y educativo.

Las personas con discapacidad no pueden esperar más, y toda la sociedad debe tomar conciencia de aquello, tal como indica el artículo 8 de la Convención arriba mencionada. La inclusión es su derecho, y la diversidad la riqueza de nuestra sociedad. 

Judith Schönsteiner

Directora, Centro de Derechos Humanos UDP

Santiago, 17 de mayo de 2016

Estimados consejeros y estimadas consejeras del Instituto Nacional de Derechos Humanos,

Escribimos para apoyar la nominación del P. José Aldunate SJ al Premio Nacional de Derechos Humanos 2016. Todos y todas conocemos su valiente y decidido testimonio y lucha contra la tortura y a favor de los derechos humanos durante la dictadura. Al fundar el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, caminó junto a las víctimas de violaciones gravísimas de derechos humanos y sus familiares, hizo suyo sus denuncias, y también ayudó a derribar el miedo de pronunciarse. Toda su acción fue aplicando un método no-violento arriesgando incluso su propia vida y salud.

Pero también ha levantado la voz en otros temas, tal vez menos conocidos fuera de círculos católicos. El Padre Aldunate abogó por los derechos humanos, por ejemplo, los derechos de las mujeres, el derecho a la educación en igualdad de condiciones. Ha sido fuerte defensor de las minorías sexuales, un ámbito que ha probado ser terreno difícil para la Iglesia Católica. Pepe Aldunate ya en 2005 había defendido los derechos de las personas homosexuales, incluyendo su derecho a vivir en pareja y casarse.[1] Es un mensaje, nuevamente valiente, a favor de la dignidad de las personas, y desafiando  la línea oficial de su iglesia que ese mismo año recomendó no admitir a los homosexuales en los seminarios para la formación sacerdotal. Aldunate reiteró su opinión en el año 2014, en una entrevista en CNN,[2] apoyando la legislación sobre la unión civil para parejas del mismo sexo, y explicando que quisiera también que cambiara la postura de la Iglesia Católica en relación al tema. Su voz y opinión sobre los derechos civiles de las personas homosexuales y lesbianas, y su acogida en la Iglesia, ha ayudado a que tengan un espacio hoy en la Iglesia chilena que hace 10 años no tenían.

El Padre José Aldunate así se ha mostrado siempre, en situaciones más que difíciles, como un arriesgado luchador de los derechos humanos. Solo podemos expresar nuestro cariño y agradecimiento, y nuestro respeto por su labor. Esperamo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos le otorgue el Premio Nacional de Derechos Humanos de 2016.

Atentamente,

Judith Schönsteiner

Lidia Casas                                           

Delfina Lawson                                                                    

Tomás Vial

Directora e investigadores/as del Centro de Derechos Humanos de la UDP


El Poder Ejecutivo se había comprometido a enviar un proyecto de ley que abordara la protección de los derechos de las personas migrantes antes del 31 de marzo. En el día de ayer, se anunció a través de la prensa que dicho proyecto no se encuentra dentro de las “prioridades” presidenciales y que su presentación sería postergada hasta nuevo aviso. Lamentable.

Hace más de 40 años rige en Chile un decreto ley que regular el ingreso, egreso y permanencia de las personas extranjeras en el país. Este decreto carece de un enfoque de derechos, y se encuentra completamente ajeno a las necesidades nacionales o al contexto regional. Todos los países de la región han modificado su ley de migraciones (con la excepción de Brasil, que se encuentra discutiendo un proyecto de ley en el Congreso), menos Chile.

Hace varios años que Naciones Unidas le señala al Estado en cada uno de sus informes que es necesario reformular la política migratoria, y para ello, un paso esencial es la reforma de la legislación. El gobierno realizó consultas durante más de un año con los distintos actores involucrados y trabajó en la elaboración de un anteproyecto de ley de migraciones, que aún espera en algún escritorio el momento oportuno para ser presentado.

La falta de una ley de migraciones no impide el ingreso de las personas al país, prueba de ello es el aumento significativo de la migración durante los últimos años. La ausencia de una ley solamente perjudica a quienes, en el ejercicio de un derecho: el derecho humano a migrar, desean ingresar al país por distintos motivos.

Hoy en día cerca de medio millón de personas residen en el país con diferentes tipos de visas, o en forma irregular. Todas ellas se encuentran expuestas a vulneraciones permanentes en su acceso a diferentes derechos fundamentales, como la salud, la educación, el debido proceso y la nacionalidad. A diario tomamos conocimiento de personas que han sido víctimas de discriminación, de mujeres migrantes que han sufrido violencia sexual o de niños que no han sido siquiera registrados luego de su nacimiento porque sus padres se encuentran en situación migratoria irregular. Cualquiera de esas situaciones (entre muchas otras que ocurren a diario) vulnera la dignidad de las personas, y atenta contra sus derechos fundamentales.

¿Hasta cuándo podemos seguir esperando? ¿Qué es necesario que suceda para que la migración se transforme en prioridad política? O acaso estamos esperando que ocurra una tragedia para impulsar el proyecto de ley? Espero que este no sea el caso.

Por Judith Schönsteiner, publicado en El Mostrador, 6 de mayo de 2016 

Chiloé está lejos. La marea roja trajo a la isla y a sus pescadores artesanales a las noticias santiaguinas. Los despidos y precariedades de los últimos meses no lo habían logrado. Una marea roja sin precedentes, que produce la asfixia de miles de sardinas y moluscos, posiblemente causadas por el calentamiento superficial del mar, originado por El Niño. Sin embargo, también se ha afirmado que se vertieron miles de toneladas de pescado en descomposición al mar (las cifras sobre la cantidad exacta varían), factor que podría haber aumentado la mortandad de moluscos y peces en la X Región.

Ante esta situación, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, aseguró a los pescadores artesanales que se han ido organizando en asambleas en Chiloé, que no los dejaría solos. El mismo día, el ministro del Interior, Jorge Burgos, indicó, ante la exigencia de un bono de $ 300 o $ 400 mil a los pescadores artesanales, que “no somos un gobierno de billetera fácil”. Pero ¿cuál es exactamente la responsabilidad del Estado en esta situación?

Primero, prevenir que la situación de desabastecimiento y falta de liquidez para la compra de productos básicos se agrave. Debe garantizar, en virtud del Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un nivel básico de vida adecuado a cualquier habitante del país, especialmente, si se trata de grupos vulnerables, por su condición socioeconómica o por otros factores de discriminación o vulnerabilidad. En la situación que se está dando hoy, ya se están cumpliendo varias de las variables que el Nobel de Economía Amartya Sen ha identificado como indicios de que se genere –de no mediar intervención distributiva y de apoyo – el hambre en una región aislada de un país.

Segundo, la reacción del Estado ante la protesta social por estos acontecimientos debe regirse estrictamente por el derecho internacional, evitando cualquier exceso de uso de fuerza, así como las restricciones ilegítimas de la libertad de expresión y libertad de asociación. Eso incluye la transparencia sobre lo que realmente ha ocurrido y, si no se sabe, investigarlo.
Tercero, debemos hacernos la pregunta por la responsabilidad del Estado en mitigar los efectos que han tenido un fenómeno natural, por un lado, y eventualmente, la falta de regulación de la actividad económica en el contexto de la mayor vulnerabilidad del ecosistema, por el otro. A los pescadores artesanales y los trabajadores despedidos de Chiloé no les servirá una explicación de causalidad y responsabilidades civiles compartidas para paliar la falta de ingresos que se ha sostenido por meses, y que podría seguir así por varios más.

No estamos ante una reducción en los ingresos, sino de su completa ausencia en el caso de todas las personas que se dedican cien por ciento a la pesca. En virtud del Art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado debe proveer el derecho a la seguridad social ante el riesgo de perder el empleo, incluyendo el empleo independiente, y en virtud de su Art. 11, un nivel adecuado de vida. Nada le impide posteriormente investigar las responsabilidades de actores privados por el daño ocurrido, y recuperar parte de la inversión en medidas paliativas vía una demanda del Consejo de Defensa del Estado contra las empresas u otros actores presuntamente responsables.

Cuarto, el Estado debe revisar la eficacia de los mecanismos de fiscalización de la contaminación y su capacidad real de prevenir los delitos ambientales. Esto implica también una regulación clara sobre la contaminación del mar territorial y de la zona económica exclusiva. Esta norma hoy no existe, por lo que impide a la Superintendencia de Medio Ambiente fiscalizar ese punto. La otra cara de la moneda es que las empresas dedicadas a la producción industrial de pescado o mariscos, no tienen norma que seguir en esta materia. La observancia voluntaria de “buenas prácticas”, como se comprobó en muchos casos parecidos, no es suficiente incentivo.

Finalmente, sin embargo, hay una responsabilidad directa de las empresas, incluso si el Estado no cumpliera con su deber de regulación y prevención de los daños a través de la fiscalización. Así, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del 2011, y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, establecen la responsabilidad directa de las empresas por los derechos humanos y el medioambiente, en virtud de la due diligence (la debida diligencia) en materia de sus impactos negativos en los derechos humanos de sus trabajadores y las comunidades. Ciertamente, no debieran hacer nada que agrave la situación. No hay evidencia que hayan tomado las medidas preventivas y de mitigación que hubiera correspondido ante la reducción de la necesidad de trabajadores, y la mayor sensibilidad del ecosistema marino.

Parece que la crisis del salmón del 2007 no nos sirvió para mejorar nuestra legislación, los mecanismos de fiscalización, la seguridad social para los trabajadores, empleados e independientes de la industria pesquera, ni la responsabilidad empresarial. Ni si quisiera en materias tan básicas como los derechos humanos.

Por Judith Schönsteiner, publicado en El Mostrador, 12 de junio de 2016 

El caso del hogar ELEAM en Puente Alto, donde fallecieron varias personas en condiciones indignas y que fue administrado por una empresa familiar, solo es la punta de un iceberg. Uno que se esconde debajo de las aguas de falta de fiscalización del Estado en el ámbito del cuidado, que es también una incapacidad generalizada para fiscalizar y así prevenir afectaciones a los derechos humanos por parte de privados.

Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice. Así, deben asegurar que los derechos humanos de las personas bajo cuidado efectivamente se respeten por parte de las empresas.

Estos estándares, que han sido desarrollados, entre otros, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ximenes Lopes contra Brasil, parecen haber sido violados en el caso que recientemente conocimos por la prensa. Llama profundamente la atención que Senama había recibido las denuncias desde hace varios meses, y no pudo actuar "porque (...) no tenía personal ni plata para mandar" a los fiscalizadores. Ese retraso a primera vista no corresponde con el estándar de debida diligencia que es aplicable. Seamos claros: el Estado puede optar por la privatización de estos servicios; pero debe garantizar a los y las habitantes el goce de sus derechos, como el derecho a la privacidad, la integridad física y psíquica, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad.

[cia tipo="destaque"] Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice.[/cita]

En otros ámbitos, según el reciente Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos de la UDP, la situación tampoco es mucho más alentadora. En materia de pesca y minería, algunos entrevistados para el Estudio señalaron que el Estado ha renunciado a fiscalizaciones sin aviso, porque le era imposible mantener la confidencialidad de la agenda de fiscalizaciones. Por tanto, hoy se anuncian todas las fiscalizaciones a las empresas con anticipación de varias semanas. Eso puede tener el impacto positivo de lograr un cierto grado de cumplimiento relacionado con la visita de los fiscalizadores, pero también permite sustraer evidencia o indicios de incumplimientos más serios.

Además, hay un serio problema de colaboración y coordinación entre los entes fiscalizadores, más allá de que las competencias no están siempre claramente definidas o circunscritas. Así, existen duplicaciones en las competencias - por ejemplo, los comedores en faenas mineras - y al mismo tiempo, áreas que no están sujetas a ninguna fiscalización - por ejemplo, un número considerable de prestaciones de salud que no recaen ni en el ámbito de competencia del SERNAC, ni en la de la Superintendencia de Salud. En cuanto a la coordinación, detectamos que la Superintendencia de Medioambiente tiene un serio desafío de ejercer su mandato y no puede cumplirlo porque depende de los recursos y la voluntad de cooperación por parte de otras superintendencias que no necesariamente priorizan las solicitudes de fiscalización de la SMA.

A estos problemas estructurales, se suma la falta de recursos financieros y técnicos para la fiscalización preventiva, además, de la falta de capacitación de los y las funcionarios/as para llevar adelante su labor.

¿Las consecuencias? Incidentes como el incendio en el vertedero de Santa Marta; derrames, el desastre ambiental de Chiloé, o, justamente, el caso de la Fundación AMSCA en Puente Alto.