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Lunes, 14 Noviembre 2016 00:00

Las deudas del Estado en Derechos Humanos

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Columna de opinión publicada en Publimetro, 14 de noviembre de 2016.

De reciente publicación, el Informe Anual sobre derechos en Chile de la Universidad Diego Portales se centra en aquellos aspectos de nuestra vida social considerados de particular gravedad por su carácter estructural o invisibilidad. En el primer caso están las casi 40 mil familias que habitan en campamentos, sin acceso a servicios básicos y a un medioambiente sano. Ello viola el derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile, el cual obliga al Estado a garantizar ese mínimo, que debiese ser reconocido constitucionalmente.

En el caso de las personas intersex (que nacen con un sexo biológico indeterminado), se trata de uno de los grupos LGTBI cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile. Tanto así, que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas.

En materia de infancia, es particularmente grave la forma en que el Estado trata a los niñas, niños y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo. A 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), resulta inaceptable que Chile siga sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales de derechos humanos. Urge aprobar el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, el cual no debiera depender de la disponibilidad presupuestaria del Estado, tal y como aparece en la iniciativa.

Tampoco podemos seguir soportando paros ilegales de incierta duración cada vez que se negocia el reajuste salarial de los funcionarios públicos. Una legislación moderna con enfoque de derechos humanos nos lleva a reconocer su derecho a la sindicalización, negociación colectiva y a huelga, aunque admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición- en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término.

El resto de las temáticas abordadas este año se refieren a las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres; a la multiculturalidad en el sistema educacional; a mayores garantías legales para migrantes, y a verdad, justicia y memoria por violaciones a los DDHH en tiempos de dictadura, único capítulo que se mantiene desde los inicios de la publicación.

El informe está disponible en www.derechoshumanos.udp.cl

Lunes, 21 Noviembre 2016 00:00

Estado y Derechos Humanos: A apurar el tranco Destacado

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Hoy en día es un desafío central en materia de derechos humanos el determinar cómo se avanza en la construcción de un Estado en el cual la forma habitual de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas se haga desde un enfoque de derechos humanos. La reciente creación, aun no implementada, de la Subsecretaría de DDHH, que tendrá como función coordinar esa acción, es por ello determinante y debe ser celebrada.

Modificado por última vez en Lunes, 21 Noviembre 2016 15:36
Viernes, 21 Octubre 2016 00:00

Parto de mapuche condenada

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Carta al Director publicada en La Tercera, Señor director:

La situación de una mapuche condenada que dio a luz engrillada es un  tratamiento cruel, inhumano y degradante, siendo además una forma de violencia obstétrica. Ésta  se produce cuando intencionalmente el personal de salud omite o no entrega información durante el parto, y es de tipo psicológica. También la hay cuando el trato es deshumanizado, discriminatorio o humillante. 

Mantener a una mujer con grilletes durante su traslado de urgencia de una ciudad a otra para la realización de una cesárea, es una grosera violación a los derechos humanos de quien se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

Hay dos versiones: la del centro hospitalario de Concepción -donde ocurrieron los hechos- el cual  informa que debieron pedir que gendarmes varones se retiraran de la sala del procedimiento, pero que los grilletes se mantuvieron en los pies de la mujer, y la de Gendarmería, que niega lo anterior. El personal de salud habría intervenido para evitar que se produjera un parto en un contexto de mayor crueldad.

Lo que debe quedar claro de esta  situación es la imperiosa necesidad de una adecuada formación del personal de Gendarmería en los estándares de derechos humanos, y el reflejo de estos criterios en las estructuras de incentivos y en los  procedimientos. 

Pudiera argumentarse que el apego al protocolo de traslado de internos implica el uso de medidas de seguridad para evitar una fuga, pero la aplicación de las mismas obedece a un contexto que debe ser evaluado, y a una debida proporcionalidad.  La pregunta que debemos hacer es dónde quedó el criterio y si basta decir que se actuó así porque hay una medida judicial de por medio. Hay cosas que no son defendibles.

Lidia Casas Becerra
Profesora Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho
Universidad Diego Portales

Columna de opinión publicada en La Tercera, 16 de noviembre de 2016.

Cuando el Estado decide proveer servicios de salud, pensiones, cuidado personal o educación a través de instituciones o personas privadas, no se desliga por esto de su responsabilidad de garantizar los derechos humanos que están asociados a estos servicios. Más precisamente, mantiene el deber de garantizar el derecho a la salud, la seguridad social, la integridad física y psíquica; tal como el derecho a la privacidad, y el derecho a la educación. No puede adaptar políticas públicas que no tengan los mecanismos adecuados para estas garantías. En Chile, según el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP que se dio a conocer recientemente, hay considerables falencias en relación a este tema.

Principalmente, la definición del contenido y alcance y el ejercicio de balance de estos derechos con la propiedad, la libertad de emprendimiento y la libertad de enseñanza, no siempre corresponden al derecho internacional de los derechos humanos que Chile ha ratificado. Así los derechos como a la educación, la salud, o a la integridad, no se protegen eficazmente. El Informe destaca, recogiendo datos de la Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos que elaboró el mismo Centro de Derechos Humanos de la UDP, cómo la regulación en Chile es insuficiente para orientar claramente a los emprendedores privados que participan de la provisión de los servicios tan necesitados.

Vemos las consecuencias más tristes e impactantes en algunos centros que colaboran con el Sename (tal como en las instituciones públicas del Sename mismo), donde los niños, niñas y adolescentes (NNA) sufren abusos, descuido, abandono, y así, múltiples violaciones de sus derechos, incluyendo al derecho a la vida. También en las pensiones bajísimas que se pagan en el sistema privatizado de pensiones, las que en comparación con el costo de vida – la canasta básica – no son suficientes ni siquiera para proveer el derecho a la alimentación y el acceso al transporte. Asimismo, se han denunciado violaciones del derecho a la integridad y a la vida de adultos mayores, en contextos de abandono y descuido, en hogares que deberían ser autorizados, supervisados y fiscalizados por las autoridades públicas para justamente, evitar ese tipo de violaciones.

Los abogados de derechos humanos hablan de las obligaciones horizontales que tiene el Estado, a saber, el deber de asegurar de que entre privados no haya violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, en estas situaciones recién descritas, el deber de cuidado del Estado es mayor, porque la razón de por qué estos servicios se proporcionan por entes privados, es que el mismo Estado ha delegado su propia obligación consagrada por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en estas instituciones privadas. Que se entienda bien, tiene la discreción de hacerlo; lo que no está a su discreción es dejar de vigilar por el respeto y las garantías a las que se comprometió.

Así, si los mecanismos de prevención, fiscalización y acceso a la justicia son débiles, especialmente, en relación al cuidado de los NNA (entidades colaboradoras del Sename) y el cuidado de los adultos mayores, el Estado simplemente no es capaz de cumplir con su obligación.

Pero no es únicamente del Estado la responsabilidad,  sino de la misma empresa proveedora tiene – tal como ya se está viendo en el sector extractivo y del retail – responsabilidades en materia de derechos humanos. Ésta debe adoptar una política de derechos humanos, mecanismos de debida diligencia para identificar, mitigar, remediar e informar sus impactos negativos y positivos en materia de derechos humanos, e instalar los mecanismos internos de queja y denuncia que sean requeridos. Esas medidas refuerzan la capacidad de la empresa de cumplir con lo que el Estado debería pedirle a través de la regulación sectorial. Lo ideal sería que fuera el Estado quien claramente comunicara las expectativas en materia de política y debida diligencia de derechos humanos (a saber, los mecanismos internos de gestión para mejor cumplir). Por un lado, porque así no habría ventajas o desventajas en la libre competencia entre las instituciones colaboradoras; y por otro, considerando que tiene un claro interés de no dejar en manos de privados su propio deber de garantizar los derechos humanos.

Ante ese escenario, el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP hace tres recomendaciones: primero, elaborar un plan de cierre de brechas regulatorias en cada cartera, a la luz de criterios de urgencia en materia de derechos humanos; segundo, efectuar un estudio sobre acceso a la justicia en materia de empresas y derechos humanos, en el contexto de los desafíos estructurales del sistema chileno de administración de justicia y finalmente, reformar el sistema de fiscalización, para garantizar la prevención y la protección ante las violaciones de los derechos humanos.

Viernes, 23 Septiembre 2016 00:00

Escuelas para personas con discapacidad

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Carta al Director publicada en La Tercera, 23 de septiembre de 2016.
 
Señor director:

Al ratificar la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), Chile asumió el compromiso internacional de implementar una nueva forma de entender la discapacidad. 

A través de un modelo social basado en los derechos humanos, la CDPCD obliga a incluir en distintos ámbitos de la vida a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás. 

Esto significa terminar con el modelo médico rehabilitador e ir avanzando hacia una educación inclusiva con ajustes razonables, empezando con la educación primaria, que constituye una obligación inmediata.

Sin embargo, la Cámara de Diputados solicitó el 20 de septiembre a la Presidenta incluir en la reforma educacional las escuelas para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Mientras es loable la preocupación de los parlamentarios por niños y adolescentes con discapacidad, es incomprensible que se desconozca el artículo 24 de la CDPCD y las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial, una de las cuales es terminar con las escuelas especiales.

La creciente evidencia en que se basa la CDPCD muestra que la educación inclusiva no sólo proporciona el mejor entorno educativo a todos los alumnos, sino que también ayuda a derribar barreras y a poner en cuestión estereotipos, para crear una sociedad que acepta la discapacidad en lugar de temerla.

Enrique Accorsi
Boris Araos
Marcela Benavides
Alberto Carvajal
Gladys Cuevas
Víctor Dagnino
Pamela Gutiérrez 
Irma Iglesias
Alberto Larraín
Alberto Minoletti
Catherine Muñoz
Andrea Slachevsky
Judith Schönsteiner
Valeria Valdés 
Gustavo Vergara

Exmiembros de la Comisión Asesora Presidencial sobre Discapacidad

 



Martes, 14 Junio 2016 00:00

¿Es necesario el INDH?

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Columna de opinión publicada en La Tercera, 14 de junio de 2016.

 

El término del período de la actual directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Lorena Fríes, da pie a una evaluación de esta institución creada hace ya siete años. Quizás para realizarla sea bueno hacernos algunas preguntas básicas. Comencemos con la más fundamental. ¿Es necesario el INDH? ¿Por qué debiera existir si ya hay tribunales, Congreso, Contraloría, etc.? Es decir, una serie de órganos que deben proteger los derechos de los ciudadanos. La respuesta parte por considerar que Chile ha contraído un vasto número de obligaciones en materia de derechos humanos, es decir, derechos de naturaleza universal que el Estado se obliga a respetar y proteger y que, por consiguiente -algo que a veces se olvida o derechamente se ignora de mala fe- jurídicamente es el Estado el único que los pueden infraccionar.

Sin esta constatación básica no se entiende la necesidad de un ente que en forma especializada y necesariamente autónoma del poder político, pueda abogar, estudiar, revisar, aconsejar y, en algunos casos, directamente accionar, por la protección de esos derechos frente al Estado. Es absolutamente cierto que los derechos humanos son una obligación de todo el Estado, pero la labor que como órganos especializados realizan el tipo de instituciones como el INDH, de las cuales hay en la actualidad más de 160 en el mundo, es en gran parte educativa y de análisis. Hay razones de conocimiento técnico que explican la utilidad de ellas. Pero no sólo eso, pues como las obligaciones en materia de DD.HH. son de todo el Estado, es bueno que haya un ente que pueda estudiar cómo el mismo Estado las cumple o no. Eso justifica que sea un órgano con autonomía funcional de los poderes del mismo, pues sin ella carece de sentido.

La segunda pregunta es si el INDH ha cumplido con su mandato legal y, en lo central, si ha contribuido a una mejor protección de los DD.HH. en Chile. Para ello hay que considerar que sus funciones son acotadas y sus recursos limitados. El INDH no es la respuesta a los problemas de derechos humanos en el país. Pero sí tiene un rol, y ese rol, si se juzga desde una perspectiva de derechos humanos y no desde el lente de un sector político, ha sido sin duda positivo. Por de pronto, porque ha balanceado en sus informes y actuaciones -para quien los lea y no se informe sólo por la prensa, a veces muy parcial- el estudio, análisis y denuncia de las violaciones a los derechos de sectores y grupos muy diversos. Es el caso de quienes se encuentra en oposición al Estado, incluso en forma violenta, como activistas mapuche o personas en privación de libertad; minorías, como migrantes, pueblos indígenas o personas LGTBI, y grandes sectores de la población, como sucede con el derecho a la educación, a la salud, o los derechos de las mujeres, sin dejar, al mismo tiempo, de considerar el legado de las violaciones producidas en la dictadura.

Es evidente que para cualquier órgano, y también para quien lo dirija o represente, como ha sido el caso de la actual directora, es imposible satisfacer plenamente a todos los sectores en estos y en muchos otros aspectos. Pero si el INDH nos obliga como sociedad a pensar, a discutir, aunque sea polémica y apasionadamente, sobre qué son los derechos humanos y a qué nos hemos comprometido como país, habrá ya más que justificado su existencia.

Columna de opinión publicada en El Mostrador, 12 de junio de 2016.

 

El caso del hogar ELEAM en Puente Alto, donde fallecieron varias personas en condiciones indignas y que fue administrado por una empresa familiar, solo es la punta de un iceberg. Uno que se esconde debajo de las aguas de falta de fiscalización del Estado en el ámbito del cuidado, que es también una incapacidad generalizada para fiscalizar y así prevenir afectaciones a los derechos humanos por parte de privados.

Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice. Así, deben asegurar que los derechos humanos de las personas bajo cuidado efectivamente se respeten por parte de las empresas.

Estos estándares, que han sido desarrollados, entre otros, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ximenes Lopes contra Brasil, parecen haber sido violados en el caso que recientemente conocimos por la prensa. Llama profundamente la atención que Senama había recibido las denuncias desde hace varios meses, y no pudo actuar "porque (...) no tenía personal ni plata para mandar" a los fiscalizadores. Ese retraso a primera vista no corresponde con el estándar de debida diligencia que es aplicable. Seamos claros: el Estado puede optar por la privatización de estos servicios; pero debe garantizar a los y las habitantes el goce de sus derechos, como el derecho a la privacidad, la integridad física y psíquica, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad.

[cia tipo="destaque"] Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice.[/cita]

En otros ámbitos, según el reciente Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos de la UDP, la situación tampoco es mucho más alentadora. En materia de pesca y minería, algunos entrevistados para el Estudio señalaron que el Estado ha renunciado a fiscalizaciones sin aviso, porque le era imposible mantener la confidencialidad de la agenda de fiscalizaciones. Por tanto, hoy se anuncian todas las fiscalizaciones a las empresas con anticipación de varias semanas. Eso puede tener el impacto positivo de lograr un cierto grado de cumplimiento relacionado con la visita de los fiscalizadores, pero también permite sustraer evidencia o indicios de incumplimientos más serios.

Además, hay un serio problema de colaboración y coordinación entre los entes fiscalizadores, más allá de que las competencias no están siempre claramente definidas o circunscritas. Así, existen duplicaciones en las competencias - por ejemplo, los comedores en faenas mineras - y al mismo tiempo, áreas que no están sujetas a ninguna fiscalización - por ejemplo, un número considerable de prestaciones de salud que no recaen ni en el ámbito de competencia del SERNAC, ni en la de la Superintendencia de Salud. En cuanto a la coordinación, detectamos que la Superintendencia de Medioambiente tiene un serio desafío de ejercer su mandato y no puede cumplirlo porque depende de los recursos y la voluntad de cooperación por parte de otras superintendencias que no necesariamente priorizan las solicitudes de fiscalización de la SMA.

A estos problemas estructurales, se suma la falta de recursos financieros y técnicos para la fiscalización preventiva, además, de la falta de capacitación de los y las funcionarios/as para llevar adelante su labor.

¿Las consecuencias? Incidentes como el incendio en el vertedero de Santa Marta; derrames, el desastre ambiental de Chiloé, o, justamente, el caso de la Fundación AMSCA en Puente Alto.

Carta al Director publicada en La Tercera, 12 de junio de 2016.

 

Señor director:

Preocupa de sobremanera la crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tuvo que suspender todas las restantes audiencias del año 2016, y si en la próxima Asamblea General los estados de la OEA no ponen los fondos necesarios, tendrá que despedir a un 40% de su personal.

 La CIDH ha protegido a personas de todas las Américas ante dictaduras y conflictos internos. Su labor en esto ha sido imprescindible. Aún hoy, los estados y las sociedades necesitamos el sistema interamericano de derechos humanos, aunque estemos en democracia. También se violan los derechos humanos, y ante la falta de acceso a la justicia, la desigualdad en el goce de derechos económicos, sociales y culturales, las amenazas a los y las defensores de derechos humanos, ante horribles condiciones carcelarias y daños ambientales y a la salud, necesitamos los órganos de supervisión internacionales, ya que a nivel interno, no se han logrado solucionar mentados problemas.

 Si el sistema requiere, como todos los sistemas de justicia, una revisión estructural para cumplir mejor su función - los problemas de atraso en el sistema de casos están sobre la mesa - , ésta se debe discutir como tal, y no reteniendo los fondos a los que los estados se han comprometido. Esto constituye una amenaza a la independencia del órgano y tendrá consecuencias en su imparcialidad, ya que tendrán que temer el recorte de facto de sus facultades. 

 Es el momento en el que los estados tendrán que mostrar su real compromiso con los derechos humanos, poniendo los fondos necesarios y convenciendo a otros gobiernos latinoamericanos de hacer lo mismo. Posteriormente se discutirá sobre la mejora en la eficacia de la CIDH. 

En ese contexto pregunto,  si en algún país donde se detectaran problemas de eficacia en una Fiscalía, ¿se exigirá recortar sus facultades y competencia, en vez de aumentar su capacidad de responder a la cantidad de casos que le llegan?

 

Judith Schönsteiner
Centro de Derechos Humanos UDP

Columna de opinión publicada en El Mostrador, 31 de mayo de 2016.

 

Cada cierto tiempo, cuando corresponde por parte de los órganos más políticos del Estado, el Ejecutivo y el Congreso, la designación de personas para instituciones como el Tribunal Constitucional, el Consejo para la Transparencia o, más recientemente, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se levanta una crítica recurrente de que esos nombramientos han sido realizados más en función de la militancia o adherencia política del designado –por corresponderle a ese partido o coalición la cuota u ocasión de nombramiento– que por los méritos necesarios para el cargo al cual se designa.

Con diversos matices, hay que decirlo, ese fue el caso de los nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional, Carlos Pozo y Cristián Letelier. Pues ellos, sin duda, como se ha dicho por otros que fueron duramente criticados al hacerlo presente pero sin que se refutara la observación central, no fueron nombrados primariamente por la profundidad de sus conocimientos constitucionales o por poseer una vasta trayectoria en el servicio público, la academia o la profesión legal, sino que claramente por su adhesión al grupo político que los propuso.

En el caso del INDH, con el reciente nombramiento por parte de la Cámara de Diputados del ex diputado Eduardo Saffirio, estas críticas se repiten, pues nuevamente, independientemente de los méritos del candidato, la aprobación del mismo era algo automático, por corresponder a un “cupo DC”.

Desgraciadamente algo similar está por suceder con otro nombramiento en el INDH por parte del Senado, pues se ha propuesto la renovación del actual decano UC Carlos Frontaura, sin que se haya planteado una discusión sobre los fundamentos del mismo, correspondiendo, en este caso, a un “cupo UDI”. En esta ocasión, además, hay serias objeciones en relación con la compatibilidad de las opiniones del profesor Frontaura en materia de derechos de las personas LGTBI con lo que hoy dispone el derecho internacional de los DD.HH.

Sería una ingenuidad pretender que los nombramientos a cargos públicos de importancia por parte de las cámaras y órganos políticos fueran algo totalmente prescindentes de las opiniones o inclinaciones políticas de los candidatos. En una sociedad en la cual existen diferencias de opinión importantes ellas se concretan en posiciones y adherencias partidarias o políticas. Pretender que no, es desconocer la existencia de desacuerdos sustantivos entre nosotros.

Sería una ingenuidad pretender que los nombramientos a cargos públicos de importancia por parte de las cámaras y órganos políticos fueran algo totalmente prescindentes de las opiniones o inclinaciones políticas de los candidatos. En una sociedad en la cual existen diferencias de opinión importantes ellas se concretan en posiciones y adherencias partidarias o políticas. Pretender que no, es desconocer la existencia de desacuerdos sustantivos entre nosotros. Pero cosa distinta es que al momento de escoger, eso sea lo primario o, peor aún, que ello implique el nombramiento de personas sin las debidas condiciones para el ejercicio del cargo.

Una forma de evitar eso es que el proceso de designación sea organizado con el debido tiempo y con las oportunidades procesales que permitan un escrutinio público adecuado, de forma tal que los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, profesionales o académicos, puedan ejercer un rol fiscalizador.

El problema de las designaciones automáticas en virtud del simple cuoteo es que ellas no solo pueden implicar que se nombre a personas sin las calificaciones necesarias y que se debilite la legitimidad de quienes sí poseen méritos para el cargo, sino que, principalmente, se afecta la ya debilitada legitimidad Congreso Nacional ante los ciudadanos, pues este posee como una de sus funciones esenciales, aunque no reconocida expresamente en la Constitución, la deliberación razonada sobre decisiones que afectan la marcha del país, como lo son los nombramientos de autoridades. El cuoteo contradice esa función.

Esta falta de deliberación y de debate, además de la premura con que frecuentemente se efectúan, impide una adecuada información y participación ciudadana, además de debilitar la legitimidad de los órganos cuya composición se realiza por medio de nombramientos del Congreso. Por ejemplo, si quienes componen una institución de tanta gravitación como el Tribunal Constitucional llegan a ella solo, o principalmente, porque corresponden a una determinada orientación política, ciertamente se pone en duda el sentido de tener una institución que no sería más que el reflejo de las corrientes partidarias existentes en el Congreso. Por consiguiente, debate informado, calidad de los nombramientos y legitimidad institucional son aspectos que están íntimamente relacionados y a los cuales pareciera que los parlamentarios debieran prestar más atención, y los ciudadanos exigirlos con mayor fuerza.

 
 

Carta al Director publicada en La Tercera, 19 de mayo de 2016.

 

Señor director:


Hace 10 años, entró en vigencia la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A pesar de la aprobación de una ley al respecto (20.422), las personas con discapacidad en Chile,  sus familiares y cuidadores, aún están esperando la plena vigencia,  incluso de los mínimos imprescindibles de sus derechos: accesibilidad de los espacios públicos y de la información pública en igualdad de condiciones; toma de decisiones autónoma; acceso al trabajo en igualdad de condiciones y con iguales pagos; acceso a la educación en igualdad de condiciones; protección contra abusos; e incluso tratamientos médico-psiquiátricos que pueden constituir, según el Relator contra la Tortura, malos tratos. La razón: falta de regulación, regulación contraria a la Convención, falta de concientización en la sociedad, y falta de adopción de políticas públicas en favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

Recientemente, el Comité de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad mandó sus recomendaciones a Chile. Espero que en su cuenta pública del 21 de mayo de este año, la Presidenta de la República pueda reiterar su compromiso, y el compromiso del Estado de Chile, con las personas con discapacidad y sus derechos. Es una obligación para el Estado de Chile. Espero que pueda anunciar medidas concretas que resguarden la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, especialmente en cuanto a su igualdad ante la ley, e inclusión en los ámbitos laboral y educativo.

Las personas con discapacidad no pueden esperar más, y toda la sociedad debe tomar conciencia de aquello, tal como indica el artículo 8 de la Convención arriba mencionada. La inclusión es su derecho, y la diversidad la riqueza de nuestra sociedad. 

Judith Schönsteiner

Directora, Centro de Derechos Humanos UDP