Blog-Opinion

Blog-Opinion (86)

Una de las cuestiones que se presentará como central, sin duda alguna, será la comprensión del artículo primero de la Constitución chilena, que afirma que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, en relación al matrimonio de personas del mismo sexo. A esa cuestión, la Corte Suprema estadounidense ha respondido, y son las palabras finales de la sentencia, señalando que las parejas del mismo sexo “piden igual dignidad a los ojos del Derecho. La Constitución les otorga ese derecho”

Sábado, 12 Diciembre 2015 00:00

Derechos Humanos de ayer y de hoy

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Los derechos del adulto mayor son también derechos humanos, como también lo son los de los niños, las personas con discapacidad o los pueblos indígenas. Así, ellos no se relacionan exclusivamente, como algunos parecen creer, con lo sucedido en el pasado dictatorial.

Sábado, 20 Julio 2013 00:00

Debate sobre el aborto

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El objetivo de la política estatal debe ser bajar la tasa abortos (…). De acuerdo a los estudios internacionales más prestigiosos de salud pública y a la propia Organización Mundial de la Salud, la penalización no es efectiva para disminuir los abortos.

Lunes, 28 Noviembre 2016 00:00

Participación de la Mujer en la Academia

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Las mujeres, en la academia, debemos hacer opciones difíciles (…). La igualdad de oportunidades resulta ser una quimera cuando no se desmantela la discriminación estructural en contra de las mujeres.

La penalización del aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Desde (…) Frei hasta al actual Presidente Piñera lo saben, (…) lo escucharon de primera mano en distintos foros de Naciones Unidas.

Lunes, 11 Noviembre 2013 00:00

Sobre los observatorios y el rol de la academia

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Nos parece valioso (…) que entidades académicas (…) ejerzan facultades críticas sobre tendencias judiciales (…). Cuando lo hace el mismo gobierno se prenden las luces de alerta, pues se juega la independencia judicial

En el último EPU se recibieron sendas recomendaciones (…). Una de ellas es una deuda histórica con las mujeres del país: (…) la adopción de una legislación sobre aborto que respete sus derechos (…).

Miércoles, 11 Noviembre 2015 00:00

Niños Invisibles

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Delfina Lawson / Clínica de Migrantes y Refugiados UDP

Macarena Rodríguez / Clínica de Migrantes UAH

Miguel Yaksic SJ / Servicio Jesuita a Migrantes

Es muy probable que la mayoría de los lectores haya estudiado en el colegio la expresión latina “ius solis”. Es el derecho del suelo y significa que una persona adquiere la nacionalidad del país en el que nace. Así lo consigna la Constitución Política de Chile: que cualquier persona nacida en Chile es chilena, salvo los hijos de extranjeros transeúntes (tripulantes y turistas) y de diplomáticos.

Desconociendo el espíritu de la norma y vulnerando un derecho humano fundamental, durante casi dos décadas, el Registro Civil inscribió como “hijos de extranjeros transeúntes” y no como chilenos, al menos a tres mil niños nacidos en Chile. Se trató de niñas y niños hijos de padres en situación migratoria irregular, que aunque llevaran mucho tiempo viviendo en Chile y con ánimo de permanecer en este país, fueron entendidos como extranjeros transeúntes.

No hace falta mucha explicación para imaginar que el desconocimiento del derecho a la nacionalidad trae como consecuencia la vulneración de los derechos básicos de las personas y expone a quedar en situación de apatridia. Inocentes y en virtud de una conducta que no es en ningún caso atribuible a ellos, muchas niñas, niños y adolescentes viven en Chile sin nacionalidad.

Sin embargo, gracias a la insistencia de las organizaciones de la sociedad civil, a partir del año 2014 el Departamento de Extranjería y Migración ha modificado este criterio de adquisición de la nacionalidad, reconociendo que se trató de una interpretación errónea y fijando lineamientos claros respecto de las situaciones excepcionales en que un niño o niña nacido en Chile no adquiere la nacionalidad. Ha sido la decisión correcta y la felicitamos. Pero ¿qué ocurre con aquellos miles de niños a los que se les desconoció su derecho al momento de su nacimiento?

Durante este año, un equipo de investigadores de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Alberto Hurtado, junto al Servicio Jesuita a Migrantes han ido al encuentro de estos niños sin nacionalidad. Recorriendo distintas localidades de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá se han encontrado 200 de estos casos. En su gran mayoría se trata de niños y niñas que viven en condiciones de mucha vulnerabilidad, poco acceso a la información, precariedad en el acceso a la salud y a la educación y que enfrentan a diario episodios de discriminación y de exclusión por parte del Estado, ante la falta de reconocimiento de su derecho a la nacionalidad.

Todos estos casos han sido reunidos en un Recurso judicial que estas tres instituciones han presentado el pasado martes a la Corte Suprema reclamando que el Estado de Chile cumpla con la Constitución.

Si tres instituciones de la sociedad civil, con limitados recursos, han podido ir al encuentro de estos 200 niños, cuánto más podría hacer el Estado. Nos parece imperativo que el Estado repare esta deuda histórica reconociendo el derecho de nacionalidad de todos esos niños que faltan.

No basta sólo el cambio del criterio administrativo a partir del 2014, también se debe promover la rectificación de todas las inscripciones que desconocieron el derecho a la nacionalidad y avanzar en la consolidación de este cambio de criterio en normas de mayor jerarquía. Se trata de estándares básicos en el respeto de los derechos humanos.

Hay una responsabilidad directa de las empresas, incluso si el Estado no cumpliera con su deber de regulación y prevención de los daños a través de la fiscalización. Así, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del 2011, y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, establecen la responsabilidad directa de las empresas por los derechos humanos y el medioambiente, en virtud de la due diligence (la debida diligencia) en materia de sus impactos negativos en los derechos humanos de sus trabajadores y las comunidades.

Viernes, 07 Octubre 2016 00:00

El Sename y la responsabilidad del Estado

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Por Judith Schönsteiner 

Columna de opinión publicada en La Tercera, 07 de octubre de 2016.

Desde que supimos del caso de Lisette, el país está cada vez más consciente y tal vez, también más solidario – eso queda por verse –  con la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) que están bajo el cuidado de la Red del Sename. La prevalencia de muerte entre éstos  es con creces más alta que entre los NNA en general. En promedio, murieron anualmente 0,94 niños, niñas y adolescentes por cada 1000, de quienes recibieron atención en la Red del Sename, entre 2006 y 2014. Entre todos los NNA en Chile, la prevalencia de muerte asciende a solamente 0,68 por cada mil. Y es lógico, ya que el Estado se hace cargo de muchos niños, niñas y adolescentes que tienen mayor riesgo de morir de una muerte no natural. De hecho, algo similar ocurriría si viviesen en su familia.

No quiero decir con esto que las cifras son menos graves; lo son, y mucho. Porque no sabemos cuántas de las muertes se deben, simplemente, a la negligencia, descuido, y falta de debida diligencia para con ellos. Tampoco  conocemos  exactamente lo que sucede  respecto de los NNA vulnerables que no están atendidos en el Sename, allí puede haber falta de protección también. En todo caso, es inaceptable la falta de interés que hemos tenido como sociedad al no preocuparnos  por su suerte. Es una falta de interés que en el caso del Sename muestra la punta del iceberg de  la falta de interés generalizada hacia la niñez desprotegida, también respecto de muchísimos que viven con sus familias o en la calle.

Por fin, como sociedad, empezamos a preguntar por ellos y exigimos al Estado rendir cuenta, lo que está comenzando hacer. Sin embargo, las cifras globales son solo el inicio de un necesario camino de investigación: cada muerte de una persona al cuidado del Estado debe ser investigada, para determinar si éste hizo todo lo que le exigen los tratados internacionales en la prevención de violaciones al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, más aún si se trata de NNA que requieren especial cuidado, según consagra, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño.

Entonces: ¿Qué significa en concreto la responsabilidad del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de los NNA bajo su cuidado? ¿En qué consiste la debida diligencia con la que el éste debiese haber actuado – o debiera actuar a futuro – para con estos niños, niñas y adolescentes?

Las investigaciones en las causas de las muertes de los 856 niños fallecidos en la red del Sename deben justamente abarcar las preguntas estructurales. Deben preguntar por qué el Estado cumplió – o no cumplió – su deber de cuidado. ¿Hizo todo lo que debiera haber hecho para que ese niño (a) no muriera? Esto es más que indagar en el actuar posiblemente negligente de funcionarios, directores, o proveedores. El estándar que debemos aplicar es la debida diligencia: ¿ha el Estado instalado un mecanismo de prevención eficaz de violaciones, especialmente, en los ámbitos del derecho al disfrute más alto posible de salud física y mental, para NNA con discapacidad y sin discapacidad?

Una vez identificado un riesgo, ¿existe la posibilidad concreta y real de derivación a un especialista? ¿Existen mecanismos eficaces de denuncia de violaciones, que conllevan una respuesta pronta y adecuada para atender a NNA? ¿Son los recursos del sistema los suficientes, y han sido utilizados de manera diligente y eficaz? Todo lo que sabemos hasta ahora indica que en la mayoría de los casos el Estado no hizo lo que el deber de protección, de respeto y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes le demandaba.

Considerando que aquellos atendidos por el Sename son más vulnerables que el resto, que sufren más frecuentemente adicciones, enfermedades crónicas o discapacidades que conllevan una mayor mortandad, es justamente aún más necesario proveer los recursos, mecanismos e instituciones para que puedan llevar la vida digna a la que todos tenemos derecho. La responsabilidad del Estado para con ellos es mayor, y es una responsabilidad transversal. No se podrá atender con instituciones aisladas de las demás instituciones de derechos humanos, de protección, de servicios.

Finalmente, quiero terminar con una observación adicional, que me surge a partir de la diferenciación de entre los NNA que murieron en centros del Sename y los que fallecieron en instituciones privadas colaboradoras del organismo. La responsabilidad del Estado es la misma en todos los casos, por tanto, fue correcto enmendar públicamente las cifras sobre cuál es efectivamente  el número de muertes por las que el Estado deberá responder. Si el Estado delega sus funciones a proveedores privados, mantiene el nivel de responsabilidad, tal como indica el derecho internacional general, por tanto, debe hacer una fiscalización estricta. Porque la garantía del derecho compete al Estado, e independientemente de qué medio escoge para cumplir, tiene la plena responsabilidad. No importa si encarga su responsabilidad a un funcionario, una funcionaria, a una Fundación, a una Pyme, o una persona natural. Lo que importa es el niño, la niña,  (el) la adolescente, su bienestar y sus derechos.