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Viernes, 17 Noviembre 2017 00:00

Intentos de suicidio en el Sename

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Columna de opinión publicada en La Nación, 12 de noviembre de 2017.-

Hace unas semanas, ocho jóvenes habrían intentado suicidarse, con drogas psicotrópicas, cortes profundos o ahorcamiento.Fueron llevados a un hospital por sus lesiones; un joven quedó internado a la espera de un examen psiquiátrico. Los otros fueron enviados de vuelta al Centro de Internación del Sename, correspondiente a un centro de justicia juvenil. A los días, otro joven intentó suicidarse en el mismo Centro. Además, se han reportado graves falencias en la limpieza e higiene del lugar, tanto en sus interiores tal como en el exterior.

Ante esta situación, se ha solicitado la intervención del Centro, y de parte de la asociación de trabajadores del Sename, la salida de una autoridad del Centro que no estaría calificada técnicamente para el cargo; mientras tanto, diputados de la República han pedido investigar los sucesos. El Sename ha negado que se haya tratado de intentos de suicidio e instruyó un sumario administrativo para determinar la responsabilidad por el ingreso de clonazepam al Centro, usado por algunos jóvenes para auto-agredirse.

Desde una perspectiva de derechos humanos, es completamente insuficiente el proceder de las autoridades. Reconociendo que el consumo de estupefacientes, especialmente los sintéticos de última generación, pueda ser un asunto muy difícil de detectar, el Estado tiene la obligación no solo de investigar posibles responsabilidades administrativas y penales en relación al cuidado de los jóvenes (ver Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP, 2017), sino también tiene la obligación constante de tomar todas las medidas necesarias -e idóneas- para proteger la vida y la integridad física y psíquica de los y las jóvenes.

Para quienes están bajo el cuidado del Estado, automáticamente aumenta el deber de protección: en el derecho internacional de los derechos humanos, siempre se considerará responsable al Estado por una muerte en detención, a menos que el Estado puede demostrar que siguió todos los protocoles que le exige el derecho internacional de los derechos humanos. Este deber de cuidado se incrementa si se trata -como en este caso- de adolescentes quienes se encuentran bajo la protección por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Así, el deber de prevención implica que el Estado debe adoptar medidas adicionales y preventivas -en este caso, por ejemplo, la derivación de los jóvenes a servicios de salud mental, en pos de la rehabilitación de consumo de drogas cuando ello proceda y de diagnósticos psiquiátricos- para evitar que la persona pueda volver a agredirse. Reenviar a siete de los ocho jóvenes de vuelta al Centro sin la adopción de medidas claras, parece, por tanto, por lo menos negligente. Como lo indica un funcionario del Sename, los jóvenes en el Centro de Internación son personas con un alto grado de vulnerabilidad; y justo por esta razón, aumenta (y no baja) el umbral de debida diligencia que se le exige al Estado.

Las autoridades deben una explicación sobre cómo han aplicado, en este caso, el protocolo de intervención para la prevención del suicidio infanto-juvenil. Sin juzgar, por falta de información y experticia médica, el riesgo de suicidio de los seis jóvenes, se impone la siguiente reflexión: Si realmente el riesgo de volver a atentar contra su vida era leve o moderado en estos casos (se debe dudar de esto hasta probar lo contrario), y si tal como recomienda el Ministerio de Salud en 2013, es una medida primordial de contención en casos de riesgo leve y moderado de suicidio, “poner [al / a la joven] en contacto con redes sociales y familiares”, pero que en caso de los jóvenes en la justicia juvenil esta opción no existe, ¿cómo se explica que no se tomen medidas adicionales de prevención para reemplazar la ausencia de esta red? ¿Es posible considerar que la exposición al mismo contexto donde ocurrió el intento de suicidio masivo pueda constituir una medida preventiva?

Cabe preguntarnos si la devolución al Centro de Internación no respondió, más bien, a la documentada falta de priorización de internos/as del Sename en los servicios de salud psiquiátrica.

Lunes, 30 Octubre 2017 00:00

Caso Luchsinger y prisión preventiva

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Columna de opinión publicada en La Tercera, 28 de octubre de 2017.

Señor director:

Las reacciones a las absoluciones en el caso han sido inmediatas: por un lado, responsabilizando a los operadores de la justicia por no haber garantizado el acceso a la justicia en un crimen gravísimo; por otro, reprochando mantener por largo tiempo en prisión preventiva a personas cuya responsabilidad finalmente no se acreditó.
La responsabilidad del Estado es doble: por cualquier violación del derecho a la vida debe garantizar acceso a la justicia y una investigación diligente que permita aclarar hechos y responsabilidades penales (artículos 4.1 y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sin embargo, como destacó la Corte Interamericana en reiteradas ocasiones, no existe derecho de la víctima a ver a una cierta persona declarada culpable, a menos que se acredite, más allá de cualquier duda razonable, su participación en los hechos.
También es responsabilidad del Estado garantizar un juicio justo a las personas imputadas (artículo 8 CADH). Solo nos enfocaremos en un elemento: la facultad estatal de decretar prisión preventiva. Ésta no puede exceder un plazo razonable, definido en relación a la complejidad del juicio. Además, y allí hay un problema con la legislación chilena que favorece, contrario al derecho internacional, que la prisión preventiva sea impuesta automáticamente a causa del tipo de delito que se imputa. Más bien, se debería probar caso a caso que la libertad de la persona pone en peligro la prueba, o que exista un riesgo fundado de fuga.
Si es posible lograr una investigación diligente con medios menos lesivos como arresto domiciliario, son éstos los idóneos. Si se acreditara que la orden de prisión preventiva haya sido excesiva, corresponde indemnizar por ella.
Cristián Riego y Judith Schönsteiner 
Centro de Derechos Humanos UDP

Ante esta situación, es urgente que el Estado garantice una eficaz regulación, fiscalización e incentivos efectivos de cumplimiento, incluyendo a través de la Constitución y del Código de Aguas, para que, en las próximas décadas, los y las habitantes de Chile podamos ver nuestro derecho humano al agua potable asegurado.

Las palabras del Ministro del Interior, los argumentos del ex Presidente Lagos sin mencionar la declaración de del Comandante en Jefe del Ejército producen un sabor de amargura y de justificación de la impunidad.

La cuestión que es necesario discutir y hacerlo muy honesta y directamente es si en las actuales circunstancias políticas no es necesario que los esfuerzos legislativos, comunicacionales y de movilización de todos aquellos que luchan por la igualdad de derechos de las personas LGTBI, y en particular las organizaciones de la diversidad sexual, prioricen la aprobación de la ley de identidad de género.

El tribunal no debe ni puede repetir el grave error del caso de la píldora, omitiendo de su razonamiento los derechos e intereses de la mujer. Puede que esto no necesariamente determine el resultado, eso depende de cómo se ponderen esos derechos, pero lo que es obligatorio, una exigencia de esa justicia procedimental, es que toda consideración constitucionalmente relevante sea escrupulosa y públicamente sopesada, por medio de los fundamentos de la sentencia. Y ese es, qué duda cabe, el caso de una mujer embarazada.

Martes, 01 Agosto 2017 00:00

Violencia simbólica contra la mujer

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En las redes sociales, los noticieros, los matinales, la prensa digital y escrita se habla de violencias: de la Cámara de Diputados por no haber aprobado el informe de la Comisión Investigadora de las muertes de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Sename u organismos colaboradores; la rebaja de la condena de quien mutiló la vida de Nabila Riffo en una calificación del intento de matar y el dolo; la violencia de un bus que niega el reconocimiento de igual valor y dignidad de aquellas personas cuya orientación o identidad sexual no es la heterosexual o la cisgénero.

Lunes, 24 Julio 2017 00:00

Prevenir, no solo indemnizar

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La empresa CGE acaba de disculparse con sus clientes por el corte de suministro eléctrico que afectó más de 300.000 clientes y duró, para muchos de ellos, varios días. Enel, empresa italiana que dio su nombre a Chilectra en 2016, anunció que habrá compensaciones – una obligación que se deriva de la legislación vigente. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra las empresas en relación a estos cortes; en el caso de Enel, además, formuló cargos en relación a la entrega de “información incompleta y manifiestamente errónea”.[1] Finalmente, a nivel político, las empresas trabajarán con el gobierno en una Mesa, para diseñar un plan de contingencia. ¿Son estas medidas suficientes?

Martes, 09 Mayo 2017 00:00

Inconsistencias políticas

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La legalización del aborto en tres causales ha suscitado una ardua discusión que es esperable en un tema en que hay legítimas diferencias en una sociedad. Por un lado habrá aquellos que consideran que a las mujeres no se les puede exigir conductas heroicas o de mártires que el derecho no le exige a ninguna otra persona, y la interrupción de un embarazo es una decisión individual de la mujer en su condición de sujeto autónomo y su proyecto de vida, que incluye por cierto abortar cuando el ser en gestación tiene malformaciones fetales graves que hace nula o casi nula su supervivencia fuera del vientre materno.

Por otro lado, habrá aquellos que defienden la sacralidad de la vida, y que ésta independiente de que ponga en riesgo la vida o la salud de una mujer deba mantener un embarazo, y que nadie tendrá derecho ni siquiera la madre de mantener esa gestación aunque sea lo único que mantenga vivo al feto. En la Cámara de Diputados la mayoría ha votado a favor, en general y en particular, de las tres causales, y en el Senado ya existe un apoyo general al proyecto. En estas semanas se irán votando cada una de las tres causales, que demás está decir concitan un amplio apoyo de la ciudadanía.

Este debate no es nuevo, pero cobra un nuevo aire. El más memorable caso que dio paso a la presentación de un proyecto de ley en 2003 fue a partir del caso de una mujer de 27 años con dos hijos que gestaba un embarazo parcial molar de un feto con una trisomía de aquellas que hoy se señalan como malformaciones letales.

El caso es pertinente para la discusión actual, ya que quien fuera Ministro de Salud de la época, Osvaldo Artaza, respondió públicamente a la solicitud de la mujer que no había norma legal que permitiera la realización de un aborto y se le podría ayudar con apoyo técnico y social.

Griselle fue intervenida a las 21 semanas porque no sólo había una malformación grave sino además la presencia de una mola, los diarios informaron que hubo una interrupción de la gestación y no un aborto (El Mercurio 14, 16 y 17 de enero, 2003).

Así, el ministro salvó su conciencia de aparecer autorizando un aborto, en los hechos no se salvó su conciencia de haber expuesto a una mujer a mayor sufrimiento y riesgo serio en su vida.

Las acciones de Artaza hoy cobran mayor importancia, en su condición de ministro puso de manifiesto que en aras de su convicción personal no se permitiría actuación alguna, Artaza hoy actúa como ciudadano, con el derecho que todos tenemos a debatir públicamente. En su condición de médico ha llamado a que no se apoye el proyecto de las tres causales (El Mercurio 16, 2016) aduciendo que el primer derecho es a nacer y que la labor de los médicos es asegurar el nacimiento aun cuando haya una supuesta inviabilidad fetal (el énfasis es propio).  

Lo alarmante de esta posición es que ganó adeptos en el Senado con la indicación presentada por el senador Zaldívar quien propone que la mujer se le presente la opción de adelantar el parto a partir de las 22 semanas o 500 gramos de peso independiente si la malformación haya sido diagnosticada muy tempranamente. También propone que la mujer tenga un período de, al menos, dos semanas de reflexión. Zaldívar se nutrió de la argumentación de Artaza, salva su conciencia llevando el embarazo casi hasta las 24 semanas, denominando esta acción parto. No le importa el sufrimiento o lo que le suceda a la mujer. En esta lógica, la mujer del caso de 2003, debió esperar a las 22 semanas si se podía. No recuerdo los apoyo de la gestión Artaza en su momento.

Aquí el senador Zaldívar busca presentarse a favor de un proyecto cuando en realidad está en contra, cuando se habla de dos paciente, y se niega la atención oportuna a una mujer, se niega su condición de persona y paciente, cuando se refiere a la interrupción de la gestación como el adelantamiento de un parto, se busca salir al paso de situaciones que son difíciles sin arriesgar que no hay sinceridad en la preocupación de la vida ni la salud de las mujeres.

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