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Lunes, 26 Marzo 2018 00:00

Justicia y presos enfermos terminales

Escrito por

*Opinión publicada originalmente en La Tercera el 26 de Marzo de 2018

SEÑOR DIRECTOR

La situación de los presos de Punta Peuco en casos de enfermos terminales o con enajenación mental ha sido objeto de un reciente proyecto de ley enviado por el gobierno pasado y de una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados. El nuevo ministro de Justicia ha emitido declaraciones al respecto. Parecen necesarias algunas consideraciones.

La situación de los presos por graves violaciones de derechos humanos bajo dictadura no puede ser mirada aisladamente de las demandas aún no satisfechas de verdad, justicia y reparación, so pena de dar la impresión de que se colabora con la impunidad. Chile está en deuda en todos estos aspectos. Por dar solo un ejemplo, está la necesidad de una persecución estatal de los crímenes de tortura sistemática que hoy solo se da en razón de la iniciativa de las víctimas. Lo que se necesita es una agenda comprensiva en estos temas y no medidas aisladas.

Segundo, la eventual revisión de la situación carcelaria de cualquier preso enfermo mental o en situación de enfermedad terminal no contraviene per se las obligaciones de DD.HH. en materia de justicia y, más bien, puede llegar a ser exigible si las condiciones de reclusión implicaran un grave maltrato o indignidad. Tercero, los internos de Punta Peuco cumplen penas por crímenes gravísimos y se exige una pena efectiva. El cambio en la situación carcelaria o la forma de cumplimiento debe ser justificado y decidido por un tribunal con criterios aplicables a todos los presos, en forma transparente y tras diagnósticos médicos emitidos por un organismo público en forma transparente.

Por último, estos casos extremos deben ser claramente distinguidos de los llamados beneficios carcelarios, en los que la gravedad de los crímenes y la calidad de agentes estatales de los responsables demandan y justifican estrictas exigencias especiales para su eventual otorgamiento.

Tomás Vial Solar
Profesor y miembro del Centro de Derechos Humanos UDP

Domingo, 08 Abril 2018 00:00

Niños y proyecto de identidad de género

Escrito por

*Carta publicada originalmente en La Tercera el 8 de Abril de 2018

SEÑOR DIRECTOR

El proyecto de ley sobre el derecho a la identidad de género, que está en comisión mixta en el Congreso, ha provocado una intensa polémica dentro de la coalición de gobierno, pese a que inicialmente no estaba contemplado en su agenda legislativa ni en el programa de gobierno. Esta situación demuestra lo dinámico de la política explicada en la frase que se atribuye al ex primer ministro laborista británico Harold Wilson: “en política una semana es mucho tiempo”.

El hueso de la disputa ha sido si el proyecto incluye a niños, niñas y adolescentes. Mucho se podría argumentar que hay sobradas razones para que deba hacerlo, pero dado el debate parlamentario quizá sea bueno recordar la opinión consultiva (OC-24/17) que en noviembre del año pasado emitió la Corte Interamericana sobre este tema, tras una consulta de Costa Rica. La Corte señaló que los niños son también titulares del derecho a la identidad de género, al igual que los adultos, y que deben ejercerlo en forma progresiva, a medida que desarrollen un mayor nivel de autonomía, amén de que en todo procedimiento deben ser escuchados. El tribunal menciona como ejemplo de buena práctica la ley argentina de 2002, sobre derecho a identidad, que permite a los menores de 18 años pedir el cambio de registro, por medio de sus representantes legales, y en caso de que no sea posible se deja a la decisión judicial, de acuerdo con los principios de la Convención de Derechos del Niño.

Esta opinión tiene fuerza autoritativa para los estados miembros del sistema interamericano, entre ellos Chile. La conclusión, jurídica y política, que se debe sacar es que si el Congreso aprueba un proyecto de ley que no incluya a los niños, ese acto del Estado, en el caso de haber una denuncia ante el sistema interamericano, será entendido con toda probabilidad por la Comisión Interamericana y por la misma Corte como una contravención a la Convención Americana de DD.HH., generando la correspondiente responsabilidad internacional.

Tomás Vial Solar
Profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos UDP

*Publicado originalmente en El Mostrador el 5 de Febrero de 2018

El inicio de un nuevo periodo presidencial debiera ser un tiempo propicio para reflexionar sobre cuáles son los desafíos como país, y en particular para el nuevo gobierno, por los próximos cuatro años.

Como se sabe, este es un período corto de tiempo que requiere necesariamente priorizar y ser razonablemente modesto en cuanto a lo que efectivamente se puede realizar. Lo anterior es válido también para las obligaciones que como Estado tenemos en materia de Derechos Humanos, las que son múltiples y complejas y que con frecuencias implican la dictación o modificación de la legislación, entre otras acciones.

Sin pretender exhaustividad ni tampoco necesariamente prioridad, un nuevo gobierno —y en particular un Ministerio de Justicia y DD.HH— debe preocuparse de varios aspectos que deberían estar dentro de su plan de trabajo.

La más amplia de las obligaciones será el fortalecimiento de la institucionalidad de Derechos Humanos, como la Subsecretaria del ramo y, en particular, la implementación efectiva del primer Plan Nacional de DD.HH.

Esto constituye un inmenso desafío de política pública y administrativa para cualquier gobierno, siendo las experiencias comparadas en América Latina no muy alentadoras al respecto, pues con frecuencia los planes se quedan al nivel de elaboración sin una aplicación práctica. Este primer plan implica obligaciones por cuatro años y compromisos de numerosos servicios públicos, constituyendo solo un mínimo —no por ello poco ambicioso— de lo que Chile se ha comprometido ante la comunidad internacional.

El completar exitosamente esos compromisos sin duda que constituiría un gran paso en la introducción de los criterios de derechos humanos en la actividad diaria del Estado y, por cierto, un logro (histórico se podría decir) para la satisfacción de estos y para cualquier gobierno.

Pero, sin duda, que la temática que absorberá intensamente al gobierno y al ministerio en particular será el relativo a la reforma del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. El nuevo gobierno tiene como ineludible desafío la creación de un efectivo sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes de Chile, área en la cual el país ha estado por décadas al debe en sus compromisos. Al respecto, hay que recordar que Chile es el único país de América Latina que habiendo ratificado la Convención de Derechos del Niño no ha reformado en forma acorde su legislación en esta materia. Si bien el actual gobierno envió varias iniciativas muy relevantes en esa área —una de ellas, la que crea Defensor del Niño, ya publicada— quedan varias piezas de este gran engranaje por construir e implementar.

Respecto a la personas con discapacidad, sin duda uno de los aspectos pendientes, sobre el cual ya se estaba trabajando el gobierno saliente, es al de ajustar la normativa relativa la capacidad jurídica de las personas a lo exigido por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, eliminado la incapacidad absoluta y modificando por un sistema efectico de apoyos.

El año 2019, en septiembre, el Estado de Chile deberá anunciar si ratificará por otros diez años el Convenio OIT 169, sobre pueblos indígenas. Al respecto, se han dado opiniones de que sería mejor desahuciarlo, por las dificultades que este impone a la actividad económica.

Tal acción sería un grave error, que debilitaría seriamente el estatus de Chile ante la comunidad internacional y, ciertamente, implicaría una negación directa de la existencia y derechos de los pueblos originarios. Por cierto, las dificultades prácticas que pueden existir no son obra del convenio en sí, sino de las regulaciones que se han dictado para implementarlo. Todas las modificaciones deben ser consultadas en forma previa, libre, e informada con los mismos pueblos originarios. Ese es también un desafío, junto a varios otros, en materia de derechos de los pueblos indígenas.

 

Tanto el 2018 como el 2019 el Estado también deberá rendir cuenta ante organismos internacionales de cómo se están cumpliendo sus obligaciones. Así, en octubre de este año —fecha tentativa según el calendario del III Ciclo— Chile debiera presentar el Informe Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Este es un examen global de todas las obligaciones que ha contraído Chile ante el sistema de la ONU. Así, corresponderá al futuro gobierno el realizar el trabajo de reporte en esta materia. Además, en julio de 2019 corresponderá también presentar el reporte de cumplimiento (VII Ciclo) ante el Comité de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Las deudas con el pasado de violaciones de derechos humanos aún están pendientes y un gobierno de derecha debería ser especialmente cuidadoso en avanzar en lo que aún no se ha hecho en materia de verdad, justicia y reparaciones. Al respecto, es imprescindible tomar medidas que permitan la determinación, identificación y retorno de los restos de las personas detenidas desaparecidas. Junto a ello —como lo ha exigido varias veces la Corte Interamericana— se debe establecer la investigación judicial de la tortura sistemática bajo la dictadura, como una acción dirigida desde el Estado y no como una iniciativa de las víctimas y familiares.  También está pendiente una revisión comprensiva, coherente, de las situaciones de los sobrevivientes de prisión política, tortura, creando una instancia permanente para ello.

Para todas estas acciones el nuevo gobierno requiere, sin duda, de la cooperación y el diálogo constante con la sociedad civil, en sus múltiples expresiones. Un Estado moderno lo es también cuando incorpora dentro de su forma habitual de planificar sus políticas públicas los estándares de DD.HH. y la participación social. Ambos son test de su legitimidad ante la ciudadanía hoy en día.

*Carta publicada originalmente en El Mostrador, el 10 de Abril de 2018


Señor Director:

Es posible que a varias de nosotras nos haya pasado que vamos al cumpleaños de un amigo de una amiga y, a la hora de cantar la canción de estas ocasiones, no sabemos a quién le estamos cantando. Se produce un silencio en el salón y alguien desde atrás susurra, en medio de la melodía: “¡Gonzalo!”. Todos, entonces, entonan: “¡Feliz cumpleaños Gonzalo, que los cumplas feliz!”

Así nos sentimos cuando nos invitaron desde La Moneda, con muy poca convicción el fin de semana, a la firma de las indicaciones al proyecto de Ley de Migración y Extranjería presentado en 2013, y que ha vuelto a tener movimientos en las últimas semanas. ¿Qué contienen estas indicaciones? ¿Se tomaron en cuenta los planteamientos de expertos y expertas? ¿Se escuchó la voz de la sociedad civil migrante y que trabaja con migrantes? ¿A quién estamos cantando el cumpleaños feliz?

Debido a que estaríamos celebrando a un desconocido, decidimos no ir, pues, mal que mal, en el asunto de las migraciones —en el que trabajamos desde hace ya casi 10 años— no podemos aplaudir cualquier cosa. No podemos celebrar la visión utilitarista, securitista y economicista de las migraciones, ni la existencia de visas consulares dispuestas a rajatabla sin otros mecanismos, que solo ocasionan perjuicios a las personas migrantes y al Estado. No podemos ovacionar la criminalización de las migraciones, la ausencia de un debido proceso y menos las trabas en el acceso a derechos fundamentales. No podemos festejar si no sabemos si se otorgará la nacionalidad chilena a hijos e hijas de personas migrantes nacidos en Chile, con independencia de la situación migratoria de sus padres, algo en lo cual ha habido grandes avances en los últimos 5 años. No podemos, después de no ser escuchadas ni nosotras ni el resto de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la materia, hacer como si nada hubiera pasado. No podemos, en fin, aplaudir, sin saber qué estamos aplaudiendo.

Lidia Casas Becerra
Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales

Francisca Vargas Rivas
Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales

Columna publicada en La Tercera, 22 de enero de 2018

Esta columna fue escrita junto a Lidia Casas, Centro de Derechos Humanos de la UDP

La actividad judicial debe ante todo considerar interpretaciones armónicas sobre el sentido de las normas, el rol que cada institución cumple, y la protección a los derechos humanos. Excluir al INDH de cualquiera investigación en que intervenga el CDE, y lo será tratándose de funcionarios públicos en materia de tortura, deja en la práctica a esa institución sin ámbito de competencia, y sin poder llevar a cabo una función que le entregó el legislador, cual es promover su protección y aseguramiento.

Miércoles, 27 Diciembre 2017 00:00

Plan en DD.HH. del gobierno

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Columna de opinión publicada en La Tercera, 23 de diciembre de 2017.

"...Un sistema que multa menos —aquí, significativamente menos— que la ganancia o el ahorro en inversiones obtenido mediante la conducta infractora no es eficaz a menos que tenga una sanción creíble, no pecuniaria y adicional a disposición; en este caso, la real posibilidad de caducar una concesión..."

Viernes, 17 Noviembre 2017 00:00

Intentos de suicidio en el Sename

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Columna de opinión publicada en La Nación, 12 de noviembre de 2017.-

Hace unas semanas, ocho jóvenes habrían intentado suicidarse, con drogas psicotrópicas, cortes profundos o ahorcamiento.Fueron llevados a un hospital por sus lesiones; un joven quedó internado a la espera de un examen psiquiátrico. Los otros fueron enviados de vuelta al Centro de Internación del Sename, correspondiente a un centro de justicia juvenil. A los días, otro joven intentó suicidarse en el mismo Centro. Además, se han reportado graves falencias en la limpieza e higiene del lugar, tanto en sus interiores tal como en el exterior.

Ante esta situación, se ha solicitado la intervención del Centro, y de parte de la asociación de trabajadores del Sename, la salida de una autoridad del Centro que no estaría calificada técnicamente para el cargo; mientras tanto, diputados de la República han pedido investigar los sucesos. El Sename ha negado que se haya tratado de intentos de suicidio e instruyó un sumario administrativo para determinar la responsabilidad por el ingreso de clonazepam al Centro, usado por algunos jóvenes para auto-agredirse.

Desde una perspectiva de derechos humanos, es completamente insuficiente el proceder de las autoridades. Reconociendo que el consumo de estupefacientes, especialmente los sintéticos de última generación, pueda ser un asunto muy difícil de detectar, el Estado tiene la obligación no solo de investigar posibles responsabilidades administrativas y penales en relación al cuidado de los jóvenes (ver Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP, 2017), sino también tiene la obligación constante de tomar todas las medidas necesarias -e idóneas- para proteger la vida y la integridad física y psíquica de los y las jóvenes.

Para quienes están bajo el cuidado del Estado, automáticamente aumenta el deber de protección: en el derecho internacional de los derechos humanos, siempre se considerará responsable al Estado por una muerte en detención, a menos que el Estado puede demostrar que siguió todos los protocoles que le exige el derecho internacional de los derechos humanos. Este deber de cuidado se incrementa si se trata -como en este caso- de adolescentes quienes se encuentran bajo la protección por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Así, el deber de prevención implica que el Estado debe adoptar medidas adicionales y preventivas -en este caso, por ejemplo, la derivación de los jóvenes a servicios de salud mental, en pos de la rehabilitación de consumo de drogas cuando ello proceda y de diagnósticos psiquiátricos- para evitar que la persona pueda volver a agredirse. Reenviar a siete de los ocho jóvenes de vuelta al Centro sin la adopción de medidas claras, parece, por tanto, por lo menos negligente. Como lo indica un funcionario del Sename, los jóvenes en el Centro de Internación son personas con un alto grado de vulnerabilidad; y justo por esta razón, aumenta (y no baja) el umbral de debida diligencia que se le exige al Estado.

Las autoridades deben una explicación sobre cómo han aplicado, en este caso, el protocolo de intervención para la prevención del suicidio infanto-juvenil. Sin juzgar, por falta de información y experticia médica, el riesgo de suicidio de los seis jóvenes, se impone la siguiente reflexión: Si realmente el riesgo de volver a atentar contra su vida era leve o moderado en estos casos (se debe dudar de esto hasta probar lo contrario), y si tal como recomienda el Ministerio de Salud en 2013, es una medida primordial de contención en casos de riesgo leve y moderado de suicidio, “poner [al / a la joven] en contacto con redes sociales y familiares”, pero que en caso de los jóvenes en la justicia juvenil esta opción no existe, ¿cómo se explica que no se tomen medidas adicionales de prevención para reemplazar la ausencia de esta red? ¿Es posible considerar que la exposición al mismo contexto donde ocurrió el intento de suicidio masivo pueda constituir una medida preventiva?

Cabe preguntarnos si la devolución al Centro de Internación no respondió, más bien, a la documentada falta de priorización de internos/as del Sename en los servicios de salud psiquiátrica.

Lunes, 30 Octubre 2017 00:00

Caso Luchsinger y prisión preventiva

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Columna de opinión publicada en La Tercera, 28 de octubre de 2017.

Señor director:

Las reacciones a las absoluciones en el caso han sido inmediatas: por un lado, responsabilizando a los operadores de la justicia por no haber garantizado el acceso a la justicia en un crimen gravísimo; por otro, reprochando mantener por largo tiempo en prisión preventiva a personas cuya responsabilidad finalmente no se acreditó.
La responsabilidad del Estado es doble: por cualquier violación del derecho a la vida debe garantizar acceso a la justicia y una investigación diligente que permita aclarar hechos y responsabilidades penales (artículos 4.1 y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sin embargo, como destacó la Corte Interamericana en reiteradas ocasiones, no existe derecho de la víctima a ver a una cierta persona declarada culpable, a menos que se acredite, más allá de cualquier duda razonable, su participación en los hechos.
También es responsabilidad del Estado garantizar un juicio justo a las personas imputadas (artículo 8 CADH). Solo nos enfocaremos en un elemento: la facultad estatal de decretar prisión preventiva. Ésta no puede exceder un plazo razonable, definido en relación a la complejidad del juicio. Además, y allí hay un problema con la legislación chilena que favorece, contrario al derecho internacional, que la prisión preventiva sea impuesta automáticamente a causa del tipo de delito que se imputa. Más bien, se debería probar caso a caso que la libertad de la persona pone en peligro la prueba, o que exista un riesgo fundado de fuga.
Si es posible lograr una investigación diligente con medios menos lesivos como arresto domiciliario, son éstos los idóneos. Si se acreditara que la orden de prisión preventiva haya sido excesiva, corresponde indemnizar por ella.
Cristián Riego y Judith Schönsteiner 
Centro de Derechos Humanos UDP