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Martes, 03 Enero 2017 00:00

Acceso a la justicia para inmigrantes

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Carta al Director publicada en La Tercera, 30 de diciembre de 2016.

Señor director:

El rol del Poder Judicial ha sido fundamental en la protección y garantía de los derechos de las personas migrantes. Las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, a través de sus sentencias, han establecido las situaciones en que la ejecución de órdenes de expulsión debe ceder en favor de garantizar otros derechos, como el interés superior del niño, la unidad de la familia, el debido proceso y la libertad personal. Lo que preocupa es el número de personas con órdenes de expulsión que han podido acceder a la justicia, en comparación con el número de órdenes de expulsión dictadas anualmente.
Según información recopilada para la elaboración del Informe Anual de Derechos Humanos UDP 2016, menos de un 1% de las personas afectadas pueden acceder a un recurso judicial para solicitar la revisión de su orden de expulsión. En consecuencia, hoy en Chile el acceso a la justicia para los migrantes, en relación con la revisión judicial de sus órdenes de expulsión, es prácticamente nulo.
Ello puede deberse a falta de información sobre los recursos disponibles; falta de instancias públicas que ofrezcan asistencia jurídica especializada y gratuita; temor de las personas a recurrir a instancias judiciales por miedo a ser expulsadas y falta de disponibilidad de intérpretes/traductores, entre otros.
Este escenario confirma la necesidad de contar con una nueva normativa migratoria que asegure el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso a todas las personas migrantes y, en particular, en los casos donde se vean afectadas por una orden de expulsión.
También es necesario que el Estado adopte medidas para que todas las personas extranjeras puedan acceder a servicios jurídicos especializados y gratuitos, para interponer un reclamo judicial en contra de las sanciones que les sean aplicadas. Ello, con el fin de asegurar que las garantías del debido proceso y principios como el interés superior del niño o la unidad de la familia, sean efectivamente resguardadas.

Delfina Lawson 
Clínica de Migrantes y Refugiados 
Universidad Diego Portales

 
 
Sábado, 24 Diciembre 2016 00:00

Impacto del TPP en los derechos humanos

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Es tiempo de hacer los estudios necesarios e indagar sobre estas alertas, complementando así los estudios de impacto económico que sí se habían encargado.

 

Columna publicada en La Tercera, 15 de diciembre de 2016.

En los últimos días, hemos sabido de investigaciones del Ministerio Público respecto de por lo menos cuatro redes de explotación sexual infantil que reclutaban a niños, niñas y adolescentes (NNA) desde el sistema de hogares del Sename. Más allá de lo gravísimo y repugnante que son los hechos denunciados, y de la grave violación del deber de cuidado que el Estado tiene hacia todos y todas los NNA, pero especialmente hacia los y las que están bajo su tutela, preocupa sumamente que Chile no tenga una política actualizada de prevención de la explotación sexual infantil, parte integral del deber de cuidado.

Ya el año pasado, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señaló que “sigue preocupado porque el derecho penal chileno aun no considera plenamente un delito la venta de niños”. Además, mostró preocupación “por la falta de un sistema general de reunión de datos que incluya información sobre los procesos penales” en relación a la explotación sexual infantil, la venta de NNA, y la pornografía infantil.

El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ratificado por Chile hace ya 13 años, además de prescribir la penalización de los delitos, obliga al Estado a adoptar políticas eficaces de prevención de la explotación sexual infantil (artículo 9). Pero Chile no cuenta con datos actualizados ni reporta, en la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Crecer Felices, acción legislativa alguna en el ámbito que sea posterior al 2005.

El Comité, en su Informe sobre Chile del 2015, celebró la creación, en 2010, del “Observatorio Nacional de Explotación Sexual Comercial Infantil”, pero “expresa preocupación por el elevado número de casos de explotación y abusos sexuales, sobre todo de niñas”. El Comité recomienda a Chile que los delitos de explotación sexual contra NNA no prescriban; que asegure una investigación efectiva en todos los casos  – y hay que indicar que esta investigación debe ser ex officio, a saber, a iniciativa del Estado, no solamente cuando haya denuncia de particulares.

Hay un aspecto adicional del caso concreto que hoy conocemos que no hay que pasar por alto: según las fuentes periodísticas disponibles, una de las redes se constituyó a partir del ingreso de la hija de uno de los investigados al Sename, por orden judicial. Ella supuestamente llevó a varios NNA a su casa, donde fueron sometidos a consumo de drogas y explotación sexual. La investigación deberá establecer si esta niña fue abusada sexualmente también, si fue obligada a participar en los delitos y en qué medida ella también es víctima de explotación sexual infantil.

Incluso si se acreditara alguna participación, ella también tiene derecho a las medidas de reparación que define el tratado internacional. El Comité es muy claro cuando recomienda a Chile que “[e]labore (…) un plan nacional de capacitación de los distintos interesados que participan en el proceso de reparación jurídica de [NNA] víctimas de explotación y abusos sexuales (…) sobre los criterios y normas para atender a los niños víctimas(…), a fin de lograr que todos los niños que hayan sufrido alguna forma de explotación sexual sean tratados como víctimas y no reciban sanciones penales, y que los responsables sean debidamente procesados y castigados” (Informe 2015, para. 47c, el destacado es nuestro).

 Finalmente, es responsabilidad de los operadores de justicia garantizar la debida participación de los NNA en el proceso, incluyendo las garantías de confidencialidad, acompañamiento psicológico, tal como se encuentra definida en el artículo 8 del Protocolo y reforzado en el último informe del Comité (para. 86).

(Fotografía: http://www.latercera.com/voces/explotacion-sexual-infantil-deberes-del-estado/ )

Lunes, 12 Diciembre 2016 00:00

Criminalización de la migración Destacado

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Criminalizar a las personas que cruzan o intentan cruzar las fronteras no es la forma adecuada para enfrentar la migración irregular. Hay ejemplos en todo el mundo, incluyendo Chile, que demuestran que ello solamente alienta la proliferación de las redes de tráfico de personas, exponiendo a los migrantes a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Lunes, 12 Diciembre 2016 00:00

Desafíos en materia de derechos humanos

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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada hoy hace 68 años, se dirige principalmente a los Estados, tal como todos los tratados posteriores en materia de derechos humanos. Son los Estados los que tienen las obligaciones de proteger y garantizar – ni hablar de respetar – los derechos humanos. Pero no podemos descargar la responsabilidad exclusivamente en los gobiernos o la “autoridad pública”.

Columna por Mariana Zegers, publicada en DiarioUchile, 7 de diciembre de 2016.

Sí. En Chile se violan los derechos humanos, como acurre en muchos otros países que suscriben y ratifican diversos pactos, declaraciones, convenciones; Estados que afirman y se comprometen a ser garantes del efectivo respeto de los derechos humanos, en toda su totalidad e integridad.

Sí. En Chile existen organizaciones de diversa índole que se vierten a la tarea de proteger y defender, de promover y pensar los derechos humanos. Hemos destacado ya la participación de diversas ONG’ s que, con escasos recursos, trabajan arduamente en la defensa y promoción de los derechos de aquellos grupos vulnerados, como niños y niñas, migrantes, pueblos indígenas y personas privadas de libertad. Organizaciones que promueven y defienden derechos fundamentales: a la salud, a la educación, a vivir en un ambiente libre de contaminación, a libre determinación y la no discriminación, a la libertad de expresión, al respeto de la identidad de género y diversidad sexual, a condiciones laborales justas, a una vivienda digna, al agua, a la preservación y reconstrucción de la memoria.

Estas palabras tienen por objeto poner en valor el trabajo realizado por aquellos expertos provenientes de diversas áreas del conocimiento que investigan el estado actual del ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, generando rigurosos documentos que cumplen su función de informar a la ciudadanía; instando al Estado a transformar sus prácticas, mediante propuestas concretas y tangibles.

En particular, cabe destacar la realización de dos informes anuales, que se han instalado como verdaderos referentes en la materia: el Informe Situación de los Derechos Humanos en Chile, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, de la Universidad Diego Portales.

El INDH es una corporación autónoma de derecho público creada por el Estado y dedicada a “promover y proteger los derechos humanos de todos las personas que habitan en Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Si bien se financia con fondos públicos, es independiente de los poderes del Estado. Su misión es “cautelar y promover la plena vigencia de los derechos humanos en Chile”. La promoción de una cultura de derechos humanos se manifiesta en sus estudios y recomendaciones, caracterizados por su rigor y veracidad. Una de sus funciones es la elaboración del Informe Situación de los Derechos Humanos en Chile, donde, además de informar, formula indicaciones para su protección y respeto.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales se ha concentrado en visibilizar las vulneraciones a los derechos fundamentales, mediante investigaciones que, en parte, se cristalizan en informes anuales. El hacer palmarias a la ciudadanía las violaciones a los derechos humanos potencia el rol activo de comunidad legal, académica y de la sociedad civil en el monitoreo de las conductas del Estado, con una mirada propositiva y no meramente vigilante.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile se dirige a toda la comunidad, no es exclusivamente académico. Su propósito, tal como queda señalado en su página, es informar y analizar en profundidad, desde un enfoque de DDHH, aspectos conflictivos o velados de nuestra vida social, que son especialmente graves por su condición estructural o por no haber sido descubiertos con anterioridad. Su carácter propositivo busca contribuir a cambiar la situación de ausencia de protección de los derechos fundamentales, mediante recomendaciones.

El Centro de Derechos Humanos no solo promueve el estudio en la materia, sino que también juega un rol activo en los litigios, mediante la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos y la Clínica de Migrantes y Refugiados, que litiga diversos casos frente a tribunales nacionales e internacionales.

La XIV versión del Informe, publicada recientemente, contiene 10 capítulos, cada uno con sus respectivas recomendaciones al Estado. Entre los temas abordados, el Centro de DDHH de la UDP pone en la palestra el derecho a la vivienda, el que, según el mismo Centro, debiera ser reconocido constitucionalmente, al igual que la necesidad de regular el mercado de suelos. El Informe revela el aumento de los campamentos entre 2011 y 2016. Las 38.770 familias, cerca de 11 mil más que en 2011 (según cifras de TECHO-Chile), habitan en 660 campamentos, concentrados mayoritariamente en Valparaíso, Antofagasta y Concepción. Estas personas viven sin acceso a servicios básicos y a condiciones mínimas de sanidad. Esto no solo constituye una violación al derecho a una vivienda digna, sino también al “derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, ambos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales .

En materia de infancia, el Centro viene siguiendo el tema hace años. En el Informe 2016, reitera al Estado la necesidad de reformar la institucionalidad,  señalando que existe una deuda sin saldar, pues  “a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado”.  Si bien se destacan los proyectos que crean el Sistema de Garantías de la Niñez y que modifican el Ministerio de Desarrollo Social, creando la Subsecretaría de la Niñez, se asevera que estos no se ajustan cabalmente a los acuerdos establecidos en el derecho internacional. En lo que al Sistema de Garantías de la Niñez respecta, preocupa que se subordine el grado y amplitud de protección de los derechos a las condiciones presupuestarias del Estado; además de la incertidumbre acerca del contenido de la Ley, luego de las casi 500 indicaciones realizadas por la Comisión de Familia. En relación a la Subsecretaría de la Niñez, se valora la creación de un organismo de esta naturaleza y se insta a acelerar su tramitación.

Otra temática relevante, a la luz de la coyuntura, es el apartado “Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos”, donde se analiza la situación laboral de dicho sector, en materia de derecho a huelga, negociación colectiva y sindicalización. En lo que a ello respecta, se exhorta al Estado a que estos derechos sean consagrados en la Constitución, tanto para públicos como para privados.

También destacamos en esta ocasión el apartado dedicado a la nueva institucionalidad de DDHH en Chile. Allí se reconoce la creación de esta nueva institucionalidad, recomendando “la pronta implementación de esos organismos y una respuesta clara en cuanto a la relación que establecerán con la ciudadanía”. Ciudadanía que, dicho sea de paso, ha sido la responsable de los avances más cruciales en la materia.

El resto de las temáticas abordadas este año refieren a: obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos, sistema escolar y pueblos indígenas, garantías contra la expulsión para migrantes, derechos de las personas intersex y práctica de esterilización en niñas y mujeres con y sin discapacidad psíquica o intelectual, además del tradicional capítulo que inaugura el Informe y que es producto del trabajo constante del Observatorio de Justicia Transicional, destinado a analizar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.

Tenemos a disposición estudios consistentes y constructivos en materia de derechos humanos. Tenemos instrumentos internacionales que se han ido perfeccionando, ampliando y complejizando, al comprender los nuevos desafíos que nuestra sociedad contemporánea o posmoderna nos impone. Pero el campo de acción de la palabra puede ser tan vasto como estrecho. Y puede que a los pocos que concentran el poder les convenga hacer oídos sordos y ojos ciegos. Entonces, ¿cuál es el impacto en las políticas públicas de tan contundentes estudios?

Reciente fallo del Tribunal Constitucional desconoce el acceso a la información, calificando como “comunicaciones privadas” los correos electrónicos institucionales entre el subsecretario del Interior y la Gobernación Provincial de Melipilla.

Viernes, 12 Octubre 2012 00:00

Homosexuales y Fuerzas Armadas

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¿CONSTITUYE el ingreso de una persona homosexual a los cuerpos armados una amenaza a la eficacia militar, a la disciplina y convivencia interna, como parece creer el diputado UDI Ignacio Urrutia? Para responder a esta pregunta, habría primero que despejar la imagen de los homosexuales que subyace a esta opinión.

Miércoles, 17 Octubre 2012 00:00

¿Prohibir o no prohibir? El caso del profeta

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¿Debe ser prohibida la transmisión en You Tube del corto “La inocencia de los musulmanes” (…) por lo ofensivo de su contenido?

Miércoles, 31 Octubre 2012 00:00

Hacia mayor seguridad jurídica en la minería

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Cuándo el gobierno presente el nuevo proyecto de ley sobre seguridad minera, ojalá a la brevedad, el gobierno hará bien en considerar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y medioambiente al respecto.