Delfina Lawson

Delfina Lawson

Delfina Lawson es una abogada argentina con especialización en derecho internacional público, egresada de la Universidad de Bs. As. Ha realizado diplomados en género, derechos económicos sociales y culturales y en prevención y análisis de conflictos. Se desempeñó como profesora a cargo de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales y como investigadora del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad. Previamente trabajó durante siete años en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados como Asociada de Protección, en la oficina nacional para Chile y en la oficina regional para el Sur de América Latina. Antes de radicarse en Chile trabajó en la Argentina como asesora legal en la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina.

Formó parte del Centro de Derechos Humanos hasta Abril 2017.

Martes, 03 Enero 2017 00:00

Acceso a la justicia para inmigrantes

Carta al Director publicada en La Tercera, 30 de diciembre de 2016.

Señor director:

El rol del Poder Judicial ha sido fundamental en la protección y garantía de los derechos de las personas migrantes. Las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, a través de sus sentencias, han establecido las situaciones en que la ejecución de órdenes de expulsión debe ceder en favor de garantizar otros derechos, como el interés superior del niño, la unidad de la familia, el debido proceso y la libertad personal. Lo que preocupa es el número de personas con órdenes de expulsión que han podido acceder a la justicia, en comparación con el número de órdenes de expulsión dictadas anualmente.
Según información recopilada para la elaboración del Informe Anual de Derechos Humanos UDP 2016, menos de un 1% de las personas afectadas pueden acceder a un recurso judicial para solicitar la revisión de su orden de expulsión. En consecuencia, hoy en Chile el acceso a la justicia para los migrantes, en relación con la revisión judicial de sus órdenes de expulsión, es prácticamente nulo.
Ello puede deberse a falta de información sobre los recursos disponibles; falta de instancias públicas que ofrezcan asistencia jurídica especializada y gratuita; temor de las personas a recurrir a instancias judiciales por miedo a ser expulsadas y falta de disponibilidad de intérpretes/traductores, entre otros.
Este escenario confirma la necesidad de contar con una nueva normativa migratoria que asegure el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso a todas las personas migrantes y, en particular, en los casos donde se vean afectadas por una orden de expulsión.
También es necesario que el Estado adopte medidas para que todas las personas extranjeras puedan acceder a servicios jurídicos especializados y gratuitos, para interponer un reclamo judicial en contra de las sanciones que les sean aplicadas. Ello, con el fin de asegurar que las garantías del debido proceso y principios como el interés superior del niño o la unidad de la familia, sean efectivamente resguardadas.

Delfina Lawson 
Clínica de Migrantes y Refugiados 
Universidad Diego Portales

 
 
Lunes, 12 Diciembre 2016 00:00

Criminalización de la migración

Criminalizar a las personas que cruzan o intentan cruzar las fronteras no es la forma adecuada para enfrentar la migración irregular. Hay ejemplos en todo el mundo, incluyendo Chile, que demuestran que ello solamente alienta la proliferación de las redes de tráfico de personas, exponiendo a los migrantes a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Miércoles, 11 Noviembre 2015 00:00

Niños Invisibles

Delfina Lawson / Clínica de Migrantes y Refugiados UDP

Macarena Rodríguez / Clínica de Migrantes UAH

Miguel Yaksic SJ / Servicio Jesuita a Migrantes

Es muy probable que la mayoría de los lectores haya estudiado en el colegio la expresión latina “ius solis”. Es el derecho del suelo y significa que una persona adquiere la nacionalidad del país en el que nace. Así lo consigna la Constitución Política de Chile: que cualquier persona nacida en Chile es chilena, salvo los hijos de extranjeros transeúntes (tripulantes y turistas) y de diplomáticos.

Desconociendo el espíritu de la norma y vulnerando un derecho humano fundamental, durante casi dos décadas, el Registro Civil inscribió como “hijos de extranjeros transeúntes” y no como chilenos, al menos a tres mil niños nacidos en Chile. Se trató de niñas y niños hijos de padres en situación migratoria irregular, que aunque llevaran mucho tiempo viviendo en Chile y con ánimo de permanecer en este país, fueron entendidos como extranjeros transeúntes.

No hace falta mucha explicación para imaginar que el desconocimiento del derecho a la nacionalidad trae como consecuencia la vulneración de los derechos básicos de las personas y expone a quedar en situación de apatridia. Inocentes y en virtud de una conducta que no es en ningún caso atribuible a ellos, muchas niñas, niños y adolescentes viven en Chile sin nacionalidad.

Sin embargo, gracias a la insistencia de las organizaciones de la sociedad civil, a partir del año 2014 el Departamento de Extranjería y Migración ha modificado este criterio de adquisición de la nacionalidad, reconociendo que se trató de una interpretación errónea y fijando lineamientos claros respecto de las situaciones excepcionales en que un niño o niña nacido en Chile no adquiere la nacionalidad. Ha sido la decisión correcta y la felicitamos. Pero ¿qué ocurre con aquellos miles de niños a los que se les desconoció su derecho al momento de su nacimiento?

Durante este año, un equipo de investigadores de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Alberto Hurtado, junto al Servicio Jesuita a Migrantes han ido al encuentro de estos niños sin nacionalidad. Recorriendo distintas localidades de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá se han encontrado 200 de estos casos. En su gran mayoría se trata de niños y niñas que viven en condiciones de mucha vulnerabilidad, poco acceso a la información, precariedad en el acceso a la salud y a la educación y que enfrentan a diario episodios de discriminación y de exclusión por parte del Estado, ante la falta de reconocimiento de su derecho a la nacionalidad.

Todos estos casos han sido reunidos en un Recurso judicial que estas tres instituciones han presentado el pasado martes a la Corte Suprema reclamando que el Estado de Chile cumpla con la Constitución.

Si tres instituciones de la sociedad civil, con limitados recursos, han podido ir al encuentro de estos 200 niños, cuánto más podría hacer el Estado. Nos parece imperativo que el Estado repare esta deuda histórica reconociendo el derecho de nacionalidad de todos esos niños que faltan.

No basta sólo el cambio del criterio administrativo a partir del 2014, también se debe promover la rectificación de todas las inscripciones que desconocieron el derecho a la nacionalidad y avanzar en la consolidación de este cambio de criterio en normas de mayor jerarquía. Se trata de estándares básicos en el respeto de los derechos humanos.

El gobierno de Chile anunció recientemente que ha iniciado la revisión de los antecedentes necesarios para acoger a la brevedad a un grupo de familias sirias que buscan refugio.