Elementos filtrados por fecha: Mayo 2018

Marcelo Montero, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos UDP, tienen el agrado de invitar cordialmente al seminario y lanzamiento de una publicación acerca de los efectos de la violencia sexual sobre mujeres y niñas. Más información en la siguiente imagen:

DDHH Mailing

Publicado en Noticias

*Carta publicada originalmente en La Tercera el 27 de Mayo de 2018

SEÑOR DIRECTOR

La carta de diputados UDI, publicada por su medio, criticando a la Subsecretaria de Derechos Humanos por asumir una “agenda de izquierda” y la posterior reunión con esa autoridad -en que se pide priorizar “una agenda de futuro”- es muestra de una general incomprensión de las exigencias que el sistema de DD.HH. hace a Chile.

Para los diputados pareciera que todo lo que tuviere que ver con avanzar en exigencias de verdad, justicia y debida reparación respecto a las violaciones de DD.HH. bajo dictadura fuera una “agenda de izquierda”, como si ellas no fueron obligaciones básicas del Estado, de todo Estado, ante gravísimos crímenes, que no solo exigen su investigación y sanción, algo por lo demás obvio, sino que, también su debida reparación integral. Eso es lo que justificaba, entre otras medidas, el proyecto de ley destinado a entregar un aporte único a las víctimas de DD.HH., que el gobierno retiró.

Reparar esos daños no es algo relativo al “pasado”, pues tiene que ver con cómo hoy se valoran esos hechos, se crean las instituciones y reglas que los previenen, cómo se educa, para que ellos no se repitan. Un ejemplo de esas instituciones, es el establecimiento de un mecanismo nacional en contra de la tortura, algo que, por lo demás, está explícito en el programa de gobierno de la actual administración. Bajo la dictadura se torturó porque antes, en democracia, ya se hacía. Y hoy se continua haciendo, como lo muestra una reciente querella interpuesta por el INDH en un caso sucedido en una comisaria de Arica.

En lo que pudieran tener alguna razón los parlamentarios es en la necesidad de que haya una agenda integral de DD.HH. Pero lo que se necesita es que ella tenga como punto de partida las exigencias que el sistema de DD.HH. hace al Estado y no las particulares perspectivas o intereses de algún sector, sea este el que fuere.

Publicado en Blog-Opinion

*Columna de opinión publicada originalmente el 26 de Mayo 2018 en La Tercera.

Como Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales hemos analizado la constitucionalidad del decreto supremo que establece visa consular de turismo para personas haitianas junto a la Universidad Alberto Hurtado, el Servicio Jesuita a Migrantes y el abogado Tomás Greene, asesorando a diputadas y diputados para su impugnación.

El decreto vulnera derechos humanos de las personas migrantes y la propia Constitución chilena. Esto último se da por dos motivos. De un lado, la carta fundamental establece que el actuar del Estado es válido siempre que se haga, entre otras cosas, en la forma que prescribe la ley. Aquí encontramos el primer problema. Cuando revisamos los motivos que la ley de extranjería exige para establecer los visados de turismo consulares, que son excepcionales, vemos que sólo puede hacerse por motivos de reciprocidad internacional o interés nacional. Lo primero no existe ya que Haití no exige visa a personas chilenas para ingresar a su territorio. Lo segundo tampoco, ya que aunque los estados pueden definir en un momento determinado qué es interés nacional, aquello debe tener motivos razonables para no ser una decisión arbitraria, y ello no ocurre en este caso, no configurándose un verdadero interés nacional. No entender eso es creer que la soberanía no tiene límites. Al analizar los motivos explicitados en el decreto, nos damos cuenta que se asumen cuestiones que no son reales. Como ejemplo podemos indicar que, revisando cifras, no se vislumbra que sea insoslayable el aumento sostenido de personas haitianas que ingresan al país permaneciendo en Chile en situación irregular, como se señala. La población haitiana no es la mayor en Chile -es la sexta según datos del Censo 2017- y tampoco es la que mayoritariamente ingresó al país en 2017, pues aunque la diferencia entre ingresos y egresos, según cifras de la PDI, es un poco más de 100 mil personas, la misma cifra de personas argentinas supera las 564 mil. Tampoco es cierto que la mayoría de los y las haitianas se hayan quedado en Chile en situación migratoria irregular, pues lo cierto es que son la tercera nacionalidad en cuanto a solicitudes de visa se refiere. Lo anterior lleva a que el decreto supremo no se haya hecho respetando la forma que la ley prescribe en relación a las razones para establecer una visa de turismo consular.

De otro lado, se vulnera el derecho a la igualdad que según la Constitución tienen todas las personas. Cuando una autoridad hace una diferencia, para que aquella no sea arbitraria, debe tener un motivo razonable. Según ha señalado el TC, si queremos que una diferenciación sea razonable, ésta debe efectivamente contribuir al fin buscado por la autoridad que hace la diferencia. Este segundo análisis tampoco es superado por el decreto, ya que no se vislumbra cómo, en el momento actual, una visa consular para personas haitianas, que distingue entre nacionalidades de migrantes, logra, en particular, una migración regular y segura para ellos y sus familiares. Según los datos disponibles, esta población no tiene características migratorias especiales como para restringir o controlar su ingreso de manera diferente a las demás, y es por esto que la medida vulnera la igualdad. Se hizo una diferencia en atención a la nacionalidad, que no aporta al fin buscado y que no tiene razones adecuadas. Esto es discriminación arbitraria, cuestión que está prohibida.

Vimos cómo la visa consular de turismo para personas dominicanas impuesta en 2012 favoreció a las redes de tráfico de personas. Aprendamos de nuestra experiencia, pues la migración no va a parar. Si queremos que sea ordenada, segura y regular, tenemos que dar espacio para que quienes vengan, que lo harán igual, lo hagan en condiciones dignas y seguras para ellos y para el país.

Publicado en Clínicas Jurídicas

Columna publicada en El Mostrador, 25 de mayo de 2018

El Estado no se puede quedar inerte ante las revelaciones y la posible existencia de redes criminales y de encubrimiento al interior o al amparo de un organismo privado, incluso si este está protegido por la libertad religiosa. Esta no puede conllevar nunca privilegios en el derecho penal.

Publicado en Blog-Opinion
Viernes, 25 Mayo 2018 00:00

Política Migratoria

*Carta al Director publicada originalmente el 25 de Mayo en El Mercurio.

Señor Director:

En su respuesta a nuestra carta, don Álvaro Bellolio realizó acusaciones respecto al SJM, responsabilizándonos de la migración irregular y de querer mantener el status quo.

Estas acusaciones son graves, injustas e infundadas. Basta revisar los medios de comunicación y nuestros programas sociales, en los que se incluye un trabajo jurídico relevante contra el tráfico de personas, el incentivo a la regularización de migrantes y la promoción de políticas públicas, para desmentir esas acusaciones.

La dilatada ausencia de políticas públicas no es nuestra responsabilidad. Es el Estado el que debe velar por esto, y por ello siempre hemos acusado este abandono. Este gobierno ha mostrado la clara voluntad política de regular este tema, pero ello no implica que no vayamos a diferir y debatir. Tampoco son responsabilidad nuestra los negativos efectos de la obsolescencia normativa y las medidas administrativas que pueden provocar la promoción de la irregularidad migratoria.

No han sido los migrantes los que han querido caer en ella. Ha sido una incorrecta concepción de la regularización como un privilegio y no como un deber del Estado, lo que los ha llevado a esa situación

El señor Bellolio también señala que estamos ideologizados. Nosotros trabajamos desde el enfoque de derechos y desde ahí, junto con la evidencia, proponemos políticas migratorias. Por ello, junto con las clínicas especializadas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, el Movimiento Acción Migrante y el abogado Tomás Greene, tenemos la convicción de que la vida consular de turismo para Haití infracciona uno de los principios clave del mencionado enfoque: la igualdad ante la ley y la no discriminación. Esa es nuestra crítica. Puntual y clara.

Desde estos principios y con una agenda definida, hemos tenido una mirada crítica con los últimos gobiernos, no sólo con el actual. Lo que hemos planteado es técnico y desde nuestra experiencia concreta trabajando con migrantes. Así, hemos celebrado cuando las autoridades coinciden con nuestra agenda y hemos criticado cuando hay distancia. El fin es debatir en pos de la mejor política migratoria.

Somos organizaciones serias y responsables, siempre dispuestas a la colaboración y al diálogo, con miras a la satisfacción del objetivo que nos moviliza: la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Por lo demás, es propio de un Estado democrático que exista un control ciudadano de las políticas de gobierno, y, de hecho, es nuestro deber hacer este control. Nuestras críticas y cuestionamientos tienen siempre un fin constructivo.

La carta del señor Bellolio se titula "Política Migratoria". Esto es mucha más que imponer visas. Se trata también de generar procesos y políticas sectoriales que permitan abordar el desafío de la inclusión de las personas migrantes, su verdadera regularización y la protección de sus derechos humanos. Seguiremos atentos y atentas al debate con el fin de generar un país respetuoso, inclusivo e intercultural. Esperamos que el Gobierno pueda abrirse a dialogar con quienes estamos aportando desde una reflexión con altura de miras para profundizar el debate del fenómeno migratorio actual. Ojala sea así, porque nosotros no dejaremos de hacer nuestro trabajo.

Francisca Vargas Rivas
Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, UDP

Tomás Greene Pinochet
Abogado UC

Macarena Rodríguez Atero
Clínica Jurídica de Atención a Migrantes UAH

Eduardo Cardoza
Secretario Ejecutivo
Movimiento de Acción Migrante

Pablo Valenzuela Mella
Director Social
Servicio Jesuita a Migrantes

Publicado en Clínicas Jurídicas

Marcelo Montero, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos UDP, tienen el agrado de invitar cordialmente al seminario y lanzamiento de una publicación acerca de los efectos de la violencia sexual sobre mujeres y niñas. Más información en la siguiente imagen:

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Viernes, 11 Mayo 2018 00:00

Migrar como derecho humano

*Carta al Director publicada originalmente el 08 de Mayo en El Mostrador.

Señor Director:

Me he tomado la libertad de hacer parte de la discusión suscitada tras las columnas de Juan Ignacio Gómez, quien respondió a otra de Daniela Aceituno y Paulina Morales, en relación a la existencia —o no— del derecho humano a migrar.

Me parece que se equivoca el Sr. Gómez al afirmar que existe el derecho a migrar pero que aquello no implica el la obligación de un Estado de recibir.

Se equivoca, primero, porque es lógicamente imposible pensar que quien sale de su país irá a “la tierra de nadie”. Lo cierto es que el derecho a salir implica, en su misma naturaleza, que se ingresará en un nuevo territorio. Es decir, si yo quiero respetar el derecho de una persona a salir de un país, entonces la única forma de hacerlo es permitiéndole ingresar a otro.

¿Significa esto que la persona decide qué requisitos deberá cumplir en el país que elija pensando en la migración voluntaria o presuntamente voluntaria a la que se refiere el Sr. Gómez? No, y es que por supuesto que no existe un derecho a ingresar a cualquier Estado sin restricciones, aunque haya doctrina especializada que de argumentos para entender que las fronteras abiertas —en el sentido de existencia de requisitos mínimos de ingreso a un país— son una buena idea.

Los Estados, desde su soberanía, pueden decidir quiénes ingresan y quiénes no, pero no es correcto pensar que esta potestad es tan abierta que permite decidir sin motivación o —lo que es lo mismo— no es correcto decir que frente a la soberanía de un Estado la persona migrante no tiene derecho alguno, que es hacia donde el Sr. Gómez parece apuntar. El ejercicio de la soberanía encuentra como límite los derechos humanos de las personas, establecidos, por ejemplo, en tratados internacionales ratificados y vigentes.

De ahí que los Estados no pueden establecer requisitos de ingresos arbitrarios o discriminatorios en atención a la nacionalidad de una persona o color de piel, solo por dar algunos ejemplos. Es en este sentido que entendemos la existencia de un derecho a migrar, como un derecho a ingresar a un territorio de un Estado cumpliendo requisitos razonables y en igualdad de derechos que otras personas.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior —y desde un entendimiento de la migración desde la óptica de los derechos humanos— podríamos hablar de la existencia actual de una migración forzada que queda fuera de la definición de refugiado y cómo el Estado debe hacerse cargo de esta realidad, pero aquello excede al espacio de esta intervención.

Francisca Vargas Rivas
Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, Universidad Diego Portales

 
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