Elementos filtrados por fecha: Noviembre 2018

Este artículo fue publicado originalmente el 27 de Noviembre en El Mostrador.

"Entre junio de 2017 y el mismo mes de 2018 se desarrollaron situaciones que afec­tan positivamente el ejercicio de estos derechos, en particular en los ámbitos de la participación política y de la autonomía reproductiva", precisó Gloria Maira, quien redactó el capítulo enfocado en los derechos de las mujeres."

El Informe Anual sobre DD.HH. 2018 que realiza el Centro de DD.HH. de la Facultad de Derecho UDP incluye un capítulo sobre mujeres género, en el que, según el resumen escrito por Gloria Maira, se "revisan los eventos más importantes del año que tienen relación con los derechos humanos de las mujeres".

"Entre junio de 2017 y el mismo mes de 2018 se desarrollaron situaciones que afec­tan positivamente el ejercicio de estos derechos, en particular en los ámbitos de la participación política y de la autonomía reproductiva", precisó Maira.

Y agregó: "A continuación, se da cuenta tanto del importante aumento del núme­ro de mujeres parlamentarias como resultado de la aplicación de un criterio de paridad en la conformación de las listas de candidaturas, como de la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales específicas. Estos dos hechos –o más bien, los accidentados caminos para su concreción– marcaron gran parte de la agenda de género durante 2017”.

El capítulo, titulado "Derechos humanos de las mujeres: avances en los derechos de las mujeres desafían obstáculos estructurales de la desigualdad, la discriminación y la violencia, explica que el "cambio de año no muestra ninguna merma en la movilización de las mujeres por sus derechos: en efecto, el primer semestre estuvo marcado por las tomas y paros en universidades y colegios de todo el país liderados por las jóvenes estudiantes en demanda de respuestas efectivas a la violencia contra las mujeres en los espacios educativos y de avances en materia de educación no sexista".

Cabe destacar que el informe completo será lanzado el lunes 3 de diciembre de 13:00 a 14:30.

 

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Los dejamos invitados e invitadas al lanzamiento del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2018, toda la información a continuación:

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Estimadas y estimados colegas y amigos,

Junto con saludarles, tenemos el agrado de adjuntar una nueva edición de nuestro boletín sobre avances y noticias en verdad, justicia, reparación y memoria en Chile y la región. Este boletín, n° 48, cubre el periodo julio y agosto de 2018.

El proximo lunes, 3 de diciembre, a las 13,00 hrs, será lanzado el Informe Anual DDHH en Chile 2018 de la UDP, que contiene un capítulo dedicado a justicia transicional, realizado por el equipo del Observatorio. La actividad se realizará en la Aula Magna de la Facultad de Derecho, UDP, Republica 105. La actividad es abierta y gratuita, por favor inscríbanse de antemano en el correo: derechoshumanos@mail.udp.cl

Luego del lanzamiento, tanto el mencionado capítulo como los demás capítulos tematicos del Informe, estarán disponibles para bajar (sin costo) en este sitio web.

Les saluda cordialmente,
Equipo Observatorio de Justicia Transicional
Universidad Diego Portales


Descargas:
Boletín N°48 del Observatorio de Justicia Transicional

 
Sábado, 24 Noviembre 2018 00:00

[VIDEO] Arauco tiene Músicos

Les compartimos este video, realizado por distintos músicos chilenos alrededor del mundo, demostrando su pena por el conflicto mapuche:

 

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Este artículo fue publicado originalmente el 19 de Noviembre en el sitio web de El Mercurio, donde se puede leer en su totalidad.

La abogada Ester Valenzuela ejemplifica: "Cuando se construyen carreteras o metros nadie dice tenemos $400 millones, sino que todo el mundo mira estándares técnicos para no poner en riesgo a personas" y con la infancia debiera hacerse lo mismo, porque "se ha visto que corre riesgo la vida".


Cada año la Universidad Diego Portales realiza un informe de Derechos Humanos, dividido en capítulos. Uno de ellos, analiza los principales hechos ocurridos entre julio 2017 y julio de 2018 en materia de derechos de los niños y adolescentes. Incluye la revisión de sentencias, proyectos de ley, indicaciones, oficios, reglamentos, políticas públicas y otros hechos de connotación social, que han dado lugar a reacciones desde los distintos poderes del Estado, como es el caso del Acuerdo Nacional de la Infancia.

El Presidente Sebastián Piñera puso en su discurso la expresión "los niños primero" para transmitir la priorización que daría a la infancia en su administración y esta semana la discusión legislativa estuvo centrada en la eliminación que realizó la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados al financiamiento de una ley corta -impulsada por el Gobierno- que buscaba aumentar el aporte fiscal a los organismos colaboradores de Sename.

Los investigadores de la casa de estudios, las profesoras Ester Valenzuela y Macarena Arismendi, abordan estas y otras materias, aunque respecto de subvenciones -aclaran- el capítulo se cerró antes del reciente traspié en el Congreso de la iniciativa relacionada con las residencias privadas.

Declaración de intenciones

Entre las conclusiones a las que arriba el informe UDP se encuentra una reflexión que vincula el discurso político con las mejoras que en concreto pueden verse en las condiciones de vida de los menores de edad al cuidado del Estado.

Y, sobre ello, advierte el reporte: "Es cuestionable la afirmación de que los niños, niñas y adolescentes están primero, ya que pese a las numerosas iniciativas legislativas, planes y políticas públicas dirigidas a ellos, hasta ahora, no es posible afirmar que se han mejorado o subsanado las vulneraciones en temas de infancia en Chile".

-¿Hablamos de avanzar hacia una administración directa total o solo de endurecer la supervisión de los privados?

-Eso es más bien de ideología política. Hay un sector del país que dice que todo debe estar administrado por el Estado y otro que siente que la gran mayoría debiese estar en manos de privados. Yo personalmente -dice Valenzuela- creo en un sistema mixto, que es lo que muestra también la experiencia internacional, con un Estado que va a ser garante de supervisar adecuadamente. Esa supervisión sí o sí tiene que ser del Estado, no puede quedar en manos de privados sin esa supervisión.

El problema de la ley corta

El capítulo critica también que la actividad desplegada por la autoridad en distintos ámbito vinculados con la infancia "mientras se insiste con aumentar las subvenciones, la experiencia internacional señala que se requiere establecer estándares de funcionamiento de las residencias y programas que atienden a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, todo bajo una fuerte supervisión del Estado".

La académica afirma que en el caso de un aumento de subvenciones es clave garantizar que los destinatarios de esos fondos serán los niños y pone un ejemplo con el 80 bis, que es el artículo que permite a los tribunales ordenar un sobrecupo para recibir a un niño en un centro.

Explica que "el Estado debe pagar el exceso de niños y eso no está pagado, hay una deuda súper importante al respecto, y ahí las organizaciones colaboradoras están haciendo magia para cubrir esos otros cupos. Ha pasado un tiempo excesivo y no les ha llegado la subvención para ello. Entonces al aumentar la subvención, eso con suerte va a ser para cubrir esa deuda que el Estado tiene". Por eso, apunta, es importante que haya una supervisión real de en qué se gastarán esos fondos.

Según el informe, en la actualidad habría aproximadamente 2.307 menores de edad en residencias de administración directa y 9.673 en centros residenciales, respecto de los cuales el Estado debiese cubrir la totalidad de sus necesidades en conformidad a estándares fijados por la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN) y los distintos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, cuestión que no sucede.

Eliminar "óptica punitiva"

También aborda el informe UDP el caso de los adolescentes infractores. En relación con ellos, concluye que es "esencial tener presente que provienen de contextos de vulneración, de pobreza multisistémica, por lo mismo es preciso hacerse cargo desde una mirada que considere su situación desde el enfoque de derechos de infancia y adolescencia y no privilegiar la óptica punitiva, a través del endurecimiento de penas".

Y, plantea el reporte, "falta incluir la perspectiva de género en la reflexión. Son muchas las problemáticas que implican una distinción entre niños y niñas". Un ejemplo, comenta Valenzuela, es cuando los menores de edad son víctimas de delitos sexuales, dado que mayoritariamente las afectadas son niñas y adolescentes.

-¿Qué es lo clave, lo primero a abordar, en materia de infancia?

-Hay que empezar a hablar de estándares y siempre pongo como ejemplo el que cuando se construyen carreteras o metros nadie dice tenemos $400 millones para construir esto, sino que todo el mundo mira estándares técnicos para no poner en riesgo a personas que se van a subir a ese metro o que van a andar por esa carretera. En este tema de las residencias y de las políticas públicas de infancia también se ha visto que corre riesgo la vida, entonces no entiendo por qué este país no ha empezado a hablar de estándares.

Además, dice, "hablamos de nueve mil, que como mucho podrá variar a 11 mil, y eso significa que no hemos sido capaces de hacernos cargo de un número acotado de niños".

 

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Este artículo fue publicado originalmente el 19 de Noviembre por La Tercera.

El documento de la U. Diego Portales analiza los hechos ocurridos entre junio de 2017 y julio de 2018. Según la autora del texto, que será lanzado en diciembre, “el asesinato de Catrillanca confirma que los temores no eran infundados”.

“Las indicaciones para modificar esta ley (Antiterrorista) y la creación del ‘Comando Jungla’, nos parece que no van en la línea de respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas, y no hacen más que profundizar las diferencias de tratamiento entre la población mapuche y el resto de la comunidad nacional”. Esta es una de las conclusiones sobre el capítulo referido a materia indígena del Informe Anual sobre Derechos Humanos 2018, realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), y que será lanzado el 3 de diciembre.

El cuestionamiento al Grupo Táctico de Carabineros, compuesto por 80 policías que se capacitaron en Colombia y que hoy está destinado a la macrozona de La Araucanía, se da en un contexto complejo, luego de que el miércoles pasado Camilo Catrillanca (24) falleciera producto de un disparo, en el marco de un operativo de este grupo en la comunidad Temucuicui.

Sobre esto, la autora del informe, Antonia Rivas, abogada y doctora en Antropología, dijo que “un comando policial especializado, altamente militarizado y entrenado en Colombia en un contexto de narcotráfico y conflicto armado -muy distinto a lo que ocurre hoy en el sur de Chile- no va en la línea de respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Agregó que “ya era preocupante al momento de escribir el informe, el poder de armamento, el foco exclusivo en el pueblo mapuche y el enfoque de militarización en el que se anunció que operaría el Comando. El asesinato de Camilo Catrillanca confirma que los temores no eran infundados”.

El documento señala, además, que “Chile aún incumple las recomendaciones de los órganos internacionales que han solicitado, en innumerables ocasiones, la no utilización de la Ley Antiterrorista (…) contra el pueblo mapuche, puesto que significa un atropello a sus derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso, y no ha sido eficaz en poner fin a la violencia en el sur”.

Se agrega que lo que pasó con la denominada Operación Huracán “debe ser considerado como una importante lección a futuro”. Este procedimiento policial, realizado por los miembros de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de Carabineros durante septiembre de 2017, se tradujo en la detención de ocho comuneros mapuches por ser los supuestos autores de ataques incendiarios en La Araucanía. Tiempo después se comprobó que era parte de un montaje realizado por efectivos de Carabineros, implantando evidencia falsa en los celulares de los imputados.

Sobre esto, el informe señala que es “fundamental que el Estado tome todas las acciones necesarias para esclarecer el verdadero alcance de las irregularidades e ilegalidades cometidas por Carabineros en el marco del caso Huracán y de otros que puedan surgir, puesto que dicho actuar arroja un importante manto de duda sobre todas sus intervenciones en casos relacionados con los miembros del pueblo mapuche, en los últimos años”.

También se denuncia una serie de hechos de violencia en contra de mapuches durante el periodo observado por el informe, entre junio de 2017 y julio de 2018. “Los casos mencionados permiten configurar que en el sur del país, en especial en la región de La Araucanía se constatan importantes situaciones de violencia policial, que configuran violaciones a los derechos a acceso a la justicia, la presunción de inocencia, y la integridad física de numerosas comunidades y personas indígenas frente al actual de Carabineros”, dice el texto.

Para Juan Carlos Reinao, presidente de Asociación de Alcaldes Mapuches, “el grupo académico en el informe está en lo correcto. Lo grave que puedo agregar es que el daño que ha hecho el ‘Comando Jungla’ en estos meses es irreversible. Es un error político hacer un equipo de policías especializado para abordar la problemática que tiene el Estado chileno con los pueblos originarios”.

Por su parte, el senador RN por La Araucanía, José García Ruminot, dijo que “este informe termina siendo completamente parcial y no refleja para nada lo que es el sentimiento mayoritario de la población de La Araucanía, que quiere pide seguridad y protección y que respaldemos a Carabineros. Me sorprende que estén tan alejados de lo que piensa la mayoría de la región”.

En la misma línea, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida aseguró que “el ‘Comando Jungla’ es una necesidad imperiosa reclamada por muchas personas que viven en la Novena Región y que claman por la presencia del Estado para mantener la paz social. Por eso no puedo estar más en desacuerdo del informe de Derechos Humanos de la UDP”.

Desde Carabineros, indicaron que “no manejamos el informe. Por tal razón no podremos referirnos. No obstante, una vez recibido, lo estudiaremos y analizaremos, toda vez que este informe de esta prestigiosa casa de estudios superiores es un gran aporte para mejorar nuestros servicios a la comunidad”.

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Ante los presidentes y las presidentas de las empresas de propiedad del Estado chileno, la profesora Judith Schönsteiner presentó los resultados principales de la investigación sobre las obligaciones de derechos humanos que éstas detentan, desarrollados en el marco del proyecto Fondecyt 11150853.

A la actividad, que fue convocada por el Contralor General de la República, Jorge Bermudez, y por la AlianzaAnticorrupción UNCAC, asistieron, entre otros, la presidenta de ENAP, los presidentes de Banco Estado, Codelco, Econssa, Metro, y de casi todas las empresas portuarias y otras empresas reunidas en el Sistema de Empresas Públicas (SEP). El presidente de ésta última, Ricardo De Tezanos Pinto, destacó la importancia de la percepción ciudadana que rige a las Entidades Públicas Empresariales (EPE), ya que se les exige más que a una empresa privada al ser propiedad de todos los ciudadanos.

Por su lado, el Contralor Bermudez hizo énfasis en que la lucha contra la corrupción no solo es una lucha contra el fraude y los conflictos de interés, sino que también contra el trabajo mal hecho, a costa del presupuesto público. En tanto, Marcela Ríos del PNUD explicó la importancia de la lucha contra la corrupción y la integridad en las instituciones para el desarrollo.

La profesora Judith Schönsteiner, por su parte, desglosó la responsabilidad compartida que les compete a los distintos órganos del Estado -especialmente a los ministerios de Hacienda, Economía, Energía, Minería, Transportes y Desarrollo Social, por un lado, y los directorios de las EPE por el otro- para implementar la debida diligencia en Derechos Humanos requerida por la ONU. A través de ella, se debe lograr la prevención de las violaciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos, culturales y ambientales. Para las EPE, ese respeto preventivo no es voluntario o simplemente recomendable por razones reputacionales, como para las empresas privadas, sino una obligación de derecho internacional en la medida que ejercen funciones públicas o sean controladas por el Estado.

Según la profesora Schönsteiner, el control estatal se manifestaría de distinta intensidad, pero sería reconocible especialmente por el control presupuestario y la aprobación de las decisiones estratégicas sobre proyectos, créditos e inversiones que ejercen los ministerios. Ambas expositoras, al igual que De Tezanos Pinto y el Contralor Bermudez, hicieron hincapié en el liderazgo de los y las presidentes y presidentas para instalar culturas respetuosas de la integridad y de los derechos humanos en la variedad de EPE que existen.

Para Judith Schönsteiner, quien es investigadora del Centro de Derechos Humanos, la actividad fue un éxito y es muy importante porque se logró conversar “a más alto nivel de las empresas”, tal como exigen los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos sobre esta materia que, a futuro, definirá el juicio sobre los negocios del Estado.

Gerentes y gerentas

Respondiendo la reunión con las presidencias a parte de una serie de seminarios y conversaciones con las EPE, el 9 de noviembre fue el turno de los y las gerentes/as. Después de dos paneles que mostraron los riesgos y buenas prácticas en materia de la lucha contra la corrupción, la profesora Schönsteiner explicó cómo se debe entender la prevención en materia de Derechos Humanos y en qué medida se requiere de las mismas herramientas de implementación que la primera, razón por la cual se recomendaría una estrategia combinada. Además, indicó, está comprobado que un alto nivel en corrupción aumenta el riesgo en materia de Derechos Humanos. Adicionalmente, en el caso de las EPE, la mal administración de los recursos mediante el nepotismo, amiguismo o la mala calidad del trabajo impacta directamente en la menor capacidad del Estado de adoptar políticas sociales que garanticen los Derechos Humanos.

El trabajo de la Alianza Anticorrupción en esta materia seguirá en marzo con talleres de profundización. Antes, el 23 de octubre, la misma alianza organizó el seminario “Luchar contra la corrupción con enfoque de derechos humanos”, con el cual dio inicio al Programa de Integridad para Empresas Estatales, donde expuso la profesora Schönsteiner y el Decano de Derecho UDP fue moderador.

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La profesora y miembro del Centro de DD.HH., Judith Schönsteiner, expuso en el seminario “Luchar contra la corrupción con enfoque de derechos humanos”, el cual dio inicio al Programa de Integridad para Empresas Estatales impulsado por la Alianza Anticorrupción UNCAC, que es liderada por la Contraloria y el PNUD, y que cuenta con el apoyo del comité de empresas SEP, la oficina regional para America del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. y el Centro de Derechos Humanos UDP.

El objetivo del evento, que se realizó en el auditorio de la Contraloría el pasado 23 de octubre, fue reflexionar sobre la relevancia de las empresas de propiedad estatal en la construcción de una cultura de integridad, buen uso de recursos públicos y de respeto a los DD.HH.

En el panel también estuvo el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; Alberto Flores, Chief Financial Officer de Siemens y Caio Magri, Director del Instituto Ethos de Brasil. Este fue moderado por el Decano de la Facultad de Derecho UDP, Marcelo Montero.

La profesora Schönsteiner afirmó que los Derechos Humanos deben ser un criterio para un buen gobierno corporativo. “Es importante que los directorios actúen en esta materia, porque los riesgos en Derechos Humanos son riesgos para las personas, pero también para el negocio”, dijo. A partir de este razonamiento, expuso los resultados principales de la investigación sobre empresas de propiedad del Estado, responsabilidad directa del Estado y derechos humanos que realizó en el marco de un proyecto Fondecyt de Iniciación (Nº 11150853) del cual ha sido investigadora principal. Se puede ver su presentación acá.

Este programa también considera la realización de una mesa de trabajo con los presidentes de los directorios, el jueves 8 de noviembre, y un seminario para gerentes el viernes 9 de noviembre.

Junto con la CGR y el ACNUDH, la profesora Judith Schönsteiner elaboró material informativo para las empresas de propiedad del Estado que ayudará a implementar la debida diligencia en materia de derechos humanos. Este material está disponible aquí.

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