Elementos filtrados por fecha: Noviembre 2016

Gobierno, jesuitas y otros entes efectuaron operativo para resolver casos de hijos de foráneos nacidos en Chile y que eran apátridas.

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La penalización del aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Desde (…) Frei hasta al actual Presidente Piñera lo saben, (…) lo escucharon de primera mano en distintos foros de Naciones Unidas.

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Lunes, 28 Noviembre 2016 00:00

Participación de la Mujer en la Academia

Las mujeres, en la academia, debemos hacer opciones difíciles (…). La igualdad de oportunidades resulta ser una quimera cuando no se desmantela la discriminación estructural en contra de las mujeres.

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El Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), lanza su Boletín informativo N° 37, que da a conocer noticias de Chile y la región referente a los meses de septiembre y octubre del 2016, en relación con los temas de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria. Como es habitual, se recopila en detalle las sentencias y demás actividades judiciales de los tribunales chilenos en los juicios en causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de 1973-1990. 

Además, el día 8 de noviembre se lanzó el Informe Anual de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la UDP para 2016, el cual contiene un capítulo de autoría del equipo Observatorio comentando los principales hitos del periodo y enfocándose, en particular, en las temáticas de la búsqueda de personas desaparecidas y las deudas pendientes en materia de reparación a sobrevivientes.  Adjuntamos, junto a este boletín, una copia en PDF del Informe. 

También está disponible para bajar gratis en el siguiente enlace:

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2016/Collinsyotros_verdadyjusticia.pdf

El Informe en su totalidad está disponible capítulo por capítulo, o en forma íntegra, en:

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/informe-ddhh-2016

Por otra parte, entre el 23 y el 25 de noviembre el Observatorio participa, representada por Cath Collins, en el III Congreso Internacional sobreJusticia Transicional en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. En este encuentro se realizará además la reunión anual de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional, de la cual el Observatorio es miembro fundador. Sitio web del Congreso como su programación en el enlace:

http://cjtufmg.wixsite.com/iiicisjt

Finalmente, queremos destacar y agradecer el enorme aporte que realiza, tanto en la elaboración de estos Boletines como en múltiples otras labores para el Observatorio, nuestro investigador jurídico Boris Hau, quien, a partir de principios de 2017, se encontrara fuera de Chile realizando estudios avanzados en DDHH en la Universidad Autónoma de Madrid, España.  Boris seguirá colaborando con nuestras actividades y publicaciones a distancia, entre ellas, este boletín.  Junto con desearle todo éxito en sus estudios, le agradecemos tanto la generosa colaboración ya prestada como su disposición y decisión de seguir, en paralelo, participando en nuestro equipo. 

Nuestros saludos cordiales, junto con nuestros mejores deseos por la labor que realizan a favor de la verdad y la justicia,

Equipo del Observatorio JT

(Cath Collins, Boris Hau, y Camila Varela)

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El 88% de los niños y niñas y adolescentes indígenas en el país no habla ni entiende su lengua originaria.

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Hoy en día es un desafío central en materia de derechos humanos el determinar cómo se avanza en la construcción de un Estado en el cual la forma habitual de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas se haga desde un enfoque de derechos humanos. La reciente creación, aun no implementada, de la Subsecretaría de DDHH, que tendrá como función coordinar esa acción, es por ello determinante y debe ser celebrada.

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Columna de opinión publicada en La Tercera, 16 de noviembre de 2016.

Cuando el Estado decide proveer servicios de salud, pensiones, cuidado personal o educación a través de instituciones o personas privadas, no se desliga por esto de su responsabilidad de garantizar los derechos humanos que están asociados a estos servicios. Más precisamente, mantiene el deber de garantizar el derecho a la salud, la seguridad social, la integridad física y psíquica; tal como el derecho a la privacidad, y el derecho a la educación. No puede adaptar políticas públicas que no tengan los mecanismos adecuados para estas garantías. En Chile, según el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP que se dio a conocer recientemente, hay considerables falencias en relación a este tema.

Principalmente, la definición del contenido y alcance y el ejercicio de balance de estos derechos con la propiedad, la libertad de emprendimiento y la libertad de enseñanza, no siempre corresponden al derecho internacional de los derechos humanos que Chile ha ratificado. Así los derechos como a la educación, la salud, o a la integridad, no se protegen eficazmente. El Informe destaca, recogiendo datos de la Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos que elaboró el mismo Centro de Derechos Humanos de la UDP, cómo la regulación en Chile es insuficiente para orientar claramente a los emprendedores privados que participan de la provisión de los servicios tan necesitados.

Vemos las consecuencias más tristes e impactantes en algunos centros que colaboran con el Sename (tal como en las instituciones públicas del Sename mismo), donde los niños, niñas y adolescentes (NNA) sufren abusos, descuido, abandono, y así, múltiples violaciones de sus derechos, incluyendo al derecho a la vida. También en las pensiones bajísimas que se pagan en el sistema privatizado de pensiones, las que en comparación con el costo de vida – la canasta básica – no son suficientes ni siquiera para proveer el derecho a la alimentación y el acceso al transporte. Asimismo, se han denunciado violaciones del derecho a la integridad y a la vida de adultos mayores, en contextos de abandono y descuido, en hogares que deberían ser autorizados, supervisados y fiscalizados por las autoridades públicas para justamente, evitar ese tipo de violaciones.

Los abogados de derechos humanos hablan de las obligaciones horizontales que tiene el Estado, a saber, el deber de asegurar de que entre privados no haya violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, en estas situaciones recién descritas, el deber de cuidado del Estado es mayor, porque la razón de por qué estos servicios se proporcionan por entes privados, es que el mismo Estado ha delegado su propia obligación consagrada por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en estas instituciones privadas. Que se entienda bien, tiene la discreción de hacerlo; lo que no está a su discreción es dejar de vigilar por el respeto y las garantías a las que se comprometió.

Así, si los mecanismos de prevención, fiscalización y acceso a la justicia son débiles, especialmente, en relación al cuidado de los NNA (entidades colaboradoras del Sename) y el cuidado de los adultos mayores, el Estado simplemente no es capaz de cumplir con su obligación.

Pero no es únicamente del Estado la responsabilidad,  sino de la misma empresa proveedora tiene – tal como ya se está viendo en el sector extractivo y del retail – responsabilidades en materia de derechos humanos. Ésta debe adoptar una política de derechos humanos, mecanismos de debida diligencia para identificar, mitigar, remediar e informar sus impactos negativos y positivos en materia de derechos humanos, e instalar los mecanismos internos de queja y denuncia que sean requeridos. Esas medidas refuerzan la capacidad de la empresa de cumplir con lo que el Estado debería pedirle a través de la regulación sectorial. Lo ideal sería que fuera el Estado quien claramente comunicara las expectativas en materia de política y debida diligencia de derechos humanos (a saber, los mecanismos internos de gestión para mejor cumplir). Por un lado, porque así no habría ventajas o desventajas en la libre competencia entre las instituciones colaboradoras; y por otro, considerando que tiene un claro interés de no dejar en manos de privados su propio deber de garantizar los derechos humanos.

Ante ese escenario, el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP hace tres recomendaciones: primero, elaborar un plan de cierre de brechas regulatorias en cada cartera, a la luz de criterios de urgencia en materia de derechos humanos; segundo, efectuar un estudio sobre acceso a la justicia en materia de empresas y derechos humanos, en el contexto de los desafíos estructurales del sistema chileno de administración de justicia y finalmente, reformar el sistema de fiscalización, para garantizar la prevención y la protección ante las violaciones de los derechos humanos.

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El estudio plantea que el derecho a la vivienda debiera ser reconocido constitucionalmente. Asimismo, aborda los derechos laborales del gremio, el escaso avance en la nueva institucionalidad de infancia y los derechos de las personas intersexuales.

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Lunes, 14 Noviembre 2016 00:00

Las deudas del Estado en Derechos Humanos

Columna de opinión publicada en Publimetro, 14 de noviembre de 2016.

De reciente publicación, el Informe Anual sobre derechos en Chile de la Universidad Diego Portales se centra en aquellos aspectos de nuestra vida social considerados de particular gravedad por su carácter estructural o invisibilidad. En el primer caso están las casi 40 mil familias que habitan en campamentos, sin acceso a servicios básicos y a un medioambiente sano. Ello viola el derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile, el cual obliga al Estado a garantizar ese mínimo, que debiese ser reconocido constitucionalmente.

En el caso de las personas intersex (que nacen con un sexo biológico indeterminado), se trata de uno de los grupos LGTBI cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile. Tanto así, que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas.

En materia de infancia, es particularmente grave la forma en que el Estado trata a los niñas, niños y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo. A 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), resulta inaceptable que Chile siga sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales de derechos humanos. Urge aprobar el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, el cual no debiera depender de la disponibilidad presupuestaria del Estado, tal y como aparece en la iniciativa.

Tampoco podemos seguir soportando paros ilegales de incierta duración cada vez que se negocia el reajuste salarial de los funcionarios públicos. Una legislación moderna con enfoque de derechos humanos nos lleva a reconocer su derecho a la sindicalización, negociación colectiva y a huelga, aunque admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición- en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término.

El resto de las temáticas abordadas este año se refieren a las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres; a la multiculturalidad en el sistema educacional; a mayores garantías legales para migrantes, y a verdad, justicia y memoria por violaciones a los DDHH en tiempos de dictadura, único capítulo que se mantiene desde los inicios de la publicación.

El informe está disponible en www.derechoshumanos.udp.cl

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Documento asegura que algunos de estos profesionales piden la autorización de la pareja e imponen sus creencias éticas y religiosas al paciente.


 Noticia publicada en La Segunda, 8 de noviembre de 2016

 

"Eres muy joven". "Después te puedes arrepentir". "Es necesaria la autorización de tu pareja".

Con estos argumentos -que se leen en el 12º Informe sobre Derechos Humanos, realizado por la Universidad Diego Portales (UDP)- algunos médicos, matronas y personal de la salud, obstaculizan que mujeres accedan a la esterilización mediante la ligadura de trompas o de manera farmacológica cuando deciden no tener más hijos o si su proyecto de vida no contempla la maternidad.

Así lo reveló el documento que fue elaborado a partir de entrevistas a profesionales de la salud, revisión de datos empíricos y jurisprudencia nacional e internacional.

"Son preocupantes los problemas que enfrentan las chilenas al solicitar este procedimiento, como por ejemplo, el déficit estructural en el servicio público (faltan anestesistas y horas de pabellón), las creencias de los médicos y matronas, y la falta de formación técnica y ética de los profesionales de la salud", dice la investigadora del estudio, Lidia Casas.

Plantea que "en diversas oportunidades son los médicos y matronas quienes niegan u obstaculizan el acceso al procedimiento porque existe la creencia en un sector de la comunidad médica y del personal de salud que ellos siempre están en mejores condiciones que la mujer para decidir. Piensan que las mujeres no son conscientes de sus decisiones, no creen verdaderamente en su autonomía reproductiva, y la decisión de esterilizarse es una de ellas. Esta debe ser libre, informa y voluntaria".

Recuerda que "a partir de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán (1968) es considerado un derecho humano básico determinar libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos, lo que ha sido reafirmado en tratados internacionales".

Exigen permiso de la pareja

Casas -quien es abogada- detalla que otra barrera de acceso detectada en el estudio es que algunos médicos y matronas piden que la pareja o el esposo participe en la decisión: "Eso es violatorio de la dignidad de la mujer, porque impone el veto marital sobre la decisión femenina".

Entre 1975 y 2000 la esterilización en Chile exigía que la mujer contara con la autorización del esposo y tener un mínimo de tres hijos. "Esto cambió cuando Bachelet en su calidad de ministra de salud reconoció la autonomía de la mujer para tomar este tipo de decisiones, y que sólo en el sexo femenino descansaba la decisión de tener o no más hijos".

Actualmente, dice Casas, se plantea la posibilidad de promover la vasectomía (ligamentos de conductos en los hombres) como otra opción: "Aún hay un sector de chilenos que les cuesta entender que hay hombres y mujeres que no desean ser padres. Uno de los urólogos entrevistados decía quienes le solicitaban vasectomías eran varones de más de 30 años, bien informados, con buen nivel educacional y claridad de que no desean tener un hijo. Además, la vasectomía es una operación ambulatoria, que no demora 15 minutos y es menos invasiva y riesgosa que la ligadura de trompas".

Pero además, advierte la investigadora, hay un tercer factor que juega en contra de las mujeres: la falta de capacitación de las nuevas generaciones de profesionales de la salud en este tema. "Ginecoobstetras y matronas entrevistas nos comentaron con preocupación que han detectado grupos de profesionales que egresan de universidades de élite, que no sólo carecen de formación técnica, ya que no cuentan con conocimiento práctico de métodos anticonceptivos, sino también de formación ética, pues intentan imponer sus creencias a los pacientes y no tienen capacidad para ponerse en el lugar de otro".

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