Viernes, 25 Mayo 2018 00:00

La responsabilidad del Estado de investigar ex officio Destacado

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Columna publicada en El Mostrador, 25 de mayo de 2018

El Estado no se puede quedar inerte ante las revelaciones y la posible existencia de redes criminales y de encubrimiento al interior o al amparo de un organismo privado, incluso si este está protegido por la libertad religiosa. Esta no puede conllevar nunca privilegios en el derecho penal.

El fin de semana, por los medios televisivos, nos hemos enterado de lo que podría constituir un “segundo caso Karadima”, si se comprobara el vínculo entre la “Familia” –un grupo de sacerdotes que entre sí se denominan, según los antecedentes entregados, “abuela”, “hijas”, “nietas”, y “sobrinas”–, los casos individuales de abuso sexual denunciados y la inacción, por al menos un año, del obispado de Rancagua, que constituiría, eventualmente, encubrimiento o, por lo menos, imprudencia temeraria o negligencia grave, por no pasar la información a la Fiscalía competente. Ciertamente, se trata de un gravísimo caso que requiere todo el esclarecimiento de parte de la jerarquía eclesiástica y de las instituciones civiles.

Más allá de las responsabilidades penales y civiles que atañen al caso, individual e institucionalmente, nos parece importante hacer un análisis que podría tener implicancias para otros casos de los cuales aún no sabemos y que podrían llegar a la luz. Primero, el alcance de la responsabilidad del Estado de investigar ex officio; segundo, la responsabilidad de los medios de comunicación de informar sin prejuicios discriminatorios; y tercero, la responsabilidad de los y las fieles de activar los canales apropiados para sus denuncias.

Respecto al primer punto, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha ratificado, el Estado debe investigar, sancionar, y prevenir todas las violaciones de derechos humanos de las que obtiene conocimiento, ya sea por denuncia directa o por enterarse por los medios de comunicación u otras vías. En el caso particular de Rancagua, los antecedentes fueron remitidos el pasado sábado a la Fiscalía por parte del obispado, un año después de recibir las primeras denuncias.

Sin embargo, considerando las estructuras de poder en la jerarquía católica, el hecho de que los casos no están reducidos a una diócesis y que ha sido sumamente complejo que la jerarquía de la Iglesia comprenda las implicancias de sus actitudes al respecto, el Estado debería también investigar si las redes de quienes cometieron o encubrieron tales crímenes, alcanzan a otras diócesis. El Estado, según mi opinión, tiene suficientes antecedentes como para tener el deber de investigar ex officio (o sea, sin denuncia de particulares), la posible existencia de otras redes similares. Eso, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre casos que involucran a privados e instituciones privadas, lo requiere la debida diligencia a la que está obligado el Estado.

Esta responsabilidad, según el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, también la tiene la Santa Sede, por lo menos en relación con todo su staff directo y diplomático. Esto sería en Chile, por lo menos, el cardenal Errázuriz, por su rol en la comisión de los nueve cardenales para la reforma de la curia, y el nuncio, Ivo Scapolo. No estaríamos hablando de una responsabilidad de derecho eclesiástico disciplinario, sino de derecho penal eclesiástico que habría que dirimir. En este sentido, existe también una clara responsabilidad de cooperación con el Estado chileno.

En cuanto al segundo punto, los medios de comunicación han señalado la supuesta existencia de una red de homosexuales llamada la “Familia”, sin entregar, en mi opinión, suficiente información sobre si esta red estaría constituida enteramente por personas pedófilas. Solamente la pedofilia y su encubrimiento son delitos en Chile; sugerir que la simple característica de “homosexual” conllevaría la pedofilia, constituye discriminación directa, que ofende a muchas personas –en este caso, hombres– homosexuales que viven su sexualidad sin cometer delito alguno.

Ciertamente, relaciones homosexuales consentidas entre sacerdotes adultos están prohibidas según derecho canónico; sin embargo, mientras no se compruebe abuso de poder, acoso o violación, no estaríamos ante delitos de la justicia civil y solamente la institución eclesiástica tendría competencia. En este sentido, valorando el enorme trabajo de los medios hacia el descubrimiento de la verdad sobre los delitos denunciados, los y las periodistas tienen una responsabilidad de informar sin reiterar prejuicios societales o eclesiales.

Sobre el tercer punto, valorar la valentía de las mujeres y hombres que denuncian, e insisten cuando no se les cree. Pero, también, los y las fieles, incluyendo a los sacerdotes que han empezado a denunciar públicamente, por la frustración de no haber sido escuchados por la Nunciatura, tienen (tenemos, ya que la autora es católica) la responsabilidad de usar los canales correctos para las denuncias. Si creemos estar ante un delito, la única vía apropiada –y, además, obligatoria para no caer nosotr@s mism@s en posible encubrimiento– es la denuncia ante las autoridades estatales.

Las parroquias, vicarías, obispados y otras instituciones religiosas necesitan y muchas veces ya tienen protocolos de prevención, y protocolos internos para apoyar las denuncias; sin embargo, el lugar correcto para interponer una denuncia de posibles delitos es la Fiscalía o Carabineros, tal como corresponde en relación con cualquier otra persona o institución privada, especialmente, en caso de que la autoridad eclesial o laboral podría no responder con la adecuada y debida diligencia, un problema que hemos claramente observado en el caso de la Iglesia católica.

Embarcarse en investigaciones personales, para obtener la “evidencia” que erróneamente haya solicitado la autoridad eclesiástica, en vez de encargar esta labor a las autoridades públicas especializadas y mandatadas, podría conllevar, por el lado de la persona que “investiga”, la comisión de faltas éticas o, incluso, de delitos, que ciertamente no habrán sido su intención.

En definitiva, el Estado no se puede quedar inerte ante las revelaciones y la posible existencia de redes criminales y de encubrimiento al interior o al amparo de un organismo privado, incluso si este está protegido por la libertad religiosa. Esta no puede conllevar nunca privilegios en el derecho penal.

 

Judith Schönsteiner

Profesora asociada de la Facultad de Derecho. Tiene un Doctorado en Derecho (2011) y un LL.M. en Derecho Internacional de Derechos Humanos (2006) por la Universidad de Essex, Inglaterra, y un M.A. en ciencia política por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania (2003). En 2001 y 2002, estudió en el Institut d’Etudes Politiques de Estrasburgo. Investigadora visitante del Max Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht (2012, 2016).

De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. Miembro del Comité de Edición del Anuario de Derecho Público. Participó de la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de las Personas en Situación de Discapacidad  (2014-2016). Miembro del Claustro del Doctorado en Derecho de la UDP. Alumna del Arts and Humanities Research Council (beca de doctorado), del Cusanuswerk (beca de pre- y posgrado). Socia del Essex Business and Human Rights Project. Consultora de CEJIL (2007).
 

Por encomienda del Instituto Danés de Derechos Humanos, ha elaborado el Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016), el primer trabajo de su índole en Latinoamérica. También ha estudiado las instituciones y procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos, y la implementación e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución Chilena (co-investigadora de Fondecyt Nº 1120909, con Javier Couso).

En la actualidad, investiga sobre las obligaciones estatales en el ámbito empresas y derechos humanos, más específicamente, sobre empresas estatales y derechos humanos (Fondecyt Nº 11150853, Responsabilidad directa e indirecta del Estado por acciones y omisiones de las empresas estatales en materia de derechos humanos).

Publicaciones

Revistas

  • Schönsteiner, J., “Attribution of State Responsibility for Actions or Omissions of State-owned Enterprises in Human Rights Matters”, University of Pennsylvania Journal of International Law, Volume 40, forthcoming (isi/scopus).

  • Schönsteiner, J., “El derecho internacional de los derechos humanos en el Tribunal Constitucional chileno: El mínimo común denominador”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile (Valdivia), Año 29, Vol. 1, 2016, 197-226 (scielo/scopus).

  • Schönsteiner, J. / Couso, Javier, "La implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Chile: Ensayo de un balance", Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Año 22, Número 2, 2015, pp. 315-355 (scielo).

  • Schönsteiner, J., Lovera, D., Beltrán y Puga, A., “Reflecting the human rights challenges of consolidating democracies: recent developments in the Inter-American System of Human Rights”, en: Human Rights Law Review Vol. 11, Issue No. 2, 2011, 362-389.

  • Schönsteiner, J., “Dissuasive Measures and the “Society as a Whole”: A Working Theory of Reparations in the Inter-American Court of Human Rights”, American University International Law Review, Vol. 23, No. 1, pp. 127-164.

  • Schönsteiner, J., “Alternative appointment procedures for the commissioners and judges in the Inter-American System of Human Rights”, Revista IIDH No. 46, San José, Costa Rica, 2007, pp. 195-215.

Capítulos en volúmenes editados

  • Schönsteiner, J. 2018, “Empresas y Derechos Humanos: lecturas a la luz del ius constitutionale comune, en: Von Bogdandy, A., et al. (eds.), ¿Del paradigma de la tension al paradigma del diálogo? El Ius Constitutionale Comune en Derechos Humanos en América Latina y el Derecho Económico Internacional, Editorial Jurídia UNAM. En imprenta.

  • Contreras, M. / Schönsteiner, J. 2017, Empresas sanitarias y derecho al agua, in: Vial, Tomás (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 99-162.

  • Schönsteiner, J. / Díaz, M. 2016, “Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2015", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 495-525. ISBN 978-956-314-367-6

  • Schönsteiner, J. 2016, “Brechas de Cumplimiento: Estado, empresas y derechos humanos”, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 123-171. ISBN 978-956-314-374-4

  • Schönsteiner, J. / Silva, V. 2016 / Alarcón, F. / Cisternas, P., Derecho a la Vivienda: los campamentos en Chile, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 81-121. ISBN 978-956-314-374-4

  • Schönsteiner, J. / Apiolaza, C. / Díaz, M. / Martínez, V. 2015, "Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 471-503. ISBN 978-956-314-337-9.

  • Schönsteiner, J. / Macari, M. / Rojas, C. / Vergara, A. 2014, "Reseña de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público 2014, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 589-617. ISBN 978-956-314-291-4.

  • Schönsteiner, J. / Barros, A. 2014, "Diligencia debida: proyectos de inversión, propiedad sobre los recursos naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas concernidos", en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 203-244. ISBN 978-956-314-978-956-314-374-4301-0.

  • Schönsteiner, J. / Paul, G. 2013, "Transitional Justice and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights", en: Michalowski, Sabine, Corporate Accountability in the Context of Transitional Justice, Routledge 2013, pp. 93-113.ISBN 978-0-415-52490-2.

  • Coddou, A. /Schönsteiner, J./ Vial, T. 2013, "La ley antidiscriminación en Chile: avances e insuficiencias en la protección de la igualdad y la no discriminación", en: Vial, T. (ed), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 285-309. ISBN 978-956-314-243-3.

  • Schönsteiner, J. / Aranis, K. / Benítez, D. / Macari, M. / Rey, B. 2013, "Revisión de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 548-581. ISBN 978-956-314-228-0.

  • Schönsteiner, J. / Benítez, D. / Fuentes, C. / Mariangel, S., 2012, "Algunos fallos emblemáticos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011”, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 515-539, ISBN 978-956-314-138-2.

  • Schönsteiner, J. / Hervé, D. / Meves, I. / Mariangel, S. 2012, “Violaciones a los derechos humanos y medioambiente en Puchuncaví-Ventanas”, en: Coddou, A. (ed.) Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 131-161. ISBN 978-956-314-190-0.

  • Schönsteiner, J. 2011, “Irreparable damages, project finance and access to remedies by third parties”, en: Leader, S. (ed.), Global Project Finance, Human Rights, and Sustainable Development, Cambridge University Press, 278-315. ISBN 978-0-521-76260-1.

  • Schönsteiner, J. 2010, Hacia mayor seguridad jurídica en la protección regional de los derechos humanos: las reformas procesales en el Sistema Interamericano, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 291-318. ISBN 978-956-314-099-6.

  • Schönsteiner, J. 2010, Responsabilidad empresarial y derechos humanos: el caso de la gran minería, en: Contesse, J. (ed.), Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago, pp. 407-448. ISBN 978-956-314-116-0. 

Otras publicaciones

  • Schönsteiner, J. et al., Estudio de Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, 2016, disponible en: www.derechoshumanos.udp.cl, 215 páginas.

  • Schönsteiner, J. / De la Maza, C. 2013, Amicus Curiae, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán contra Chile, San José Costa Rica, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 23 páginas.

  • Schönsteiner, J. 2013, Challenges for Chilean Investors. The Effects of the OCDE Guidelines for Multinational Enterprises. A Practical Approach, Informe para los Puntos Nacionales de Contacto de Noruega y Chile, Oslo / Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 32 páginas.

  • Schönsteiner, J. et al. 2012, Fortalecimiento de la Democracia y el Derecho de Acceso a la Información en Chile, Serie de Estudios No. 9, Fundación Konrad Adenauer, Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/libros, 78 páginas.

  • Schönsteiner, J./ Van Yurick, M.E., Comunidades Indígenas, Derechos Humanos y Empresas, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, sin editorial, 150pp. ISBN 978-956-362-188-4. Publicado.

Docencia en materia de derechos humanos:

  • Derecho Internacional de los Derechos Humanos

  • Derechos Económicos, Sociales y Culturales

  • Empresas y Derechos Humanos (pregrado y Magister)

  • Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Supervisión:

  • Inés de Ros (co-tutela con la Universidad Pompeu Fabra)

  • Cristóbal Carmona

Coordina el área “Empresas y derechos humanos” del Centro, creada en 2010.