Martes, 09 Mayo 2017 00:00

Inconsistencias políticas Destacado

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La legalización del aborto en tres causales ha suscitado una ardua discusión que es esperable en un tema en que hay legítimas diferencias en una sociedad. Por un lado habrá aquellos que consideran que a las mujeres no se les puede exigir conductas heroicas o de mártires que el derecho no le exige a ninguna otra persona, y la interrupción de un embarazo es una decisión individual de la mujer en su condición de sujeto autónomo y su proyecto de vida, que incluye por cierto abortar cuando el ser en gestación tiene malformaciones fetales graves que hace nula o casi nula su supervivencia fuera del vientre materno.

Por otro lado, habrá aquellos que defienden la sacralidad de la vida, y que ésta independiente de que ponga en riesgo la vida o la salud de una mujer deba mantener un embarazo, y que nadie tendrá derecho ni siquiera la madre de mantener esa gestación aunque sea lo único que mantenga vivo al feto. En la Cámara de Diputados la mayoría ha votado a favor, en general y en particular, de las tres causales, y en el Senado ya existe un apoyo general al proyecto. En estas semanas se irán votando cada una de las tres causales, que demás está decir concitan un amplio apoyo de la ciudadanía.

Este debate no es nuevo, pero cobra un nuevo aire. El más memorable caso que dio paso a la presentación de un proyecto de ley en 2003 fue a partir del caso de una mujer de 27 años con dos hijos que gestaba un embarazo parcial molar de un feto con una trisomía de aquellas que hoy se señalan como malformaciones letales.

El caso es pertinente para la discusión actual, ya que quien fuera Ministro de Salud de la época, Osvaldo Artaza, respondió públicamente a la solicitud de la mujer que no había norma legal que permitiera la realización de un aborto y se le podría ayudar con apoyo técnico y social.

Griselle fue intervenida a las 21 semanas porque no sólo había una malformación grave sino además la presencia de una mola, los diarios informaron que hubo una interrupción de la gestación y no un aborto (El Mercurio 14, 16 y 17 de enero, 2003).

Así, el ministro salvó su conciencia de aparecer autorizando un aborto, en los hechos no se salvó su conciencia de haber expuesto a una mujer a mayor sufrimiento y riesgo serio en su vida.

Las acciones de Artaza hoy cobran mayor importancia, en su condición de ministro puso de manifiesto que en aras de su convicción personal no se permitiría actuación alguna, Artaza hoy actúa como ciudadano, con el derecho que todos tenemos a debatir públicamente. En su condición de médico ha llamado a que no se apoye el proyecto de las tres causales (El Mercurio 16, 2016) aduciendo que el primer derecho es a nacer y que la labor de los médicos es asegurar el nacimiento aun cuando haya una supuesta inviabilidad fetal (el énfasis es propio).  

Lo alarmante de esta posición es que ganó adeptos en el Senado con la indicación presentada por el senador Zaldívar quien propone que la mujer se le presente la opción de adelantar el parto a partir de las 22 semanas o 500 gramos de peso independiente si la malformación haya sido diagnosticada muy tempranamente. También propone que la mujer tenga un período de, al menos, dos semanas de reflexión. Zaldívar se nutrió de la argumentación de Artaza, salva su conciencia llevando el embarazo casi hasta las 24 semanas, denominando esta acción parto. No le importa el sufrimiento o lo que le suceda a la mujer. En esta lógica, la mujer del caso de 2003, debió esperar a las 22 semanas si se podía. No recuerdo los apoyo de la gestión Artaza en su momento.

Aquí el senador Zaldívar busca presentarse a favor de un proyecto cuando en realidad está en contra, cuando se habla de dos paciente, y se niega la atención oportuna a una mujer, se niega su condición de persona y paciente, cuando se refiere a la interrupción de la gestación como el adelantamiento de un parto, se busca salir al paso de situaciones que son difíciles sin arriesgar que no hay sinceridad en la preocupación de la vida ni la salud de las mujeres.

Lidia Casas

Directora del Centro de Derechos Humanos

Es Licenciada en Urban and Regional Planning de la University of Saskatchewan, Canadá (B.A.). Licenciada en Derecho por la Universidad Diego Portales (1999), cuenta con un LLM (Magíster) en Derecho por la University of Toronto, y es Doctora en Derecho de la University of Ottawa, Canadá. Fue Ford Foundation Reproductive Health Fellow, recibió la beca de IDRC (International Development Research Center (Canadá) por el Global Health Research Initiative.  Recibió el Premio de la International Planned Parenthood Federation de la Región Hemisferio Occidental (2001) por destacada defensa de la planificación familiar y la Distinción del Día de la Mujer 2017 de ComunidadMujer por destacada trayectoria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres. Fue miembro del Grupo Asesor -Gender and Rights Advisory Group- del Departamento de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (2009-2010 y 2013-2015). Ha sido consultora para el Centro de Justicia de las Américas, CEJA, y la GTZ, organismo de cooperación de Alemania.

Miembro de la Red latinoamericana de profesores de derecho, género y sexualidades discriminadas, Red-Alas. Sus áreas de investigación el funcionamiento del sistema de justicia y género, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y discriminación. Participó en la defensa judicial de la anticoncepción de emergencia -AE- en Chile desde 2001. Dicta clases en derecho y género en Chile y América latina, realiza talleres de capacitación a operadores del sistema judicial e investigación y cuenta con numerosas publicaciones.

Áreas de Interés:

Mujeres y derechos humanos
Derechos sexuales y reproductivos