Lunes, 12 Diciembre 2016 00:00

Desafíos en materia de derechos humanos Destacado

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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada hoy hace 68 años, se dirige principalmente a los Estados, tal como todos los tratados posteriores en materia de derechos humanos. Son los Estados los que tienen las obligaciones de proteger y garantizar – ni hablar de respetar – los derechos humanos. Pero no podemos descargar la responsabilidad exclusivamente en los gobiernos o la “autoridad pública”.

Columna publicada en El Desconcierto, 10 de diciembre de 2016.

En estas últimas semanas hemos visto cómo un ex presidente y posible candidato a la presidencia se ha aprovechado del racismo y de la xenofobia en la sociedad, emitiendo opiniones sin respaldo sobre el nivel de delincuencia entre los extranjeros, con lo que desvirtuó exitosamente la atención mediática de las investigaciones contra su propia persona y su familia por supuesta evasión de impuestos y el supuesto uso para negocios transnacionales, de información privilegiada obtenida en su calidad de presidente. Y a pesar de una avalancha de críticas, se evidencia que, en nuestra sociedad, existen niveles altos de prejuicios racistas y xenófobos. Actitudes como éstas y las consecuencias que traen son, así quiero argumentar, nuestros desafíos en materia de derechos humanos.

 

Migración

Quienes más sufren las consecuencias del racismo son las personas que recientemente migraron a Chile, especialmente, si tienen rasgos indígenas o afro-descendientes. Los barrios, poblaciones y campamentos de primera llegada para los y las migrantes, y las ONGs que se dedican a apoyarlos, además, a veces incluso se tienen que justificar. Los rayados xenófobos en las oficinas del Servicio Jesuita Migrante solo son una expresión más visible de lo que se conversa en las casas y en las calles.

Otro discurso discriminatorio se ha ido instalando en ciertos espacios: el discurso homofóbico y transfóbico que ha logrado, hasta hoy, paralizar el proyecto de Ley de Identidad de Género que permitiría a las personas trans acceder a servicios de salud, adecuar el registro oficial a su real identidad y así, a ser tratadas como personas del género del que se sienten parte.

Discriminación estructural

Y tendemos a olvidar, finalmente, lo instalado que está el discurso discriminatorio hacia los pueblos indígenas, especialmente, el pueblo mapuche; y la discriminación por razones socio-económicas o, dicho de otra manera, por clase. Ésta última atraviesa toda la sociedad, y es una de las causas más importantes por toda una serie de violaciones de derechos humanos, algunas gravísimas: podían morir y ser maltratados miles de niños y niñas en las instituciones del Sename sin que preguntáramos qué pasaba. Un escándalo que con un mínimo de consciencia sobre las estructuras excluyentes no hubiera tardado tanto en generar repudio.

En Chile, tenemos una de las mayores tasas de personas por habitantes en las cárceles,[1] desproporcionalmente, de estratos bajos, con condiciones carcelarias en la mayoría de los casos deplorables. Y no es porque las elites no delinquieran. Simplemente, pocas veces van a la cárcel por los delitos (económicos) que ellos decidan / tienen las posibilidades de cometer. Tenemos sistemas de educación, vivienda, salud, pero especialmente de pensiones, profundamente desiguales, que no logran en muchos casos asegurar ni siquiera los mínimos requeridos. Observamos también una visibilización de la violencia contra la mujer, principalmente, en el contexto privado o familiar, mientras la brecha salarial persiste, y se repercuta también en deplorables pensiones para las mujeres mayores. Las personas con discapacidad están viendo algunos avances hacia su inclusión en materia laboral y educativa. Sin embargo, siguen relegadas a un mundo aparte por la transversal existencia de barreras físicas, tecnológicas y sociales. Finalmente, la contaminación también se concentra en los barrios donde habitan los mas pobres.

Violencia y uso de fuerza

Me dirán que la discriminación no es lo más crudo que vivimos en términos de violaciones a los derechos humanos. Que en Chile aún hay tortura, que hay que mirar primero la violencia policial y las condiciones carcelarias. Lo que quiero destacar es que la violencia solo es la punta de un iceberg que puede mantenerse y persistir a causa de actitudes profundas, arraigadas, de racismo, xenofobia, desprecio de clase y elitismo, misoginia, homofobia, transfobia. En breve, lo que llamamos discriminación estructural, o exclusión estructural.

Obligaciones del Estado

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada hoy hace 68 años, se dirige principalmente a los Estados, tal como todos los tratados posteriores en materia de derechos humanos. Son los Estados los que tienen las obligaciones de proteger y garantizar – ni hablar de respetar – los derechos humanos. Pero no podemos descargar la responsabilidad exclusivamente en los gobiernos o la “autoridad pública”. Sí, la eligimos para que regule nuestro actuar y ponga límites eficaces a la violencia. Esperamos que cumpla con su obligación de prevenir y prohibir la tortura – finalmente, hay que celebrar que se tipificó el delito de tortura en Chile, y el mayor desafío es acompañar esta definición de una institucionalidad que se pueda encargar de su prevención, a saber, el Mecanismo Nacional contra la Tortura, que Chile se comprometió crear. Esperamos que mejoren las condiciones carcelarias y las políticas de reinserción. Exigimos que el Estado adopte una Ley de Protección de la Infancia, y remedie las horribles condiciones en las instituciones del Sename.

Pero esperamos del Estado que también regule los programas de enseñanza de los colegios para que la educación en derechos humanos, democracia, no-discriminación e inclusión pueda ser parte de lo que, como habitantes de este país, sepamos y podamos llevar a la práctica. Esperamos, además, que el Estado capacite a jueces, juezas, funcionarias y funcionarios para que reconozcan la discriminación directa e indirecta cuando deben evaluar una situación o un caso, y cuándo la deben dar por acreditada. Muchas veces, la discriminación indirecta o histórica no se reconoce como tal.

Espero también que el Estado adopte políticas públicas que superen la segregación territorial. Estoy convencida de que las fobias a las personas diferentes solamente se disminuyen cuando convivimos, y cuando convivimos como iguales, como vecinos, como colegas. Así podremos empezar a combatir nuestros prejuicios y las profundas injusticias incrustadas en nuestras sociedades. Así nos hará sentido exigir a nuestros/as representantes que legislen para que haya una Ley de Migración con perspectiva de derechos humanos; una Ley de Identidad de Género; el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; la regulación de los derechos sociales que enmiende eficazmente la desigualdad en materia de salud, educación, vivienda, y el trato indigno en materia de pensiones; una planificación territorial que proteja no solamente los barrios “nice” de la contaminación causada por actividades industriales, extractivas o agrarias.

Responsabilidades de los privados

La Declaración Universal, finalmente, se dirige, en su Artículo 30, a las empresas, organizaciones de la sociedad civil, y toda organización social. ¿Cuáles son los desafíos para estos actores? Primero, creo, es el reconocimiento que en una democracia y un Estado de Derecho, no es aceptable que los actores privados hagan lobby contra las iniciativas del Estado de proteger los derechos humanos. Y si la auto-regulación de los actores privados no funciona – por ejemplo, porque no contratan a personas con discapacidad, porque no nombran a un porcentaje adecuado de mujeres en los puestos directivos, o porque discriminan en la contratación por razones de raza, condición socio-económica, identidad de género u orientación sexual – es el Estado el que debe regular, fiscalizar y proveer acceso a la justicia para quienes alegan ser víctima de una violación de derechos humanos. Impedir estas iniciativas de manera directa o indirecta, por ejemplo, “cobrando” el financiamiento de las campañas políticas que han llevado a nuestros representantes al Congreso, contraviene no solamente la Declaración Universal, sino documentos posteriores como los Principios Rectores de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos.

Segundo, es una responsabilidad compartida entre Estado, pero también empresas, y organizaciones de la sociedad, de eliminar la violencia física y psicológica de las formas cómo nos relacionamos; y revisar, en un ejercicio de debida diligencia, los procesos y mecanismos en nuestras formas de organizarnos – empresas, sindicatos, ONGs, iglesias, juntas de vecinos, etc.,  – para detectar y remediar lo que está basado en prejuicios, lógicas de exclusión y discriminación estructural. Tenemos que perder la ceguera que no nos deja ver estas estructuras. Y tenemos que superar la comodidad con la que nos aprovechamos de ellas. Siendo poderosos/as o solamente un poco influyentes. Siendo blancos/as o solamente un poco más claritos/as. Siendo ricos/as o solamente un poco más acomodados/as. Siendo senadores/as, ministras/os, diputadas/os, alcaldes/esas, ex presidentes de la República, con el poder de adoptar leyes y políticas públicas que previenen los actos de violencia basados en la discriminación estructural, o una migrante que le tocó ser blanca y profesional, y trata de definir los desafíos que tenemos por delante en materia de derechos humanos.

[1] Solo superado por El Salvador y Panamá, según datos del PNUD (2013)

Judith Schönsteiner

Profesora asociada de la Facultad de Derecho. Tiene un Doctorado en Derecho (2011) y un LL.M. en Derecho Internacional de Derechos Humanos (2006) por la Universidad de Essex, Inglaterra, y un M.A. en ciencia política por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania (2003). En 2001 y 2002, estudió en el Institut d’Etudes Politiques de Estrasburgo. Investigadora visitante del Max Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht (2012, 2016). Miembro del Comité de Edición del Anuario de Derecho Público. Participó de la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de las Personas en Situación de Discapacidad  (2014-2016). Miembro del Claustro del Doctorado en Derecho de la UDP. Alumna del Arts and Humanities Research Council (beca de doctorado), del Cusanuswerk (beca de pre- y posgrado). Socia del Essex Business and Human Rights Project. Consultora de CEJIL (2007).

En la actualidad, investiga sobre las obligaciones estatales en el ámbito empresas y derechos humanos, y el acceso a la justicia en situaciones atinentes a estas responsabilidades, más específicamente, sobre empresas estatales y derechos humanos (Fondecyt Nº 11150853, Responsabilidad directa e indirecta del Estado por acciones y omisiones de las empresas estatales en materia de derechos humanos, con Javier Couso).

Por encomienda del Instituto Danés de Derechos Humanos, ha elaborado el Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016) el primer trabajo de su índole en Latinoamérica. También ha estudiado las instituciones y procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos, y la implementación e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución Chilena (co-investigadora de Fondecyt Nº 1120909).

De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. 

Publicaciones:

Schönsteiner, J., “El derecho internacional de los derechos humanos en el Tribunal Constitucional chileno: El mínimo común denominador”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile (Valdivia), Año 29, Vol. 1, 2016, 197-226.

Schönsteiner, J. / Couso, Javier, "La implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Chile: Ensayo de un balance", Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Año 22, Número 2, 2015.

Schönsteiner, J., Lovera, D., Beltrán y Puga, A., “Reflecting the human rights challenges of consolidating democracies: recent developments in the Inter-American System of Human Rights”, en: Human Rights Law Review Vol. 11, Issue No. 2, 2011362-389.

Schönsteiner, J., “Dissuasive Measures and the “Society as a Whole”: A Working Theory of Reparations in the Inter-American Court of Human Rights”, American University International Law Review, Vol. 23, No. 1, pp. 127-164.

Schönsteiner, J. / Paul, G. 2013, "Transitional Justice and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights", en: Michalowski, Sabine, Corporate Accountability in the Context of Transitional Justice, Routledge 2013, pp. 93-113.ISBN 978-0-415-52490-2.

Schönsteiner, J. 2011, “Irreparable damages, project finance and access to remedies by third parties”, en: Leader, S. (ed.), Global Project Finance, Human Rights, and Sustainable Development, Cambridge University Press, 278-315. ISBN 978-0-521-76260-1.

Schönsteiner, J. 2016, “Brechas de Cumplimiento: Estado, empresas y derechos humanos”, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 123-171. ISBN 978-956-314-374-4

Schönsteiner, J. / Silva, V. 2016 / Alarcón, F. / Cisternas, P., Derecho a la Vivienda: los campamentos en Chile, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 81-121. ISBN 978-956-314-374-4

Schönsteiner, J. / Barros, A. 2014, "Diligencia debida: proyectos de inversión, propiedad sobre los recursos naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas concernidos", en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 203-244. ISBN 978-956-314-301-0.

Coddou, A. /Schönsteiner, J./ Vial, T. 2013, "La ley antidiscriminación en Chile: avances e insuficiencias en la protección de la igualdad y la no discriminación", en: Vial, T. (ed), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 285-309. ISBN 978-956-314-243-3.

Schönsteiner, J. / Hervé, D. / Meves, I. / Mariangel, S. 2012, “Violaciones a los derechos humanos y medioambiente en Puchuncaví-Ventanas”, en: Coddou, A. (ed.) Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 131-161. ISBN 978-956-314-190-0.

Schönsteiner, J. 2010, Hacia mayor seguridad jurídica en la protección regional de los derechos humanos: las reformas procesales en el Sistema Interamericano, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 291-318. ISBN 978-956-314-099-6.

Schönsteiner, J. 2010, Responsabilidad empresarial y derechos humanos: el caso de la gran minería, en: Contesse, J. (ed.), Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago, pp. 407-448. ISBN 978-956-314-116-0.

Schönsteiner, J. / Díaz, M. 2016, “Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2015", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 495-525. ISBN978-956-314-367-6

Schönsteiner, J. / Apiolaza, C. / Díaz, M. / Martínez, V. 2015, "Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 471-503. ISBN 978-956-314-337-9.

Schönsteiner, J. / Macari, M. / Rojas, C. / Vergara, A. 2014, "Reseña de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público 2014, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 589-617. ISBN 978-956-314-291-4.

Schönsteiner, J. / Aranis, K. / Benítez, D. / Macari, M. / Rey, B. 2013, "Revisión de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 548-581. ISBN 978-956-314-228-0.

Schönsteiner, J. / Benítez, D. / Fuentes, C. / Mariangel, S., 2012, "Algunos fallos emblemáticos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011”, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 515-539, ISBN 978-956-314-138-2.

Schönsteiner, J. et al., Estudio de Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, 2016, disponible en: www.derechoshumanos.udp.cl, 215 páginas.

Schönsteiner, J. / De la Maza, C. 2013, Amicus Curiae, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán contra Chile, San José Costa Rica, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 23 páginas.

Schönsteiner, J. 2013, Challenges for Chilean Investors. The Effects of the OCDE Guidelines for Multinational Enterprises. A Practical Approach, Informe para los Puntos Nacionales de Contacto de Noruega y Chile, Oslo / Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 32 páginas.

Schönsteiner, J. et al. 2012, Fortalecimiento de la Democracia y el Derecho de Acceso a la Información en Chile, Serie de Estudios No. 9, Fundación Konrad Adenauer, Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/libros, 78 páginas.

Schönsteiner, J./ Van Yurick, M.E., Comunidades Indígenas, Derechos Humanos y Empresas, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, sin editorial, 150pp. ISBN 978-956-362-188-4. Publicado.

 

Cursos en materia de derechos humanos:

Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Empresas y Derechos Humanos (pregrado y Magister)

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 

Coordina el área “Empresas y derechos humanos” del Centro, creada en 2010. De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.