Viernes, 12 Octubre 2012 00:00

Homosexuales y Fuerzas Armadas

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¿CONSTITUYE el ingreso de una persona homosexual a los cuerpos armados una amenaza a la eficacia militar, a la disciplina y convivencia interna, como parece creer el diputado UDI Ignacio Urrutia? Para responder a esta pregunta, habría primero que despejar la imagen de los homosexuales que subyace a esta opinión.

Publicado en La Tercera, 12 de octubre 2012

¿CONSTITUYE el ingreso de una persona homosexual a los cuerpos armados una amenaza a la eficacia militar, a la disciplina y convivencia interna, como parece creer el diputado UDI Ignacio Urrutia?

Para responder a esta pregunta, habría primero que despejar la imagen de los homosexuales que subyace a esta opinión. Ella los supone como seres débiles, cobardes, con dobleces, afeminados o con hábitos predatorios, siempre dispuestos a acosar sexualmente. ¿Pero corresponde esa imagen a la realidad de las personas con una sexualidad distinta a la heterosexual? ¿Cuál es la evidencia, los argumentos que permitirían afirmar aquello?

Es cierto que en no pocas personas todavía existe este estereotipo, y la virtud de las opiniones del diputado es que revelan esa forma de pensar. Es obvio que hay homosexuales cobardes, faltos de carácter, irresponsables, u obsesivos sexualmente, pero no hay ninguna evidencia de que sean características particulares de la homosexualidad, sino que, más bien, ellas se reparten entre los individuos en una forma similar a la que existe entre los heterosexuales. Por lo que asociarlas con una sexualidad particular es, en realidad, no más que un prejuicio grosero. Pero el prejuicio subyacente a las palabras del diputado no sólo afecta a los homosexuales, sino que también a las mujeres, pues la idea de que los homosexuales son afeminados supone que las mujeres carecen de las virtudes propias de la función militar. A esta altura de los tiempos, esa opinión, que a veces se fundaba en la supuesta natural debilidad de las mujeres, está claramente demostrada como falsa. El diputado con sus palabras, entonces, no sólo insulta a los homosexuales, sino que a todas las mujeres, y en particular a las uniformadas.

En esta materia, en vez de apelar a la ignorancia supina y al prejuicio insalvable, sería útil aprender de la experiencia comparada de fuerzas armadas que hoy están en situaciones de combate real, como las norteamericanas y las británicas. En ellas, en un proceso que ha sido gradual, pero constante y planificado, se ha eliminado toda discriminación y exclusión fundadas en la orientación sexual. Y no sólo eso, sino que, como en el caso de las británicas, se declara expresamente su política inclusiva. Como la experiencia nos muestra, no sólo es necesario afirmar la prohibición de discriminación en la ley, sino que también se requiere desarrollar un proceso educativo y organizacional que cambie los estereotipos y que incorpore la diversidad no sólo sexual, sino que racial, política o religiosa, en cuerpos que deben representar la pluralidad de una nación, como condición de su legitimidad ante ella.

Hoy, en Chile existen las normas mínimas que aseguran la prohibición de discriminación, pero lo que estas situaciones demuestran -y ellas seguirán ocurriendo- es que nos falta lo que la misma Ley Antidiscriminación dispone: las políticas públicas que conviertan esa prohibición en acción inclusiva y en cambio de mentalidad. Sólo cuando eso ocurra, podremos mirar opiniones como las del diputado como resabios de una era donde la orientación sexual era una limitante para el igual respeto y protección de los derechos de las personas.

Tomas Vial

Tomás Vial Solar es profesor de derecho constitucional, abogado y posee los grados de Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; LL. M (Legal Master) en Derechos Humanos, de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos; Magíster en Derecho Público, mención derecho constitucional, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y doctor en derecho, del University College London (UCL), Reino Unido.

Desde el 2004 fue Jefe del Departamento de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello y profesor de la misma cátedra derecho constitucional tanto en la Universidad Andrés Bello como en la Universidad Diego Portales.

Antes, se ha desempeñado como asesor jurídico en el Ministerio de Defensa y en la Secretaria General de la Presidencia, en su División Jurídica.

Participó en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) como ayudante de investigación y ha sido miembro del directorio de Pro Acceso, una organización no gubernamental dedicada al derecho de acceso a la información.