Jueves, 12 Julio 2012 00:00

Acceso a la justicia en delitos de violencia sexual y doméstica

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Uno de los problemas del Ministerio Público, sus unidades y otras instituciones que trabajan con víctimas de violencia sexual y doméstica, es la ausencia de recursos para un tipo de delito de complejidad distinta a la de un delito económico.


Publicada en El Dínamo, 12 de julio de 2012.

El abogado Mario Schilling, ex miembro de la Fiscalía Oriente en Santiago y actual representante de algunas de las víctimas en el caso del jardín infantil Hijitus, ha señalado que dicha fiscalía está colapsada, por lo que no se han podido tomar las declaraciones de todos los niños y niñas afectados.

El reclamo es más que atendible, si se suman las denuncias de colegio Apoquindo, y debe ser escuchado, además de constituirse en un llamado de atención y reflexión sobre acceso a la justicia. Uno de los problemas del Ministerio Público, sus unidades y otras instituciones que trabajan con víctimas de violencia sexual y doméstica, es la ausencia de recursos para un tipo de delito de complejidad distinta a la de un delito económico.

Es el caso de las Unidades de Víctimas y Testigos o de los centros de atención a víctimas de delitos violentos (CAVI), de la Corporación de Asistencia Judicial, que están sobrepasados. En las primeras, los tres profesionales que las integran recorren diariamente su región otorgando una primera atención para los efectos de la investigación penal. Las distancias, el acceso a comunidades más remotas no es una cuestión que los que vivimos en la capital podamos apreciar. A diferencia del caso Hijitus, la complejidad de la violencia sexual es que las agresiones normalmente se encuentran en el entorno familiar, donde la celeridad del proceso es relevante y la existencia de otras intervenciones de apoyo a las víctimas son fundamentales para poder enfrentarlo.

Por ello, este llamado no solo se refiere a las medidas psicosociales para la persecución penal, sino también a aquellas que buscan la reparación de las víctimas, la que queda entregada a otras instituciones. En ese sentido, estos dos casos que concentran la atención mediática deben llevar a pensar a los decisores de políticas públicas sobre el acceso a la justicia. Las víctimas de ellos cuentan con abogados querellantes y asistencia psicológica, lo cual no ocurre con la mayoría de las víctimas en nuestro país. Actualmente, los equipos de intervención de distintas instituciones tienen escaso diálogo entre sí, hacen funcionar sus servicios con mucho compromiso profesional y en condiciones laborales reguleques.

El acceso a la justicia es un pilar al entender la igualdad de hombres y mujeres, independiente de sus condiciones sociales ante la ley en un estado de derecho. Por ello, este  y otros reclamo en la misma línea deben ser atendidos y contextualizado, sin caer en un discurso fácil para decir que se hace mucho, creando más unidades que escasamente se hablan entre sí.

Lidia Casas

Directora del Centro de Derechos Humanos

Es Licenciada en Urban and Regional Planning de la University of Saskatchewan, Canadá (B.A.). Licenciada en Derecho por la Universidad Diego Portales (1999), cuenta con un LLM (Magíster) en Derecho por la University of Toronto, y es Doctora en Derecho de la University of Ottawa, Canadá. Fue Ford Foundation Reproductive Health Fellow, recibió la beca de IDRC (International Development Research Center (Canadá) por el Global Health Research Initiative.  Recibió el Premio de la International Planned Parenthood Federation de la Región Hemisferio Occidental (2001) por destacada defensa de la planificación familiar y la Distinción del Día de la Mujer 2017 de ComunidadMujer por destacada trayectoria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres. Fue miembro del Grupo Asesor -Gender and Rights Advisory Group- del Departamento de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (2009-2010 y 2013-2015). Ha sido consultora para el Centro de Justicia de las Américas, CEJA, y la GTZ, organismo de cooperación de Alemania.

Miembro de la Red latinoamericana de profesores de derecho, género y sexualidades discriminadas, Red-Alas. Sus áreas de investigación el funcionamiento del sistema de justicia y género, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y discriminación. Participó en la defensa judicial de la anticoncepción de emergencia -AE- en Chile desde 2001. Dicta clases en derecho y género en Chile y América latina, realiza talleres de capacitación a operadores del sistema judicial e investigación y cuenta con numerosas publicaciones.

Áreas de Interés:

Mujeres y derechos humanos
Derechos sexuales y reproductivos