Jueves, 26 Junio 2014 00:00

Mensaje Presidencial y derechos fundamentales de mayorías y minorías

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La satisfacción de los derechos (…) de las mayorías es una condición imprescindible para la legitimidad de una democracia (…). Pero también lo es que los derechos (…) de los grupos minoritarios lo sean.

Publicado en El Mostrador, 26 de junio de 2014

El discurso del 21 de mayo, el primero de la nueva administración, posee una gran relevancia, pues más que mostrar lo que se ha hecho –que a esta altura necesariamente sólo puede ser muy limitado o esquemático– señala las prioridades, la carta de navegación de lo que serán los próximos 4 años. Posee entonces una función política y simbólica no menor y es dentro de esos parámetros bajo los cuales debe ser analizado.

Determina (o debe determinar) cuáles son las prioridades del Ejecutivo, dentro de la casi infinita multiplicidad de tareas y demandas que caen sobre el Estado moderno. A su vez, como producto de una elección democrática, indica de qué forma el nuevo gobierno está respondiendo a las demandas de quienes lo eligieron, y de la sociedad entera. Al respecto, es pertinente recordar que en las democracias la decisión mayoritaria, satisfecha la exigencia del igual respeto y protección de los derechos de todos, tiene una preferencia en la acción del gobierno, sin la cual carecería de sentido la competencia política y la participación electoral. Pero, y este es un balance difícil y que nunca se termina de ajustar, el gobierno también debe prestar atención a quienes no son mayoría, en particular si corresponden a grupos más vulnerables y que han sufrido de injusticia histórica. La legitimidad del Estado democrático se balancea, así, entre las exigencias de la representación, el dar cumplimiento a los intereses y necesidades de los votantes, y las exigencias de la justicia, que corresponden a otra lógica. La función de los derechos fundamentales y los derechos humanos es justamente la de recordar al Estado y en particular a su rama más poderosa, el Ejecutivo, que no puede desatender a lo segundo bajo pretexto de lo primero, aunque, por cierto, en no pocas ocasiones las necesidades de las mayorías y de la justicia coincidan, como, por ejemplo, sucede con el derecho a la educación, que es una exigencia de la justicia y también una demanda de una gran mayoría.

Bajo estos parámetros, el discurso de la Presidenta posee aspectos positivos y también negativos, o al menos preocupantes. Comenzando con los primeros y sin procurar una revisión al exhaustivo catálogo de medidas anunciadas, que representa sin duda el programa de reformas más amplio desde la década de los 60, nos centraremos en cómo se pretende alcanzar la protección de aquella parte mas débil del actual orden constitucional y socioeconómico chileno, cual es la relativa a los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí, por cierto, la educación, de la cual sólo se ha presentado una parte del programa, es la más relevante. Y los proyectos presentados o anunciados, van en la vía correcta de hacer del derecho a la educación un derecho efectivo, de forma gradual sin duda. Lo mismo puede apreciarse, en principio, respecto a la salud, con el plan de obras anunciado. El derecho al trabajo y a una remuneración justa también se verán mejor protegidos si la promesa de fortalecer los sindicatos, la negociación colectiva y el derecho a huelga es materializada efectivamente. Es también relevante que, respecto a la situación de un grupo importante de trabajadoras, como lo son las de casas particulares, se anuncie la suscripción del convenio 189 de la OIT.

Más claro, y sorpresivo, pero absolutamente no sólo imprescindible sino urgente, es el anuncio de hacer del agua un bien nacional de uso público, lo que parece indispensable para asegurar el derecho al vital elemento de todos los habitantes. La crisis de sequía y el cambio climático sólo pueden hacer más seriamente inadecuado un régimen de dominio privado de ese recurso que representa un extremo dentro de la regulación comparada.

La situación de la mujer en Chile muestra que derechos e intereses de la mayoría muchas veces coinciden. Y, en este caso, la Presidenta, y en verdad no podía evadirlo, realizó un anuncio que es muy relevante para el respeto y reconocimiento de los derechos de aquéllas, al señalar que se estudiará un proyecto de despenalización del aborto en los casos más graves. La inclusión, dentro del proyecto de reemplazo del binominal, de una norma de cuotas para las mujeres, es también un paso sustantivo para lograr una efectiva igualdad en la participación política. En ambas materias, la verdad es que Chile llega bien tarde, incluso si se compara con América Latina, pues en casi todos los países del continente existen normativas que permiten el aborto y establecen cuotas a favor de las mujeres en el caso de las elecciones.

Sin embargo, como lo indicábamos antes, el mensaje tiene aspectos negativos, y esto no tanto por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. Dos omisiones que justamente representan casos en los cuales no es el interés de la mayoría el que está en juego, directamente al menos, pero sí la realidad y los derechos de las minorías más vulnerables. Y este el caso de los migrantes en Chile y la diversidad sexual, por mencionar sólo dos ejemplos relevantes. Respecto a los primeros, el actual régimen legal que regula su situación proviene directamente de la dictadura militar y no se condice con un estándar de derechos humanos y tampoco con la realidad social y económica que representa hoy la migración en Chile. Urge entonces reemplazarlo y establecer una legislación y una política acordes. En cuanto a la diversidad sexual, existiendo varias iniciativas legales en curso, como son el AVP y la ley de identidad de género, la total omisión respecto a estas materias en el discurso da pie, a esta altura y tomando en consideración el nulo avance en cualquier materia relativa a derechos de las minorías sexuales bajo la primera administración de Bachelet, para interpretaciones freudianas respecto de la primera mandataria y su equipo. Más aún cuando estos temas estaban expresamente mencionados en el programa de gobierno.

No exactamente en el campo de las omisiones, pero sí de la vaguedad, queda lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas en dos materias claves, como son la consulta y el régimen de tierras. El anuncio de consulta aparece como sólo eso, pero sin que se indiquen mecanismos precisos para implementarla o de siquiera proyectos sobre ellos. Y sobre tierras nada se dice, como tampoco sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

Sin duda que hay muchos otros aspectos que se podrían mencionar, tanto por lo que contiene el discurso como por lo que no, pero no es el propósito de estas líneas evaluar comprensivamente aquél. Sí hacer notar, para concluir, que la satisfacción de los derechos y las necesidades de las mayorías es una condición imprescindible para la legitimidad de una democracia y para el progreso social general. Pero también lo es que los derechos y necesidades de los grupos más vulnerables y minoritarios lo sean. Y en este último sentido este primer mensaje presidencial es débil.

Tomas Vial

Tomás Vial Solar es profesor de derecho constitucional, abogado y posee los grados de Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; LL. M (Legal Master) en Derechos Humanos, de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos; Magíster en Derecho Público, mención derecho constitucional, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y doctor en derecho, del University College London (UCL), Reino Unido.

Desde el 2004 fue Jefe del Departamento de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello y profesor de la misma cátedra derecho constitucional tanto en la Universidad Andrés Bello como en la Universidad Diego Portales.

Antes, se ha desempeñado como asesor jurídico en el Ministerio de Defensa y en la Secretaria General de la Presidencia, en su División Jurídica.

Participó en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) como ayudante de investigación y ha sido miembro del directorio de Pro Acceso, una organización no gubernamental dedicada al derecho de acceso a la información.