Lunes, 28 Noviembre 2016 00:00

La despenalización del aborto: una cuestión de derechos humanos

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La penalización del aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Desde (…) Frei hasta al actual Presidente Piñera lo saben, (…) lo escucharon de primera mano en distintos foros de Naciones Unidas.

Publicado enCIPER Chile, 18 de octubre de 2013

La experiencia de un aborto clandestino tiene sexo, género y clase. Nuestra recienteinvestigación sobre el aborto en Chileque se incluye en el Informe de Derechos Humanos 2013 de la UDP, muestra una vez más el drama de la clandestinidad. Los testimonios de mujeres sobre las múltiples formas de violencia a las que se ven expuesta son elocuentes. Una nos relató: “… no podía decirle la verdad al doctor pa’ que no me metieran presa, pasé más riesgo. Eso me molestó mucho, no tener la libertad para cuidarme como correspondía… además me dio rabia que mi amiga pudo pagar y estuvo bien cuidada… por no tener plata no pude acceder a la medicina privada de cierta calidad. Es violento que por ser pobre uno vaya al matadero”.

También están los médicos inescrupulosos. Uno que atendió a tres mujeres no sólo pedía pago en efectivo, sino un segundo cobro: sexo oral. Ellas no accedieron y perdieron su dinero. Y los riesgos: las mujeres se someten a prácticas o métodos que pueden resultar graves para su salud e incluso fatales, todavía se practican abortos clandestinos sin anestesia. Ellas hablan de su miedo a morir, de los desmayos in situ o de la sensación de tortura cuando no pueden interrumpir la gestación de un feto malformado. A algunas se les impone el peso de la ley, el silencio social y se refuerza el doble estándar que nos mantiene prisioneros de nuestras propias mentiras. Para la mayoría de nuestras entrevistadas, la experiencia clandestina de un aborto fortaleció lazos de solidaridad con otras mujeres en la misma situación y ello no cambiará con la penalización.

Este es el gran debate en Chile que se elude por más de 20 años. El tema retorna porfiadamente a la agenda pública cada vez que se produce un caso como el de la niña de 11 años que fue obligada a continuar con un embarazo producto de violaciones reiteradas. Los vetos políticos siempre han estado presentes, y en forma transversal. Se ha impuesto censura y/o autocensura en una deliberación política que atañe a toda la sociedad y en particular a las mujeres.

Los candidatos y candidatas presidenciales han mostrado sus propuestas programáticas y el aborto es parte de los debates de campaña. Casi todos se han pronunciado en favor de opciones que permitan el aborto bajo ciertas circunstancias: para proteger la vida o la salud de la mujer (Ricardo Israel), ante caso de serias malformaciones del feto con inviabilidad fuera del útero (Tomás Jocely-Halt y Franco Parisi), e incluso en caso de que el embarazo sea producto de una violación (Michelle Bachelet). Además de los candidatos que se abren a legislar (Alfredo Sfeir y Roxana Miranda). Los menos han planteado que la interrupción voluntaria del embarazo debía ser dentro de ciertas semanas, independiente de la razón que tenga una mujer (Enríquez-Ominami). Solo la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, fiel al conglomerado que representa y no a sus convicciones personales, ha dicho que el aborto no será parte de su programa.

En este nuevo contexto político es posible deliberar y enmendar el rumbo. La penalización del aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Desde el ex Presidente Frei hasta al actual Presidente Piñera lo saben, cada una de sus delegaciones lo escucharon de primera mano en distintas foros de Naciones Unidas, a través de los reportes de cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos desde 1995. No basta que el ministro de turno señale que modificar una ley que sitúa a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría no es parte del programa de gobierno. Las mujeres somos personas y ciudadanas que debemos ser escuchadas y podemos tomar nuestras propias decisiones.

Lidia Casas

Directora del Centro de Derechos Humanos

Licenciada en Urban and Regional Planning de la University of Saskatchewan, Canadá (B.A. 1987). Licenciada en Derecho por la Universidad Diego Portales y abogada; Magíster en Derecho por la University of Toronto, Ford Foundation Reproductive Health Fellow. Premio de la International Planned Parenthood Federation de la Región Hemisferio Occidental (2001). Asesora del Gender and Rights Advisory Group del Departamento de Salud Reproductiva de la OMS (2008). Ha sido consultora para el Centro de Justicia de las Americas, CEJA y la GTZ, organismo de cooperación de Alemania.

Miembro de la Red latinoamericana de profesores de derecho, género y sexualidades discriminadas, Red-Alas. Ha participado en la defensa judicial de la anticoncepción de emergencia en Chile desde 2001, Anticoncepción de emergencia. Dicta clases en derecho y género en Chile y América latina, realiza talleres de capacitación a operadores del sistema judicial e investigación sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Actualmente cursa sus estudios de doctorado en la Universidad de Ottawa, Canadá.

A partir del 2017, es directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

Áreas de Interés:

Mujeres y derechos humanos
derechos sexuales y reproductivos