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Columna originalmente publicada el 07 de Abril 2020 en El Mostrador 

Ciertamente, el Coronavirus no hace distinción entre ricos y pobres: contagia por igual. Y también es verdad que, en esta oportunidad, las comunas del sector oriente de la capital, con mayor nivel de ingresos, registran más contagios, probablemente por el privilegio de los más ricos de poder viajar a Europa o Asia en las vacaciones o por negocios. Aunque esto podría deberse, además, a una menor detección de casos en comunas como Estación Central, donde las personas no van al médico a menos que estén muy mal.

Sin embargo, mientras el virus trata y tratará a todos y todas por igual, nuestro sistema de salud no lo hace. Sin medidas decididas por parte de la autoridad, la preocupante escasez de insumos que se vislumbra (ver El Mostrador del 3 de abril), golpeará con más fuerza a los sectores más vulnerables, perpetuando la discriminación estructural que caracteriza el sector salud en Chile y que ha sido diagnosticada reiteradamente en instancias como el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP. En pocas palabras, mientras no se centralice la respuesta sanitaria con criterios transversales a nivel nacional, la prevención y el cuidado serán mejor en las comunas ricas que en las pobres.

La declaración del estado de catástrofe entrega a las autoridades facultades para regular nuestros dos sistemas de salud – el privado y el público –, de tal forma que ante la crisis respondan como uno solo. Ya se han tomado médicas rápidas, como el ingreso de bonificación del test a la canasta básica de FONASA (indispensable para tener la cobertura de las Isapre) o la distribución central de las camas de cuidado intensivo (respiración mecánica), cuya implementación debe ser fiscalizada. Pero las autoridades deben hacerse cargo también de otros problemas graves, entre ellos la falta de abastecimiento de insumos básicos de higiene, la persistente mentalidad de que cada centro y hospital “se la arregle solo”, y la protección de los y las trabajadores de la salud.

Ante estas urgencias, es preocupante que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señale que los municipios pueden hacer mucho más contratando una mayor cantidad de profesionales y personal sanitario: ¿con qué dinero, si los presupuestos del sector se cubren a partir de un per cápita que se calcula por comuna? La atención y la presión sobre el servicio salud primaria en comunas con más ingresos ciertamente no es la misma que en sectores populares.

La discriminación estructural en el sistema de salud de Chile quedará de manifiesto si la salud pública se ve obligada a dar prioridad a pacientes de COVID-19, desatendiendo otros casos urgentes o graves. El efecto sería una discriminación indirecta, prohibida por el derecho internacional: sólo quien tiene los recursos para atenderse en el sistema privado podría acceder a exámenes o tratamiento de enfermedades como el cáncer. El triage de gravedad se debe realizar sobre todos los casos que se presentan, no sólo los relacionados al Coronavirus. La transparencia requiere que las autoridades informen sobre la cantidad de casos urgentes que no se pudieron atender, por ejemplo, por no disponer de salas o equipos de operación, y cuáles son los criterios con que se rechaza el diagnóstico o tratamiento de un caso no-COVID-19.

En las próximas semanas, Chile tendrá que adoptar, adicionalmente, un protocolo sobre los criterios más concretos que apliquen para tratar a pacientes de COVID-19 y cómo priorizarlos en relación con otros casos de riesgo vital como los descritos en el párrafo anterior. Criterios distintos a los estrictamente médicos (probabilidades de supervivencia y eficacia del tratamiento, por ejemplo) contravendrían la prohibición de discriminar en las garantías de salud. Una exclusión ex ante (general y automática) de ciertos grupos de personas del acceso a respiración mecánica, por ejemplo, sería contraria a esta prohibición.La crisis es una oportunidad.

Dado que es nos amenaza a todos y todas, podría ayudarnos a aprender, finalmente, a abordar la discriminación estructural que impide que gocemos de acceso igualitario a salud de la misma calidad, tanto quienes habitan en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea como mis vecinos y vecinas de Estación Central. Cualquier exclusión o dificultad de acceso hacia las personas y grupos menos favorecidos en Chile (de tez más oscura, origen social menos prestigioso o –la de mayor incidencia en el país– un bolsillo más flaco) contravendría las obligaciones que el Estado ha contraído internacionalmente.

Cierto, no todo será posible. Los recursos son limitados y eso se muestra incluso en países con los mejores y equitativos sistemas de salud del mundo. Habrá quienes morirán. Pero las obligaciones internacionales – y la dignidad de las personas – nos obligan a distribuir la escasez de manera justa, transparente y preocupándonos por todas las patologías con posible riesgo vital, no solamente COVID-19. Permitir que sea el mercado el que haga esa distribución o no crear mecanismos adicionales de solidaridad entre comunas ricas y comunas pobres sería una negligencia grave.

Miércoles, 11 Diciembre 2019 00:00

No sabemos qué respiramos

Escrito por

*Esta columna fue escrita junto a Dominique Hervé, Facultad de Derecho UDP. Originalmente publicada en la Tercera, el 11 de Diciembre 2019

Lo que se hizo patente durante los últimos años en la zona industrial de Puchuncaví-Quintero es un problema sistémico a lo largo del país: no podemos estar seguros sobre qué respiramos. Esa ignorancia es en sí un problema para el derecho a la salud y se ve acentuada actualmente en algunos sectores, dadas las emisiones por incendios y barricadas y el uso masivo de gases lacrimógenos en las últimas semanas.

En chile, la información ambiental sobre calidad de aire a pesar de existir un sistema que la regula– no cumple con los estándares de derechos humanos aplicables tanto para el acceso a la información, como para la calidad y contenido de la misma.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP de 2019, publicado en noviembre, reveló que los datos con los que contamos sobre los contaminantes en nuestras ciudades y pueblos son incompletos, por no abarcar todos los principales contaminantes nocivos para la salud y por no ser debidamente accesibles. Solo la información sobre material particulado grueso (PM10) se encuentra sistemáticamente disponible para la población.

Uno de los mayores problemas identificados por el informe es la falta de calidad de los datos que se usan para tomar decisiones de políticas públicas, tales como la adopción de planes de descontaminación. Así, existen errores de medición, ubicación no representativa de estaciones de monitoreo, baja frecuencia de mediciones y la ausencia de un laboratorio de referencia y un mecanismo de verificación de la calidad de la información sobre contaminación del aire. Otro aspecto del problema es que Chile no ha definido las concentraciones de contaminantes según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (nuestro país es más permisivo) y, peor aún, no ha abarcado contaminantes tan riesgosos como el carbono negro, o el arsénico y benceno que forman parte del PM10 y PM2.5.

Con ello, sabemos el tamaño de los contaminantes que respiramos, pero no su toxicidad; por lo tanto, no podemos tomar acciones individuales ni colectivas informadas para proteger nuestra salud.

La calidad del aire está íntimamente relacionada con el cambio climático, pero necesitamos datos distintos para hacer frente a cada uno: mientras para el último interesa reducir la cantidad de emisiones (y, por lo tanto, se miden éstas), la calidad de aire requiere además información sobre la concentración de los contaminantes en lugares habitados. Sin ella, no sabremos qué respiramos. Es preocupante que, justamente en el año de la COP25 del cambio climático, el informe revele que la cantidad de fiscalizaciones de calidad de aire por parte de la Superintendencia de Medioambiente ha bajado drásticamente.

En definitiva, es urgente avanzar para establecer las condiciones para un sistema independiente y transparente de verificación de la calidad de los datos sobre la contaminación del aire en el país.

Martes, 10 Diciembre 2019 00:00

Día de los Derechos Humanos

Escrito por

Carta publicada originalmente en El Mercurio por Judith Schönsteiner y Lidia Casas el 10 de Diciembre 2019,

Tradicionalmente, el 10 de diciembre el INDH ha presentado su Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile. Este es el primer año desde su creación en que no ocurrirá, ya que los y las funcionarios han tenido que desplegarse día y noche en calles, comisarías y hospitales para velar por el respeto a los DD.HH., dada la urgencia y gravedad de los acontecimientos en el país.

En este contexto, debe valorarse positivamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya creado una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI), informada el pasado jueves, ante la grave preocupación del organismo internacional por las violaciones de DDHH en nuestro país. El mecanismo –que también se ha instalado en países como Venezuela (desde 2017), Nicaragua (2018), Haití (2019) y Bolivia (2019)– busca “monitorear y dar respuesta a la situación de DD.HH.“, enfocándose principalmente en patrones de violaciones y asuntos estructurales, incluyendo de derechos sociales, y no en casos aislados.

Mientras la CIDH prepara su visita a Chile, esperamos que el INDH cuente con los recursos necesarios para realizar su labor en el nuevo contexto y no sólo medidas paliativas para responder a la contingencia.

Por Judith Schönsteiner y Lidia Casas
Centro de Derechos Humanos UDP

Martes, 10 Diciembre 2019 00:00

Empresas, derechos humanos y estallido social

Escrito por

Columna originalmente publicada el 06 de Diciembre 2019

Organismos internacionales como Naciones Unidas y la OCDE, así como en el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas en Chile (a renovarse el próximo año), reconocen que las empresas deben respetar los DDHH y prevenir los impactos negativos que atenten contra ellos. Esto va incluso más allá de lo que les exija la ley; tal como ejemplificó la iniciativa #primerpaso, que reúne empresas que se comprometieron a no pagar sueldos menores de $ 500.000. No obstante, el actual contexto de crisis social y política en Chile ha dejado en evidencia que la definición de “impacto” que han manejado empresas y gremios muchas veces queda corta, y se reduce a los efectos directos, por ejemplo, sobre el derecho a la salud de la población aledaña afectada por las emisiones de sus instalaciones.

Esta definición acotada deja fuera tres formas de impacto indirecto que atingen al debate sobre justicia social y que, pese a no ser nuevas, deben ser reconocidas y eficazmente combatidas en cualquier acuerdo social futuro que pretenda ser justo. Éstas son: la corrupción y el financiamiento indebido de campañas políticas; la evasión de impuestos y el lobby tributario a favor de quienes tienen más recursos; y el lobby contra una mayor regulación para garantizar derechos sociales. Estos se dan en el contexto de la privatización de los servicios sociales cuando éstos son rentables, y la falta de mecanismos solidarios para proveer servicios de calidad cuando no lo son.

La capacidad de influenciar las elites políticas es claramente mucho mayor de la que tienen las personas afectadas, a pesar de una sociedad civil organizada y órganos de protección como el INDH o el SERNAC. En las últimas semanas, los casos sobre financiamiento de la política y corrupción que terminaron en salidas alternativas o sin condenas nos hablan elocuentemente de cómo la cancha está desequilibrada: algunos se enriquecen o aceptan beneficios económicos en perjuicio de la posibilidad del Estado de garantizar los DDHH.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que ningún Estado, grupo o persona puede emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de los DD.HH. Lo que se pide con toda razón a quienes saquean – que no afecten los derechos laborales de los trabajadores, por ejemplo – se debería pedir con mayor razón a quienes tienen poder y capacidad de generar un mucho mayor desbalance a los derechos humanos que los primeros.

Columna escrita por Antonia Rivas Palma, Autora Capítulo Derechos de los pueblos indígenas del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Abogada, Universidad Diego Portales. Doctora en Antropología, Universidad de California, Berkeley. Publicada originalmente en The Clinic el 14 de Noviembre 2019.

Hace 1 año murió, asesinado por miembros de las Fuerzas Especiales de Carabineros, el joven mapuche Camilo Catrillanca al interior de la comunidad Temucuicui. La historia es conocida por todos. Su muerte no fue casual o fortuita, sino el resultado de un patrón de malas prácticas institucionales y vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de Carabineros, que lamentablemente hacían presagiar un resultado así. Hoy vemos con pesar cómo esos patrones se repiten, e incluso empeoran, en el actuar de Carabineros en los 28 días seguidos de protestas en el país.

Desde hace varios años que en el capítulo sobre derechos de los pueblos indígenas en Chile del Informe de DD.HH. de la Universidad Diego Portales venimos denunciando las prácticas abusivas y contrarias a los derechos humanos por parte de Carabineros de Chile (incluso contrarias a sus propios protocolos) hacia miembros del pueblo mapuche. El Informe de este año no es la excepción. En diversas oportunidades se ha constatado el uso desproporcionado de la fuerza, la militarización de la respuesta policial, los violentos allanamientos a comunidades mapuche y las vulneraciones al derecho a la integridad física y psíquica de sus miembros, especialmente niños, niñas y adolescentes.

Como expresamos en el Informe, la excesiva militarización de la zona, la poca preparación de Carabineros en derechos humanos y el tratamiento de problemas interculturales, el uso de la Ley Antiterrorista en el enfrentamiento de la protesta social mapuche, la decisión política de enfrentar el problema como de seguridad pública y pobreza–y no desde la óptica de los derechos humanos de los pueblos indígenas– hacían presagiar una tragedia así́. No hemos sido los únicos que han denunciado esta situación; múltiples son los documentos y acciones judiciales presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y diversos otros organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que apuntan a lo mismo.

También nos hemos referido en el informe junto con muchos otros casos, a la Operación Huracán, donde se comprobó que Carabineros habían urdido un complejo montaje de falsas intervenciones telefónicas para acusar a 8 comuneros mapuche que fueron detenidos y luego absueltos. Ya entonces llamamos a una restructuración de la institucionalidad policial, poniendo fin a su lógica militarizada e impulsando la creación de una fuerza policial civil, con importantes funciones en inteligencia para detener eficazmente la violencia, pero capacitada verdaderamente en el respeto de los derechos humanos.

Hoy, lamentablemente, somos testigos nuevamente del actuar atentatorio de Carabineros contra los derechos humanos, esta vez no solo en contra de miembros del pueblo mapuche, sino de miles de chilenos que se han manifestado en las diversas jornadas de protesta a lo largo de todo el país, y han sido violentamente reprimidos por la fuerza policial. La actuación de Carabineros ha respondido a los mismos patrones de conducta que en la protesta mapuche, pero se ha visto exacerbada por los 28 días ininterrumpidos que lleva el conflicto, el desgaste y cansancio de la fuerza policial, la masividad de las manifestaciones y la falta de control político. Se han reportado innumerables casos de violaciones de Derechos Humanos que no responden a la obligación del uso proporcional de la fuerza, constatándose, como es de público conocimiento, muertes que serían consecuencia del actuar policial, graves lesiones oculares, golpizas, heridos, violencia sexual a personas ya detenidas, entre otras vulneraciones.

Esperamos que esta vez la magnitud de los hechos obliguen al Estado a investigar todas y cada una de estas denuncias, pero también nos impulsen a refundar Carabineros de Chile, en el marco del respeto de las obligaciones de derechos humanos que el país ha contraído, delos derechos laborales de los mismos Carabineros, transformándola en la institución policial que el Chile de hoy exige y requiere. Hoy recordamos a Camilo Catrillanca, pero también a Alex Lemun (2002), Juan Collihuin (2006), Matías Catrileo (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009), que murieron asesinados debido al actuar de distintos funcionarios de Carabineros, en medio de acciones de protesta social mapuche. Y recordamos especialmente, al joven Brandon Hernández Huentecol, a quien un carabinero le disparó a quemaropa más de 180 perdigones por la espalda en medio de un control policial. Brandon aún vive con muchos de esos perdigones en su espalda, esperando quizás, al igual que muchos de nosotros, que esta violencia innecesaria nunca vuelva a repetirse.

*Columna escrita por Consuelo Navarro Pérez, (abogada de la Universidad Diego Portales, Magíster (c) Derecho Internacional de los Derechos Humanos, abogada Seremi Salud RM y profesora UDP) y Lorena Espinosa Olguín (abogada de la Universidad Diego Portales e investigadora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas), publicada originalmente en The Clinic

Son muchas las voces que en las últimas semanas se han manifestado a favor de una nueva Constitución. Se trata de un debate que despierta el interés de toda la sociedad, y queremos aportar a esclarecer el debate desde un lenguaje claro y sencillo. 

En primer lugar, debemos tener claro que una Constitución Política es la norma fundamental de un Estado. Es la norma más importante de todas, y establece, entre otras cosas, cómo se organiza y distribuye el poder, cuáles son los derechos de las personas y cómo se crean las otras normas del sistema (leyes, decretos, reglamentos). En términos sencillos, podemos decir que la Constitución es la norma que nos establece “las reglas básicas del juego”.

A su vez, debemos conocer el concepto que se denomina como “poder constituyente”, el que alude al poder de definir estas reglas del juego. Es decir, refiere a quién puede o tiene la facultad de establecer la Constitución de un Estado. Desde una perspectiva democrática, dicho poder constituyente lo tiene el pueblo. Por ello se entiende que una Constitución es, y debe ser, el resultado de un consenso político alcanzado por toda la sociedad en un momento histórico determinado.

De aquí surge uno de los primeros argumentos sobre los cuales se pretende crear una nueva Constitución, y es que la actual no tiene legitimidad democrática, pues, al haber sido creada bajo la dictadura cívico-militar de Pinochet, no recogió los valores e idearios de nuestra sociedad.

La Constitución fue redactada por la Comisión Ortúzar (grupo de juristas de confianza de la Junta Militar), y en el año 80 fue “aprobada” en dictadura por un plebiscito que no cumplió con todas las condiciones que garantizan una votación verdaderamente democrática. No obstante ello, la Constitución fue formalmente aprobada y empezó a regirnos. Luego, ya en democracia, se sucedieron varias reformas que, para algunas personas, terminaron “legitimando” nuestra Carta Fundamental.

Sin embargo, aunque formalmente las actuales reglas del juego sean efectivamente aplicadas, esta Constitución no es, bajo ninguna perspectiva, la expresión de un consenso político social. Lo cierto es que el poder constituyente no fue ejercido por quien originariamente lo tiene: el pueblo. Y este poder constituyente, acallado durante la dictadura, es quien se ha expresado en las masivas manifestaciones de las últimas semanas, dejando más que claro que la Constitución no expresa un acuerdo social.

Lo que dicha Constitución consagró fue un sistema que no representa a la sociedad y que solo beneficia a un determinado sector de ella. Plasma un modelo neoliberal, un modo de gobernanza que implica una mínima intervención del Estado y que funciona bajo una lógica de mercado, en el cual el Estado es subsidiario y las reglas que rigen nuestra vida, son definidas por aquél.

Esto implica que el Estado sólo interviene para compensar las inequidades producidas por el mercado y no asegurando derechos sociales de manera directa. Esto quiere decir que el Estado no se posiciona como primer responsable de satisfacer estos derechos y, por su parte, que la persona no es titular efectiva de éstos, ya que no puede exigir al Estado su cumplimineto. Es decir, el ejercicio de nuestros derechos no se encuentra debidamente garantizado.

Proyección de este modelo es que el derecho a la propiedad se encuentre protegido de manera preferente, mientras que algunos derechos sociales no son reconocidos -como la vivienda o el agua-, y otros no se garantizan adecuadamente -como la educación, la salud y la seguridad social-. Lo anterior a pesar de las obligaciones internacionales que el Estado ha contraído en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en la materia.

Decimos que un derecho está realmente garantizado cuando es posible exigirle al Estado su cumplimiento. En nuestro país, eso se puede hacer ante los Tribunales de Justicia principalmente a través del “recurso de protección”, el cual se encuentra consagrado en nuestra Constitución. El problema es que dicho recurso está expresamente disponible para exigir el cumplimiento solo de algunos derechos, como el derecho a la vida o a la propiedad, y no para exigir derechos de contenido económico, social y cultural, como el derecho a la salud, a la educación o seguridad social. Esto significa que aunque en el papel tengamos esos derechos, en la práctica no tenemos cómo protegerlos.

El modelo consagrado en nuestra Constitución ha permitido en la práctica, y entre otras cosas, la privatización de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el no consagrar constitucionalmente el derecho al agua tiene implicancias concretas en nuestras vidas, ya que si bien este derecho es considerado de uso de todos y todas las chilenas, se otorga a los particulares el derecho a usar de ellas. Esto conlleva a que actualmente ésta se encuentre mayoritariamente en poder de empresas mineras, agroexportadoras y transnacionales, lo que a su vez significa escasez de este recurso en algunos sectores, e implica un alto costo de los servicios para las personas. Chile es el único país del mundo en que el agua es privada.

Por su parte, no se garantiza adecuadamente el derecho a la seguridad social, el cual se refiere al desempleo, invalidez, enfermedad, maternidad, y jubilación. Esto debido a que no se consagran los principios de solidaridad y financiamiento colectivo, principios que son de la esencia de este derecho. Esto ha permitido que se proteja de manera preferente la libertad y propiedad económica de las AFPS, ya que se permite un sistema privado administrado por sociedades anónimas con fines de lucro, lo que reporta millonarias ganancias para las empresas, en perjuicio de las bajas pensiones de las personas.

Respecto al derecho a la educación, si bien éste se encuentra consagrado en nuestra Constitución, no se permite su exigibilidad ante tribunales porque no lo protege el recurso de protección. Sólo se garantiza el derecho a la “libertad de enseñanza”, es decir, al derecho a elegir el establecimiento en el que estudiarán sus hijos e hijas, y el derecho de las y los privados para abrir establecimientos de enseñanza. Esto ha permitido la concepción de este derecho como un bien de consumo, lo que condiciona la calidad, y en la educación superior, el acceso, a los recursos económicos de cada familia.

El derecho a la salud, al igual que el derecho a la educación, se consagra en nuestra Constitución pero no es exigible directamente ante los Tribunales de Justicia. Lo que realmente se protege es la posibilidad de elegir entre un sistema privado (Isapre) y un sistema público (Fonasa). Es decir, no se garantiza el contenido del derecho. Esto ha incrementado la desigualdad social y la calidad de los servicios, no siendo esta elección realmente libre ya que se condiciona a los recursos económicos de las personas.

Otro tema fundamental es que nuestra Constitución no permite la participación plena de todos los grupos sociales, al no reconocer la diversidad de pueblos que conviven en el territorio chileno y no asegurar su adecuada representación. Por ello, es una exigencia básica de justicia contar con cláusulas constitucionales que reconozcan los derechos de pueblos originarios, y en la práctica fijar las reglas para el adecuado reconocimiento y protección de su identidad y cosmovisión.

Finalmente, es importante tener en cuenta que existen muchas otras razones por las cuales debemos cambiar la Constitución y que tienen efectos directos en nuestros derechos, como son los quórums para modificar o aprobar leyes, o las características del actual Tribunal Constitucional.

Creemos que la voz de la sociedad es clara y que es el momento de ejercer nuestro poder constituyente. Por ello creemos que es imprescindible una nueva Constitución para Chile. Una Constitución democrática que construya el andamiaje necesario para la realización de reformas que respondan a las exigencias de la sociedad y a una nueva configuración de las relaciones sociales y de poder, y que garanticen igualdad y los derechos sociales para todas y todos los chilenos.

Miércoles, 06 Noviembre 2019 00:00

Derechos humanos

Escrito por

Carta publicada junto a Lidia Casas, originalmente en La Tercera el 05 de Noviembre 2019

SEÑOR DIRECTOR

Manifestamos nuestra preocupación por las opiniones que consideran innecesaria la visita de la Comisión Interamericana de DD.HH. en este momento.

La protección de los DD.HH. se logra aplicando estándares internacionales, tal como señala el mandato del Instituto Nacional de DD.HH., por lo que la colaboración con órganos internacionales es de suma importancia para la correcta interpretación de esos estándares.

Estos organismos también brindan apoyo necesario al INDH y otras instituciones (como organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales) para la protección de quienes defienden los DD.HH. en Chile. Estas personas no gozan de protección específica, lo que por sí solo es razón suficiente para invitar a la CIDH, que tiene amplia experiencia en ello. Por ejemplo, el personal del INDH ha trabajado en circunstancias adversas e incluso ha sido agredido.

Pero el apoyo de la CIDH no debe limitarse a observar, evaluar y recomendar cómo investigar, sancionar y prevenir las violaciones a derechos como la integridad, libertad de expresión, circulación y reunión y el derecho a la vida. Su mandato también le permite aclarar estándares internacionales en materia de derechos sociales que están en el corazón de las demandas populares, así como otros sobre la obligación del Estado de proteger los DD.HH. de posibles vulneraciones por parte de terceros (privados).

Todo ello es de máxima relevancia en la discusión que debemos tener para fortalecer nuestra democracia y justicia social.

Lidia Casas
Judith Schönsteiner

Centro de Derechos Humanos UDP

 

Carta publicada originalmente en La Tercera, por 206 profesores y profesoras de derecho, entre ellas, Lidia Casas y Judith Schönsteiner

“Ante la grave crisis política y social que vive Chile y las violaciones a los derechos humanos que se han producido”.

Así se titula la carta firmada hoy por 206 académicos -decanas y decanos- de las principales escuelas de derecho del país que reaccionaron ante los casos de abusos policiales y militares que se han conocido tras cinco jornadas de protestas en el país.

“Como profesoras y profesores de derecho de diversas facultades del país y de diversas posturas políticas no podemos guardar silencio ante la situación actual que vive nuestro país”, dice el encabezado de la misiva.

Acto seguido sostienen que “condenamos las graves violaciones a los derechos humanos que se han constatado en diversos lugares del país. Hemos tenido noticia de hechos gravísimos que, con el transcurrir de los días, muestran patrones comunes. Exigimos que las autoridades con poder de mando sobre las fuerzas militares y de orden corrijan a la brevedad esta situación e impidan que se vuelvan a cometer. Asimismo, hacemos un llamado a los efectivos militares y de orden a hacer uso de la fuerza de la forma menos lesiva posible, cumpliendo estrictamente los estándares internacionales, y dentro del marco jurídico vigente”.

En el punto 2 de la carta sostienen que “exigimos que las autoridades pongan término al Estado de Emergencia y al toque de queda lo más pronto posible, pues constituyen restricciones graves a derechos y libertades fundamentales de las personas de nuestro país”.

Agregan que “exigimos que se respeten los derechos de los manifestantes, y esperamos que sus demandas sean escuchadas y canalizadas por las autoridades de los diversos poderes del Estado. Esperamos un diálogo efectivo, responsable y de buena fe para elaborar un pronto camino de solución a la demanda social”.

Hacen un llamado también a los abogados y abogadas de todo el país a que informen a la ciudadanía sobre sus derechos y los medios para ejercerlos, y que asuman la representación gratuita y oportuna de quienes vean vulnerados sus derechos. “Asimismo, instamos a que informen de los medios de fiscalización ciudadana del poder, en especial, de los procedimientos militares y policiales, recabando medios de prueba”, dicen.

“Conminamos a sociedad civil organizada a que contribuyan a difundir y garantizar la dignidad y derechos de todas las personas. Respaldamos el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Conminamos a todas las autoridades, funcionarios y la ciudadanía en general a que colabore con dicha institución para que pueda desplegar su labor de la manera más eficaz”, agregan.

En la misiva también se respalda la labor realizada por el Poder Judicial controlando la legalidad de detenciones y amparando la libertad de detenidos, asegurando que “los instamos a que sigan desarrollando su labor con el mayor celo posible”.

Agradecen además a los estudiantes de derecho de diversas facultades del país “que de forma solidaria han realizado asistencia jurídica gratuita durante estos días de excepción constitucional. Instamos a que sigan desarrollando su labor y a que la ciudadanía colabore en ello”.

“Señalamos que desde ya nos comprometemos a que ningún acto constitutivo de una violación a los derechos humanos quede impune, impulsaremos incansablemente que se hagan efectivas todas y cada una de las responsabilidades legales, constitucionales e internacionales que correspondan a los hechos acaecidos en estos días, respecto de las autoridades de gobierno, como los miembros de las fuerzas armadas y de orden”, finaliza la carta.

Firman esta carta:

Agustina Alvarado, Universidad Católica del Norte.
Alberto Coddou, Universidad Austral de Chile.
Alejandra Hermosilla, Universidad de Viña del Mar.
Alejandra Zúñiga, Universidad de Valparaíso.
Álvaro Castro, Universidad de Chile.
Álvaro Domínguez, Universidad de Concepción.
Álvaro Fuentealba, Universidad de Chile.
Álvaro Magasich, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Álvaro Núñez, Universidad Austral.
Amaya Alvez, Universidad de Concepción.
Ana María García, Universidad de Chile.
Andrea Martones, Universidad de Chile.
Andrés Benavides, Universidad de Valparaíso.
Andrés Delgado, Universidad Autónoma de Chile.
Barbara Sepúlveda, Universidad Alberto Hurtado
Boris Hau, Universidad Alberto Hurtado.
Camila Troncoso, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Camilo Arancibia, Universidad de Valparaíso.
Carlos Cabezas, Universidad de Antofagasta
Carlos Navia, Universidad de Valparaíso.
Carolina Bruna, Universidad de Chile.
Catherine Ríos, Universidad Nacional Andrés Bello.
Cecilia Valenzuela, Universidad de Valparaíso.
César Ramos, Universidad Diego Portales.
Christian Scheechler, Universidad Católica del Norte.
Christian Suárez, Universidad de Talca.
Christian Viera, Universidad de Valparaíso.
Claudia Sarmiento, Universidad Alberto Hurtado y Universidad Adolfo Ibáñez.
Claudio Agüero, Universidad Alberto Hurtado
Claudio Fuentes, Universidad Diego Portales.
Claudio González, Universidad de O’Higgins.
Claudio Nash, Universidad de Chile.
Constanza de la Fuente, Universidad Austral de Chile.
Constanza Salgado, Universidad Adolfo Ibañez.
Consuelo Cortés, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Consuelo Murillo, Universidad Austral de Chile.
Cristián Alarcón, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Cristóbal Carmona, Universidad Diego Portales.
Cristóbal Osorio, Universidad Nacional Andrés Bello.
Danae Fenner, Universidad de Chile.
Daniel Mondaca, Universidad de Valparaíso.
Daniel Hasson, Universidad Nacional Andrés Bello.
Daniela Accatino, Universidad Austral de Chile.
Daniela Marzi, Universidad de Valparaíso.
Daniela Méndez, Universidad Santo Tomás.
Diego Pardo Álvarez, Universidad Austral de Chile.
Diego Pardow, Universidad de Chile.
Diego Rochow, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Domingo Lovera, Universidad Diego Portales.
Edgardo Riveros, Universidad Central de Chile.
Eduardo Bofill, Uniersidad de Valparaíso.
Eduardo Caamaño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Elvira Badilla, Universidad Católica del Norte.
Ema Salinas, Universidad de Chile.
Ernesto Vásquez, Universidad de Chile.
Emilio Oñate, Universidad Central de Chile.
Enrique Letelier, Universidad de Valparaíso.
Enrique Rajevic, Universidad Alberto Hurtado.
Enzo Solari, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Erick González, Universidad Nacional Andrés Bello.
Esteban Szchmulevic, abogado constitucionalista.
Estefania Esparza, Universidad de la Frontera.
Ezio Costa, Universidad de Chile.
Fabiola Girao, Universidad de Valparaíso.
Federico Szczaranski, Universidad de Talca.
Felipe Abbott, Universidad de Chile.
Felipe González, Universidad de Valparaíso.
Felipe Gorigoitía, Universidad de Valparaíso.
Felipe Paredes, Universidad Austral de Chile.
Fernando Atria, Universidad de Chile.
Fernando Muñoz, Universidad Austral de Chile.
Flavia Carbonell, Universidad de Chile.
Flavio Quezada, Universidad de Valparaíso.
Francisca Moya, Universidad Adolfo Ibáñez.
Gladys Camacho, Universidad de Chile.
Gloria Mancilla, Universidad de Talca.
Gonzalo Berríos, Universidad de Chile.
Gonzalo Cortés, Universidad Católica del Norte.
Guillermo Jiménez, Universidad Adolfo Ibáñez.
Guillermo Silva, Universidad de Chile.
Hugo Tórtora, Doctor en Derecho.
Humberto Carrasco, Universidad Católica del Norte.
I. Vidal Tamayo, Universidad Autónoma de Chile
Ignacio Ackermann, Universidad de Valparaíso.
Inés Robles, Universidad de Valparaíso.
Ismael Martínez, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Iván Vidal Tamayo, Universidad Autónoma de Chile.
Jaime Bassa, Universidad de Valparaíso.
Javier Valle, Universidad de Tarapacá.
Javier Arévalo, Universidad de Chile.
Javier Contesse, Universidad de Chile.
Javier Velásquez, Universidad Católica de Temuco.
Javier Wilenmann, Universidad Adolfo Ibáñez
Javiera Arce, Universidad de Valparaíso.
Javiera Tapia, Universidad Nacional Andrés Bello.
Jesús  Ezurmendia, Universidad de Chile.
John Charney, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Jonatan Valenzuela, Universidad de Chile.
Jörg Stippel, Universidad Autónoma de Chile.
Jorge Astudillo, Universidad Andrés Bello.
Jorge Contesse, Rutgers University y Universidad Diego Portales.
Jorge Ulloa, Universidad Central de Chile.
José Ángel Fernández, Universidad Austral de Chile
José Henríquez Muñiz, Asociación de Pensamiento Penal.
José Ignacio Núñez, Universidad Central de Chile.
José Luis Ugarte, Universidad Diego Portales.
José Miguel Valdivia, Universidad de Chile.
José Pablo Gómez, Universidad Santo Tomás.
Juan Antonio Núñez, Universidad Central de Chile.
Juan Carlos Ferrada, Universidad de Valparaíso.
Juan Enrique Serrano, Universidad de La Frontera.
Juan Pablo Severin, Universidad Católica del Norte.
Juan Sebastián Vera, Universidad Austral de Chile.
Judith Schönsteiner, Universidad Diego Portales.
Kamel Cazor, Universidad Católica del Norte.
Karin Uribe, Universidad de Valparaíso.
Karina Saavedra, Universidad Nacional Andrés Bello.
Karla Varas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Laura Albornoz, Universidad de Chile.
Laura Mayer, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Lautaro Contreras, Universidad de Chile.
Leonardo Moreno, Universidad Alberto Hurtado.
Leticia Morales, Universidad Austral.
Lidia Casas, Universidad Diego Portales.
Lieta Vivaldi, Universidad Diego Portales y Universidad de Chile.
Liliana Galdámez, Universidad de Chile.
Lorena Lorca, Universidad de Chile.
Luciano Rojas, Universidad de Talca.
Luis Cordero, Universidad de Chile.
Luis Palacios, Universidad San Sebastián.
Luis Villavicencio, Universidad de Valparaíso.
Luppy Aguirre, Universidad de Chile.
Macarena Vargas, Universidad Diego Portales.
Manuel Núñez, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Magdalena Bustos, Universidad de Chile.
Marcela Aedo, Universidad de Valparaíso.
Marcela Tapia, Universidad Austral de Chile.
Marcela Zúñiga, Universidad Diego Portales.
Marco Andrade, Universidad Austral de Chile.
María de los Ángeles González, Universidad de Chile.
María Eugenia Montt, Universidad de Chile.
María Fernanda Ovalle, Universidad de Valparaíso.
María Paula Poblete, Universidad de Talca.
Matías Guiloff, Universidad Diego Portales.
Matías Silva, Universidad Católica Silva Henríquez.
Mauricio Duce, Universidad Diego Portales.
Mauricio Matus, Universidad Pablo de Olavide.
Miguel Schurmann, Universidad Central de Chile.
Miriam Henríquez, Universidad Alberto Hurtado.
Mylene Valenzuela, Universidad Central de Chile.
Myrna Villegas, Universidad de Chile.
Nicolas Emanuel Olivares, Universidad Nacional de la Pampa
Nicolás Espejo, Exeter College, Oxford University.
Nicolás Oxman, Universidad Central de Chile.
Nicolás Perrone, Universidad Nacional Andrés Bello.
Nicole Nehme, Universidad de Chile.
Nicole Selamé, Universidad de Valparaíso.
Olga Espinoza, Universidad de Chile.
Oscar Silva, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Osvaldo Artaza, Universidad de Talca.
Pablo Aguayo, Universidad de Chile.
Pablo Contreras, Universidad Autónoma de Chile.
Pablo Gres, Universidad Católica del Norte.
Pablo Marshall, Universidad Austral de Chile
Pablo Martínez, Universidad Católica del Norte.
Pablo Soto, Universidad Diego Portales.
Patricia Toledo, Universidad Austral de Chile
Patria Reyes, Universidad de Valparaíso.
Patricio Hidalgo, Universidad de Chile y Universidad Alberto Hurtado.
Paula Ahumada, Universidad Central de Chile.
Paula Gutiérrez, Universidad de Valparaíso.
Paula Medina, Universidad Central de Chile.
Paula Vial, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Paulina Astroza, Universidad de Concepción.
Paz Irrarázabal, Universidad de O’Higgins.
Pietro Sferraza, Universidad Nacional Andrés Bello.
Ramón Mayorga, Universidad Austral de Chile.
Ricardo Lillo, Universidad Diego Portales.
Ricardo Saavedra, Universidad de Valparaíso.
Rocío Lorca, Universidad de Chile.
Rocío Sánchez, Universidad Nacional Andrés Bello.
Rodrigo Calderón, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Rodrigo Palomo, Universidad de Talca.
Rodrigo Poblete, Universidad de Talca.
Rodrigo Busto, Universidad Diego Portales.
Salvador Millaleo, Universidad de Chile.
Rodrigo Medina, Universidad Santo Tomás.
Sebastián Agüero, Universidad Austral.
Sebastián Figueroa, Universidad Adolfo Ibáñez.
Sebastían Ríos, Universidad Austral de Chile.
Sergio Fuenzalida, Universidad Central de Chile.
Sergio Gamonal, Universidad Adolfo Ibáñez.
Silvana del Valle, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Silvio Cuneo, Universidad Central de Chile.
Soledad Fernández, Universidad de Valparaíso.
Tomás Blake, Universidad Diego Portales.
Tomás Jordán, Universidad Alberto Hurtado.
Tomás Ramírez, Universidad de Chile.
Tomás Vial, Universidad Diego Portales.
Valentina Durán, Universidad de Chile.
Verónica Undurraga, Universidad Adolfo Ibáñez.
Viviana Ponce de León, Universidad Austral de Chile.
William García, Universidad Alberto Hurtado.
Ximena Gauché, Universidad de Concepción.
Ximena Insunza, Universidad de Chile.
Yanira Zuñiga, Universidad Austral de Chile.

 

Columna publicada en periódico El País el 18 de Junio, junto a Mariclaire Acosta, Carlos Ayala, Catalina Botero y Juan Méndez, miembros del Panel Independiente de Expertos para las elecciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El próximo 28 de junio, durante la Asamblea General que tendrá lugar en la ciudad de Medellín (Colombia), los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos definirán cuestiones cruciales para la región. Entre ellas, la elección de cuatro de los siete integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la hora de votar, los Estados deberían elegir a personas que reúnan los altos estándares de autoridad moral, versación en derechos humanos e independencia que la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige. Sin embargo, las elecciones se acercan y algunos países se aproximan a ellas con algunas dificultades para cumplir esa misión.

La lista de candidatos se ha cerrado con solo cinco nombres para cubrir cuatro vacantes. De acuerdo a la información evaluada por este panel independiente, tres de los candidatos; Margarette May Macaulay (propuesta por Jamaica), Esmeralda Arosemena de Trotiño (por Panamá), y Julissa Mantilla Falcón (por Perú), cumplen con los requisitos que tanto la Convención Americana como el Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana exigen para este cargo; mientras que dos de los candidatos —Everth Bustamante García (propuesto por Colombia) y Edgar Stuardo Ralón Orellana (por Guatemala)— no cumplirían con dichos requisitos. El panel ha llegado a esta conclusión luego de un proceso abierto, participativo y transparente de tres meses, que incluyó entrevistas con los candidatos y recepción de la información enviada por diversas personas y organizaciones de la región.

Teniendo en cuenta que se decide el futuro del órgano encargado de la protección de los derechos humanos en la región, estas elecciones deberían ser una oportunidad para fortalecerlo desde adentro, nombrando a personas claramente calificadas para esta función. Para eso, sería necesario que los Estados cuenten con un número razonable candidatos entre los cuales decidir, y que estos reúnan las condiciones requeridas. Sin embargo, una gran cantidad de ellos no propusieron candidatos y, de acuerdo a la información recabada por este panel, los que los han propuesto no han hecho convocatorias abiertas, ni han llevado a cabo procesos de nominación transparentes ni participativos a nivel local, que hubieran sido capaces de ofrecer garantías de la idoneidad e independencia de las personas nominadas.

Este escenario limita las propias posibilidades de elección de los países en su encuentro en Medellín, en desmedro no solo de la adecuada composición, sino de la legitimidad de un organismo clave para los derechos humanos en el continente. A quienes integramos este panel nos une nuestra trayectoria en el estudio, la enseñanza, la promoción y la defensa de los derechos humanos y la democracia a nivel regional e internacional. Hemos sido llamados a desarrollar esta labor en nuestro carácter de expertos independientes, de forma objetiva e imparcial. Nos convocaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso Legal, y la Open Society Justice Initiative, como nueva expresión de un esfuerzo que vienen realizando desde 2015 para promover elecciones más transparentes y participativas en el Sistema Interamericano.

Trabajamos de forma autónoma, definimos nuestra propia metodología para medir los criterios establecidos por la Convención Americana, y contamos con la asistencia, como secretaría, del Centro de Derechos Humanos del American University Washington College of Law. Nuestro informe da cuenta tanto de la información que utilizamos como del razonamiento que nos llevó a adoptar, por consenso, nuestras conclusiones.

Creemos que el mayor valor de este ejercicio es realizarlo de esta manera, y pensamos que es vital que se siga realizando, sea promovido por sociedad civil, o sea incorporándolo dentro de los procesos de elecciones de la OEA. Esperamos nuestro informe contribuya a la labor responsable de los Estados, en la importante misión de elegir a los próximos miembros de la CIDH, y que, en general, convoque a la reflexión y al diálogo sobre el modo en que se nominan y eligen a los integrantes de los órganos del Sistema.

 

Miércoles, 22 Mayo 2019 00:00

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Escrito por

Carta publicada en El Mostrador el 20 de Mayo de 2019 junto a Ximena Gauché, académica Universidad de Concepción

Señor Director:

En “El Mercurio”, el profesor Álvaro Paúl sostuvo -el 9 de mayo- algunas opiniones sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de las cuales por lo menos tres se basan en hechos representados de manera tergiversada y equivocada.

Primero, afirma que “no siempre se cumple” el agotamiento de recursos internos para conocer de una petición. El profesor se equivoca, ya que la jurisprudencia al respecto es firme y basada en que la misma Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) permite excepciones en casos de denegación de justicia y atrasos procesales. Es más, las excepciones al agotamiento de los recursos están previstas en el propio Pacto de San José de Costa Rica.

Segundo, indica que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no impondría interpretaciones sobre políticas públicas. Esto también es incorrecto. El Tribunal se ha pronunciado sobre múltiples políticas públicas, encontrando violaciones de derechos humanos, especialmente, cuando está en juego su contenido esencial. El TEDH tampoco basa su deferencia, como asevera Paúl, en la existencia de “diversos modos legítimos” de interpretación, sino, la aplica solo en algunas materias específicas y definidas en la jurisprudencia del TEDH – sin base en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Tercero, Paúl es de la opinión que los “ordenamientos constitucionales” deben considerarse cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena reparaciones. Esto contradice un principio básico del derecho internacional, la buena fe, y además el artículo 2 de la Convención Americana, que obliga adecuar el derecho interno –incluyendo el constitucional– a la Convención. El artículo 63.1 CADH sobre reparaciones, además, no hace ninguna referencia al derecho interno. ¿Cómo podría un Estado esquivar sus obligaciones de derecho internacional argumentando que su derecho interno no le permite cumplir? Si ejecutivo y legislativo son negligentes o obstinadas en no adoptar una ley de implementación de las sentencias interamericanas, ¿cómo pretendemos que el poder judicial además se sume a esta negligencia? Todos los poderes del Estado, por separado y conjuntamente, son responsables del cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Judith Schönsteiner, académica Universidad Diego Portales

Ximena Gauché, académica Universidad de Concepción

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