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Por Dominique Hervé y Judith Schönsteiner, académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Publicado originalmente en La Tercera el 23 de Abril.

Un estudio reciente de la Universidad de Harvard concluyó que “un pequeño aumento en la exposición a largo plazo al material particulado fino PM2.5 conduce a un gran aumento en la tasa de mortalidad de Covid-19, con una magnitud de aumento 20 veces mayor que la observada para PM2.5 y mortalidad por otras causas”. Si bien no es de extrañar que la exposición de las personas a contaminación atmosférica genere una situación de mayor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sí resulta llamativo que, al parecer, el riesgo es todavía mucho mayor cuando hablamos del Covid-19.

Es de público conocimiento que numerosas ciudades de la zona centro y sur de nuestro país están saturadas por contaminación atmosférica, en particular PM2.5, una situación que también afecta a localidades específicas en la zona norte, ante la presencia de ciertas industrias. La reducción o detención de actividades productivas –algo que puede resultar dañino en lo económico y laboral– hace previsible una menor exposición a este material particulado durante este invierno, pero esa baja podría contrarrestarse: las emisiones por calefacción particular de leña o combustibles fósiles de otra índole deberían más bien aumentar, por el mayor tiempo que las personas deben permanecer en sus casas.

En este escenario, se torna indispensable contar con información detallada, válida y confiable sobre los índices de contaminación (una carencia que ha destacado el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP), a fin de diseñar e implementar medidas de mediano y largo plazo para disminuir la contaminación. Ello es más urgente ante el riesgo adicional de que quienes se enferman por el Covid-19 tengan consecuencias más graves si están expuestos a contaminación atmosférica. Y es necesario incluso pese a las diferencias de opinión en la comunidad científica en torno a la relación entre la contaminación atmosférica y la propagación del coronavirus por el aire: el llamado principio de precaución sostiene que, ante la incertidumbre científica, aumenta –en vez de disminuir– la exigencia de protección e información.

Los resultados del estudio de la Universidad de Harvard subrayan la importancia de adoptar medidas inmediatas para mejorar la información que se entrega a la ciudadanía en materia de contaminación, así como para prevenir el empeoramiento de la calidad de aire. La crisis sanitaria del Covid-19 solo aumenta la urgencia de ello, y las medidas beneficiarán a todos los pacientes de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Y una vez superada la pandemia, estas medidas deberán hacerse permanentes, justamente porque responden a una necesidad continua que sólo se hace más visible por el virus.

Entrevista publicada originalmente en El Mostrador el 10 de Abril 2020

Una de las consecuencias que ha dejado el avance del Covid-19 a nivel mundial, es el aumento de la violencia contra las mujeres, disparando las cifras de denuncias y llamados a los fonos de ayuda que han ofrecido los gobiernos para ayudar a las víctimas que en medio de la cuarentena se ven obligadas a pasar tiempo con su agresor. Sobre este fenómeno y más conversó con El Mostrador, la abogada, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y experta en género, Lidia Casas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género reveló que las llamadas al fono de ayuda 1455, disponible las 24 horas del día para las mujeres que lo necesiten puedan recibir la asesoría necesaria en estos casos, aumentaron en un 70%. Frente a este escenario Casas señaló que “las mujeres, en tanto grupo, también requieren un foco de interés porque el confinamiento con sus agresores aumenta considerablemente el riesgo. El Estado no se ha paralizado, han cambiado los focos, y las aproximaciones a los problemas. Aquí los actores del sistema de justicia, incluyendo las policías estén más conscientes de la situación de riesgo de las mujeres, que el Ministerio Público solicite medidas cautelares de alejamiento o modifique aquellas medidas de protección de las cuales dispone autónomamente en aquellos casos denunciado”.

Agregando que en el contexto actual, el Ministerio Público no puede hacer solo todo el trabajo de protección, es por eso que se requerirá un especial esfuerzo del Ejecutivo.

“Existen los centros de violencia contra la mujer, y habrá que asegurar que mantengan sus líneas telefónicas abiertas. Esos centros son alertados de las situaciones que están viviendo, por lo cual están en condiciones de accionar los dispositivos locales para protección a las mujeres. Las visitas e intervención a domicilio de la policía son importantes, pues da una señal de que las mujeres no están solas. Algo similar puede hacer con los dispositivos de seguridad que existen en algunos municipios”, afirmó.

La abogada, señala que las casas de acogida históricamente han sido una salida para las mujeres en situaciones críticas y que en general están siempre con escasos cupos. “La mayor dificultad es si los jueces ordenan la salida del hogar común, o bien el Ministerio Público disponga de mayor presupuesto o el Ejecutivo disponga la utilización de hospedaje en instalaciones que hoy no tienen uso como hoteles. Esto se ha hecho en Canadá donde las casas de acogida ya colapsaron”.

La experta en género también se refirió al primer caso del interno en la cárcel de Puente Alto que dio positivo para coronavirus y “se le mantuvo en prisión y no fue enviado a su domicilio porque el cumplimiento alternativo tenía otros riesgos ya que volvería al lugar donde vivía con o en proximidad con su víctima, padre octogenario, a quien había agredido más de una vez pese a la medida cautelar impuesta. Así lo correcto es compatibilizar evitar el contagio al resto de la población penal manteniendo al interno aislado en el hospital del penal o bien ordenar su traslado a un centro u hospedaje sanitario”.

“Esa alerta también significa que los y las fiscales cuando solicitan las tradicionales medidas de protección dejen de hacerlo mecánicamente que no consideran el contexto, solicitando plazos claros para la salida del hogar común como es la "prohibición de acercamiento". De solicitar, tener claro de cómo se implementará dado este nuevo contexto. Si los imputados no tendrán que ir a firmar mensualmente, la labor para otros colaboradores será relevante. El rol de las policías para asegurar el cumplimiento de las medidas de alejamiento con visitas regulares a los domicilios”, añadió.

¿Qué medidas se podrían tomar para proteger a las víctimas en estas circunstancias y ampliar su red de apoyo?

Existen actualmente redes comunitarias entre vecinos cuando suceden asaltos o robos en la comunidad. Aquí cobra relevancia las autoridades para que pensemos en estas redes haciendo un llamado público a que mujeres los utilicen o bien que los vecinos intervengan. Si el mensaje es "nos cuidamos todos de la pandemia", eso significa comprometerse también con el entorno en este contexto y requiere explicitar que la seguridad de las personas va más allá del portonazo a mi vecino, es comprometer al vecindario al resto de la comunidad para intervenir, por ejemplo, llamando a la policía y que las víctimas no se sientan solas. La seguridad pública, pues las mujeres son agredidas en los espacios privados. Significa adoptar una narrativa distinta. Es la subsecretaría Martorell, la Ministra de la Mujer y el Ministerio Público que deben hacer esos llamados con mucha claridad.
En cuanto al ámbito legislativo y la propuesta de algunos alcaldes del país de imponer una ley seca durante la cuarentena, ya que el alcohol podría aumentar las agresiones contra las mujeres, la abogada señaló que “lamentablemente, el alcohol está presente, puede ser un factor de riesgo, pero no todos los que maltratan y golpean son consumidores excesivos de alcohol. La ley seca podría ayudar, pero no se ha reportado como una medida que yo conozca adoptada en otros países. En situaciones de catástrofes estas medidas se han ordenado, y como señala la Diputada Ossandón no bastará con las botillerías, pues los supermercados pueden abastecer de alcohol a la comunidad”.

Para Casas todas las formas de violencia han estado presente, algunas muy silenciadas como es la violencia sexual. “Los efectos de la violencia económica es posible que se agudizarán con la crisis económica que ya experimentamos, pues al menor empleo, habrá más mujeres con dependencia económica o también que ante el temor de la pérdida de sustento las mujeres no mantengan las denuncias que han formulado en contra de sus agresores, algo que aparece claramente en los estudios que hemos realizado”.

El período de cuarentena agudiza los problemas de convivencia, “se agudizan las tensiones domésticas, el trabajo doméstico y el cuidado de niños o personas mayores o enfermas. Hay un estrés de base para toda la población, la pérdida de empleo, la incertidumbre, pero se van adicionando otros factores que hacen que van agudizando las tensiones familiares cuando las mujeres no pueden "renunciar" a dejar de hacer ciertas cosas como es toda la carga del trabajo doméstico, y mantener el teletrabajo. Algunos varones esperan ser servidos, y las solicitudes de una distribución equitativa del trabajo doméstico no son bien recibidas. Todo esto además se agudiza con hombres violentos en que el estrés adicional rebalsa al ámbito de sus relaciones familiares”.

Sobre la situación mundial, ONU Mujeres dijo que la violencia de género es una pandemia silenciosa, sobre esto Casas manifestó que se debe a los números de las muertes de mujeres cada año no hace que los estados tomen conciencia de lo que sucede a nivel global.

“Se estima que 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han experimentado violencia de sus parejas en los últimos 12 meses. Pero los números de las lesionadas, mutiladas, y las asesinadas no son un llamado de atención a las autoridades de salud de huellas indelebles que dejan la violencia y sus costos. De hecho, las partidas presupuestarias son pobres para la magnitud del problema y los costos también para las futuras generaciones, ONU Mujeres y otras agencias buscan empujar a los Estados, dialogando con ellos, incentivando a las buenas prácticas, y buscando en ocasiones respuestas a través de la sociedad civil que cumple un rol importantísimo”, finalizó.

Columna publicada originalmente en The Clinic el 9 de Abril

Para algunas personas podrá parecer odiosa la labor que realiza el Contralor cuando pide explicaciones a través de un oficio a la Fuerza Aérea por el traslado de un médico desde Temuco, ocurrido domingo 5 de abril. El viaje, realizado en un avión acondicionado para situaciones críticas, tuvo un costo para el Fisco de 100 millones de pesos. Ante los cuestionamientos, el gobierno fue enfático en descartar que el traslado se haya realizado ante la falta de ventiladores mecánicos, y se dijo que la decisión fue tomada por el equipo médico tratante. Como ya es de conocimiento público, la decisión no fue tomada por la FACH, sino por las autoridades nacionales de salud, suponemos que en consulta con los organismos sanitarios de la región.

Pero los cuestionamientos a la situación no son gratuitos: el largo territorio nacional exhibe desigualdades en la disponibilidad de implementos, equipos médicos y personal sanitario en los servicios de salud, y el gobierno debe asegurar que haya el más amplio acceso, oportuno y de calidad, para todos sus habitantes. En este sentido, los estándares técnicos y la práctica internacional de los Derechos Humanos incorporan una dimensión olvidada, cual es los principios de justicia y no discriminación como pilares de la bioética. Éstos buscan asegurar que todas las personas tengan igual acceso a atención en salud en forma oportuna y de calidad.

No tenemos información de si en Temuco había otros pacientes en la misma condición (o incluso peor) que la persona trasladada, y que podrían haberse beneficiado de ser atendidos en centros de salud de la capital, con mejores condiciones técnicas que las que tenían en esa ciudad. Pero sí es necesario recalcar que el principio de justicia exige al personal y autoridades médicas tratar a cada uno como corresponda conforme a sus necesidades, a fin de disminuir las situaciones de desigualdad, en este caso económica. Para la gran mayoría de las familias usuarias del sistema público, no existe siquiera la posibilidad de discutir que una persona enferma sea tratada en otro recinto con mejores condiciones. Así, la distribución de recursos escasos, cuando los criterios y su razonabilidad no son conocidos, convertiría esta actuación en discriminatoria.

Este caso debe alertarnos, sobre todo porque no es aislado: también en Temuco, un equipo médico elaboró criterios para determinar quien recibiría prioridad para atención crítica, y excluyeron de manera general y automática a personas viviendo con VIH, a personas con cáncer y otras enfermedades “no tratables”. Si bien la circular fue rápidamente dejada sin efecto ante las críticas, el hecho evidencia cómo bajo situaciones límites surgen decisiones de funcionarios públicos basadas en criterios discriminatorios o con visos de discriminación. Es de suponer que la motivación del Contralor para oficiar a la Fuerza Aérea es asegurar que los servicios de salud se entreguen sin discriminación a todos los habitantes del territorio que lo necesiten, ya que cualquier gasto que financie una medida discriminatoria es ilegal y arbitrario.

Lidia Casas Becerra

Directora del Centro de DDHH – Universidad Diego Portales

Columna originalmente publicada el 07 de Abril 2020 en El Mostrador 

Ciertamente, el Coronavirus no hace distinción entre ricos y pobres: contagia por igual. Y también es verdad que, en esta oportunidad, las comunas del sector oriente de la capital, con mayor nivel de ingresos, registran más contagios, probablemente por el privilegio de los más ricos de poder viajar a Europa o Asia en las vacaciones o por negocios. Aunque esto podría deberse, además, a una menor detección de casos en comunas como Estación Central, donde las personas no van al médico a menos que estén muy mal.

Sin embargo, mientras el virus trata y tratará a todos y todas por igual, nuestro sistema de salud no lo hace. Sin medidas decididas por parte de la autoridad, la preocupante escasez de insumos que se vislumbra (ver El Mostrador del 3 de abril), golpeará con más fuerza a los sectores más vulnerables, perpetuando la discriminación estructural que caracteriza el sector salud en Chile y que ha sido diagnosticada reiteradamente en instancias como el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP. En pocas palabras, mientras no se centralice la respuesta sanitaria con criterios transversales a nivel nacional, la prevención y el cuidado serán mejor en las comunas ricas que en las pobres.

La declaración del estado de catástrofe entrega a las autoridades facultades para regular nuestros dos sistemas de salud – el privado y el público –, de tal forma que ante la crisis respondan como uno solo. Ya se han tomado médicas rápidas, como el ingreso de bonificación del test a la canasta básica de FONASA (indispensable para tener la cobertura de las Isapre) o la distribución central de las camas de cuidado intensivo (respiración mecánica), cuya implementación debe ser fiscalizada. Pero las autoridades deben hacerse cargo también de otros problemas graves, entre ellos la falta de abastecimiento de insumos básicos de higiene, la persistente mentalidad de que cada centro y hospital “se la arregle solo”, y la protección de los y las trabajadores de la salud.

Ante estas urgencias, es preocupante que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señale que los municipios pueden hacer mucho más contratando una mayor cantidad de profesionales y personal sanitario: ¿con qué dinero, si los presupuestos del sector se cubren a partir de un per cápita que se calcula por comuna? La atención y la presión sobre el servicio salud primaria en comunas con más ingresos ciertamente no es la misma que en sectores populares.

La discriminación estructural en el sistema de salud de Chile quedará de manifiesto si la salud pública se ve obligada a dar prioridad a pacientes de COVID-19, desatendiendo otros casos urgentes o graves. El efecto sería una discriminación indirecta, prohibida por el derecho internacional: sólo quien tiene los recursos para atenderse en el sistema privado podría acceder a exámenes o tratamiento de enfermedades como el cáncer. El triage de gravedad se debe realizar sobre todos los casos que se presentan, no sólo los relacionados al Coronavirus. La transparencia requiere que las autoridades informen sobre la cantidad de casos urgentes que no se pudieron atender, por ejemplo, por no disponer de salas o equipos de operación, y cuáles son los criterios con que se rechaza el diagnóstico o tratamiento de un caso no-COVID-19.

En las próximas semanas, Chile tendrá que adoptar, adicionalmente, un protocolo sobre los criterios más concretos que apliquen para tratar a pacientes de COVID-19 y cómo priorizarlos en relación con otros casos de riesgo vital como los descritos en el párrafo anterior. Criterios distintos a los estrictamente médicos (probabilidades de supervivencia y eficacia del tratamiento, por ejemplo) contravendrían la prohibición de discriminar en las garantías de salud. Una exclusión ex ante (general y automática) de ciertos grupos de personas del acceso a respiración mecánica, por ejemplo, sería contraria a esta prohibición.La crisis es una oportunidad.

Dado que es nos amenaza a todos y todas, podría ayudarnos a aprender, finalmente, a abordar la discriminación estructural que impide que gocemos de acceso igualitario a salud de la misma calidad, tanto quienes habitan en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea como mis vecinos y vecinas de Estación Central. Cualquier exclusión o dificultad de acceso hacia las personas y grupos menos favorecidos en Chile (de tez más oscura, origen social menos prestigioso o –la de mayor incidencia en el país– un bolsillo más flaco) contravendría las obligaciones que el Estado ha contraído internacionalmente.

Cierto, no todo será posible. Los recursos son limitados y eso se muestra incluso en países con los mejores y equitativos sistemas de salud del mundo. Habrá quienes morirán. Pero las obligaciones internacionales – y la dignidad de las personas – nos obligan a distribuir la escasez de manera justa, transparente y preocupándonos por todas las patologías con posible riesgo vital, no solamente COVID-19. Permitir que sea el mercado el que haga esa distribución o no crear mecanismos adicionales de solidaridad entre comunas ricas y comunas pobres sería una negligencia grave.

Miércoles, 11 Diciembre 2019 00:00

No sabemos qué respiramos

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*Esta columna fue escrita junto a Dominique Hervé, Facultad de Derecho UDP. Originalmente publicada en la Tercera, el 11 de Diciembre 2019

Lo que se hizo patente durante los últimos años en la zona industrial de Puchuncaví-Quintero es un problema sistémico a lo largo del país: no podemos estar seguros sobre qué respiramos. Esa ignorancia es en sí un problema para el derecho a la salud y se ve acentuada actualmente en algunos sectores, dadas las emisiones por incendios y barricadas y el uso masivo de gases lacrimógenos en las últimas semanas.

En chile, la información ambiental sobre calidad de aire a pesar de existir un sistema que la regula– no cumple con los estándares de derechos humanos aplicables tanto para el acceso a la información, como para la calidad y contenido de la misma.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP de 2019, publicado en noviembre, reveló que los datos con los que contamos sobre los contaminantes en nuestras ciudades y pueblos son incompletos, por no abarcar todos los principales contaminantes nocivos para la salud y por no ser debidamente accesibles. Solo la información sobre material particulado grueso (PM10) se encuentra sistemáticamente disponible para la población.

Uno de los mayores problemas identificados por el informe es la falta de calidad de los datos que se usan para tomar decisiones de políticas públicas, tales como la adopción de planes de descontaminación. Así, existen errores de medición, ubicación no representativa de estaciones de monitoreo, baja frecuencia de mediciones y la ausencia de un laboratorio de referencia y un mecanismo de verificación de la calidad de la información sobre contaminación del aire. Otro aspecto del problema es que Chile no ha definido las concentraciones de contaminantes según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (nuestro país es más permisivo) y, peor aún, no ha abarcado contaminantes tan riesgosos como el carbono negro, o el arsénico y benceno que forman parte del PM10 y PM2.5.

Con ello, sabemos el tamaño de los contaminantes que respiramos, pero no su toxicidad; por lo tanto, no podemos tomar acciones individuales ni colectivas informadas para proteger nuestra salud.

La calidad del aire está íntimamente relacionada con el cambio climático, pero necesitamos datos distintos para hacer frente a cada uno: mientras para el último interesa reducir la cantidad de emisiones (y, por lo tanto, se miden éstas), la calidad de aire requiere además información sobre la concentración de los contaminantes en lugares habitados. Sin ella, no sabremos qué respiramos. Es preocupante que, justamente en el año de la COP25 del cambio climático, el informe revele que la cantidad de fiscalizaciones de calidad de aire por parte de la Superintendencia de Medioambiente ha bajado drásticamente.

En definitiva, es urgente avanzar para establecer las condiciones para un sistema independiente y transparente de verificación de la calidad de los datos sobre la contaminación del aire en el país.

Martes, 10 Diciembre 2019 00:00

Día de los Derechos Humanos

Escrito por

Carta publicada originalmente en El Mercurio por Judith Schönsteiner y Lidia Casas el 10 de Diciembre 2019,

Tradicionalmente, el 10 de diciembre el INDH ha presentado su Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile. Este es el primer año desde su creación en que no ocurrirá, ya que los y las funcionarios han tenido que desplegarse día y noche en calles, comisarías y hospitales para velar por el respeto a los DD.HH., dada la urgencia y gravedad de los acontecimientos en el país.

En este contexto, debe valorarse positivamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya creado una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI), informada el pasado jueves, ante la grave preocupación del organismo internacional por las violaciones de DDHH en nuestro país. El mecanismo –que también se ha instalado en países como Venezuela (desde 2017), Nicaragua (2018), Haití (2019) y Bolivia (2019)– busca “monitorear y dar respuesta a la situación de DD.HH.“, enfocándose principalmente en patrones de violaciones y asuntos estructurales, incluyendo de derechos sociales, y no en casos aislados.

Mientras la CIDH prepara su visita a Chile, esperamos que el INDH cuente con los recursos necesarios para realizar su labor en el nuevo contexto y no sólo medidas paliativas para responder a la contingencia.

Por Judith Schönsteiner y Lidia Casas
Centro de Derechos Humanos UDP

Martes, 10 Diciembre 2019 00:00

Empresas, derechos humanos y estallido social

Escrito por

Columna originalmente publicada el 06 de Diciembre 2019

Organismos internacionales como Naciones Unidas y la OCDE, así como en el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas en Chile (a renovarse el próximo año), reconocen que las empresas deben respetar los DDHH y prevenir los impactos negativos que atenten contra ellos. Esto va incluso más allá de lo que les exija la ley; tal como ejemplificó la iniciativa #primerpaso, que reúne empresas que se comprometieron a no pagar sueldos menores de $ 500.000. No obstante, el actual contexto de crisis social y política en Chile ha dejado en evidencia que la definición de “impacto” que han manejado empresas y gremios muchas veces queda corta, y se reduce a los efectos directos, por ejemplo, sobre el derecho a la salud de la población aledaña afectada por las emisiones de sus instalaciones.

Esta definición acotada deja fuera tres formas de impacto indirecto que atingen al debate sobre justicia social y que, pese a no ser nuevas, deben ser reconocidas y eficazmente combatidas en cualquier acuerdo social futuro que pretenda ser justo. Éstas son: la corrupción y el financiamiento indebido de campañas políticas; la evasión de impuestos y el lobby tributario a favor de quienes tienen más recursos; y el lobby contra una mayor regulación para garantizar derechos sociales. Estos se dan en el contexto de la privatización de los servicios sociales cuando éstos son rentables, y la falta de mecanismos solidarios para proveer servicios de calidad cuando no lo son.

La capacidad de influenciar las elites políticas es claramente mucho mayor de la que tienen las personas afectadas, a pesar de una sociedad civil organizada y órganos de protección como el INDH o el SERNAC. En las últimas semanas, los casos sobre financiamiento de la política y corrupción que terminaron en salidas alternativas o sin condenas nos hablan elocuentemente de cómo la cancha está desequilibrada: algunos se enriquecen o aceptan beneficios económicos en perjuicio de la posibilidad del Estado de garantizar los DDHH.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que ningún Estado, grupo o persona puede emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de los DD.HH. Lo que se pide con toda razón a quienes saquean – que no afecten los derechos laborales de los trabajadores, por ejemplo – se debería pedir con mayor razón a quienes tienen poder y capacidad de generar un mucho mayor desbalance a los derechos humanos que los primeros.

Columna escrita por Antonia Rivas Palma, Autora Capítulo Derechos de los pueblos indígenas del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Abogada, Universidad Diego Portales. Doctora en Antropología, Universidad de California, Berkeley. Publicada originalmente en The Clinic el 14 de Noviembre 2019.

Hace 1 año murió, asesinado por miembros de las Fuerzas Especiales de Carabineros, el joven mapuche Camilo Catrillanca al interior de la comunidad Temucuicui. La historia es conocida por todos. Su muerte no fue casual o fortuita, sino el resultado de un patrón de malas prácticas institucionales y vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de Carabineros, que lamentablemente hacían presagiar un resultado así. Hoy vemos con pesar cómo esos patrones se repiten, e incluso empeoran, en el actuar de Carabineros en los 28 días seguidos de protestas en el país.

Desde hace varios años que en el capítulo sobre derechos de los pueblos indígenas en Chile del Informe de DD.HH. de la Universidad Diego Portales venimos denunciando las prácticas abusivas y contrarias a los derechos humanos por parte de Carabineros de Chile (incluso contrarias a sus propios protocolos) hacia miembros del pueblo mapuche. El Informe de este año no es la excepción. En diversas oportunidades se ha constatado el uso desproporcionado de la fuerza, la militarización de la respuesta policial, los violentos allanamientos a comunidades mapuche y las vulneraciones al derecho a la integridad física y psíquica de sus miembros, especialmente niños, niñas y adolescentes.

Como expresamos en el Informe, la excesiva militarización de la zona, la poca preparación de Carabineros en derechos humanos y el tratamiento de problemas interculturales, el uso de la Ley Antiterrorista en el enfrentamiento de la protesta social mapuche, la decisión política de enfrentar el problema como de seguridad pública y pobreza–y no desde la óptica de los derechos humanos de los pueblos indígenas– hacían presagiar una tragedia así́. No hemos sido los únicos que han denunciado esta situación; múltiples son los documentos y acciones judiciales presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y diversos otros organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que apuntan a lo mismo.

También nos hemos referido en el informe junto con muchos otros casos, a la Operación Huracán, donde se comprobó que Carabineros habían urdido un complejo montaje de falsas intervenciones telefónicas para acusar a 8 comuneros mapuche que fueron detenidos y luego absueltos. Ya entonces llamamos a una restructuración de la institucionalidad policial, poniendo fin a su lógica militarizada e impulsando la creación de una fuerza policial civil, con importantes funciones en inteligencia para detener eficazmente la violencia, pero capacitada verdaderamente en el respeto de los derechos humanos.

Hoy, lamentablemente, somos testigos nuevamente del actuar atentatorio de Carabineros contra los derechos humanos, esta vez no solo en contra de miembros del pueblo mapuche, sino de miles de chilenos que se han manifestado en las diversas jornadas de protesta a lo largo de todo el país, y han sido violentamente reprimidos por la fuerza policial. La actuación de Carabineros ha respondido a los mismos patrones de conducta que en la protesta mapuche, pero se ha visto exacerbada por los 28 días ininterrumpidos que lleva el conflicto, el desgaste y cansancio de la fuerza policial, la masividad de las manifestaciones y la falta de control político. Se han reportado innumerables casos de violaciones de Derechos Humanos que no responden a la obligación del uso proporcional de la fuerza, constatándose, como es de público conocimiento, muertes que serían consecuencia del actuar policial, graves lesiones oculares, golpizas, heridos, violencia sexual a personas ya detenidas, entre otras vulneraciones.

Esperamos que esta vez la magnitud de los hechos obliguen al Estado a investigar todas y cada una de estas denuncias, pero también nos impulsen a refundar Carabineros de Chile, en el marco del respeto de las obligaciones de derechos humanos que el país ha contraído, delos derechos laborales de los mismos Carabineros, transformándola en la institución policial que el Chile de hoy exige y requiere. Hoy recordamos a Camilo Catrillanca, pero también a Alex Lemun (2002), Juan Collihuin (2006), Matías Catrileo (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009), que murieron asesinados debido al actuar de distintos funcionarios de Carabineros, en medio de acciones de protesta social mapuche. Y recordamos especialmente, al joven Brandon Hernández Huentecol, a quien un carabinero le disparó a quemaropa más de 180 perdigones por la espalda en medio de un control policial. Brandon aún vive con muchos de esos perdigones en su espalda, esperando quizás, al igual que muchos de nosotros, que esta violencia innecesaria nunca vuelva a repetirse.

*Columna escrita por Consuelo Navarro Pérez, (abogada de la Universidad Diego Portales, Magíster (c) Derecho Internacional de los Derechos Humanos, abogada Seremi Salud RM y profesora UDP) y Lorena Espinosa Olguín (abogada de la Universidad Diego Portales e investigadora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas), publicada originalmente en The Clinic

Son muchas las voces que en las últimas semanas se han manifestado a favor de una nueva Constitución. Se trata de un debate que despierta el interés de toda la sociedad, y queremos aportar a esclarecer el debate desde un lenguaje claro y sencillo. 

En primer lugar, debemos tener claro que una Constitución Política es la norma fundamental de un Estado. Es la norma más importante de todas, y establece, entre otras cosas, cómo se organiza y distribuye el poder, cuáles son los derechos de las personas y cómo se crean las otras normas del sistema (leyes, decretos, reglamentos). En términos sencillos, podemos decir que la Constitución es la norma que nos establece “las reglas básicas del juego”.

A su vez, debemos conocer el concepto que se denomina como “poder constituyente”, el que alude al poder de definir estas reglas del juego. Es decir, refiere a quién puede o tiene la facultad de establecer la Constitución de un Estado. Desde una perspectiva democrática, dicho poder constituyente lo tiene el pueblo. Por ello se entiende que una Constitución es, y debe ser, el resultado de un consenso político alcanzado por toda la sociedad en un momento histórico determinado.

De aquí surge uno de los primeros argumentos sobre los cuales se pretende crear una nueva Constitución, y es que la actual no tiene legitimidad democrática, pues, al haber sido creada bajo la dictadura cívico-militar de Pinochet, no recogió los valores e idearios de nuestra sociedad.

La Constitución fue redactada por la Comisión Ortúzar (grupo de juristas de confianza de la Junta Militar), y en el año 80 fue “aprobada” en dictadura por un plebiscito que no cumplió con todas las condiciones que garantizan una votación verdaderamente democrática. No obstante ello, la Constitución fue formalmente aprobada y empezó a regirnos. Luego, ya en democracia, se sucedieron varias reformas que, para algunas personas, terminaron “legitimando” nuestra Carta Fundamental.

Sin embargo, aunque formalmente las actuales reglas del juego sean efectivamente aplicadas, esta Constitución no es, bajo ninguna perspectiva, la expresión de un consenso político social. Lo cierto es que el poder constituyente no fue ejercido por quien originariamente lo tiene: el pueblo. Y este poder constituyente, acallado durante la dictadura, es quien se ha expresado en las masivas manifestaciones de las últimas semanas, dejando más que claro que la Constitución no expresa un acuerdo social.

Lo que dicha Constitución consagró fue un sistema que no representa a la sociedad y que solo beneficia a un determinado sector de ella. Plasma un modelo neoliberal, un modo de gobernanza que implica una mínima intervención del Estado y que funciona bajo una lógica de mercado, en el cual el Estado es subsidiario y las reglas que rigen nuestra vida, son definidas por aquél.

Esto implica que el Estado sólo interviene para compensar las inequidades producidas por el mercado y no asegurando derechos sociales de manera directa. Esto quiere decir que el Estado no se posiciona como primer responsable de satisfacer estos derechos y, por su parte, que la persona no es titular efectiva de éstos, ya que no puede exigir al Estado su cumplimineto. Es decir, el ejercicio de nuestros derechos no se encuentra debidamente garantizado.

Proyección de este modelo es que el derecho a la propiedad se encuentre protegido de manera preferente, mientras que algunos derechos sociales no son reconocidos -como la vivienda o el agua-, y otros no se garantizan adecuadamente -como la educación, la salud y la seguridad social-. Lo anterior a pesar de las obligaciones internacionales que el Estado ha contraído en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en la materia.

Decimos que un derecho está realmente garantizado cuando es posible exigirle al Estado su cumplimiento. En nuestro país, eso se puede hacer ante los Tribunales de Justicia principalmente a través del “recurso de protección”, el cual se encuentra consagrado en nuestra Constitución. El problema es que dicho recurso está expresamente disponible para exigir el cumplimiento solo de algunos derechos, como el derecho a la vida o a la propiedad, y no para exigir derechos de contenido económico, social y cultural, como el derecho a la salud, a la educación o seguridad social. Esto significa que aunque en el papel tengamos esos derechos, en la práctica no tenemos cómo protegerlos.

El modelo consagrado en nuestra Constitución ha permitido en la práctica, y entre otras cosas, la privatización de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el no consagrar constitucionalmente el derecho al agua tiene implicancias concretas en nuestras vidas, ya que si bien este derecho es considerado de uso de todos y todas las chilenas, se otorga a los particulares el derecho a usar de ellas. Esto conlleva a que actualmente ésta se encuentre mayoritariamente en poder de empresas mineras, agroexportadoras y transnacionales, lo que a su vez significa escasez de este recurso en algunos sectores, e implica un alto costo de los servicios para las personas. Chile es el único país del mundo en que el agua es privada.

Por su parte, no se garantiza adecuadamente el derecho a la seguridad social, el cual se refiere al desempleo, invalidez, enfermedad, maternidad, y jubilación. Esto debido a que no se consagran los principios de solidaridad y financiamiento colectivo, principios que son de la esencia de este derecho. Esto ha permitido que se proteja de manera preferente la libertad y propiedad económica de las AFPS, ya que se permite un sistema privado administrado por sociedades anónimas con fines de lucro, lo que reporta millonarias ganancias para las empresas, en perjuicio de las bajas pensiones de las personas.

Respecto al derecho a la educación, si bien éste se encuentra consagrado en nuestra Constitución, no se permite su exigibilidad ante tribunales porque no lo protege el recurso de protección. Sólo se garantiza el derecho a la “libertad de enseñanza”, es decir, al derecho a elegir el establecimiento en el que estudiarán sus hijos e hijas, y el derecho de las y los privados para abrir establecimientos de enseñanza. Esto ha permitido la concepción de este derecho como un bien de consumo, lo que condiciona la calidad, y en la educación superior, el acceso, a los recursos económicos de cada familia.

El derecho a la salud, al igual que el derecho a la educación, se consagra en nuestra Constitución pero no es exigible directamente ante los Tribunales de Justicia. Lo que realmente se protege es la posibilidad de elegir entre un sistema privado (Isapre) y un sistema público (Fonasa). Es decir, no se garantiza el contenido del derecho. Esto ha incrementado la desigualdad social y la calidad de los servicios, no siendo esta elección realmente libre ya que se condiciona a los recursos económicos de las personas.

Otro tema fundamental es que nuestra Constitución no permite la participación plena de todos los grupos sociales, al no reconocer la diversidad de pueblos que conviven en el territorio chileno y no asegurar su adecuada representación. Por ello, es una exigencia básica de justicia contar con cláusulas constitucionales que reconozcan los derechos de pueblos originarios, y en la práctica fijar las reglas para el adecuado reconocimiento y protección de su identidad y cosmovisión.

Finalmente, es importante tener en cuenta que existen muchas otras razones por las cuales debemos cambiar la Constitución y que tienen efectos directos en nuestros derechos, como son los quórums para modificar o aprobar leyes, o las características del actual Tribunal Constitucional.

Creemos que la voz de la sociedad es clara y que es el momento de ejercer nuestro poder constituyente. Por ello creemos que es imprescindible una nueva Constitución para Chile. Una Constitución democrática que construya el andamiaje necesario para la realización de reformas que respondan a las exigencias de la sociedad y a una nueva configuración de las relaciones sociales y de poder, y que garanticen igualdad y los derechos sociales para todas y todos los chilenos.

Miércoles, 06 Noviembre 2019 00:00

Derechos humanos

Escrito por

Carta publicada junto a Lidia Casas, originalmente en La Tercera el 05 de Noviembre 2019

SEÑOR DIRECTOR

Manifestamos nuestra preocupación por las opiniones que consideran innecesaria la visita de la Comisión Interamericana de DD.HH. en este momento.

La protección de los DD.HH. se logra aplicando estándares internacionales, tal como señala el mandato del Instituto Nacional de DD.HH., por lo que la colaboración con órganos internacionales es de suma importancia para la correcta interpretación de esos estándares.

Estos organismos también brindan apoyo necesario al INDH y otras instituciones (como organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales) para la protección de quienes defienden los DD.HH. en Chile. Estas personas no gozan de protección específica, lo que por sí solo es razón suficiente para invitar a la CIDH, que tiene amplia experiencia en ello. Por ejemplo, el personal del INDH ha trabajado en circunstancias adversas e incluso ha sido agredido.

Pero el apoyo de la CIDH no debe limitarse a observar, evaluar y recomendar cómo investigar, sancionar y prevenir las violaciones a derechos como la integridad, libertad de expresión, circulación y reunión y el derecho a la vida. Su mandato también le permite aclarar estándares internacionales en materia de derechos sociales que están en el corazón de las demandas populares, así como otros sobre la obligación del Estado de proteger los DD.HH. de posibles vulneraciones por parte de terceros (privados).

Todo ello es de máxima relevancia en la discusión que debemos tener para fortalecer nuestra democracia y justicia social.

Lidia Casas
Judith Schönsteiner

Centro de Derechos Humanos UDP

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