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*Columna escrita por Consuelo Navarro Pérez, (abogada de la Universidad Diego Portales, Magíster (c) Derecho Internacional de los Derechos Humanos, abogada Seremi Salud RM y profesora UDP) y Lorena Espinosa Olguín (abogada de la Universidad Diego Portales e investigadora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas), publicada originalmente en The Clinic

Son muchas las voces que en las últimas semanas se han manifestado a favor de una nueva Constitución. Se trata de un debate que despierta el interés de toda la sociedad, y queremos aportar a esclarecer el debate desde un lenguaje claro y sencillo. 

En primer lugar, debemos tener claro que una Constitución Política es la norma fundamental de un Estado. Es la norma más importante de todas, y establece, entre otras cosas, cómo se organiza y distribuye el poder, cuáles son los derechos de las personas y cómo se crean las otras normas del sistema (leyes, decretos, reglamentos). En términos sencillos, podemos decir que la Constitución es la norma que nos establece “las reglas básicas del juego”.

A su vez, debemos conocer el concepto que se denomina como “poder constituyente”, el que alude al poder de definir estas reglas del juego. Es decir, refiere a quién puede o tiene la facultad de establecer la Constitución de un Estado. Desde una perspectiva democrática, dicho poder constituyente lo tiene el pueblo. Por ello se entiende que una Constitución es, y debe ser, el resultado de un consenso político alcanzado por toda la sociedad en un momento histórico determinado.

De aquí surge uno de los primeros argumentos sobre los cuales se pretende crear una nueva Constitución, y es que la actual no tiene legitimidad democrática, pues, al haber sido creada bajo la dictadura cívico-militar de Pinochet, no recogió los valores e idearios de nuestra sociedad.

La Constitución fue redactada por la Comisión Ortúzar (grupo de juristas de confianza de la Junta Militar), y en el año 80 fue “aprobada” en dictadura por un plebiscito que no cumplió con todas las condiciones que garantizan una votación verdaderamente democrática. No obstante ello, la Constitución fue formalmente aprobada y empezó a regirnos. Luego, ya en democracia, se sucedieron varias reformas que, para algunas personas, terminaron “legitimando” nuestra Carta Fundamental.

Sin embargo, aunque formalmente las actuales reglas del juego sean efectivamente aplicadas, esta Constitución no es, bajo ninguna perspectiva, la expresión de un consenso político social. Lo cierto es que el poder constituyente no fue ejercido por quien originariamente lo tiene: el pueblo. Y este poder constituyente, acallado durante la dictadura, es quien se ha expresado en las masivas manifestaciones de las últimas semanas, dejando más que claro que la Constitución no expresa un acuerdo social.

Lo que dicha Constitución consagró fue un sistema que no representa a la sociedad y que solo beneficia a un determinado sector de ella. Plasma un modelo neoliberal, un modo de gobernanza que implica una mínima intervención del Estado y que funciona bajo una lógica de mercado, en el cual el Estado es subsidiario y las reglas que rigen nuestra vida, son definidas por aquél.

Esto implica que el Estado sólo interviene para compensar las inequidades producidas por el mercado y no asegurando derechos sociales de manera directa. Esto quiere decir que el Estado no se posiciona como primer responsable de satisfacer estos derechos y, por su parte, que la persona no es titular efectiva de éstos, ya que no puede exigir al Estado su cumplimineto. Es decir, el ejercicio de nuestros derechos no se encuentra debidamente garantizado.

Proyección de este modelo es que el derecho a la propiedad se encuentre protegido de manera preferente, mientras que algunos derechos sociales no son reconocidos -como la vivienda o el agua-, y otros no se garantizan adecuadamente -como la educación, la salud y la seguridad social-. Lo anterior a pesar de las obligaciones internacionales que el Estado ha contraído en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en la materia.

Decimos que un derecho está realmente garantizado cuando es posible exigirle al Estado su cumplimiento. En nuestro país, eso se puede hacer ante los Tribunales de Justicia principalmente a través del “recurso de protección”, el cual se encuentra consagrado en nuestra Constitución. El problema es que dicho recurso está expresamente disponible para exigir el cumplimiento solo de algunos derechos, como el derecho a la vida o a la propiedad, y no para exigir derechos de contenido económico, social y cultural, como el derecho a la salud, a la educación o seguridad social. Esto significa que aunque en el papel tengamos esos derechos, en la práctica no tenemos cómo protegerlos.

El modelo consagrado en nuestra Constitución ha permitido en la práctica, y entre otras cosas, la privatización de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el no consagrar constitucionalmente el derecho al agua tiene implicancias concretas en nuestras vidas, ya que si bien este derecho es considerado de uso de todos y todas las chilenas, se otorga a los particulares el derecho a usar de ellas. Esto conlleva a que actualmente ésta se encuentre mayoritariamente en poder de empresas mineras, agroexportadoras y transnacionales, lo que a su vez significa escasez de este recurso en algunos sectores, e implica un alto costo de los servicios para las personas. Chile es el único país del mundo en que el agua es privada.

Por su parte, no se garantiza adecuadamente el derecho a la seguridad social, el cual se refiere al desempleo, invalidez, enfermedad, maternidad, y jubilación. Esto debido a que no se consagran los principios de solidaridad y financiamiento colectivo, principios que son de la esencia de este derecho. Esto ha permitido que se proteja de manera preferente la libertad y propiedad económica de las AFPS, ya que se permite un sistema privado administrado por sociedades anónimas con fines de lucro, lo que reporta millonarias ganancias para las empresas, en perjuicio de las bajas pensiones de las personas.

Respecto al derecho a la educación, si bien éste se encuentra consagrado en nuestra Constitución, no se permite su exigibilidad ante tribunales porque no lo protege el recurso de protección. Sólo se garantiza el derecho a la “libertad de enseñanza”, es decir, al derecho a elegir el establecimiento en el que estudiarán sus hijos e hijas, y el derecho de las y los privados para abrir establecimientos de enseñanza. Esto ha permitido la concepción de este derecho como un bien de consumo, lo que condiciona la calidad, y en la educación superior, el acceso, a los recursos económicos de cada familia.

El derecho a la salud, al igual que el derecho a la educación, se consagra en nuestra Constitución pero no es exigible directamente ante los Tribunales de Justicia. Lo que realmente se protege es la posibilidad de elegir entre un sistema privado (Isapre) y un sistema público (Fonasa). Es decir, no se garantiza el contenido del derecho. Esto ha incrementado la desigualdad social y la calidad de los servicios, no siendo esta elección realmente libre ya que se condiciona a los recursos económicos de las personas.

Otro tema fundamental es que nuestra Constitución no permite la participación plena de todos los grupos sociales, al no reconocer la diversidad de pueblos que conviven en el territorio chileno y no asegurar su adecuada representación. Por ello, es una exigencia básica de justicia contar con cláusulas constitucionales que reconozcan los derechos de pueblos originarios, y en la práctica fijar las reglas para el adecuado reconocimiento y protección de su identidad y cosmovisión.

Finalmente, es importante tener en cuenta que existen muchas otras razones por las cuales debemos cambiar la Constitución y que tienen efectos directos en nuestros derechos, como son los quórums para modificar o aprobar leyes, o las características del actual Tribunal Constitucional.

Creemos que la voz de la sociedad es clara y que es el momento de ejercer nuestro poder constituyente. Por ello creemos que es imprescindible una nueva Constitución para Chile. Una Constitución democrática que construya el andamiaje necesario para la realización de reformas que respondan a las exigencias de la sociedad y a una nueva configuración de las relaciones sociales y de poder, y que garanticen igualdad y los derechos sociales para todas y todos los chilenos.

Miércoles, 06 Noviembre 2019 00:00

Derechos humanos

Escrito por

Carta publicada junto a Lidia Casas, originalmente en La Tercera el 05 de Noviembre 2019

SEÑOR DIRECTOR

Manifestamos nuestra preocupación por las opiniones que consideran innecesaria la visita de la Comisión Interamericana de DD.HH. en este momento.

La protección de los DD.HH. se logra aplicando estándares internacionales, tal como señala el mandato del Instituto Nacional de DD.HH., por lo que la colaboración con órganos internacionales es de suma importancia para la correcta interpretación de esos estándares.

Estos organismos también brindan apoyo necesario al INDH y otras instituciones (como organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales) para la protección de quienes defienden los DD.HH. en Chile. Estas personas no gozan de protección específica, lo que por sí solo es razón suficiente para invitar a la CIDH, que tiene amplia experiencia en ello. Por ejemplo, el personal del INDH ha trabajado en circunstancias adversas e incluso ha sido agredido.

Pero el apoyo de la CIDH no debe limitarse a observar, evaluar y recomendar cómo investigar, sancionar y prevenir las violaciones a derechos como la integridad, libertad de expresión, circulación y reunión y el derecho a la vida. Su mandato también le permite aclarar estándares internacionales en materia de derechos sociales que están en el corazón de las demandas populares, así como otros sobre la obligación del Estado de proteger los DD.HH. de posibles vulneraciones por parte de terceros (privados).

Todo ello es de máxima relevancia en la discusión que debemos tener para fortalecer nuestra democracia y justicia social.

Lidia Casas
Judith Schönsteiner

Centro de Derechos Humanos UDP

 

Carta publicada originalmente en La Tercera, por 206 profesores y profesoras de derecho, entre ellas, Lidia Casas y Judith Schönsteiner

“Ante la grave crisis política y social que vive Chile y las violaciones a los derechos humanos que se han producido”.

Así se titula la carta firmada hoy por 206 académicos -decanas y decanos- de las principales escuelas de derecho del país que reaccionaron ante los casos de abusos policiales y militares que se han conocido tras cinco jornadas de protestas en el país.

“Como profesoras y profesores de derecho de diversas facultades del país y de diversas posturas políticas no podemos guardar silencio ante la situación actual que vive nuestro país”, dice el encabezado de la misiva.

Acto seguido sostienen que “condenamos las graves violaciones a los derechos humanos que se han constatado en diversos lugares del país. Hemos tenido noticia de hechos gravísimos que, con el transcurrir de los días, muestran patrones comunes. Exigimos que las autoridades con poder de mando sobre las fuerzas militares y de orden corrijan a la brevedad esta situación e impidan que se vuelvan a cometer. Asimismo, hacemos un llamado a los efectivos militares y de orden a hacer uso de la fuerza de la forma menos lesiva posible, cumpliendo estrictamente los estándares internacionales, y dentro del marco jurídico vigente”.

En el punto 2 de la carta sostienen que “exigimos que las autoridades pongan término al Estado de Emergencia y al toque de queda lo más pronto posible, pues constituyen restricciones graves a derechos y libertades fundamentales de las personas de nuestro país”.

Agregan que “exigimos que se respeten los derechos de los manifestantes, y esperamos que sus demandas sean escuchadas y canalizadas por las autoridades de los diversos poderes del Estado. Esperamos un diálogo efectivo, responsable y de buena fe para elaborar un pronto camino de solución a la demanda social”.

Hacen un llamado también a los abogados y abogadas de todo el país a que informen a la ciudadanía sobre sus derechos y los medios para ejercerlos, y que asuman la representación gratuita y oportuna de quienes vean vulnerados sus derechos. “Asimismo, instamos a que informen de los medios de fiscalización ciudadana del poder, en especial, de los procedimientos militares y policiales, recabando medios de prueba”, dicen.

“Conminamos a sociedad civil organizada a que contribuyan a difundir y garantizar la dignidad y derechos de todas las personas. Respaldamos el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Conminamos a todas las autoridades, funcionarios y la ciudadanía en general a que colabore con dicha institución para que pueda desplegar su labor de la manera más eficaz”, agregan.

En la misiva también se respalda la labor realizada por el Poder Judicial controlando la legalidad de detenciones y amparando la libertad de detenidos, asegurando que “los instamos a que sigan desarrollando su labor con el mayor celo posible”.

Agradecen además a los estudiantes de derecho de diversas facultades del país “que de forma solidaria han realizado asistencia jurídica gratuita durante estos días de excepción constitucional. Instamos a que sigan desarrollando su labor y a que la ciudadanía colabore en ello”.

“Señalamos que desde ya nos comprometemos a que ningún acto constitutivo de una violación a los derechos humanos quede impune, impulsaremos incansablemente que se hagan efectivas todas y cada una de las responsabilidades legales, constitucionales e internacionales que correspondan a los hechos acaecidos en estos días, respecto de las autoridades de gobierno, como los miembros de las fuerzas armadas y de orden”, finaliza la carta.

Firman esta carta:

Agustina Alvarado, Universidad Católica del Norte.
Alberto Coddou, Universidad Austral de Chile.
Alejandra Hermosilla, Universidad de Viña del Mar.
Alejandra Zúñiga, Universidad de Valparaíso.
Álvaro Castro, Universidad de Chile.
Álvaro Domínguez, Universidad de Concepción.
Álvaro Fuentealba, Universidad de Chile.
Álvaro Magasich, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Álvaro Núñez, Universidad Austral.
Amaya Alvez, Universidad de Concepción.
Ana María García, Universidad de Chile.
Andrea Martones, Universidad de Chile.
Andrés Benavides, Universidad de Valparaíso.
Andrés Delgado, Universidad Autónoma de Chile.
Barbara Sepúlveda, Universidad Alberto Hurtado
Boris Hau, Universidad Alberto Hurtado.
Camila Troncoso, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Camilo Arancibia, Universidad de Valparaíso.
Carlos Cabezas, Universidad de Antofagasta
Carlos Navia, Universidad de Valparaíso.
Carolina Bruna, Universidad de Chile.
Catherine Ríos, Universidad Nacional Andrés Bello.
Cecilia Valenzuela, Universidad de Valparaíso.
César Ramos, Universidad Diego Portales.
Christian Scheechler, Universidad Católica del Norte.
Christian Suárez, Universidad de Talca.
Christian Viera, Universidad de Valparaíso.
Claudia Sarmiento, Universidad Alberto Hurtado y Universidad Adolfo Ibáñez.
Claudio Agüero, Universidad Alberto Hurtado
Claudio Fuentes, Universidad Diego Portales.
Claudio González, Universidad de O’Higgins.
Claudio Nash, Universidad de Chile.
Constanza de la Fuente, Universidad Austral de Chile.
Constanza Salgado, Universidad Adolfo Ibañez.
Consuelo Cortés, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Consuelo Murillo, Universidad Austral de Chile.
Cristián Alarcón, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Cristóbal Carmona, Universidad Diego Portales.
Cristóbal Osorio, Universidad Nacional Andrés Bello.
Danae Fenner, Universidad de Chile.
Daniel Mondaca, Universidad de Valparaíso.
Daniel Hasson, Universidad Nacional Andrés Bello.
Daniela Accatino, Universidad Austral de Chile.
Daniela Marzi, Universidad de Valparaíso.
Daniela Méndez, Universidad Santo Tomás.
Diego Pardo Álvarez, Universidad Austral de Chile.
Diego Pardow, Universidad de Chile.
Diego Rochow, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Domingo Lovera, Universidad Diego Portales.
Edgardo Riveros, Universidad Central de Chile.
Eduardo Bofill, Uniersidad de Valparaíso.
Eduardo Caamaño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Elvira Badilla, Universidad Católica del Norte.
Ema Salinas, Universidad de Chile.
Ernesto Vásquez, Universidad de Chile.
Emilio Oñate, Universidad Central de Chile.
Enrique Letelier, Universidad de Valparaíso.
Enrique Rajevic, Universidad Alberto Hurtado.
Enzo Solari, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Erick González, Universidad Nacional Andrés Bello.
Esteban Szchmulevic, abogado constitucionalista.
Estefania Esparza, Universidad de la Frontera.
Ezio Costa, Universidad de Chile.
Fabiola Girao, Universidad de Valparaíso.
Federico Szczaranski, Universidad de Talca.
Felipe Abbott, Universidad de Chile.
Felipe González, Universidad de Valparaíso.
Felipe Gorigoitía, Universidad de Valparaíso.
Felipe Paredes, Universidad Austral de Chile.
Fernando Atria, Universidad de Chile.
Fernando Muñoz, Universidad Austral de Chile.
Flavia Carbonell, Universidad de Chile.
Flavio Quezada, Universidad de Valparaíso.
Francisca Moya, Universidad Adolfo Ibáñez.
Gladys Camacho, Universidad de Chile.
Gloria Mancilla, Universidad de Talca.
Gonzalo Berríos, Universidad de Chile.
Gonzalo Cortés, Universidad Católica del Norte.
Guillermo Jiménez, Universidad Adolfo Ibáñez.
Guillermo Silva, Universidad de Chile.
Hugo Tórtora, Doctor en Derecho.
Humberto Carrasco, Universidad Católica del Norte.
I. Vidal Tamayo, Universidad Autónoma de Chile
Ignacio Ackermann, Universidad de Valparaíso.
Inés Robles, Universidad de Valparaíso.
Ismael Martínez, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Iván Vidal Tamayo, Universidad Autónoma de Chile.
Jaime Bassa, Universidad de Valparaíso.
Javier Valle, Universidad de Tarapacá.
Javier Arévalo, Universidad de Chile.
Javier Contesse, Universidad de Chile.
Javier Velásquez, Universidad Católica de Temuco.
Javier Wilenmann, Universidad Adolfo Ibáñez
Javiera Arce, Universidad de Valparaíso.
Javiera Tapia, Universidad Nacional Andrés Bello.
Jesús  Ezurmendia, Universidad de Chile.
John Charney, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Jonatan Valenzuela, Universidad de Chile.
Jörg Stippel, Universidad Autónoma de Chile.
Jorge Astudillo, Universidad Andrés Bello.
Jorge Contesse, Rutgers University y Universidad Diego Portales.
Jorge Ulloa, Universidad Central de Chile.
José Ángel Fernández, Universidad Austral de Chile
José Henríquez Muñiz, Asociación de Pensamiento Penal.
José Ignacio Núñez, Universidad Central de Chile.
José Luis Ugarte, Universidad Diego Portales.
José Miguel Valdivia, Universidad de Chile.
José Pablo Gómez, Universidad Santo Tomás.
Juan Antonio Núñez, Universidad Central de Chile.
Juan Carlos Ferrada, Universidad de Valparaíso.
Juan Enrique Serrano, Universidad de La Frontera.
Juan Pablo Severin, Universidad Católica del Norte.
Juan Sebastián Vera, Universidad Austral de Chile.
Judith Schönsteiner, Universidad Diego Portales.
Kamel Cazor, Universidad Católica del Norte.
Karin Uribe, Universidad de Valparaíso.
Karina Saavedra, Universidad Nacional Andrés Bello.
Karla Varas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Laura Albornoz, Universidad de Chile.
Laura Mayer, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Lautaro Contreras, Universidad de Chile.
Leonardo Moreno, Universidad Alberto Hurtado.
Leticia Morales, Universidad Austral.
Lidia Casas, Universidad Diego Portales.
Lieta Vivaldi, Universidad Diego Portales y Universidad de Chile.
Liliana Galdámez, Universidad de Chile.
Lorena Lorca, Universidad de Chile.
Luciano Rojas, Universidad de Talca.
Luis Cordero, Universidad de Chile.
Luis Palacios, Universidad San Sebastián.
Luis Villavicencio, Universidad de Valparaíso.
Luppy Aguirre, Universidad de Chile.
Macarena Vargas, Universidad Diego Portales.
Manuel Núñez, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Magdalena Bustos, Universidad de Chile.
Marcela Aedo, Universidad de Valparaíso.
Marcela Tapia, Universidad Austral de Chile.
Marcela Zúñiga, Universidad Diego Portales.
Marco Andrade, Universidad Austral de Chile.
María de los Ángeles González, Universidad de Chile.
María Eugenia Montt, Universidad de Chile.
María Fernanda Ovalle, Universidad de Valparaíso.
María Paula Poblete, Universidad de Talca.
Matías Guiloff, Universidad Diego Portales.
Matías Silva, Universidad Católica Silva Henríquez.
Mauricio Duce, Universidad Diego Portales.
Mauricio Matus, Universidad Pablo de Olavide.
Miguel Schurmann, Universidad Central de Chile.
Miriam Henríquez, Universidad Alberto Hurtado.
Mylene Valenzuela, Universidad Central de Chile.
Myrna Villegas, Universidad de Chile.
Nicolas Emanuel Olivares, Universidad Nacional de la Pampa
Nicolás Espejo, Exeter College, Oxford University.
Nicolás Oxman, Universidad Central de Chile.
Nicolás Perrone, Universidad Nacional Andrés Bello.
Nicole Nehme, Universidad de Chile.
Nicole Selamé, Universidad de Valparaíso.
Olga Espinoza, Universidad de Chile.
Oscar Silva, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Osvaldo Artaza, Universidad de Talca.
Pablo Aguayo, Universidad de Chile.
Pablo Contreras, Universidad Autónoma de Chile.
Pablo Gres, Universidad Católica del Norte.
Pablo Marshall, Universidad Austral de Chile
Pablo Martínez, Universidad Católica del Norte.
Pablo Soto, Universidad Diego Portales.
Patricia Toledo, Universidad Austral de Chile
Patria Reyes, Universidad de Valparaíso.
Patricio Hidalgo, Universidad de Chile y Universidad Alberto Hurtado.
Paula Ahumada, Universidad Central de Chile.
Paula Gutiérrez, Universidad de Valparaíso.
Paula Medina, Universidad Central de Chile.
Paula Vial, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Paulina Astroza, Universidad de Concepción.
Paz Irrarázabal, Universidad de O’Higgins.
Pietro Sferraza, Universidad Nacional Andrés Bello.
Ramón Mayorga, Universidad Austral de Chile.
Ricardo Lillo, Universidad Diego Portales.
Ricardo Saavedra, Universidad de Valparaíso.
Rocío Lorca, Universidad de Chile.
Rocío Sánchez, Universidad Nacional Andrés Bello.
Rodrigo Calderón, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Rodrigo Palomo, Universidad de Talca.
Rodrigo Poblete, Universidad de Talca.
Rodrigo Busto, Universidad Diego Portales.
Salvador Millaleo, Universidad de Chile.
Rodrigo Medina, Universidad Santo Tomás.
Sebastián Agüero, Universidad Austral.
Sebastián Figueroa, Universidad Adolfo Ibáñez.
Sebastían Ríos, Universidad Austral de Chile.
Sergio Fuenzalida, Universidad Central de Chile.
Sergio Gamonal, Universidad Adolfo Ibáñez.
Silvana del Valle, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Silvio Cuneo, Universidad Central de Chile.
Soledad Fernández, Universidad de Valparaíso.
Tomás Blake, Universidad Diego Portales.
Tomás Jordán, Universidad Alberto Hurtado.
Tomás Ramírez, Universidad de Chile.
Tomás Vial, Universidad Diego Portales.
Valentina Durán, Universidad de Chile.
Verónica Undurraga, Universidad Adolfo Ibáñez.
Viviana Ponce de León, Universidad Austral de Chile.
William García, Universidad Alberto Hurtado.
Ximena Gauché, Universidad de Concepción.
Ximena Insunza, Universidad de Chile.
Yanira Zuñiga, Universidad Austral de Chile.

 

Columna publicada en periódico El País el 18 de Junio, junto a Mariclaire Acosta, Carlos Ayala, Catalina Botero y Juan Méndez, miembros del Panel Independiente de Expertos para las elecciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El próximo 28 de junio, durante la Asamblea General que tendrá lugar en la ciudad de Medellín (Colombia), los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos definirán cuestiones cruciales para la región. Entre ellas, la elección de cuatro de los siete integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la hora de votar, los Estados deberían elegir a personas que reúnan los altos estándares de autoridad moral, versación en derechos humanos e independencia que la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige. Sin embargo, las elecciones se acercan y algunos países se aproximan a ellas con algunas dificultades para cumplir esa misión.

La lista de candidatos se ha cerrado con solo cinco nombres para cubrir cuatro vacantes. De acuerdo a la información evaluada por este panel independiente, tres de los candidatos; Margarette May Macaulay (propuesta por Jamaica), Esmeralda Arosemena de Trotiño (por Panamá), y Julissa Mantilla Falcón (por Perú), cumplen con los requisitos que tanto la Convención Americana como el Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana exigen para este cargo; mientras que dos de los candidatos —Everth Bustamante García (propuesto por Colombia) y Edgar Stuardo Ralón Orellana (por Guatemala)— no cumplirían con dichos requisitos. El panel ha llegado a esta conclusión luego de un proceso abierto, participativo y transparente de tres meses, que incluyó entrevistas con los candidatos y recepción de la información enviada por diversas personas y organizaciones de la región.

Teniendo en cuenta que se decide el futuro del órgano encargado de la protección de los derechos humanos en la región, estas elecciones deberían ser una oportunidad para fortalecerlo desde adentro, nombrando a personas claramente calificadas para esta función. Para eso, sería necesario que los Estados cuenten con un número razonable candidatos entre los cuales decidir, y que estos reúnan las condiciones requeridas. Sin embargo, una gran cantidad de ellos no propusieron candidatos y, de acuerdo a la información recabada por este panel, los que los han propuesto no han hecho convocatorias abiertas, ni han llevado a cabo procesos de nominación transparentes ni participativos a nivel local, que hubieran sido capaces de ofrecer garantías de la idoneidad e independencia de las personas nominadas.

Este escenario limita las propias posibilidades de elección de los países en su encuentro en Medellín, en desmedro no solo de la adecuada composición, sino de la legitimidad de un organismo clave para los derechos humanos en el continente. A quienes integramos este panel nos une nuestra trayectoria en el estudio, la enseñanza, la promoción y la defensa de los derechos humanos y la democracia a nivel regional e internacional. Hemos sido llamados a desarrollar esta labor en nuestro carácter de expertos independientes, de forma objetiva e imparcial. Nos convocaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso Legal, y la Open Society Justice Initiative, como nueva expresión de un esfuerzo que vienen realizando desde 2015 para promover elecciones más transparentes y participativas en el Sistema Interamericano.

Trabajamos de forma autónoma, definimos nuestra propia metodología para medir los criterios establecidos por la Convención Americana, y contamos con la asistencia, como secretaría, del Centro de Derechos Humanos del American University Washington College of Law. Nuestro informe da cuenta tanto de la información que utilizamos como del razonamiento que nos llevó a adoptar, por consenso, nuestras conclusiones.

Creemos que el mayor valor de este ejercicio es realizarlo de esta manera, y pensamos que es vital que se siga realizando, sea promovido por sociedad civil, o sea incorporándolo dentro de los procesos de elecciones de la OEA. Esperamos nuestro informe contribuya a la labor responsable de los Estados, en la importante misión de elegir a los próximos miembros de la CIDH, y que, en general, convoque a la reflexión y al diálogo sobre el modo en que se nominan y eligen a los integrantes de los órganos del Sistema.

 

Miércoles, 22 Mayo 2019 00:00

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Escrito por

Carta publicada en El Mostrador el 20 de Mayo de 2019 junto a Ximena Gauché, académica Universidad de Concepción

Señor Director:

En “El Mercurio”, el profesor Álvaro Paúl sostuvo -el 9 de mayo- algunas opiniones sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de las cuales por lo menos tres se basan en hechos representados de manera tergiversada y equivocada.

Primero, afirma que “no siempre se cumple” el agotamiento de recursos internos para conocer de una petición. El profesor se equivoca, ya que la jurisprudencia al respecto es firme y basada en que la misma Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) permite excepciones en casos de denegación de justicia y atrasos procesales. Es más, las excepciones al agotamiento de los recursos están previstas en el propio Pacto de San José de Costa Rica.

Segundo, indica que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no impondría interpretaciones sobre políticas públicas. Esto también es incorrecto. El Tribunal se ha pronunciado sobre múltiples políticas públicas, encontrando violaciones de derechos humanos, especialmente, cuando está en juego su contenido esencial. El TEDH tampoco basa su deferencia, como asevera Paúl, en la existencia de “diversos modos legítimos” de interpretación, sino, la aplica solo en algunas materias específicas y definidas en la jurisprudencia del TEDH – sin base en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Tercero, Paúl es de la opinión que los “ordenamientos constitucionales” deben considerarse cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena reparaciones. Esto contradice un principio básico del derecho internacional, la buena fe, y además el artículo 2 de la Convención Americana, que obliga adecuar el derecho interno –incluyendo el constitucional– a la Convención. El artículo 63.1 CADH sobre reparaciones, además, no hace ninguna referencia al derecho interno. ¿Cómo podría un Estado esquivar sus obligaciones de derecho internacional argumentando que su derecho interno no le permite cumplir? Si ejecutivo y legislativo son negligentes o obstinadas en no adoptar una ley de implementación de las sentencias interamericanas, ¿cómo pretendemos que el poder judicial además se sume a esta negligencia? Todos los poderes del Estado, por separado y conjuntamente, son responsables del cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Judith Schönsteiner, académica Universidad Diego Portales

Ximena Gauché, académica Universidad de Concepción

Carta publicada en El Mostrador el 25 de Abril de 2019 junto a  Centro de Derechos Humanos de la UDP y Ximena Gauché, profesora de Derecho Internacional y Derechos Fundamentales, Universidad de Concepción

Señor Director:

Hace unos días, el gobierno de Chile publicó un comunicado anunciando que había enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una declaración, firmada también por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, y Paraguay.

Llama la atención que la preocupación de tales gobiernos por reforzar el “principio de subsidiariedad” y por introducir en el sistema un “margen de apreciación”, así como asegurar la “proporcionalidad” de las reparaciones, se dirija a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque ésta última esté también aludida en la declaración y es la que define, en última instancia, los temas mencionados y que serían el motivo de la preocupación de los gobiernos citados. Hace pensar que por alguna razón, los gobiernos apuntan a ejercer presión sobre la Comisión.

También, la citada declaración – cuyo texto original no fue hecho público – incurre en varios errores e ignora aspectos relevantes de la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, de los que se pueden destacar tres como los principales.

El primero es que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados identifica cuatro elementos para la interpretación de un tratado, de los cuales el texto solamente es uno y en sí insuficiente para interpretar el contenido y alcance de un derecho (contrario a lo que señala la declaración que enfatiza de manera indebida una interpretación literal). El segundo es que la misma Convención Americana identifica como referencias para la interpretación, a otros tratados y declaraciones internacionales, así como el principio de la interpretación restrictiva de las limitaciones que se pongan a los derechos por parte de los Estados. El tercero tiene que ver con la especificidad de los tratados internacionales de derechos humanos que trascienden en sus obligaciones a los tratados comunes y que, por lo mismo, son interpretados por los órganos del sistema interamericano a la luz del principio pro persona y la interpretación evolutiva, asumiendo que el sentido y alcance de cada disposición de derechos humanos debe mirarse en el contexto del tiempo y no de manera estática y literal.

Los anteriores aspectos no sólo han sido reconocidos por todos los tribunales regionales de derechos humanos, sino también por órganos como el Appellate Body de la OMC, siendo además avalados por la Asamblea General de la OEA, de la cual los cinco países forman parte, cuando se han emitido sendas resoluciones condenando prácticas contrarias a derechos, como la discriminación a personas de pueblos originarios o que se reconocen como gays o lesbianas, por ejemplo. Además, la declaración desconoce la misma jurisprudencia del sistema interamericano como fuente auxiliar, lo que pone en riesgo la vigencia de la seguridad jurídica.

Los cambios a los que llaman los gobiernos de los cinco estados, quienes han mostrado compartir una agenda común en determinados temas, no son baladí. De llegar a implementarse, dejarían sin efecto real al mandato de promoción y protección de los derechos humanos que recibieron Comisión y Corte de parte de los mismos Estados ya que quitarían a los órganos de supervisión la capacidad de efectuar, justamente, su mandato de supervisión e interpretación, tan necesario para resguardar, en el pasado y presente, la democracia y la dignidad de todas las personas.

Por Judith Schönsteiner, Centro de Derechos Humanos de la UDP y Ximena Gauché, profesora de Derecho Internacional y Derechos Fundamentales, Universidad de Concepción

Firman:
Cecilia Medina Quiroga
Felipe González, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales, Ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Lidia Casas, profesora de Derecho, Directora, Centro de Derechos Humanos de la UDP
Francisca Vargas, Centro de Derechos Humanos de la UDP
Verónica Undurraga, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Adolfo Ibañez
Yanira Zuñiga, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Austral de Chile
Tomás Vial, profesor de Derecho Constitucional, Universidad Andrés Bello y Universidad Diego Portales
Mauricio Tapia, profesor de Derecho Civil, Universidad de Chile
Liliana Galdamez, profesora de Derecho, Universidad de Chile
Nancy Yañez, directora Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Ana María Moure, profesora de Derecho, Universidad de Chile
Salvador Millaleo, profesor de Derecho, Universidad de Chile
Isaac Ravetllat, profesor de Derecho, Universidad de Talca
Jaime Bassa, profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
Daniela Marzi, profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
Luis Villavicencio, profesor de Derecho y Director del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, Universidad de Valparaíso
Alejandra Zuñiga, profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
Flavio Quezada, profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
Nicolás Espejo, profesor de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Oxford
Pablo Contreras, profesor de Derecho, Universidad Autónoma de Chile
Sergio Fuenzalida, profesor de Derecho, Universidad Central
Amaya Alvez, profesora de Derecho Constitucional, Universidad de Concepción
Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Universidad de Concepción
Tania Busch, profesora de Derecho, Corporación Fundamental
Tammy Pustilnick, profesora de Derecho, Corporación Descentralizada
Mylene Valenzuela, profesora de Derecho, Universidad Central
Marcela Zúñiga, Universidad Diego Portales
Rita Lages, Profesora investigadora, Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Claudia Iriarte, Investigadora Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Valentina López, Asistente de investigación Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Felipe Abbott, Subdirector Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Tomás Pascual, profesor, Universidad Alberto Hurtado
Fabiola Lathrop, profesora de Derecho, Universidad de Chile

 

 

 

Esta columna fue públicada originalmente en El Mostrador  el 20 de Marzo 2019, junto a la profesora Lidia Casas.

Señor Director:

En América Latina hemos visto crecer gobiernos de derecha con una narrativa que lucha en contra lo que han llamado “ideología de género”, refiriéndose peyorativamente a un movimiento que ha posicionado política, social y culturalmente el igual reconocimiento y derechos para mujeres y comunidades de las sexualidades subordinadas y contra la violencia de género.

Jair Bolsonaro en Brasil representa esa visión política alabada por algunos sectores de nuestro país. Allá, se han producidos asesinatos de activistas de las comunidades de la diversidad sexual. En Chile, hemos visto reacciones más pintorescas como el Bus de la Libertad. Pero también se observa odiosidad en el Congreso con comentarios despectivos que se suman a los últimos del candidato presidencial José Antonio Kast sobre la invitación para el 8M en la Moneda que le hicieran a una atleta trans.

Esto es una manifestación de un discurso cargado de prejuicios bajo el amparo de la libertad de expresión, que estigmatiza creando climas propicios para el odio y la violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -en su informe de 2015 refiriéndose a la violencia contra comunidades LGTBI- muestra que los ataques en contra estas comunidades con frecuencia están precedidos de un contexto de elevada deshumanización y discriminación. Estos hechos no deben verse como cuestiones aisladas sino como un fenómeno de respuesta a comunidades organizadas visibles y movilizadas.

Por tanto, no solo nos preocupan los ataques físicos contra personas LGBTI –los cuales ascienden a 13 durante este año- sino también la violencia simbólica que los sustenta. La patologización de sexualidades diversas que se exhibió en el Congreso por una de las principales voceras de la coalición Chile Vamos, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe durante la tramitación de la ley de identidad de género, transmite mensajes estigmatizantes y deben hacerse sentir “justificada moralmente” a las personas que suelen pasar de la violencia verbal o simbólica a la violencia física. El rol de todas las autoridades es tomarse en serio los derechos de las comunidades LGTBI, adoptando medidas concretas para detener la violencia y la discriminación.

Lidia Casas Becerra
Judith Schönsteiner
Centro de Derechos Humanos, UDP

Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso el 6 de Diciembre de 2018

Las políticas públicas, tales como el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas (PAN), no son medidas idóneas para responder a situaciones de crisis, como la contaminación masiva en la bahía Quintero-Puchuncaví. Sin embargo, en la percepción pública, su éxito se mide -en gran medida- considerando si resuelven los problemas estructurales que están a la base de las situaciones más graves en materia de impacto empresarial a los derechos humanos.

La única medida concreta sobre la bahía que se incluyó en una política de derechos humanos está en el Plan Nacional de Derechos Humanos: los Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) para tres lugares del país, entre ellos, Quintero y Puchuncaví. Según informa la Subsecretaría de Derechos Humanos, se encuentra en ejecución y debería cumplirse en 2019.

Sin embargo, el problema persiste y actores de la sociedad civil, del sector empresarial y de algunos sectores gubernamentales han reconocido que las medidas adoptadas son aún insuficientes. Efectivamente, las medidas no lograrán, por sí solas, asegurar la protección del derecho a la salud y del derecho a vivir en un medioambiente sano de las personas que viven en la bahía ni el derecho a la educación y el derecho a la vivienda.

Si bien el PAN es el segundo en Latinoamérica y, por tanto, un avance, sus medidas no fueron seleccionadas con un enfoque de prioridades y urgencias en materia de empresas y derechos humanos. La actualización del PAN, que debe realizarse entre 2019 y 2020 con una eficaz participación ciudadana, necesita, por tanto, realizarse a la luz de los compromisos del Estado de Chile adquiridos por la ratificación de los tratados de derechos humanos, especialmente, sobre derechos económicos y sociales. Debe abarcar los desafíos estructurales que impiden la remediación y prevención futura de violaciones de derechos humanos como las que siguen ocurriendo en Quintero-Puchuncaví. Eso no es posible sin adoptar legislación adicional que obliga a empresas privadas y estatales hacerse cargo de sus impactos negativos actuales, futuros y del pasado.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP 2018 recomienda involucrar al Congreso, al Poder Judicial y también a los gobiernos regionales y los municipios en la actualización del PAN, comprometiéndose que el desarrollo económico del país y la generación de utilidades por empresas privadas y públicas no se realice en desmedro de los y las más débiles.

Las Naciones Unidas -como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)- ya no respaldan el crecimiento económico sin respeto a los derechos humanos. Nuestro gobierno y nuestra sociedad tampoco deberían aceptarlo.

Judith Schönsteiner

Profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos UDP

Martes, 16 Octubre 2018 00:00

Educación en Derechos Humanos

Escrito por

Carta publicada originalmente en La Tercera el 14 de Agosto de 2018

SEÑOR DIRECTOR

¿Debe nuestro sistema educacional enseñar qué son los Derechos Humanos? Si se está de acuerdo con lo anterior, ¿deben enseñarse también las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en dictadura? Estas son cuestiones de la mayor importancia que ha levantado la presentación del reciente proyecto de ley impulsado por la diputada Carmen Hertz con el apoyo de otros parlamentarios.

A lo primero, pareciere que la respuesta fuera obvia. Si el respeto a los derechos de todos es la base del orden democrático que reconocemos como común, es imprescindible que esas bases sean parte del sistema educativo en forma muy explícita. Nada hay quizás más relevante que enseñar la forma en que debemos comportarnos unos con otros, y eso hoy día pasa, entre otros aspectos, por considerar a los demás como sujetos de derechos. La falla en hacerlo es lo que explica, en parte, como en Chile y aún más en otros lugares, existe intolerancia, discriminación y abuso.

La segunda pregunta debe también ser respondida positivamente. Si existe acuerdo-mayoritario al menos- de que en Chile hubo masivas violaciones eso debe ser enseñado y discutido en forma abierta y franca en nuestro sistema escolar. Existen varias razones para ello. La primera es que el valor de los Derechos Humanos se entiende en su real dimensión cuando se conoce lo que sucede cuando no se respetan. Experiencia histórica y valoración son inseparables en este caso. Y en Chile los hemos valorado justamente por la experiencia de la dictadura. Segundo, porque son una parte de nuestra historia reciente sin la cual es imposible entender en su real dimensión nuestras últimas décadas. Una sociedad que no reflexiona sobre sus crisis -y por cierto el sistema escolar es un lugar privilegiado para ello- no madura y no es capaz de superarlas, aprender de ellas y de avanzar a un futuro mejor.

Sábado, 08 Septiembre 2018 00:00

Adultos mayores y Derechos Humanos en Chile

Escrito por

Columna publicada originalmente en El Mostrador el 8 de Septiembre

¿Hemos aprendido algo cómo sociedad de las tragedias acaecidas a los niños bajo responsabilidad del SENAME? ¿No fueron esas situaciones de vulnerabilidad e infracciones de derechos —que fueron denunciadas una y otra vez tanto por personas como por organizaciones nacionales o internacionales— pero ante las cuales las autoridades responsables poco o nada hicieron, y respecto a las que tanto el legislador como el Ejecutivo solo reaccionaron tardíamente?

Estas preguntas se pueden hoy levantar también en relación a una realidad que estos días muestra una cara trágica. Y esta es la de los adultos mayores en establecimientos de larga estadía (ELEAM) develada por la terrible muerte de 10 ancianas postradas en la comuna de Chiguyante, perecidas en un incendio. Pese a que, por lo que se informa en la prensa, se trata de una residencia de alto nivel y con larga experiencia, y que además había sido recientemente fiscalizada por la autoridad competente, la gravedad de los hechos no puede sino justificar levantar numerosas preguntas sobre la existencia y calidad de los procedimientos existentes para situaciones como esta y sobre las fiscalizaciones sobre esos procedimientos. 

Al respecto, el actual marco legal vigente establece que los establecimientos de larga estadía son fiscalizados por los respectivos Seremis de Salud, según el Decreto Supremo Nº 14 del año 2010, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento para establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Esta norma exige que los establecimientos, a fin de obtener su autorización, posean un certificado de un experto en prevención de riesgos o del Cuerpo de Bomberos que acredite se cumplen los requisitos de prevención y protección contra incendios. Además, los establecimientos deben proveer un plan de evacuación para los distintos tipos de emergencias. ¿Se cumplieron esos requisitos en este caso? De haberlo sido, ¿por qué se llega a producir la tragedia que hoy lamentamos? Y si no lo estaban, ¿por qué no se fiscalizó adecuadamente?

Sin perjuicio de cómo se respondan estas preguntas en este caso, hay muchas otras relativas al respecto de los derechos de los adultos mayores internados en estos lugares, pues ellos están en situaciones de particular vulnerabilidad que exigen una mayor preocupación del Estado.

Esta realidad levanta dudas de cómo el Estado de Chile está cumpliendo sus compromisos internacionales y domésticos en relación a los derechos de los adultos mayores. Y justamente sobre ellos el año pasado se publicó la Convención Interamericana sobre protección de los Derechos del Adulto Mayor, ratificada por Chile, la que impone precisas obligaciones respecto de los adultos mayores que reciben cuidados del largo plazo. Entre ellas (art. 12 letra c), la establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado de largo plazo.

Todas estas cuestiones se levantan a raíz de estos trágicos eventos y nos llevan a prestar atención a un creciente sector de la población chilena, particularmente vulnerable, y que demanda por ello una especial preocupación del Estado en su calidad de garante de sus derechos humanos.  

Tomás Vial

Editor general Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP

 

 

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