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Noticia publicada en OGE, Observatorio de Género y Equidad, 03 de marzo de 2017

 

Por Catalina Ellies

Lidia Casas es abogada de la Universidad Diego Portales (UDP), magíster en Derecho de la Universidad de Toronto y doctora en Derecho de la Universidad de Ottawa, Canadá. Desde marzo de este año es directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, donde anteriormente se desempeñó como coordinadora del Área de Género y Derechos Humanos.

El primer trabajo que hizo sobre aborto fue en un electivo de su postgrado en la UDP que fue publicada en Academia de Derecho, una revista que tenían los estudiantes. En 1995, realizó la primera investigación de América Latina sobre mujeres mujeres privadas de libertad por abortar. Luego de eso, comenzó a trabajar en esterilización voluntaria y a partir de 1997 en anticoncepción de emergencia.

Cambios en el quehacer feminista

Lidia Casas actualmente forma parte de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, espacio conformado por organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres y feministas, académicas de la Universidad Diego Portales y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Este grupo surge en 2015 cuando ella congregó a diversas personas a opinar sobre la investigación que lanzó el Centro de Derechos Humanos sobre «La ilegalidad del aborto como violación a los Derechos Humanos». “Mi idea como autora era producir conocimiento para ponerlo a disposición de la comunidad y que cualquiera pudiera usarlo. Me provocó mucho goce cuando el Senador Tuma lo citó en su intervención en el debate en el pleno del Senado en enero pasado”comenta.

En 2003, la abogada también participó en una mesa de trabajo sobre aborto, frente a un proyecto que presentó la diputada María Antonieta Saa sobre la reposición del aborto terapéutico, espacio que finalmente no prosperó porque había una disputa y una fragmentación muy fuerte en el movimiento feminista. “En ese tiempo el feminismo estaba casi desmovilizado y debido a eso no podía impactar en ningún programa de gobierno. En esa época el tema era la píldora (anticonceptiva de emergencia) que a mi juicio siempre fue la puerta de entrada al gran debate que hoy estamos viviendo, pero no hubo involucramiento activo y potente, vino después, con el fallo del Tribunal Constitucional. Cuando hay compañeras que no aceptan las diferencias, me da una profunda pena por la miopía política que tienen. Creo que hoy no hay esos niveles de acidez, las nuevas generaciones son mucho más maduras y estamos mucho más cohesionadas por un objetivo común”, precisa.

El rol del Estado en el debate sobre aborto

Lidia Casas cree que lo que gatilló que se haya instalado el debate sobre el aborto tiene que ver principalmente con el cambio cultural que ha habido en Chile. “Si uno lo pone en contraposición con los temas de diversidad sexual, éstos a todas luces se han dado mucho más rápido que el aborto. Ambos se vinculan con un cambio sociocultural sobre la autonomía en el ejercicio de la sexualidad y la reproducción. También algunas feministas han flexibilizado sus posturas porque cuando una quiere una apertura cultural, tiene que estar dispuesta al diálogo con otros, no entre quienes estamos de acuerdo, si no en llegar a quienes no lo están y hoy, gracias a eso, las feministas no tienen esa carga peyorativa que tenían antes, que eran concebidas como una especie de monstruos come guaguas”.

Quienes se oponen a este proyecto insisten en remarcar la diferencia entre despenalizar y legalizar, para la abogada eso es enredar la discusión. “Es medio artificioso porque algunos dirían que bastaría con no penar a las mujeres y listo. Si fuese tan simple, el Estado dejaría al arbitrio de cada quien cómo gestionar el acceso al aborto en estas 3 causales y no puede. El Estado tiene la responsabilidad política y jurídica de regular abortos en condiciones dignas y seguras para proteger la vida, salud e igualdad de condiciones de las mujeres”, puntualiza Casas.

Un proyecto cercenado

Sobre el estado actual del proyecto de aborto en 3 causales la abogada cree que este se redujo a un mínimo, en comparación al que se presentó en enero de 2015. “Se quitaron varios elementos importantes. La causal de riesgo de vida de la mujer en su primera versión tenía una redacción mucho más amplia, consideraba el riesgo actual y futuro y fue acotada en la Cámara de Diputados. Hoy han tratado de restringirlo a su mínima expresión y solo se centra en la inminencia de muerte, pero no eventual. Hay mujeres que no fallecen por el embarazo, si no que por sus patologías de base como puede ser el lupus”, expresa.

Otro tema que preocupa a Lidia Casas es la obligación de denuncia y la reducción de los plazos respecto de niñas y adolescentes víctimas de violación. “La regla general es que una violación es un delito de acción pública e instancia particular, bajo el actual sistema de reglamentación del ámbito procesal penal hoy una mayor de 14 no está obligada a denunciar este ilícito y se está pidiendo que esto deba ser comunicado al Ministerio Público, no por ella, si no que del equipo médico. También se modificaron los plazos, antes eran 14 semanas para mayores de edad y 18 para menores de edad y eso estaba sentado a través de evidencia, pero fue rebajado sustantivamente en caso de niñas y adolescentes a 14 semanas y en mujeres adultas a las 12 semanas y ahí hay un cambio de paradigma. Bajo determinados contextos tendrían que subir sus plazos. Lo ideal serían 18 semanas como lo han hecho en Ciudad de México y Uruguay”, ejemplifica.

La confidencialidad médica también era un elemento importante del proyecto y que fue eliminada. “Hoy las mujeres que llegan a hospitales públicos son denunciadas, esa norma debía ser derogada, pero no lo fue. Puesto así, es un proyecto cercenado en especial en la causal de violación porque todavía en el mundo de los senadores hay muchas dudas respecto a que las mujeres mienten o que esta es la puerta de entrada para el aborto libre. Estamos en un estado de tramitación todavía muy incierto respecto al resultado y la redacción final. La ley de interrupción de embarazo ideal sería como ingresó en un principio”.

Mujeres y suspicacia

Para Lidia Casas la obligación a parir es violencia, porque significa una maternidad donde no importa el contexto. “Es una violación a los derechos humanos que a las mujeres sean dejadas a la deriva y tener que practicarse abortos clandestinos y poner en riesgo su vida, no lo digo yo, lo han dicho todos los órganos internacionales. Creo que la causal de más difícil aprobación es la violación porque pone en juego la autonomía de las mujeres, las otras dos están condicionadas por su contexto de salud. En este debate se está pasando por alto las necesidades y las condiciones físicas y psíquicas de las niñas víctimas de violencia sexual”.

El discurso utilizado por quienes se aponen a este proyecto ha sido que las mujeres mienten y que incluso algunas de ellas podrían inventar que fueron violadas para abortar. Casas cree que este trato hacia ellas es muy duro e injusto. “Da rabia, no es posible que la gente diga este tipo de barbaridades. La suspicacia pesa históricamente en las mujeres, una lo vio en investigaciones de paternidad por ADN donde el debate fue impactante, en torno a le ley de acoso sexual, en los delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Esa es una estructura cultural que hay que desmantelar porque lo único que hace es generar más violencia, revictimizar y desincentivar las denuncias”.

Lidia Casas siente que si esta discusión tuviera que ver con hombres sería tratada de forma distinta y le parece interesante que en el actual debate algunos hombres lo hayan dicho. “Ellos tienen privilegio y las cosas cambian en la medida en que la gente pierde el privilegio, pero hay una resistencia muy grande a eso. Creo que de alguna manera he hecho cosas para el derecho que son osadas y pueden ser anómalas desde el punto de vista académico, que es situar al otro en el contexto de las mujeres. En el caso específico del aborto los he convocado a pensar en que ellos nunca van a tener que estar en esa situación y lo hice en mi alegato de clausura en el Tribunal Constitucional, cuando mirando a cada uno de los miembros les dije que ellos siempre habían tenido libertad de conciencia para decir qué método utilizar: coitus interruptus, condón, anticonceptivo o lo que fuera de su agrado”, recuerda.

El poder de las mujeres

La académica cree que a pesar de estar en pleno siglo veintiuno, las mujeres siguen siendo consideradas como ciudadanas de segunda categoría. “Creo que seguimos en esa línea porque no hemos estado en el poder, a pesar de tener una presidenta mujer porque ella no representa el poder de las mujeres, ella representa a un conglomerado político. Ella recién llega con un discurso de mujeres para su segundo periodo luego de haber estado en ONU Mujeres. No hay una transformación durante Bachelet uno y creo que tampoco durante Bachelet dos”.

Agrega que a pesar de que un 71% de la población aprueba el aborto eso no ve reflejado en el Congreso porque no hay un involucramiento real. “La Nueva Mayoría no es más que una representación de lo que somos. Tenemos una ciudadanía desencantada que no vota. La masa crítica tampoco está dispuesta a sumarse a nuevas fuerzas. Están en la calle pero no creen en nada y van a asegurar que quienes están en el poder se mantengan. Entonces, si esto no se aprueba, ni los legisladores ni la Nueva Mayoría estarán fallando, la ciudadanía se fallará a sí misma”.

Lidia Casas sostiene que si la derecha acude al Tribunal Constitucional y se cae el proyecto, esto tendrá como consecuencia un cuestionamiento a el rol del TC. “Se verá si esta es una tercera cámara y si eso va a influir en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Creo que el aborto permeará la agenda presidencial (durante las elecciones de noviembre de 2017) como lo hizo en la anterior y no será una pérdida total”.

Patricio Walker y el doble discurso

El senador DC Patricio Walker ha presentado diversos proyectos de ley respecto a la prevención del abuso sexual infantil, sin embargo en el Senado votó en contra de la idea de legislar la interrupción voluntaria del embarazo. “Él no hace la relación entre abuso sexual y aborto, no se lo permite y no está dispuesto a dar ese paso. No es que no sepa cuáles son las consecuencias, es como los progres de derecha que dicen que defienden los derechos humanos y en esta discusión eso lo entienden como «los derechos de los inocentes» como si la niña violada no lo fuera. Él tomó las palabras del Cardenal Silva Enríquez, que le daba voz a los que no tenían voz”, explica Casas.

Para Lidia Casa es un contrasentido que quienes se oponen al aborto lo hagan también a la educación sexual. “En las dos primeras causales no puedes prevenir nada, pero en la tercera causal puedes depurar mejores condiciones de autoprotección a las niñas y adolescentes, con un conocimiento mucho más claro sobre sexualidad y su libre ejercicio. Los opositores tienen una mirada que está ligada a una creencia religiosa que tiene que ver con la abstinencia sexual hasta el matrimonio y creen que si dan información y educación sobre eso alientan que tengan sexo”.

A pesar de las dificultades y modificaciones que se han presentado, la abogada valora mucho el debate sobre aborto que se ha dado en Chile. “Si perdemos, porque no se aprueba o porque queda cercenado el proyecto, escuchar a senadores y senadoras hablar del derecho a decidir, del rol del Estado y que haya un 71% de la población a favor, es una ganancia cultural.  Pero eso no significa que la lucha termine”, concluye Lidia Casas.

Columna de opinión publicada en La Tercera, 20 de marzo de 2017.

 

Los incendios forestales azotaron Chile durante este verano volvieron a los sectores habitados. A los sectores más vulnerables, los campamentos, donde, en parte y según expertos de urbanismo, no se debieran construir o asentar viviendas. En enero y febrero de 2017, murieron 11 personas en las llamas. Y se destruyeron más cerca de 1700 viviendas, además de 606.200 hectáreas de plantaciones forestales, frutales, y bosque nativo.

En relación con los incendios – y me quiero principalmente referir a los que hemos visto recientemente en Viña del Mar y Valparaíso, donde se concentra el mayor número de campamentos en el país –vemos principalmente tres derechos afectados o en riesgo: Primero, el derecho a la vida. Segundo, el derecho a la vivienda. Y tercero, el derecho a vivir en un medioambiente sano. Me quiero enfocar en los primeros dos y una observación general en relación al tercero.

Es verdad que el Estado no es responsable de cada muerte que ocurra en el país. Pero sí, tiene que haber tomado todas las “medidas razonables”[1]a corto, mediano y largo plazo para prevenir que las personas mueran en los incendios. Equipamiento adecuado de bomberos; políticas de planificación territorial que minimizan los riesgos; incentivos para plantaciones resistentes a los fuegos – en cuanto a especies, retención de agua en el suelo, espacios que tengan la función de cortafuegos, especialmente, alrededor de lugares habitados; fiscalización de las medidas. Finalmente, intervención coordinada entre los distintos entes de voluntarios, privados y públicos para combatir el fuego. Ciertamente, los incendios superaron toda expectativa. Sin embargo, eso no exime al Estado de su responsabilidad en relación a la protección del derecho a la vida.

También en relación al derecho a la vivienda, el Estado tiene un deber de prevención. Es menos estricto que en cuanto al derecho a la vida, pero implica, ciertamente, garantizar el derecho a una vivienda digna en lugares que no están en zona de riesgo. Si el Estado no procediera a buscar soluciones habitacionales seguras, no está cumpliendo con su obligación. Si el Estado no erradica los campamentos, y prioriza los que están construidos en zonas de riesgo de catástrofe naturales, no está cumpliendo con el derecho a la vivienda digna. En el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de 2016, analizamos la situación a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que Chile ha suscrito, y describimos los criterios que se deben observar en ese proceso, para evitar que sean los más desprovistos quienes además, sufren con mayor fuerza los impactos de la naturaleza, y del descuido ambiental de otros.

Tercero, el Estado debe proteger el derecho a un medioambiente sano. Con políticas ambientales, de desechos, y con incentivos claros para la biodiversidad, para que se prevengan los incendios forestales. Son las especies nativas que consumen menos agua y dejan el suelo más protegido contra los fuegos. Sin condonar los incendios, es una oportunidad adoptar ahora políticas e incentivos más previsores, por ejemplo, incentivando y regulando industrias – para PYMEs y grandes empresas – que se comprometan con el manejo sustentable de los bosques y eliminación de incentivos y subsidios para monocultivos, junto con el uso responsable de los espacios y la mantención y recuperación de la flora y fauna.

[1]El término se deriva del raciocinio de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Osman contra Reino Unido.

[1]El término se deriva del raciocinio de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Osman contra Reino Unido.

Miércoles, 23 Abril 2014 00:00

Deuda inmigrantes

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El problema (…) no son los extranjeros que no pagan por la atención en salud, sino las barreras que impiden que obtengan un permiso de residencia en Chile

Martes, 03 Enero 2017 00:00

Acceso a la justicia para inmigrantes

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Carta al Director publicada en La Tercera, 30 de diciembre de 2016.

Señor director:

El rol del Poder Judicial ha sido fundamental en la protección y garantía de los derechos de las personas migrantes. Las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, a través de sus sentencias, han establecido las situaciones en que la ejecución de órdenes de expulsión debe ceder en favor de garantizar otros derechos, como el interés superior del niño, la unidad de la familia, el debido proceso y la libertad personal. Lo que preocupa es el número de personas con órdenes de expulsión que han podido acceder a la justicia, en comparación con el número de órdenes de expulsión dictadas anualmente.
Según información recopilada para la elaboración del Informe Anual de Derechos Humanos UDP 2016, menos de un 1% de las personas afectadas pueden acceder a un recurso judicial para solicitar la revisión de su orden de expulsión. En consecuencia, hoy en Chile el acceso a la justicia para los migrantes, en relación con la revisión judicial de sus órdenes de expulsión, es prácticamente nulo.
Ello puede deberse a falta de información sobre los recursos disponibles; falta de instancias públicas que ofrezcan asistencia jurídica especializada y gratuita; temor de las personas a recurrir a instancias judiciales por miedo a ser expulsadas y falta de disponibilidad de intérpretes/traductores, entre otros.
Este escenario confirma la necesidad de contar con una nueva normativa migratoria que asegure el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso a todas las personas migrantes y, en particular, en los casos donde se vean afectadas por una orden de expulsión.
También es necesario que el Estado adopte medidas para que todas las personas extranjeras puedan acceder a servicios jurídicos especializados y gratuitos, para interponer un reclamo judicial en contra de las sanciones que les sean aplicadas. Ello, con el fin de asegurar que las garantías del debido proceso y principios como el interés superior del niño o la unidad de la familia, sean efectivamente resguardadas.

Delfina Lawson 
Clínica de Migrantes y Refugiados 
Universidad Diego Portales

 
 
Sábado, 24 Diciembre 2016 00:00

Impacto del TPP en los derechos humanos

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Es tiempo de hacer los estudios necesarios e indagar sobre estas alertas, complementando así los estudios de impacto económico que sí se habían encargado.

 

Columna publicada en La Tercera, 15 de diciembre de 2016.

En los últimos días, hemos sabido de investigaciones del Ministerio Público respecto de por lo menos cuatro redes de explotación sexual infantil que reclutaban a niños, niñas y adolescentes (NNA) desde el sistema de hogares del Sename. Más allá de lo gravísimo y repugnante que son los hechos denunciados, y de la grave violación del deber de cuidado que el Estado tiene hacia todos y todas los NNA, pero especialmente hacia los y las que están bajo su tutela, preocupa sumamente que Chile no tenga una política actualizada de prevención de la explotación sexual infantil, parte integral del deber de cuidado.

Ya el año pasado, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señaló que “sigue preocupado porque el derecho penal chileno aun no considera plenamente un delito la venta de niños”. Además, mostró preocupación “por la falta de un sistema general de reunión de datos que incluya información sobre los procesos penales” en relación a la explotación sexual infantil, la venta de NNA, y la pornografía infantil.

El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ratificado por Chile hace ya 13 años, además de prescribir la penalización de los delitos, obliga al Estado a adoptar políticas eficaces de prevención de la explotación sexual infantil (artículo 9). Pero Chile no cuenta con datos actualizados ni reporta, en la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Crecer Felices, acción legislativa alguna en el ámbito que sea posterior al 2005.

El Comité, en su Informe sobre Chile del 2015, celebró la creación, en 2010, del “Observatorio Nacional de Explotación Sexual Comercial Infantil”, pero “expresa preocupación por el elevado número de casos de explotación y abusos sexuales, sobre todo de niñas”. El Comité recomienda a Chile que los delitos de explotación sexual contra NNA no prescriban; que asegure una investigación efectiva en todos los casos  – y hay que indicar que esta investigación debe ser ex officio, a saber, a iniciativa del Estado, no solamente cuando haya denuncia de particulares.

Hay un aspecto adicional del caso concreto que hoy conocemos que no hay que pasar por alto: según las fuentes periodísticas disponibles, una de las redes se constituyó a partir del ingreso de la hija de uno de los investigados al Sename, por orden judicial. Ella supuestamente llevó a varios NNA a su casa, donde fueron sometidos a consumo de drogas y explotación sexual. La investigación deberá establecer si esta niña fue abusada sexualmente también, si fue obligada a participar en los delitos y en qué medida ella también es víctima de explotación sexual infantil.

Incluso si se acreditara alguna participación, ella también tiene derecho a las medidas de reparación que define el tratado internacional. El Comité es muy claro cuando recomienda a Chile que “[e]labore (…) un plan nacional de capacitación de los distintos interesados que participan en el proceso de reparación jurídica de [NNA] víctimas de explotación y abusos sexuales (…) sobre los criterios y normas para atender a los niños víctimas(…), a fin de lograr que todos los niños que hayan sufrido alguna forma de explotación sexual sean tratados como víctimas y no reciban sanciones penales, y que los responsables sean debidamente procesados y castigados” (Informe 2015, para. 47c, el destacado es nuestro).

 Finalmente, es responsabilidad de los operadores de justicia garantizar la debida participación de los NNA en el proceso, incluyendo las garantías de confidencialidad, acompañamiento psicológico, tal como se encuentra definida en el artículo 8 del Protocolo y reforzado en el último informe del Comité (para. 86).

(Fotografía: http://www.latercera.com/voces/explotacion-sexual-infantil-deberes-del-estado/ )

Lunes, 12 Diciembre 2016 00:00

Criminalización de la migración Destacado

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Criminalizar a las personas que cruzan o intentan cruzar las fronteras no es la forma adecuada para enfrentar la migración irregular. Hay ejemplos en todo el mundo, incluyendo Chile, que demuestran que ello solamente alienta la proliferación de las redes de tráfico de personas, exponiendo a los migrantes a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Lunes, 12 Diciembre 2016 00:00

Desafíos en materia de derechos humanos

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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada hoy hace 68 años, se dirige principalmente a los Estados, tal como todos los tratados posteriores en materia de derechos humanos. Son los Estados los que tienen las obligaciones de proteger y garantizar – ni hablar de respetar – los derechos humanos. Pero no podemos descargar la responsabilidad exclusivamente en los gobiernos o la “autoridad pública”.

Columna por Mariana Zegers, publicada en DiarioUchile, 7 de diciembre de 2016.

Sí. En Chile se violan los derechos humanos, como acurre en muchos otros países que suscriben y ratifican diversos pactos, declaraciones, convenciones; Estados que afirman y se comprometen a ser garantes del efectivo respeto de los derechos humanos, en toda su totalidad e integridad.

Sí. En Chile existen organizaciones de diversa índole que se vierten a la tarea de proteger y defender, de promover y pensar los derechos humanos. Hemos destacado ya la participación de diversas ONG’ s que, con escasos recursos, trabajan arduamente en la defensa y promoción de los derechos de aquellos grupos vulnerados, como niños y niñas, migrantes, pueblos indígenas y personas privadas de libertad. Organizaciones que promueven y defienden derechos fundamentales: a la salud, a la educación, a vivir en un ambiente libre de contaminación, a libre determinación y la no discriminación, a la libertad de expresión, al respeto de la identidad de género y diversidad sexual, a condiciones laborales justas, a una vivienda digna, al agua, a la preservación y reconstrucción de la memoria.

Estas palabras tienen por objeto poner en valor el trabajo realizado por aquellos expertos provenientes de diversas áreas del conocimiento que investigan el estado actual del ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, generando rigurosos documentos que cumplen su función de informar a la ciudadanía; instando al Estado a transformar sus prácticas, mediante propuestas concretas y tangibles.

En particular, cabe destacar la realización de dos informes anuales, que se han instalado como verdaderos referentes en la materia: el Informe Situación de los Derechos Humanos en Chile, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, de la Universidad Diego Portales.

El INDH es una corporación autónoma de derecho público creada por el Estado y dedicada a “promover y proteger los derechos humanos de todos las personas que habitan en Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Si bien se financia con fondos públicos, es independiente de los poderes del Estado. Su misión es “cautelar y promover la plena vigencia de los derechos humanos en Chile”. La promoción de una cultura de derechos humanos se manifiesta en sus estudios y recomendaciones, caracterizados por su rigor y veracidad. Una de sus funciones es la elaboración del Informe Situación de los Derechos Humanos en Chile, donde, además de informar, formula indicaciones para su protección y respeto.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales se ha concentrado en visibilizar las vulneraciones a los derechos fundamentales, mediante investigaciones que, en parte, se cristalizan en informes anuales. El hacer palmarias a la ciudadanía las violaciones a los derechos humanos potencia el rol activo de comunidad legal, académica y de la sociedad civil en el monitoreo de las conductas del Estado, con una mirada propositiva y no meramente vigilante.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile se dirige a toda la comunidad, no es exclusivamente académico. Su propósito, tal como queda señalado en su página, es informar y analizar en profundidad, desde un enfoque de DDHH, aspectos conflictivos o velados de nuestra vida social, que son especialmente graves por su condición estructural o por no haber sido descubiertos con anterioridad. Su carácter propositivo busca contribuir a cambiar la situación de ausencia de protección de los derechos fundamentales, mediante recomendaciones.

El Centro de Derechos Humanos no solo promueve el estudio en la materia, sino que también juega un rol activo en los litigios, mediante la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos y la Clínica de Migrantes y Refugiados, que litiga diversos casos frente a tribunales nacionales e internacionales.

La XIV versión del Informe, publicada recientemente, contiene 10 capítulos, cada uno con sus respectivas recomendaciones al Estado. Entre los temas abordados, el Centro de DDHH de la UDP pone en la palestra el derecho a la vivienda, el que, según el mismo Centro, debiera ser reconocido constitucionalmente, al igual que la necesidad de regular el mercado de suelos. El Informe revela el aumento de los campamentos entre 2011 y 2016. Las 38.770 familias, cerca de 11 mil más que en 2011 (según cifras de TECHO-Chile), habitan en 660 campamentos, concentrados mayoritariamente en Valparaíso, Antofagasta y Concepción. Estas personas viven sin acceso a servicios básicos y a condiciones mínimas de sanidad. Esto no solo constituye una violación al derecho a una vivienda digna, sino también al “derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, ambos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales .

En materia de infancia, el Centro viene siguiendo el tema hace años. En el Informe 2016, reitera al Estado la necesidad de reformar la institucionalidad,  señalando que existe una deuda sin saldar, pues  “a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado”.  Si bien se destacan los proyectos que crean el Sistema de Garantías de la Niñez y que modifican el Ministerio de Desarrollo Social, creando la Subsecretaría de la Niñez, se asevera que estos no se ajustan cabalmente a los acuerdos establecidos en el derecho internacional. En lo que al Sistema de Garantías de la Niñez respecta, preocupa que se subordine el grado y amplitud de protección de los derechos a las condiciones presupuestarias del Estado; además de la incertidumbre acerca del contenido de la Ley, luego de las casi 500 indicaciones realizadas por la Comisión de Familia. En relación a la Subsecretaría de la Niñez, se valora la creación de un organismo de esta naturaleza y se insta a acelerar su tramitación.

Otra temática relevante, a la luz de la coyuntura, es el apartado “Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos”, donde se analiza la situación laboral de dicho sector, en materia de derecho a huelga, negociación colectiva y sindicalización. En lo que a ello respecta, se exhorta al Estado a que estos derechos sean consagrados en la Constitución, tanto para públicos como para privados.

También destacamos en esta ocasión el apartado dedicado a la nueva institucionalidad de DDHH en Chile. Allí se reconoce la creación de esta nueva institucionalidad, recomendando “la pronta implementación de esos organismos y una respuesta clara en cuanto a la relación que establecerán con la ciudadanía”. Ciudadanía que, dicho sea de paso, ha sido la responsable de los avances más cruciales en la materia.

El resto de las temáticas abordadas este año refieren a: obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos, sistema escolar y pueblos indígenas, garantías contra la expulsión para migrantes, derechos de las personas intersex y práctica de esterilización en niñas y mujeres con y sin discapacidad psíquica o intelectual, además del tradicional capítulo que inaugura el Informe y que es producto del trabajo constante del Observatorio de Justicia Transicional, destinado a analizar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.

Tenemos a disposición estudios consistentes y constructivos en materia de derechos humanos. Tenemos instrumentos internacionales que se han ido perfeccionando, ampliando y complejizando, al comprender los nuevos desafíos que nuestra sociedad contemporánea o posmoderna nos impone. Pero el campo de acción de la palabra puede ser tan vasto como estrecho. Y puede que a los pocos que concentran el poder les convenga hacer oídos sordos y ojos ciegos. Entonces, ¿cuál es el impacto en las políticas públicas de tan contundentes estudios?

Reciente fallo del Tribunal Constitucional desconoce el acceso a la información, calificando como “comunicaciones privadas” los correos electrónicos institucionales entre el subsecretario del Interior y la Gobernación Provincial de Melipilla.

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