Tomas Vial

Tomas Vial

Tomás Vial Solar es profesor de derecho constitucional, abogado y posee los grados de Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; LL. M (Legal Master) en Derechos Humanos, de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos; Magíster en Derecho Público, mención derecho constitucional, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y doctor en derecho, del University College London (UCL), Reino Unido.

Desde el 2004 fue Jefe del Departamento de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello y profesor de la misma cátedra derecho constitucional tanto en la Universidad Andrés Bello como en la Universidad Diego Portales.

Antes, se ha desempeñado como asesor jurídico en el Ministerio de Defensa y en la Secretaria General de la Presidencia, en su División Jurídica.

Participó en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) como ayudante de investigación y ha sido miembro del directorio de Pro Acceso, una organización no gubernamental dedicada al derecho de acceso a la información.

Lunes, 26 Marzo 2018 00:00

Justicia y presos enfermos terminales

*Opinión publicada originalmente en La Tercera el 26 de Marzo de 2018

SEÑOR DIRECTOR

La situación de los presos de Punta Peuco en casos de enfermos terminales o con enajenación mental ha sido objeto de un reciente proyecto de ley enviado por el gobierno pasado y de una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados. El nuevo ministro de Justicia ha emitido declaraciones al respecto. Parecen necesarias algunas consideraciones.

La situación de los presos por graves violaciones de derechos humanos bajo dictadura no puede ser mirada aisladamente de las demandas aún no satisfechas de verdad, justicia y reparación, so pena de dar la impresión de que se colabora con la impunidad. Chile está en deuda en todos estos aspectos. Por dar solo un ejemplo, está la necesidad de una persecución estatal de los crímenes de tortura sistemática que hoy solo se da en razón de la iniciativa de las víctimas. Lo que se necesita es una agenda comprensiva en estos temas y no medidas aisladas.

Segundo, la eventual revisión de la situación carcelaria de cualquier preso enfermo mental o en situación de enfermedad terminal no contraviene per se las obligaciones de DD.HH. en materia de justicia y, más bien, puede llegar a ser exigible si las condiciones de reclusión implicaran un grave maltrato o indignidad. Tercero, los internos de Punta Peuco cumplen penas por crímenes gravísimos y se exige una pena efectiva. El cambio en la situación carcelaria o la forma de cumplimiento debe ser justificado y decidido por un tribunal con criterios aplicables a todos los presos, en forma transparente y tras diagnósticos médicos emitidos por un organismo público en forma transparente.

Por último, estos casos extremos deben ser claramente distinguidos de los llamados beneficios carcelarios, en los que la gravedad de los crímenes y la calidad de agentes estatales de los responsables demandan y justifican estrictas exigencias especiales para su eventual otorgamiento.

Tomás Vial Solar
Profesor y miembro del Centro de Derechos Humanos UDP

Domingo, 08 Abril 2018 00:00

Niños y proyecto de identidad de género

*Carta publicada originalmente en La Tercera el 8 de Abril de 2018

SEÑOR DIRECTOR

El proyecto de ley sobre el derecho a la identidad de género, que está en comisión mixta en el Congreso, ha provocado una intensa polémica dentro de la coalición de gobierno, pese a que inicialmente no estaba contemplado en su agenda legislativa ni en el programa de gobierno. Esta situación demuestra lo dinámico de la política explicada en la frase que se atribuye al ex primer ministro laborista británico Harold Wilson: “en política una semana es mucho tiempo”.

El hueso de la disputa ha sido si el proyecto incluye a niños, niñas y adolescentes. Mucho se podría argumentar que hay sobradas razones para que deba hacerlo, pero dado el debate parlamentario quizá sea bueno recordar la opinión consultiva (OC-24/17) que en noviembre del año pasado emitió la Corte Interamericana sobre este tema, tras una consulta de Costa Rica. La Corte señaló que los niños son también titulares del derecho a la identidad de género, al igual que los adultos, y que deben ejercerlo en forma progresiva, a medida que desarrollen un mayor nivel de autonomía, amén de que en todo procedimiento deben ser escuchados. El tribunal menciona como ejemplo de buena práctica la ley argentina de 2002, sobre derecho a identidad, que permite a los menores de 18 años pedir el cambio de registro, por medio de sus representantes legales, y en caso de que no sea posible se deja a la decisión judicial, de acuerdo con los principios de la Convención de Derechos del Niño.

Esta opinión tiene fuerza autoritativa para los estados miembros del sistema interamericano, entre ellos Chile. La conclusión, jurídica y política, que se debe sacar es que si el Congreso aprueba un proyecto de ley que no incluya a los niños, ese acto del Estado, en el caso de haber una denuncia ante el sistema interamericano, será entendido con toda probabilidad por la Comisión Interamericana y por la misma Corte como una contravención a la Convención Americana de DD.HH., generando la correspondiente responsabilidad internacional.

Tomás Vial Solar
Profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos UDP

*Publicado originalmente en El Mostrador el 5 de Febrero de 2018

El inicio de un nuevo periodo presidencial debiera ser un tiempo propicio para reflexionar sobre cuáles son los desafíos como país, y en particular para el nuevo gobierno, por los próximos cuatro años.

Como se sabe, este es un período corto de tiempo que requiere necesariamente priorizar y ser razonablemente modesto en cuanto a lo que efectivamente se puede realizar. Lo anterior es válido también para las obligaciones que como Estado tenemos en materia de Derechos Humanos, las que son múltiples y complejas y que con frecuencias implican la dictación o modificación de la legislación, entre otras acciones.

Sin pretender exhaustividad ni tampoco necesariamente prioridad, un nuevo gobierno —y en particular un Ministerio de Justicia y DD.HH— debe preocuparse de varios aspectos que deberían estar dentro de su plan de trabajo.

La más amplia de las obligaciones será el fortalecimiento de la institucionalidad de Derechos Humanos, como la Subsecretaria del ramo y, en particular, la implementación efectiva del primer Plan Nacional de DD.HH.

Esto constituye un inmenso desafío de política pública y administrativa para cualquier gobierno, siendo las experiencias comparadas en América Latina no muy alentadoras al respecto, pues con frecuencia los planes se quedan al nivel de elaboración sin una aplicación práctica. Este primer plan implica obligaciones por cuatro años y compromisos de numerosos servicios públicos, constituyendo solo un mínimo —no por ello poco ambicioso— de lo que Chile se ha comprometido ante la comunidad internacional.

El completar exitosamente esos compromisos sin duda que constituiría un gran paso en la introducción de los criterios de derechos humanos en la actividad diaria del Estado y, por cierto, un logro (histórico se podría decir) para la satisfacción de estos y para cualquier gobierno.

Pero, sin duda, que la temática que absorberá intensamente al gobierno y al ministerio en particular será el relativo a la reforma del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. El nuevo gobierno tiene como ineludible desafío la creación de un efectivo sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes de Chile, área en la cual el país ha estado por décadas al debe en sus compromisos. Al respecto, hay que recordar que Chile es el único país de América Latina que habiendo ratificado la Convención de Derechos del Niño no ha reformado en forma acorde su legislación en esta materia. Si bien el actual gobierno envió varias iniciativas muy relevantes en esa área —una de ellas, la que crea Defensor del Niño, ya publicada— quedan varias piezas de este gran engranaje por construir e implementar.

Respecto a la personas con discapacidad, sin duda uno de los aspectos pendientes, sobre el cual ya se estaba trabajando el gobierno saliente, es al de ajustar la normativa relativa la capacidad jurídica de las personas a lo exigido por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, eliminado la incapacidad absoluta y modificando por un sistema efectico de apoyos.

El año 2019, en septiembre, el Estado de Chile deberá anunciar si ratificará por otros diez años el Convenio OIT 169, sobre pueblos indígenas. Al respecto, se han dado opiniones de que sería mejor desahuciarlo, por las dificultades que este impone a la actividad económica.

Tal acción sería un grave error, que debilitaría seriamente el estatus de Chile ante la comunidad internacional y, ciertamente, implicaría una negación directa de la existencia y derechos de los pueblos originarios. Por cierto, las dificultades prácticas que pueden existir no son obra del convenio en sí, sino de las regulaciones que se han dictado para implementarlo. Todas las modificaciones deben ser consultadas en forma previa, libre, e informada con los mismos pueblos originarios. Ese es también un desafío, junto a varios otros, en materia de derechos de los pueblos indígenas.

 

Tanto el 2018 como el 2019 el Estado también deberá rendir cuenta ante organismos internacionales de cómo se están cumpliendo sus obligaciones. Así, en octubre de este año —fecha tentativa según el calendario del III Ciclo— Chile debiera presentar el Informe Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Este es un examen global de todas las obligaciones que ha contraído Chile ante el sistema de la ONU. Así, corresponderá al futuro gobierno el realizar el trabajo de reporte en esta materia. Además, en julio de 2019 corresponderá también presentar el reporte de cumplimiento (VII Ciclo) ante el Comité de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Las deudas con el pasado de violaciones de derechos humanos aún están pendientes y un gobierno de derecha debería ser especialmente cuidadoso en avanzar en lo que aún no se ha hecho en materia de verdad, justicia y reparaciones. Al respecto, es imprescindible tomar medidas que permitan la determinación, identificación y retorno de los restos de las personas detenidas desaparecidas. Junto a ello —como lo ha exigido varias veces la Corte Interamericana— se debe establecer la investigación judicial de la tortura sistemática bajo la dictadura, como una acción dirigida desde el Estado y no como una iniciativa de las víctimas y familiares.  También está pendiente una revisión comprensiva, coherente, de las situaciones de los sobrevivientes de prisión política, tortura, creando una instancia permanente para ello.

Para todas estas acciones el nuevo gobierno requiere, sin duda, de la cooperación y el diálogo constante con la sociedad civil, en sus múltiples expresiones. Un Estado moderno lo es también cuando incorpora dentro de su forma habitual de planificar sus políticas públicas los estándares de DD.HH. y la participación social. Ambos son test de su legitimidad ante la ciudadanía hoy en día.

El tribunal no debe ni puede repetir el grave error del caso de la píldora, omitiendo de su razonamiento los derechos e intereses de la mujer. Puede que esto no necesariamente determine el resultado, eso depende de cómo se ponderen esos derechos, pero lo que es obligatorio, una exigencia de esa justicia procedimental, es que toda consideración constitucionalmente relevante sea escrupulosa y públicamente sopesada, por medio de los fundamentos de la sentencia. Y ese es, qué duda cabe, el caso de una mujer embarazada.

Reciente fallo del Tribunal Constitucional desconoce el acceso a la información, calificando como “comunicaciones privadas” los correos electrónicos institucionales entre el subsecretario del Interior y la Gobernación Provincial de Melipilla.

Viernes, 12 Octubre 2012 00:00

Homosexuales y Fuerzas Armadas

¿CONSTITUYE el ingreso de una persona homosexual a los cuerpos armados una amenaza a la eficacia militar, a la disciplina y convivencia interna, como parece creer el diputado UDI Ignacio Urrutia? Para responder a esta pregunta, habría primero que despejar la imagen de los homosexuales que subyace a esta opinión.

Miércoles, 17 Octubre 2012 00:00

¿Prohibir o no prohibir? El caso del profeta

¿Debe ser prohibida la transmisión en You Tube del corto “La inocencia de los musulmanes” (…) por lo ofensivo de su contenido?

Sería de utilidad que la Ley Zamudio estuviera dotada de una institucionalidad que garantice la implementación de políticas de no-discriminación, como lo recomienda el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2013.

La satisfacción de los derechos (…) de las mayorías es una condición imprescindible para la legitimidad de una democracia (…). Pero también lo es que los derechos (…) de los grupos minoritarios lo sean.

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