Lidia Casas

Lidia Casas

Directora del Centro de Derechos Humanos

Es Licenciada en Urban and Regional Planning de la University of Saskatchewan, Canadá (B.A.). Licenciada en Derecho por la Universidad Diego Portales (1999), cuenta con un LLM (Magíster) en Derecho por la University of Toronto, y es Doctora en Derecho de la University of Ottawa, Canadá. Fue Ford Foundation Reproductive Health Fellow, recibió la beca de IDRC (International Development Research Center (Canadá) por el Global Health Research Initiative.  Recibió el Premio de la International Planned Parenthood Federation de la Región Hemisferio Occidental (2001) por destacada defensa de la planificación familiar y la Distinción del Día de la Mujer 2017 de ComunidadMujer por destacada trayectoria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres. Fue miembro del Grupo Asesor -Gender and Rights Advisory Group- del Departamento de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (2009-2010 y 2013-2015). Ha sido consultora para el Centro de Justicia de las Américas, CEJA, y la GTZ, organismo de cooperación de Alemania.

Miembro de la Red latinoamericana de profesores de derecho, género y sexualidades discriminadas, Red-Alas. Sus áreas de investigación el funcionamiento del sistema de justicia y género, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y discriminación. Participó en la defensa judicial de la anticoncepción de emergencia -AE- en Chile desde 2001. Dicta clases en derecho y género en Chile y América latina, realiza talleres de capacitación a operadores del sistema judicial e investigación y cuenta con numerosas publicaciones.

Áreas de Interés:

Mujeres y derechos humanos
Derechos sexuales y reproductivos

 

Columna publicada en El Mostrador el 18 de Agosto 2020

El horrible asesinato de Ámbar Cornejo ha puesto al centro de la discusión las libertades condicionales. Dio pie a una acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la decisión de una Comisión, y puso en tela de juicio la facultad de jueces para decretar la concesión de libertades condicionales.

Lo cierto es que el funcionamiento de las comisiones para la revisión de solicitudes de libertad condicional deja al descubierto las múltiples fallas de nuestro sistema de administración de justicia, entre ellas, que un importante grupo de personas privadas de libertad muestran indicadores problemáticos de consumo de alcohol y drogas; otros viven con serios problemas de salud mental, sin recibir atención alguna.

El sistema carcelario en Chile y la privación de libertad como única respuesta al delito, están muy lejos de hacer posible la rehabilitación de los condenados. Algunos recintos, como el Centro de Detención Santiago Sur (ex Penitenciaría) muestran condiciones degradantes para la vida humana: hacinamiento, falta de agua potable, infestación de roedores, etc., todo lo cual ha sido expuesto en sesiones especiales de comisiones de la Cámara baja y el Senado. Gendarmería carece del personal necesario para hacer frente a los problemas de las internas y los internos, y atender a las especiales condiciones de algunos de ellos.

La revisión de las solicitudes de libertad condicional también muestra deficiencias. Se entrega esta tarea a comisiones de jueces y juezas como una carga de trabajo más; no se les releva de sus tareas como jueces de instancia mientras la realizan. El sistema funciona como un engranaje más en la estructura de una burocracia en que interactúan diversos factores al momento de la revisión de antecedentes: la suspicacia sobre los informes evacuados por Gendarmería; la predisposición en un sentido y otro para revisar acuciosamente y la resolución “mecánica” de algunos casos; la estructura jerárquica del Poder Judicial y la desidia o temor de algunos jueces inferiores para consignar sus disidencias. Peor aún, no se cuenta con un procedimiento, por lo cual cada comisión, a instancia de quien la preside, establece de manera ad hoc su funcionamiento. Así, habrá ejemplos virtuosos, buenos y malos de cómo se procede.

En esta situación, cuando se cometen delitos violentos, como la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes o mujeres, se enarbolan respuestas rápidas y fáciles, que le hablan a un cierto sentido común de la ciudadanía, pero que desconocen –o evitan evaluar, como es el caso de los parlamentarios– las condiciones estructurales en que se producen estos hechos. Una acusación constitucional solo saca del foco resolver problemas urgentes y de antigua data y que es una reforma al sistema carcelario y, en lo particular, un sistema de ejecución penal. La desidia es un problema de todos.

Miércoles, 08 Julio 2020 00:00

Pandemia, justicia e igualdad ante la ley

Carta publicada en El Mercurio el  07 de Julio 2020

Señor Director:

Dos imágenes de funerales han llamado la atención en las últimas semanas: uno tenía músicos, fotógrafos, varios sacerdotes y muchos familiares (políticos) y, pese a todas las advertencias, uno de los participantes insistió en abrir el féretro. En el otro, un solo hombre bailaba cueca alrededor del féretro de su mujer, en presencia de un único sacerdote, en una iglesia vacía del Maule. Según las autoridades, en la primera situación se cumplieron todos los protocolos; en la segunda, en cambio, se instruirá un sumario sanitario contra el viudo.

Es probable que en uno de los dos casos la autoridad haya cometido un error y que pudiera enmendarlo, ya sea instruyendo un sumario en el primer caso, o desestimando la amenaza de sanción contra el solitario cuequero. Intuyo que lo segundo es más fácil.

Esta pandemia ha desnudado los desafíos de la justicia. Más allá de la declamación de que todos somos iguales ante la ley, su aplicación está cruzada por el estatus y la condición social. Otro ejemplo: con desparpajo se concedió una salida alternativa a la pasajera de un helicóptero que viajó a su segunda vivienda, quien debió donar $500 mil al Hospital Calvo Mackenna, un monto probablemente cercano o menor al que le costó el viaje. Bajo ese prisma, quienes circulan en transporte público podrían donar una fracción de lo que cuesta un viaje en el Transantiago. Es la única forma en que podemos convertir en realidad la idea de igualdad ante la ley.

Carta escrita por Fernanda Gutiérrez, Francisca Vargas, Cristian Riego y Lidia Casas, publicada en El Mostrador el 12 de Junio 2020

Señor Director:

El Director de Extranjería, Álvaro Bellolio, ha reiterado sus ataques a las clínicas jurídicas de migrantes, esta vez para responder por la falta de eficacia (de su propia repartición) en la expulsión de un peligroso delincuente extranjero.

La Facultad de Derecho UDP tiene una larga historia de Clínicas Jurídicas que trabajan desde casos de familia hasta penales. Éstas han promovido y catalizado cambios importantes en Chile, como la implementación de lenguaje de señas en noticieros de TV, el acceso no discriminatorio a tratamientos para el VIH, y ciertamente el reconocimiento de la nacionalidad de niños y niñas nacidos en Chile, que dio pie al programa Chile Reconoce para terminar con la apatridia en nuestro país. Las clínicas tienen también una labor formativa, al entrenar a nuestros estudiantes en la prestación de servicios de calidad y con altos estándares éticos.

En causas de expulsión de extranjeros, como en todas, las clínicas patrocinan casos con sólidos fundamentos; no actúan de manera frívola o sólo para dilatar los procedimientos. Entre ellos hay familias venezolanas con niños pequeños cuyo ingreso irregular se debe a que autoridades fronterizas se negaron a cursar su solicitud de asilo, que la ley las obliga a tramitar. También hay mujeres que ingresaron irregularmente al país por miedo y desconocimiento, escapando de la violencia que sufrían de parte de su pareja en su país de origen. Son personas con historias desesperadas, que han visto gravemente vulnerados sus Derechos Humanos y los de sus familias.

Que nuestros recursos tienen sólidos fundamentos lo acredita que en los últimos 3 años hemos ganado aproximadamente el 85% de los casos presentados en los tribunales superiores de justicia. Probablemente para el Sr. Bellolio, también los jueces que resuelven tienen “razones ideológicas” para rechazar las órdenes de expulsión.
Así las cosas, el señor Bellolio elude su obligación de responder una legítima preocupación ciudadana por la correcta y oportuna aplicación de la ley a su cargo, cuestionando una tarea totalmente legítima, además fundamental para la vigencia del estado de derecho, donde las decisiones de los órganos públicos pueden ser siempre revisadas por los tribunales de justicia.

Fernanda Gutiérrez
Francisca Vargas
Profesoras de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP

Cristian Riego
Director del Departamento de Clínicas Jurídicas UDP

Lidia Casas
Directora Centro de DDHH UDP

Entrevista publicada originalmente en El Mostrador el 10 de Abril 2020

Una de las consecuencias que ha dejado el avance del Covid-19 a nivel mundial, es el aumento de la violencia contra las mujeres, disparando las cifras de denuncias y llamados a los fonos de ayuda que han ofrecido los gobiernos para ayudar a las víctimas que en medio de la cuarentena se ven obligadas a pasar tiempo con su agresor. Sobre este fenómeno y más conversó con El Mostrador, la abogada, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y experta en género, Lidia Casas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género reveló que las llamadas al fono de ayuda 1455, disponible las 24 horas del día para las mujeres que lo necesiten puedan recibir la asesoría necesaria en estos casos, aumentaron en un 70%. Frente a este escenario Casas señaló que “las mujeres, en tanto grupo, también requieren un foco de interés porque el confinamiento con sus agresores aumenta considerablemente el riesgo. El Estado no se ha paralizado, han cambiado los focos, y las aproximaciones a los problemas. Aquí los actores del sistema de justicia, incluyendo las policías estén más conscientes de la situación de riesgo de las mujeres, que el Ministerio Público solicite medidas cautelares de alejamiento o modifique aquellas medidas de protección de las cuales dispone autónomamente en aquellos casos denunciado”.

Agregando que en el contexto actual, el Ministerio Público no puede hacer solo todo el trabajo de protección, es por eso que se requerirá un especial esfuerzo del Ejecutivo.

“Existen los centros de violencia contra la mujer, y habrá que asegurar que mantengan sus líneas telefónicas abiertas. Esos centros son alertados de las situaciones que están viviendo, por lo cual están en condiciones de accionar los dispositivos locales para protección a las mujeres. Las visitas e intervención a domicilio de la policía son importantes, pues da una señal de que las mujeres no están solas. Algo similar puede hacer con los dispositivos de seguridad que existen en algunos municipios”, afirmó.

La abogada, señala que las casas de acogida históricamente han sido una salida para las mujeres en situaciones críticas y que en general están siempre con escasos cupos. “La mayor dificultad es si los jueces ordenan la salida del hogar común, o bien el Ministerio Público disponga de mayor presupuesto o el Ejecutivo disponga la utilización de hospedaje en instalaciones que hoy no tienen uso como hoteles. Esto se ha hecho en Canadá donde las casas de acogida ya colapsaron”.

La experta en género también se refirió al primer caso del interno en la cárcel de Puente Alto que dio positivo para coronavirus y “se le mantuvo en prisión y no fue enviado a su domicilio porque el cumplimiento alternativo tenía otros riesgos ya que volvería al lugar donde vivía con o en proximidad con su víctima, padre octogenario, a quien había agredido más de una vez pese a la medida cautelar impuesta. Así lo correcto es compatibilizar evitar el contagio al resto de la población penal manteniendo al interno aislado en el hospital del penal o bien ordenar su traslado a un centro u hospedaje sanitario”.

“Esa alerta también significa que los y las fiscales cuando solicitan las tradicionales medidas de protección dejen de hacerlo mecánicamente que no consideran el contexto, solicitando plazos claros para la salida del hogar común como es la "prohibición de acercamiento". De solicitar, tener claro de cómo se implementará dado este nuevo contexto. Si los imputados no tendrán que ir a firmar mensualmente, la labor para otros colaboradores será relevante. El rol de las policías para asegurar el cumplimiento de las medidas de alejamiento con visitas regulares a los domicilios”, añadió.

¿Qué medidas se podrían tomar para proteger a las víctimas en estas circunstancias y ampliar su red de apoyo?

Existen actualmente redes comunitarias entre vecinos cuando suceden asaltos o robos en la comunidad. Aquí cobra relevancia las autoridades para que pensemos en estas redes haciendo un llamado público a que mujeres los utilicen o bien que los vecinos intervengan. Si el mensaje es "nos cuidamos todos de la pandemia", eso significa comprometerse también con el entorno en este contexto y requiere explicitar que la seguridad de las personas va más allá del portonazo a mi vecino, es comprometer al vecindario al resto de la comunidad para intervenir, por ejemplo, llamando a la policía y que las víctimas no se sientan solas. La seguridad pública, pues las mujeres son agredidas en los espacios privados. Significa adoptar una narrativa distinta. Es la subsecretaría Martorell, la Ministra de la Mujer y el Ministerio Público que deben hacer esos llamados con mucha claridad.
En cuanto al ámbito legislativo y la propuesta de algunos alcaldes del país de imponer una ley seca durante la cuarentena, ya que el alcohol podría aumentar las agresiones contra las mujeres, la abogada señaló que “lamentablemente, el alcohol está presente, puede ser un factor de riesgo, pero no todos los que maltratan y golpean son consumidores excesivos de alcohol. La ley seca podría ayudar, pero no se ha reportado como una medida que yo conozca adoptada en otros países. En situaciones de catástrofes estas medidas se han ordenado, y como señala la Diputada Ossandón no bastará con las botillerías, pues los supermercados pueden abastecer de alcohol a la comunidad”.

Para Casas todas las formas de violencia han estado presente, algunas muy silenciadas como es la violencia sexual. “Los efectos de la violencia económica es posible que se agudizarán con la crisis económica que ya experimentamos, pues al menor empleo, habrá más mujeres con dependencia económica o también que ante el temor de la pérdida de sustento las mujeres no mantengan las denuncias que han formulado en contra de sus agresores, algo que aparece claramente en los estudios que hemos realizado”.

El período de cuarentena agudiza los problemas de convivencia, “se agudizan las tensiones domésticas, el trabajo doméstico y el cuidado de niños o personas mayores o enfermas. Hay un estrés de base para toda la población, la pérdida de empleo, la incertidumbre, pero se van adicionando otros factores que hacen que van agudizando las tensiones familiares cuando las mujeres no pueden "renunciar" a dejar de hacer ciertas cosas como es toda la carga del trabajo doméstico, y mantener el teletrabajo. Algunos varones esperan ser servidos, y las solicitudes de una distribución equitativa del trabajo doméstico no son bien recibidas. Todo esto además se agudiza con hombres violentos en que el estrés adicional rebalsa al ámbito de sus relaciones familiares”.

Sobre la situación mundial, ONU Mujeres dijo que la violencia de género es una pandemia silenciosa, sobre esto Casas manifestó que se debe a los números de las muertes de mujeres cada año no hace que los estados tomen conciencia de lo que sucede a nivel global.

“Se estima que 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han experimentado violencia de sus parejas en los últimos 12 meses. Pero los números de las lesionadas, mutiladas, y las asesinadas no son un llamado de atención a las autoridades de salud de huellas indelebles que dejan la violencia y sus costos. De hecho, las partidas presupuestarias son pobres para la magnitud del problema y los costos también para las futuras generaciones, ONU Mujeres y otras agencias buscan empujar a los Estados, dialogando con ellos, incentivando a las buenas prácticas, y buscando en ocasiones respuestas a través de la sociedad civil que cumple un rol importantísimo”, finalizó.

Columna publicada originalmente en The Clinic el 9 de Abril

Para algunas personas podrá parecer odiosa la labor que realiza el Contralor cuando pide explicaciones a través de un oficio a la Fuerza Aérea por el traslado de un médico desde Temuco, ocurrido domingo 5 de abril. El viaje, realizado en un avión acondicionado para situaciones críticas, tuvo un costo para el Fisco de 100 millones de pesos. Ante los cuestionamientos, el gobierno fue enfático en descartar que el traslado se haya realizado ante la falta de ventiladores mecánicos, y se dijo que la decisión fue tomada por el equipo médico tratante. Como ya es de conocimiento público, la decisión no fue tomada por la FACH, sino por las autoridades nacionales de salud, suponemos que en consulta con los organismos sanitarios de la región.

Pero los cuestionamientos a la situación no son gratuitos: el largo territorio nacional exhibe desigualdades en la disponibilidad de implementos, equipos médicos y personal sanitario en los servicios de salud, y el gobierno debe asegurar que haya el más amplio acceso, oportuno y de calidad, para todos sus habitantes. En este sentido, los estándares técnicos y la práctica internacional de los Derechos Humanos incorporan una dimensión olvidada, cual es los principios de justicia y no discriminación como pilares de la bioética. Éstos buscan asegurar que todas las personas tengan igual acceso a atención en salud en forma oportuna y de calidad.

No tenemos información de si en Temuco había otros pacientes en la misma condición (o incluso peor) que la persona trasladada, y que podrían haberse beneficiado de ser atendidos en centros de salud de la capital, con mejores condiciones técnicas que las que tenían en esa ciudad. Pero sí es necesario recalcar que el principio de justicia exige al personal y autoridades médicas tratar a cada uno como corresponda conforme a sus necesidades, a fin de disminuir las situaciones de desigualdad, en este caso económica. Para la gran mayoría de las familias usuarias del sistema público, no existe siquiera la posibilidad de discutir que una persona enferma sea tratada en otro recinto con mejores condiciones. Así, la distribución de recursos escasos, cuando los criterios y su razonabilidad no son conocidos, convertiría esta actuación en discriminatoria.

Este caso debe alertarnos, sobre todo porque no es aislado: también en Temuco, un equipo médico elaboró criterios para determinar quien recibiría prioridad para atención crítica, y excluyeron de manera general y automática a personas viviendo con VIH, a personas con cáncer y otras enfermedades “no tratables”. Si bien la circular fue rápidamente dejada sin efecto ante las críticas, el hecho evidencia cómo bajo situaciones límites surgen decisiones de funcionarios públicos basadas en criterios discriminatorios o con visos de discriminación. Es de suponer que la motivación del Contralor para oficiar a la Fuerza Aérea es asegurar que los servicios de salud se entreguen sin discriminación a todos los habitantes del territorio que lo necesiten, ya que cualquier gasto que financie una medida discriminatoria es ilegal y arbitrario.

Lidia Casas Becerra

Directora del Centro de DDHH – Universidad Diego Portales

La actividad judicial debe ante todo considerar interpretaciones armónicas sobre el sentido de las normas, el rol que cada institución cumple, y la protección a los derechos humanos. Excluir al INDH de cualquiera investigación en que intervenga el CDE, y lo será tratándose de funcionarios públicos en materia de tortura, deja en la práctica a esa institución sin ámbito de competencia, y sin poder llevar a cabo una función que le entregó el legislador, cual es promover su protección y aseguramiento.

Las palabras del Ministro del Interior, los argumentos del ex Presidente Lagos sin mencionar la declaración de del Comandante en Jefe del Ejército producen un sabor de amargura y de justificación de la impunidad.

Martes, 01 Agosto 2017 00:00

Violencia simbólica contra la mujer

En las redes sociales, los noticieros, los matinales, la prensa digital y escrita se habla de violencias: de la Cámara de Diputados por no haber aprobado el informe de la Comisión Investigadora de las muertes de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Sename u organismos colaboradores; la rebaja de la condena de quien mutiló la vida de Nabila Riffo en una calificación del intento de matar y el dolo; la violencia de un bus que niega el reconocimiento de igual valor y dignidad de aquellas personas cuya orientación o identidad sexual no es la heterosexual o la cisgénero.

Martes, 09 Mayo 2017 00:00

Inconsistencias políticas

La legalización del aborto en tres causales ha suscitado una ardua discusión que es esperable en un tema en que hay legítimas diferencias en una sociedad. Por un lado habrá aquellos que consideran que a las mujeres no se les puede exigir conductas heroicas o de mártires que el derecho no le exige a ninguna otra persona, y la interrupción de un embarazo es una decisión individual de la mujer en su condición de sujeto autónomo y su proyecto de vida, que incluye por cierto abortar cuando el ser en gestación tiene malformaciones fetales graves que hace nula o casi nula su supervivencia fuera del vientre materno.

Por otro lado, habrá aquellos que defienden la sacralidad de la vida, y que ésta independiente de que ponga en riesgo la vida o la salud de una mujer deba mantener un embarazo, y que nadie tendrá derecho ni siquiera la madre de mantener esa gestación aunque sea lo único que mantenga vivo al feto. En la Cámara de Diputados la mayoría ha votado a favor, en general y en particular, de las tres causales, y en el Senado ya existe un apoyo general al proyecto. En estas semanas se irán votando cada una de las tres causales, que demás está decir concitan un amplio apoyo de la ciudadanía.

Este debate no es nuevo, pero cobra un nuevo aire. El más memorable caso que dio paso a la presentación de un proyecto de ley en 2003 fue a partir del caso de una mujer de 27 años con dos hijos que gestaba un embarazo parcial molar de un feto con una trisomía de aquellas que hoy se señalan como malformaciones letales.

El caso es pertinente para la discusión actual, ya que quien fuera Ministro de Salud de la época, Osvaldo Artaza, respondió públicamente a la solicitud de la mujer que no había norma legal que permitiera la realización de un aborto y se le podría ayudar con apoyo técnico y social.

Griselle fue intervenida a las 21 semanas porque no sólo había una malformación grave sino además la presencia de una mola, los diarios informaron que hubo una interrupción de la gestación y no un aborto (El Mercurio 14, 16 y 17 de enero, 2003).

Así, el ministro salvó su conciencia de aparecer autorizando un aborto, en los hechos no se salvó su conciencia de haber expuesto a una mujer a mayor sufrimiento y riesgo serio en su vida.

Las acciones de Artaza hoy cobran mayor importancia, en su condición de ministro puso de manifiesto que en aras de su convicción personal no se permitiría actuación alguna, Artaza hoy actúa como ciudadano, con el derecho que todos tenemos a debatir públicamente. En su condición de médico ha llamado a que no se apoye el proyecto de las tres causales (El Mercurio 16, 2016) aduciendo que el primer derecho es a nacer y que la labor de los médicos es asegurar el nacimiento aun cuando haya una supuesta inviabilidad fetal (el énfasis es propio).  

Lo alarmante de esta posición es que ganó adeptos en el Senado con la indicación presentada por el senador Zaldívar quien propone que la mujer se le presente la opción de adelantar el parto a partir de las 22 semanas o 500 gramos de peso independiente si la malformación haya sido diagnosticada muy tempranamente. También propone que la mujer tenga un período de, al menos, dos semanas de reflexión. Zaldívar se nutrió de la argumentación de Artaza, salva su conciencia llevando el embarazo casi hasta las 24 semanas, denominando esta acción parto. No le importa el sufrimiento o lo que le suceda a la mujer. En esta lógica, la mujer del caso de 2003, debió esperar a las 22 semanas si se podía. No recuerdo los apoyo de la gestión Artaza en su momento.

Aquí el senador Zaldívar busca presentarse a favor de un proyecto cuando en realidad está en contra, cuando se habla de dos paciente, y se niega la atención oportuna a una mujer, se niega su condición de persona y paciente, cuando se refiere a la interrupción de la gestación como el adelantamiento de un parto, se busca salir al paso de situaciones que son difíciles sin arriesgar que no hay sinceridad en la preocupación de la vida ni la salud de las mujeres.

Noticia publicada en OGE, Observatorio de Género y Equidad, 03 de marzo de 2017

 

Por Catalina Ellies

Lidia Casas es abogada de la Universidad Diego Portales (UDP), magíster en Derecho de la Universidad de Toronto y doctora en Derecho de la Universidad de Ottawa, Canadá. Desde marzo de este año es directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, donde anteriormente se desempeñó como coordinadora del Área de Género y Derechos Humanos.

El primer trabajo que hizo sobre aborto fue en un electivo de su postgrado en la UDP que fue publicada en Academia de Derecho, una revista que tenían los estudiantes. En 1995, realizó la primera investigación de América Latina sobre mujeres mujeres privadas de libertad por abortar. Luego de eso, comenzó a trabajar en esterilización voluntaria y a partir de 1997 en anticoncepción de emergencia.

Cambios en el quehacer feminista

Lidia Casas actualmente forma parte de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, espacio conformado por organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres y feministas, académicas de la Universidad Diego Portales y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Este grupo surge en 2015 cuando ella congregó a diversas personas a opinar sobre la investigación que lanzó el Centro de Derechos Humanos sobre «La ilegalidad del aborto como violación a los Derechos Humanos». “Mi idea como autora era producir conocimiento para ponerlo a disposición de la comunidad y que cualquiera pudiera usarlo. Me provocó mucho goce cuando el Senador Tuma lo citó en su intervención en el debate en el pleno del Senado en enero pasado”comenta.

En 2003, la abogada también participó en una mesa de trabajo sobre aborto, frente a un proyecto que presentó la diputada María Antonieta Saa sobre la reposición del aborto terapéutico, espacio que finalmente no prosperó porque había una disputa y una fragmentación muy fuerte en el movimiento feminista. “En ese tiempo el feminismo estaba casi desmovilizado y debido a eso no podía impactar en ningún programa de gobierno. En esa época el tema era la píldora (anticonceptiva de emergencia) que a mi juicio siempre fue la puerta de entrada al gran debate que hoy estamos viviendo, pero no hubo involucramiento activo y potente, vino después, con el fallo del Tribunal Constitucional. Cuando hay compañeras que no aceptan las diferencias, me da una profunda pena por la miopía política que tienen. Creo que hoy no hay esos niveles de acidez, las nuevas generaciones son mucho más maduras y estamos mucho más cohesionadas por un objetivo común”, precisa.

El rol del Estado en el debate sobre aborto

Lidia Casas cree que lo que gatilló que se haya instalado el debate sobre el aborto tiene que ver principalmente con el cambio cultural que ha habido en Chile. “Si uno lo pone en contraposición con los temas de diversidad sexual, éstos a todas luces se han dado mucho más rápido que el aborto. Ambos se vinculan con un cambio sociocultural sobre la autonomía en el ejercicio de la sexualidad y la reproducción. También algunas feministas han flexibilizado sus posturas porque cuando una quiere una apertura cultural, tiene que estar dispuesta al diálogo con otros, no entre quienes estamos de acuerdo, si no en llegar a quienes no lo están y hoy, gracias a eso, las feministas no tienen esa carga peyorativa que tenían antes, que eran concebidas como una especie de monstruos come guaguas”.

Quienes se oponen a este proyecto insisten en remarcar la diferencia entre despenalizar y legalizar, para la abogada eso es enredar la discusión. “Es medio artificioso porque algunos dirían que bastaría con no penar a las mujeres y listo. Si fuese tan simple, el Estado dejaría al arbitrio de cada quien cómo gestionar el acceso al aborto en estas 3 causales y no puede. El Estado tiene la responsabilidad política y jurídica de regular abortos en condiciones dignas y seguras para proteger la vida, salud e igualdad de condiciones de las mujeres”, puntualiza Casas.

Un proyecto cercenado

Sobre el estado actual del proyecto de aborto en 3 causales la abogada cree que este se redujo a un mínimo, en comparación al que se presentó en enero de 2015. “Se quitaron varios elementos importantes. La causal de riesgo de vida de la mujer en su primera versión tenía una redacción mucho más amplia, consideraba el riesgo actual y futuro y fue acotada en la Cámara de Diputados. Hoy han tratado de restringirlo a su mínima expresión y solo se centra en la inminencia de muerte, pero no eventual. Hay mujeres que no fallecen por el embarazo, si no que por sus patologías de base como puede ser el lupus”, expresa.

Otro tema que preocupa a Lidia Casas es la obligación de denuncia y la reducción de los plazos respecto de niñas y adolescentes víctimas de violación. “La regla general es que una violación es un delito de acción pública e instancia particular, bajo el actual sistema de reglamentación del ámbito procesal penal hoy una mayor de 14 no está obligada a denunciar este ilícito y se está pidiendo que esto deba ser comunicado al Ministerio Público, no por ella, si no que del equipo médico. También se modificaron los plazos, antes eran 14 semanas para mayores de edad y 18 para menores de edad y eso estaba sentado a través de evidencia, pero fue rebajado sustantivamente en caso de niñas y adolescentes a 14 semanas y en mujeres adultas a las 12 semanas y ahí hay un cambio de paradigma. Bajo determinados contextos tendrían que subir sus plazos. Lo ideal serían 18 semanas como lo han hecho en Ciudad de México y Uruguay”, ejemplifica.

La confidencialidad médica también era un elemento importante del proyecto y que fue eliminada. “Hoy las mujeres que llegan a hospitales públicos son denunciadas, esa norma debía ser derogada, pero no lo fue. Puesto así, es un proyecto cercenado en especial en la causal de violación porque todavía en el mundo de los senadores hay muchas dudas respecto a que las mujeres mienten o que esta es la puerta de entrada para el aborto libre. Estamos en un estado de tramitación todavía muy incierto respecto al resultado y la redacción final. La ley de interrupción de embarazo ideal sería como ingresó en un principio”.

Mujeres y suspicacia

Para Lidia Casas la obligación a parir es violencia, porque significa una maternidad donde no importa el contexto. “Es una violación a los derechos humanos que a las mujeres sean dejadas a la deriva y tener que practicarse abortos clandestinos y poner en riesgo su vida, no lo digo yo, lo han dicho todos los órganos internacionales. Creo que la causal de más difícil aprobación es la violación porque pone en juego la autonomía de las mujeres, las otras dos están condicionadas por su contexto de salud. En este debate se está pasando por alto las necesidades y las condiciones físicas y psíquicas de las niñas víctimas de violencia sexual”.

El discurso utilizado por quienes se aponen a este proyecto ha sido que las mujeres mienten y que incluso algunas de ellas podrían inventar que fueron violadas para abortar. Casas cree que este trato hacia ellas es muy duro e injusto. “Da rabia, no es posible que la gente diga este tipo de barbaridades. La suspicacia pesa históricamente en las mujeres, una lo vio en investigaciones de paternidad por ADN donde el debate fue impactante, en torno a le ley de acoso sexual, en los delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Esa es una estructura cultural que hay que desmantelar porque lo único que hace es generar más violencia, revictimizar y desincentivar las denuncias”.

Lidia Casas siente que si esta discusión tuviera que ver con hombres sería tratada de forma distinta y le parece interesante que en el actual debate algunos hombres lo hayan dicho. “Ellos tienen privilegio y las cosas cambian en la medida en que la gente pierde el privilegio, pero hay una resistencia muy grande a eso. Creo que de alguna manera he hecho cosas para el derecho que son osadas y pueden ser anómalas desde el punto de vista académico, que es situar al otro en el contexto de las mujeres. En el caso específico del aborto los he convocado a pensar en que ellos nunca van a tener que estar en esa situación y lo hice en mi alegato de clausura en el Tribunal Constitucional, cuando mirando a cada uno de los miembros les dije que ellos siempre habían tenido libertad de conciencia para decir qué método utilizar: coitus interruptus, condón, anticonceptivo o lo que fuera de su agrado”, recuerda.

El poder de las mujeres

La académica cree que a pesar de estar en pleno siglo veintiuno, las mujeres siguen siendo consideradas como ciudadanas de segunda categoría. “Creo que seguimos en esa línea porque no hemos estado en el poder, a pesar de tener una presidenta mujer porque ella no representa el poder de las mujeres, ella representa a un conglomerado político. Ella recién llega con un discurso de mujeres para su segundo periodo luego de haber estado en ONU Mujeres. No hay una transformación durante Bachelet uno y creo que tampoco durante Bachelet dos”.

Agrega que a pesar de que un 71% de la población aprueba el aborto eso no ve reflejado en el Congreso porque no hay un involucramiento real. “La Nueva Mayoría no es más que una representación de lo que somos. Tenemos una ciudadanía desencantada que no vota. La masa crítica tampoco está dispuesta a sumarse a nuevas fuerzas. Están en la calle pero no creen en nada y van a asegurar que quienes están en el poder se mantengan. Entonces, si esto no se aprueba, ni los legisladores ni la Nueva Mayoría estarán fallando, la ciudadanía se fallará a sí misma”.

Lidia Casas sostiene que si la derecha acude al Tribunal Constitucional y se cae el proyecto, esto tendrá como consecuencia un cuestionamiento a el rol del TC. “Se verá si esta es una tercera cámara y si eso va a influir en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Creo que el aborto permeará la agenda presidencial (durante las elecciones de noviembre de 2017) como lo hizo en la anterior y no será una pérdida total”.

Patricio Walker y el doble discurso

El senador DC Patricio Walker ha presentado diversos proyectos de ley respecto a la prevención del abuso sexual infantil, sin embargo en el Senado votó en contra de la idea de legislar la interrupción voluntaria del embarazo. “Él no hace la relación entre abuso sexual y aborto, no se lo permite y no está dispuesto a dar ese paso. No es que no sepa cuáles son las consecuencias, es como los progres de derecha que dicen que defienden los derechos humanos y en esta discusión eso lo entienden como «los derechos de los inocentes» como si la niña violada no lo fuera. Él tomó las palabras del Cardenal Silva Enríquez, que le daba voz a los que no tenían voz”, explica Casas.

Para Lidia Casa es un contrasentido que quienes se oponen al aborto lo hagan también a la educación sexual. “En las dos primeras causales no puedes prevenir nada, pero en la tercera causal puedes depurar mejores condiciones de autoprotección a las niñas y adolescentes, con un conocimiento mucho más claro sobre sexualidad y su libre ejercicio. Los opositores tienen una mirada que está ligada a una creencia religiosa que tiene que ver con la abstinencia sexual hasta el matrimonio y creen que si dan información y educación sobre eso alientan que tengan sexo”.

A pesar de las dificultades y modificaciones que se han presentado, la abogada valora mucho el debate sobre aborto que se ha dado en Chile. “Si perdemos, porque no se aprueba o porque queda cercenado el proyecto, escuchar a senadores y senadoras hablar del derecho a decidir, del rol del Estado y que haya un 71% de la población a favor, es una ganancia cultural.  Pero eso no significa que la lucha termine”, concluye Lidia Casas.

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