Lidia Casas

Lidia Casas

Directora del Centro de Derechos Humanos

Es Licenciada en Urban and Regional Planning de la University of Saskatchewan, Canadá (B.A.). Licenciada en Derecho por la Universidad Diego Portales (1999), cuenta con un LLM (Magíster) en Derecho por la University of Toronto, y es Doctora en Derecho de la University of Ottawa, Canadá. Fue Ford Foundation Reproductive Health Fellow, recibió la beca de IDRC (International Development Research Center (Canadá) por el Global Health Research Initiative.  Recibió el Premio de la International Planned Parenthood Federation de la Región Hemisferio Occidental (2001) por destacada defensa de la planificación familiar y la Distinción del Día de la Mujer 2017 de ComunidadMujer por destacada trayectoria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres. Fue miembro del Grupo Asesor -Gender and Rights Advisory Group- del Departamento de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (2009-2010 y 2013-2015). Ha sido consultora para el Centro de Justicia de las Américas, CEJA, y la GTZ, organismo de cooperación de Alemania.

Miembro de la Red latinoamericana de profesores de derecho, género y sexualidades discriminadas, Red-Alas. Sus áreas de investigación el funcionamiento del sistema de justicia y género, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y discriminación. Participó en la defensa judicial de la anticoncepción de emergencia -AE- en Chile desde 2001. Dicta clases en derecho y género en Chile y América latina, realiza talleres de capacitación a operadores del sistema judicial e investigación y cuenta con numerosas publicaciones.

Áreas de Interés:

Mujeres y derechos humanos
Derechos sexuales y reproductivos

 

Columna publiciada originalmente en The Clinic el 18 de Octubre de 2020

Alguien diría que todo comenzó el 18 de octubre de 2019 con un centenar de estudiantes que se habían organizado para evadir en forma simultánea el cobro del pasaje del Metro. Pero pronto fueron miles los que se sumaron a lo largo del país; ello sólo se explica por la desigualdad estructural, con el crédito como gran puerta de acceso al consumo y una promesa de bienestar que es esquiva para la mayoría. Los indicadores macroeconómicos nos mostraban como el buen ejemplo para el vecindario, pero que el bienestar era más bien aparente, pues debajo del consumo germinaba el descontento social.

Desde antes de el estallido, el Ejecutivo siempre miró las manifestaciones sociales con displicencia, y mostraba su completa desconexión con las necesidades de la vasta mayoría. El ahora exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, llamaba a los pasajeros a levantarse más temprano para gozar de tarifas rebajadas y no tener que viajar en horario punta. Tiempo antes, el ex-Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, señalaba que las personas llegaban a tempranas horas para obtener un número para atención en los consultorios porque a la gente gustaba de la interacción y vida social que allí se produce. Y el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondía sobre la carestía de algunos productos de primera necesidad con que el precio de las flores había bajado. Es decir, un Ejecutivo completamente desvinculado de la realidad de los millones de habitantes de Chile, como alguien dijo, un país atendido por sus propios dueños. La protesta social nunca fue por los 30 pesos.

Un estudio recientemente conocido (https://www.encuestacirculodedirectores.org/) sobre las brechas de percepción de la elite –política, económica, líderes de opinión y académica- muestra en forma evidente esta desconexión. Se instaló un discurso de que Chile es habitado por una gran clase media que abarca desde el presidente Piñera, uno de los hombres más ricos del país, hasta el empleado que vive en Maipú. Sin embargo, los datos indican que solo el 20% de la población está en ese segmento (no cerca el 57%, como cree la elite según el mismo estudio) y que el 77% de los chilenos son pobres. Por eso, aquellos que protestaban en un clásico barrio de clase media como Ñuñoa, lo hacían y hacen desde su precariedad de “clase media”, y que su “malestar” es parte de esa desigualdad que algunos no ven.

La élite, muestra este estudio, sobreestima la cantidad de afiliados a Isapres: cree que es 39% de los sectores medios, pero en realidad es un 18%; también cree que un 8% de los más pobres están afiliados, cuando no hay ninguno. Perciben que los desafíos para una sociedad más justa se refieren a la educación y el empleo (43%), luego la igualdad de oportunidades (33%), y sólo en último término al problema de la redistribución de la riqueza (16%). En este contexto, hace pleno sentido la declaración del ex Ministro de Salud Jaime Mañalich, quien se mostró sorprendido que en algunas comunas de Santiago existiese tal nivel de pobreza y hacinamiento.

A un año del estallido social, la falta de sintonía permanece. Si el mundo político se mantiene desconectado de ese Chile real, si los intelectuales y distintos sectores políticos no advierten que la violencia se va normalizando no podremos construir una sociedad más justa.

Columna publicada originalmente en El Mostrador.

Hace varios años, el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales viene insistiendo en que aquellas personas que se vinculan con la protección y promoción de derechos humanos han estado en una situación de vulnerabilidad: reciben amenazas, golpizas, se les ha despedido de sus trabajos, e incluso se investiga la muerte de defensores sociales que han estado al centro de protestas por la protección de derechos sociales y ambientales en distintos territorios. En otras ocasiones se les criminaliza. Así, dirigentes en comunidades como Petorca han sido hostigados por su ardua lucha por el acceso al agua; o los de Quintero- Puchuncaví por la contaminación y zona de sacrificio ambiental en que viven.

Para muchos no es claro quiénes son defensores de derechos humanos. El sistema internacional de protección de los derechos humanos procura ciertas definiciones: una de ellas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que se trata de “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional”. En esta definición se incluyen a profesionales, como los operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados/as defensoras quienes a través de su función contribuyen a la realización del acceso a la justicia, ya sea investigando, litigando o juzgando.

Hoy en Chile hay fiscales que viven bajo amenazas. Es conocida por la opinión pública la situación de la fiscal Ximena Chong, quien dirige la investigación por un joven empujado al Río Mapocho por parte de de un carabinero de Fuerzas Especlales, con presunta intencionalidad. Pero la persecutora también participa de indagaciones de otros hechos vinculados a la violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado desde el pasado 18 de octubre.

La labor del Estado, a través de todos sus poderes es asegurar que los defensores estén protegidos en el desempeño de su labor. Relativizar, o señalar que es normal que la fiscal reciba las amenazas, como ha declarado el Senador Iván Moreira por su labor “politizada” de investigar delitos, da cuenta de una profunda crisis política y social.

Creo que es el momento que todos los estamentos adviertan la gravedad de la situación, que el Ministerio Público sea proactivo y consciente en la investigación de las amenazas a dirigentes sociales, que el poder político sea capaz de reaccionar en forma efectiva revisando y modificando las actuales condiciones dentro de Carabineros, y que los jueces se aseguren que no haya impunidad.

Columna publicada en El Mostrador el 18 de Agosto 2020

El horrible asesinato de Ámbar Cornejo ha puesto al centro de la discusión las libertades condicionales. Dio pie a una acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la decisión de una Comisión, y puso en tela de juicio la facultad de jueces para decretar la concesión de libertades condicionales.

Lo cierto es que el funcionamiento de las comisiones para la revisión de solicitudes de libertad condicional deja al descubierto las múltiples fallas de nuestro sistema de administración de justicia, entre ellas, que un importante grupo de personas privadas de libertad muestran indicadores problemáticos de consumo de alcohol y drogas; otros viven con serios problemas de salud mental, sin recibir atención alguna.

El sistema carcelario en Chile y la privación de libertad como única respuesta al delito, están muy lejos de hacer posible la rehabilitación de los condenados. Algunos recintos, como el Centro de Detención Santiago Sur (ex Penitenciaría) muestran condiciones degradantes para la vida humana: hacinamiento, falta de agua potable, infestación de roedores, etc., todo lo cual ha sido expuesto en sesiones especiales de comisiones de la Cámara baja y el Senado. Gendarmería carece del personal necesario para hacer frente a los problemas de las internas y los internos, y atender a las especiales condiciones de algunos de ellos.

La revisión de las solicitudes de libertad condicional también muestra deficiencias. Se entrega esta tarea a comisiones de jueces y juezas como una carga de trabajo más; no se les releva de sus tareas como jueces de instancia mientras la realizan. El sistema funciona como un engranaje más en la estructura de una burocracia en que interactúan diversos factores al momento de la revisión de antecedentes: la suspicacia sobre los informes evacuados por Gendarmería; la predisposición en un sentido y otro para revisar acuciosamente y la resolución “mecánica” de algunos casos; la estructura jerárquica del Poder Judicial y la desidia o temor de algunos jueces inferiores para consignar sus disidencias. Peor aún, no se cuenta con un procedimiento, por lo cual cada comisión, a instancia de quien la preside, establece de manera ad hoc su funcionamiento. Así, habrá ejemplos virtuosos, buenos y malos de cómo se procede.

En esta situación, cuando se cometen delitos violentos, como la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes o mujeres, se enarbolan respuestas rápidas y fáciles, que le hablan a un cierto sentido común de la ciudadanía, pero que desconocen –o evitan evaluar, como es el caso de los parlamentarios– las condiciones estructurales en que se producen estos hechos. Una acusación constitucional solo saca del foco resolver problemas urgentes y de antigua data y que es una reforma al sistema carcelario y, en lo particular, un sistema de ejecución penal. La desidia es un problema de todos.

Miércoles, 08 Julio 2020 00:00

Pandemia, justicia e igualdad ante la ley

Carta publicada en El Mercurio el  07 de Julio 2020

Señor Director:

Dos imágenes de funerales han llamado la atención en las últimas semanas: uno tenía músicos, fotógrafos, varios sacerdotes y muchos familiares (políticos) y, pese a todas las advertencias, uno de los participantes insistió en abrir el féretro. En el otro, un solo hombre bailaba cueca alrededor del féretro de su mujer, en presencia de un único sacerdote, en una iglesia vacía del Maule. Según las autoridades, en la primera situación se cumplieron todos los protocolos; en la segunda, en cambio, se instruirá un sumario sanitario contra el viudo.

Es probable que en uno de los dos casos la autoridad haya cometido un error y que pudiera enmendarlo, ya sea instruyendo un sumario en el primer caso, o desestimando la amenaza de sanción contra el solitario cuequero. Intuyo que lo segundo es más fácil.

Esta pandemia ha desnudado los desafíos de la justicia. Más allá de la declamación de que todos somos iguales ante la ley, su aplicación está cruzada por el estatus y la condición social. Otro ejemplo: con desparpajo se concedió una salida alternativa a la pasajera de un helicóptero que viajó a su segunda vivienda, quien debió donar $500 mil al Hospital Calvo Mackenna, un monto probablemente cercano o menor al que le costó el viaje. Bajo ese prisma, quienes circulan en transporte público podrían donar una fracción de lo que cuesta un viaje en el Transantiago. Es la única forma en que podemos convertir en realidad la idea de igualdad ante la ley.

Carta escrita por Fernanda Gutiérrez, Francisca Vargas, Cristian Riego y Lidia Casas, publicada en El Mostrador el 12 de Junio 2020

Señor Director:

El Director de Extranjería, Álvaro Bellolio, ha reiterado sus ataques a las clínicas jurídicas de migrantes, esta vez para responder por la falta de eficacia (de su propia repartición) en la expulsión de un peligroso delincuente extranjero.

La Facultad de Derecho UDP tiene una larga historia de Clínicas Jurídicas que trabajan desde casos de familia hasta penales. Éstas han promovido y catalizado cambios importantes en Chile, como la implementación de lenguaje de señas en noticieros de TV, el acceso no discriminatorio a tratamientos para el VIH, y ciertamente el reconocimiento de la nacionalidad de niños y niñas nacidos en Chile, que dio pie al programa Chile Reconoce para terminar con la apatridia en nuestro país. Las clínicas tienen también una labor formativa, al entrenar a nuestros estudiantes en la prestación de servicios de calidad y con altos estándares éticos.

En causas de expulsión de extranjeros, como en todas, las clínicas patrocinan casos con sólidos fundamentos; no actúan de manera frívola o sólo para dilatar los procedimientos. Entre ellos hay familias venezolanas con niños pequeños cuyo ingreso irregular se debe a que autoridades fronterizas se negaron a cursar su solicitud de asilo, que la ley las obliga a tramitar. También hay mujeres que ingresaron irregularmente al país por miedo y desconocimiento, escapando de la violencia que sufrían de parte de su pareja en su país de origen. Son personas con historias desesperadas, que han visto gravemente vulnerados sus Derechos Humanos y los de sus familias.

Que nuestros recursos tienen sólidos fundamentos lo acredita que en los últimos 3 años hemos ganado aproximadamente el 85% de los casos presentados en los tribunales superiores de justicia. Probablemente para el Sr. Bellolio, también los jueces que resuelven tienen “razones ideológicas” para rechazar las órdenes de expulsión.
Así las cosas, el señor Bellolio elude su obligación de responder una legítima preocupación ciudadana por la correcta y oportuna aplicación de la ley a su cargo, cuestionando una tarea totalmente legítima, además fundamental para la vigencia del estado de derecho, donde las decisiones de los órganos públicos pueden ser siempre revisadas por los tribunales de justicia.

Fernanda Gutiérrez
Francisca Vargas
Profesoras de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP

Cristian Riego
Director del Departamento de Clínicas Jurídicas UDP

Lidia Casas
Directora Centro de DDHH UDP

Entrevista publicada originalmente en El Mostrador el 10 de Abril 2020

Una de las consecuencias que ha dejado el avance del Covid-19 a nivel mundial, es el aumento de la violencia contra las mujeres, disparando las cifras de denuncias y llamados a los fonos de ayuda que han ofrecido los gobiernos para ayudar a las víctimas que en medio de la cuarentena se ven obligadas a pasar tiempo con su agresor. Sobre este fenómeno y más conversó con El Mostrador, la abogada, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y experta en género, Lidia Casas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género reveló que las llamadas al fono de ayuda 1455, disponible las 24 horas del día para las mujeres que lo necesiten puedan recibir la asesoría necesaria en estos casos, aumentaron en un 70%. Frente a este escenario Casas señaló que “las mujeres, en tanto grupo, también requieren un foco de interés porque el confinamiento con sus agresores aumenta considerablemente el riesgo. El Estado no se ha paralizado, han cambiado los focos, y las aproximaciones a los problemas. Aquí los actores del sistema de justicia, incluyendo las policías estén más conscientes de la situación de riesgo de las mujeres, que el Ministerio Público solicite medidas cautelares de alejamiento o modifique aquellas medidas de protección de las cuales dispone autónomamente en aquellos casos denunciado”.

Agregando que en el contexto actual, el Ministerio Público no puede hacer solo todo el trabajo de protección, es por eso que se requerirá un especial esfuerzo del Ejecutivo.

“Existen los centros de violencia contra la mujer, y habrá que asegurar que mantengan sus líneas telefónicas abiertas. Esos centros son alertados de las situaciones que están viviendo, por lo cual están en condiciones de accionar los dispositivos locales para protección a las mujeres. Las visitas e intervención a domicilio de la policía son importantes, pues da una señal de que las mujeres no están solas. Algo similar puede hacer con los dispositivos de seguridad que existen en algunos municipios”, afirmó.

La abogada, señala que las casas de acogida históricamente han sido una salida para las mujeres en situaciones críticas y que en general están siempre con escasos cupos. “La mayor dificultad es si los jueces ordenan la salida del hogar común, o bien el Ministerio Público disponga de mayor presupuesto o el Ejecutivo disponga la utilización de hospedaje en instalaciones que hoy no tienen uso como hoteles. Esto se ha hecho en Canadá donde las casas de acogida ya colapsaron”.

La experta en género también se refirió al primer caso del interno en la cárcel de Puente Alto que dio positivo para coronavirus y “se le mantuvo en prisión y no fue enviado a su domicilio porque el cumplimiento alternativo tenía otros riesgos ya que volvería al lugar donde vivía con o en proximidad con su víctima, padre octogenario, a quien había agredido más de una vez pese a la medida cautelar impuesta. Así lo correcto es compatibilizar evitar el contagio al resto de la población penal manteniendo al interno aislado en el hospital del penal o bien ordenar su traslado a un centro u hospedaje sanitario”.

“Esa alerta también significa que los y las fiscales cuando solicitan las tradicionales medidas de protección dejen de hacerlo mecánicamente que no consideran el contexto, solicitando plazos claros para la salida del hogar común como es la "prohibición de acercamiento". De solicitar, tener claro de cómo se implementará dado este nuevo contexto. Si los imputados no tendrán que ir a firmar mensualmente, la labor para otros colaboradores será relevante. El rol de las policías para asegurar el cumplimiento de las medidas de alejamiento con visitas regulares a los domicilios”, añadió.

¿Qué medidas se podrían tomar para proteger a las víctimas en estas circunstancias y ampliar su red de apoyo?

Existen actualmente redes comunitarias entre vecinos cuando suceden asaltos o robos en la comunidad. Aquí cobra relevancia las autoridades para que pensemos en estas redes haciendo un llamado público a que mujeres los utilicen o bien que los vecinos intervengan. Si el mensaje es "nos cuidamos todos de la pandemia", eso significa comprometerse también con el entorno en este contexto y requiere explicitar que la seguridad de las personas va más allá del portonazo a mi vecino, es comprometer al vecindario al resto de la comunidad para intervenir, por ejemplo, llamando a la policía y que las víctimas no se sientan solas. La seguridad pública, pues las mujeres son agredidas en los espacios privados. Significa adoptar una narrativa distinta. Es la subsecretaría Martorell, la Ministra de la Mujer y el Ministerio Público que deben hacer esos llamados con mucha claridad.
En cuanto al ámbito legislativo y la propuesta de algunos alcaldes del país de imponer una ley seca durante la cuarentena, ya que el alcohol podría aumentar las agresiones contra las mujeres, la abogada señaló que “lamentablemente, el alcohol está presente, puede ser un factor de riesgo, pero no todos los que maltratan y golpean son consumidores excesivos de alcohol. La ley seca podría ayudar, pero no se ha reportado como una medida que yo conozca adoptada en otros países. En situaciones de catástrofes estas medidas se han ordenado, y como señala la Diputada Ossandón no bastará con las botillerías, pues los supermercados pueden abastecer de alcohol a la comunidad”.

Para Casas todas las formas de violencia han estado presente, algunas muy silenciadas como es la violencia sexual. “Los efectos de la violencia económica es posible que se agudizarán con la crisis económica que ya experimentamos, pues al menor empleo, habrá más mujeres con dependencia económica o también que ante el temor de la pérdida de sustento las mujeres no mantengan las denuncias que han formulado en contra de sus agresores, algo que aparece claramente en los estudios que hemos realizado”.

El período de cuarentena agudiza los problemas de convivencia, “se agudizan las tensiones domésticas, el trabajo doméstico y el cuidado de niños o personas mayores o enfermas. Hay un estrés de base para toda la población, la pérdida de empleo, la incertidumbre, pero se van adicionando otros factores que hacen que van agudizando las tensiones familiares cuando las mujeres no pueden "renunciar" a dejar de hacer ciertas cosas como es toda la carga del trabajo doméstico, y mantener el teletrabajo. Algunos varones esperan ser servidos, y las solicitudes de una distribución equitativa del trabajo doméstico no son bien recibidas. Todo esto además se agudiza con hombres violentos en que el estrés adicional rebalsa al ámbito de sus relaciones familiares”.

Sobre la situación mundial, ONU Mujeres dijo que la violencia de género es una pandemia silenciosa, sobre esto Casas manifestó que se debe a los números de las muertes de mujeres cada año no hace que los estados tomen conciencia de lo que sucede a nivel global.

“Se estima que 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han experimentado violencia de sus parejas en los últimos 12 meses. Pero los números de las lesionadas, mutiladas, y las asesinadas no son un llamado de atención a las autoridades de salud de huellas indelebles que dejan la violencia y sus costos. De hecho, las partidas presupuestarias son pobres para la magnitud del problema y los costos también para las futuras generaciones, ONU Mujeres y otras agencias buscan empujar a los Estados, dialogando con ellos, incentivando a las buenas prácticas, y buscando en ocasiones respuestas a través de la sociedad civil que cumple un rol importantísimo”, finalizó.

Columna publicada originalmente en The Clinic el 9 de Abril

Para algunas personas podrá parecer odiosa la labor que realiza el Contralor cuando pide explicaciones a través de un oficio a la Fuerza Aérea por el traslado de un médico desde Temuco, ocurrido domingo 5 de abril. El viaje, realizado en un avión acondicionado para situaciones críticas, tuvo un costo para el Fisco de 100 millones de pesos. Ante los cuestionamientos, el gobierno fue enfático en descartar que el traslado se haya realizado ante la falta de ventiladores mecánicos, y se dijo que la decisión fue tomada por el equipo médico tratante. Como ya es de conocimiento público, la decisión no fue tomada por la FACH, sino por las autoridades nacionales de salud, suponemos que en consulta con los organismos sanitarios de la región.

Pero los cuestionamientos a la situación no son gratuitos: el largo territorio nacional exhibe desigualdades en la disponibilidad de implementos, equipos médicos y personal sanitario en los servicios de salud, y el gobierno debe asegurar que haya el más amplio acceso, oportuno y de calidad, para todos sus habitantes. En este sentido, los estándares técnicos y la práctica internacional de los Derechos Humanos incorporan una dimensión olvidada, cual es los principios de justicia y no discriminación como pilares de la bioética. Éstos buscan asegurar que todas las personas tengan igual acceso a atención en salud en forma oportuna y de calidad.

No tenemos información de si en Temuco había otros pacientes en la misma condición (o incluso peor) que la persona trasladada, y que podrían haberse beneficiado de ser atendidos en centros de salud de la capital, con mejores condiciones técnicas que las que tenían en esa ciudad. Pero sí es necesario recalcar que el principio de justicia exige al personal y autoridades médicas tratar a cada uno como corresponda conforme a sus necesidades, a fin de disminuir las situaciones de desigualdad, en este caso económica. Para la gran mayoría de las familias usuarias del sistema público, no existe siquiera la posibilidad de discutir que una persona enferma sea tratada en otro recinto con mejores condiciones. Así, la distribución de recursos escasos, cuando los criterios y su razonabilidad no son conocidos, convertiría esta actuación en discriminatoria.

Este caso debe alertarnos, sobre todo porque no es aislado: también en Temuco, un equipo médico elaboró criterios para determinar quien recibiría prioridad para atención crítica, y excluyeron de manera general y automática a personas viviendo con VIH, a personas con cáncer y otras enfermedades “no tratables”. Si bien la circular fue rápidamente dejada sin efecto ante las críticas, el hecho evidencia cómo bajo situaciones límites surgen decisiones de funcionarios públicos basadas en criterios discriminatorios o con visos de discriminación. Es de suponer que la motivación del Contralor para oficiar a la Fuerza Aérea es asegurar que los servicios de salud se entreguen sin discriminación a todos los habitantes del territorio que lo necesiten, ya que cualquier gasto que financie una medida discriminatoria es ilegal y arbitrario.

Lidia Casas Becerra

Directora del Centro de DDHH – Universidad Diego Portales

La actividad judicial debe ante todo considerar interpretaciones armónicas sobre el sentido de las normas, el rol que cada institución cumple, y la protección a los derechos humanos. Excluir al INDH de cualquiera investigación en que intervenga el CDE, y lo será tratándose de funcionarios públicos en materia de tortura, deja en la práctica a esa institución sin ámbito de competencia, y sin poder llevar a cabo una función que le entregó el legislador, cual es promover su protección y aseguramiento.

Las palabras del Ministro del Interior, los argumentos del ex Presidente Lagos sin mencionar la declaración de del Comandante en Jefe del Ejército producen un sabor de amargura y de justificación de la impunidad.

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