Judith Schönsteiner

Judith Schönsteiner

Profesora asociada de la Facultad de Derecho. Tiene un Doctorado en Derecho (2011) y un LL.M. en Derecho Internacional de Derechos Humanos (2006) por la Universidad de Essex, Inglaterra, y un M.A. en ciencia política por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania (2003). En 2001 y 2002, estudió en el Institut d’Etudes Politiques de Estrasburgo. Investigadora visitante del Max Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht (2012, 2016). Miembro del Comité de Edición del Anuario de Derecho Público. Participó de la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de las Personas en Situación de Discapacidad  (2014-2016). Miembro del Claustro del Doctorado en Derecho de la UDP. Alumna del Arts and Humanities Research Council (beca de doctorado), del Cusanuswerk (beca de pre- y posgrado). Socia del Essex Business and Human Rights Project. Consultora de CEJIL (2007).

En la actualidad, investiga sobre las obligaciones estatales en el ámbito empresas y derechos humanos, y el acceso a la justicia en situaciones atinentes a estas responsabilidades, más específicamente, sobre empresas estatales y derechos humanos (Fondecyt Nº 11150853, Responsabilidad directa e indirecta del Estado por acciones y omisiones de las empresas estatales en materia de derechos humanos, con Javier Couso).

Por encomienda del Instituto Danés de Derechos Humanos, ha elaborado el Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016) el primer trabajo de su índole en Latinoamérica. También ha estudiado las instituciones y procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos, y la implementación e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución Chilena (co-investigadora de Fondecyt Nº 1120909).

De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. 

Publicaciones:

Schönsteiner, J., “El derecho internacional de los derechos humanos en el Tribunal Constitucional chileno: El mínimo común denominador”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile (Valdivia), Año 29, Vol. 1, 2016, 197-226.

Schönsteiner, J. / Couso, Javier, "La implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Chile: Ensayo de un balance", Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Año 22, Número 2, 2015.

Schönsteiner, J., Lovera, D., Beltrán y Puga, A., “Reflecting the human rights challenges of consolidating democracies: recent developments in the Inter-American System of Human Rights”, en: Human Rights Law Review Vol. 11, Issue No. 2, 2011362-389.

Schönsteiner, J., “Dissuasive Measures and the “Society as a Whole”: A Working Theory of Reparations in the Inter-American Court of Human Rights”, American University International Law Review, Vol. 23, No. 1, pp. 127-164.

Schönsteiner, J. / Paul, G. 2013, "Transitional Justice and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights", en: Michalowski, Sabine, Corporate Accountability in the Context of Transitional Justice, Routledge 2013, pp. 93-113.ISBN 978-0-415-52490-2.

Schönsteiner, J. 2011, “Irreparable damages, project finance and access to remedies by third parties”, en: Leader, S. (ed.), Global Project Finance, Human Rights, and Sustainable Development, Cambridge University Press, 278-315. ISBN 978-0-521-76260-1.

Schönsteiner, J. 2016, “Brechas de Cumplimiento: Estado, empresas y derechos humanos”, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 123-171. ISBN 978-956-314-374-4

Schönsteiner, J. / Silva, V. 2016 / Alarcón, F. / Cisternas, P., Derecho a la Vivienda: los campamentos en Chile, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 81-121. ISBN 978-956-314-374-4

Schönsteiner, J. / Barros, A. 2014, "Diligencia debida: proyectos de inversión, propiedad sobre los recursos naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas concernidos", en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 203-244. ISBN 978-956-314-301-0.

Coddou, A. /Schönsteiner, J./ Vial, T. 2013, "La ley antidiscriminación en Chile: avances e insuficiencias en la protección de la igualdad y la no discriminación", en: Vial, T. (ed), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 285-309. ISBN 978-956-314-243-3.

Schönsteiner, J. / Hervé, D. / Meves, I. / Mariangel, S. 2012, “Violaciones a los derechos humanos y medioambiente en Puchuncaví-Ventanas”, en: Coddou, A. (ed.) Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 131-161. ISBN 978-956-314-190-0.

Schönsteiner, J. 2010, Hacia mayor seguridad jurídica en la protección regional de los derechos humanos: las reformas procesales en el Sistema Interamericano, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 291-318. ISBN 978-956-314-099-6.

Schönsteiner, J. 2010, Responsabilidad empresarial y derechos humanos: el caso de la gran minería, en: Contesse, J. (ed.), Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago, pp. 407-448. ISBN 978-956-314-116-0.

Schönsteiner, J. / Díaz, M. 2016, “Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2015", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 495-525. ISBN978-956-314-367-6

Schönsteiner, J. / Apiolaza, C. / Díaz, M. / Martínez, V. 2015, "Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 471-503. ISBN 978-956-314-337-9.

Schönsteiner, J. / Macari, M. / Rojas, C. / Vergara, A. 2014, "Reseña de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público 2014, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 589-617. ISBN 978-956-314-291-4.

Schönsteiner, J. / Aranis, K. / Benítez, D. / Macari, M. / Rey, B. 2013, "Revisión de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 548-581. ISBN 978-956-314-228-0.

Schönsteiner, J. / Benítez, D. / Fuentes, C. / Mariangel, S., 2012, "Algunos fallos emblemáticos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011”, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 515-539, ISBN 978-956-314-138-2.

Schönsteiner, J. et al., Estudio de Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, 2016, disponible en: www.derechoshumanos.udp.cl, 215 páginas.

Schönsteiner, J. / De la Maza, C. 2013, Amicus Curiae, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán contra Chile, San José Costa Rica, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 23 páginas.

Schönsteiner, J. 2013, Challenges for Chilean Investors. The Effects of the OCDE Guidelines for Multinational Enterprises. A Practical Approach, Informe para los Puntos Nacionales de Contacto de Noruega y Chile, Oslo / Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 32 páginas.

Schönsteiner, J. et al. 2012, Fortalecimiento de la Democracia y el Derecho de Acceso a la Información en Chile, Serie de Estudios No. 9, Fundación Konrad Adenauer, Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/libros, 78 páginas.

Schönsteiner, J./ Van Yurick, M.E., Comunidades Indígenas, Derechos Humanos y Empresas, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, sin editorial, 150pp. ISBN 978-956-362-188-4. Publicado.

 

Cursos en materia de derechos humanos:

Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Empresas y Derechos Humanos (pregrado y Magister)

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 

Coordina el área “Empresas y derechos humanos” del Centro, creada en 2010. De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

Hay una responsabilidad directa de las empresas, incluso si el Estado no cumpliera con su deber de regulación y prevención de los daños a través de la fiscalización. Así, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del 2011, y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, establecen la responsabilidad directa de las empresas por los derechos humanos y el medioambiente, en virtud de la due diligence (la debida diligencia) en materia de sus impactos negativos en los derechos humanos de sus trabajadores y las comunidades.

Columna publicada en La Tercera, 21 de enero de 2016.

Una nube de humos tóxicos cubrió Santiago y sus alrededores. Un incendio en el basural de Santa Marta, al sur de la capital,  fue la causa. Considerando la laxa regulación y casi inexistente fiscalización sobre separación de residuos, además de los efectos notorios en la salud de la población, pareció más que sorpresivo que las autoridades no reconocieran la necesidad de medidas preventivas y remediativas, para por lo menos proteger a la población más vulnerable. No se distribuyeron mascarillas, no se trasladó la población vulnerable, no se decretó emergencia ambiental en las comunas colindantes. Pareciera que se tratara como “un día de esmog en verano” – y ¿por qué preocuparse si en invierno, es a diario? ¿Por qué preocuparse si en la mayoría de las comunas, el viento disipa la nube de humo?-.  Pero mientras la composición del esmog es más o menos conocida, un incendio en un basural libera necesariamente gases y materiales más tóxicos que la quema de leña o incluso, de combustibles. Reconozcámoslo: si el incendio hubiese ocurrido en otras comunas de la RM, las autoridades hubieran lo más probablemente, bajo presión de población más influyente, reaccionado de manera distinta. San Bernardo,según la Casen 2013 publicada en 2015, es una de las comunas más vulnerables de la RM.

Pero hay preguntas adicionales que surgen. Son preguntas de sentido común, pero quiero plantearlas desde una perspectiva de derechos humanos, porque ellas nos permiten ver los problemas estructurales que están detrás de este incidente.

Si el derecho a un medioambiente sano o el derecho a la salud están involucrados, el Estado debe, primero y según el derecho internacional de los derechos humanos que Chile ha reconocido, investigar y si se confirma, sancionar la responsabilidad civil o penal de la empresa y de sus gerentes se deberá. Ser innovativo en el uso de gases en un relleno, no exime de cumplir con todas las normas ambientales, tampoco el haber certificado a  la empresa en 2004 según la norma ISO 14001. Especialmente, si se considera que esta certificación caduca cada tres años (dato que la empresa no publica en su página web). Según los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU,las empresas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, especialmente, en materia de prevención, manejo de riesgos y reparación por impactos negativos a los derechos humanos.

Existen otros elementos por lo menos igualmente importantes. El Estado debe adoptar medidas de prevención de daños a estos derechos, según la obligación de debida diligencia consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto implica, en lo concreto, que las autoridades tengan las facultades correspondientes para lograr una protección eficaz – y las puedan ejercer con la suficiente cantidad de recursos, y sin presiones indebidas sobre las decisiones que sean discrecionales. Una investigación en curso del Centro de Derechos Humanos de la UDP confirma que las distintas Superintendencias, especialmente la de Medioambiente, no cuentan con los recursos necesarios para efectuar su labor de fiscalización.

Considerando que en el mundo de los negocios, muchas veces las multas no son detractores de incumplimiento – el relleno sanitario Santa Marta ha sido multado 45 veces en 14 años según La Tercera – se hace necesario que las autoridades sean facultadas para cerrar un establecimiento mucho antes. Si además, podrían operar influencias indebidas – desde corrupción y tráfico de influencias hasta consideraciones de orden pragmático (al estilo de pensar que “es mejor un relleno sanitario con alto riesgo de contaminación y accidentes funcionando, que la basura en la calle o en vertederos ilegales”) – estos cierres de operaciones deberían estar sustraídos de la discreción del fiscalizador y ordenarse automáticamente si ciertos criterios se (in)cumplen.

El tema sin embargo, va aún más allá de esto, aunque sea incómodo reconocerlo. El negocio de la basura es un tan buen negocio porque todos preferimos botar en vez de evitar la basura o reciclar. Sin incentivos estatales e incluso, empresariales en esta materia – regulación o auto-regulación sobre empaques y reciclaje, la promoción de una cultura de “segunda mano”, además de fiscalización estatal de residuos tóxicos de la basura también de casas particulares y del retail, – los basureros y rellenos sanitarios seguirán siendo de altísimo riesgo, simplemente por el coctel de material que allí se reúne.

 
Lunes, 28 Diciembre 2015 00:00

Subsecretaría de Derechos Humanos.

Columna por Judith Schönsteiner, publicada en La Tercera, 21 de diciembre de 2015

Finalmente, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea  la Subsecretaría de Derechos Humanos como una nueva subdivisión del Ministerio de Justicia, que se hará cargo de la promoción y educación de derechos humanos, y de asegurar que habrá una política de derechos humanos en el país. Es un importante paso hacia una institucionalidad más robusta en este ámbito, con su comité interministerial y el encargo de elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos. También coordinará las respuestas del Estado chileno  ante los órganos internacionales de supervisión de los derechos fundamentales, y, así se espera, velará por la implementación de las respectivas recomendaciones y órdenes.

En este sentido, llena un vacío institucional que había persistido y que, por ejemplo, significaba que no había quién pudiese coordinar el encargo del artículo 2 de la Ley que establece medidas contra la discriminación, a saber, la adopción de políticas públicas de no-discriminación. En se sentido, complementa el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se mantiene como organismo autónomo según su mandato.

A pesar de haber sido convocado a última hora, al acto de promulgación asistieron  representantes de fuerzas de orden, la sociedad civil y ministerios. Hubo muchos otros a quienes la invitación no llegó y además, no deja de sorprender  que casi todas las referencias concretas tuvieran relación con las violaciones del pasado. Es verdad, ha sido una demanda de la sociedad civil desde hace mucho tiempo, y una repetida recomendación y orden de los órganos internacionales, la tipificación del crimen de tortura, por ejemplo. El trabajo de las asociaciones de derechos humanos -familiares de detenidos desaparecidos, por nombrar solo una- ha sido imprescindible y valiente. Cierto, era un momento para volver a reconocer esa labor y además, queda mucho por hacer en temas de justicia transicional, especialmente en materia de sobrevivientes de tortura, como el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP lo ha señalado repetidamente.

Pero son esas  mismas asociaciones que nos recuerdan, junto con los órganos internacionales y otras múltiples organizaciones de la sociedad civil, que la discriminación a los distintos grupos vulnerables, la desigualdad económica, y otros factores, requieren una mayor protección de derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales hoy, así como la prevención de violaciones de distinta índole, incluso, cuando se cometen por privados.

La Subsecretaría de Derechos Humanos está a cargo de todos los derechos humanos a cuyo respeto y garantía se ha comprometido Chile. Será importantísimo no perder nunca de vista ese mandato. Por ello, le compete la tarea fundamental de transversalizar políticas públicas de derechos humanos, para así cumplir con la prevención de eventuales violaciones. El desafío entonces, no es solo de contribuir reparar las graves violaciones del pasado, sino que ir convirtiendo al Estado de Chile en uno cuya forma de actuar permanente garantice los derechos humanos de los habitantes de este país en todas sus políticas.

Viernes, 18 Diciembre 2015 00:00

"Instituto unicameral"

Carta al director de organizaciones defensoras de DD.HH., en La Tercera, 17 de diciembre de 2015.

Señor director:

El domingo en su columna, Axel Buchheister hizo una ácida e infundada crítica al trabajo realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a propósito de la presentación de su informe anual. El profesional sostiene que la autonomía del INDH es inconstitucional y que su atribución de hacer recomendaciones al Estado, se funda únicamente en que los parlamentarios de centro derecha no se atrevieron a oponerse. Dicho análisis es liviano y falaz o, al menos, demuestra un desconocimiento total de la institucionalidad en materia de derechos humanos.

Es menester recordarle que la autonomía del INDH y su mandato no se debe a un capricho de un sector, sino a los acuerdos que los estados han suscrito, plasmados en los Principios de París, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1993. Entre ellos, la necesidad de contar con una institución autónoma y con un mandato amplio que le permita “presentar, a título consultivo, al gobierno, al Parlamento y a cualquier otro órgano pertinente (…) informes sobre todas las cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos”. En consecuencia, las situaciones que da cuenta el informe recientemente presentado, no dicen relación con una interpretación antojadiza del INDH sino con un exhaustivo examen que esta institución realiza del país.

Como organizaciones defensoras de DD.HH., estimamos que cualquier análisis o crítica sobre la labor del INDH debe ser fundada en el rol que a éste le toca cumplir por mandato legal, el cual fue entregado por el Parlamento a través de la ley 20.045 que lo crea. Lo demás sólo da cuenta de que ese análisis es incómodo, porque es un reflejo de las deudas que el Estado tiene en esta materia.

Marcela Benavides

Cimunidis

Javiera Farías

Leasur

Luis Larraín

Fundación Iguales

Consuelo Contreras

Corporación Opción

Gloria Leal

Instituto de la Mujer

Carolina Carrera

Corporación Humanas

Irma Iglesias

Fundación Down 21 Chile

Amalia Mauro

Centro de Estudios de la Mujer

Fabiola Gutiérrez

Observatorio de Género y Equidad

Judith Schönsteiner

Centro de Derechos Humanos UDP

Marta Cisternas

Casa Memoria José Domingo Cañas

Sandra Huentemilla

Asoc. de Profesionales Indígenas

Cynthia Plencovic

Observatorio Contra el Acoso Callejero

Ximena Erazo

Fundación Henry Dunant

América Latina

Erika Montecinos

Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio

Andrés Rivera

Observatorio de Derechos Humanos y Legislación

"A partir de sus compromisos internacionales, Chile debe –incluso sin que ninguna sentencia internacional que  se lo recuerde– de una vez por todas,  hacerse cargo del tema de la tortura. Aún no hay órgano competente que esté a cargo de investigar los casos de tortura de la dictadura; aún no está tipificado correctamente el delito en nuestro Código Penal; aún no se crea el Mecanismo de Prevención de la Tortura que es una obligación bajo la Convención contra la Tortura; todavía no se fortalecen los mecanismos de denuncias y fiscalización sistemática de malos tratos y tortura en el sistema penitenciario y en relación a las detenciones policiales."

"Es importante notar que el interés público de acceso a la información no solo está vinculado a entes estatales. Lo sabemos al menos desde el caso Claude Reyes, pero también en las múltiples iniciativas de accountability del sector privado en la economía. Es de interés público saber cómo las figuras públicas que detentan poder, lo ejercen. Eso vale también para la Iglesia Católica y, especialmente, en casos que se relacionan con posibles delitos penales que, por definición, son de interés público."

 "En un país en el que la educación de calidad no es automáticamente alcanzable en los establecimientos públicos, tenemos además una razón adicional para obligar a todos los proveedores a no discriminar. Es decir, mantener la libertad de enseñanza para todos los padres y no solo para algunos, pero especialmente, para garantizar el derecho a la educación en el interés superior del niño y de la niña (que, desde mi punto de vista, es lo que prima aquí)."

Sábado, 11 Abril 2015 00:00

INDH y Carabineros

Es la independencia de la injerencia por parte de los poderes del Estado que permite al INDH cumplir con su mandato de promover y cautelar los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

La consulta y el consentimiento previo, libre e informado (CPLI), es un mecanismo contenido en el Convenio 169 de la OIT -suscrito por Chile- que protege a los pueblos indígenas que puedan verse afectados por proyectos que tengan un eventual impacto sobre sus derechos.

Miércoles, 05 Noviembre 2014 00:00

Una relación ineludible

(…) un acuerdo surgido de un diálogo entre comunidades y empresas debiera ser revisado por el Estado, en su calidad de garante de los derechos y de la autodeterminación de los pueblos indígenas (…).