Judith Schönsteiner

Judith Schönsteiner

Profesora asociada de la Facultad de Derecho. Tiene un Doctorado en Derecho (2011) y un LL.M. en Derecho Internacional de Derechos Humanos (2006) por la Universidad de Essex, Inglaterra, y un M.A. en ciencia política por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania (2003). En 2001 y 2002, estudió en el Institut d’Etudes Politiques de Estrasburgo. Investigadora visitante del Max Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht (2012, 2016). Miembro del Comité de Edición del Anuario de Derecho Público. Participó de la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de las Personas en Situación de Discapacidad  (2014-2016). Miembro del Claustro del Doctorado en Derecho de la UDP. Alumna del Arts and Humanities Research Council (beca de doctorado), del Cusanuswerk (beca de pre- y posgrado). Socia del Essex Business and Human Rights Project. Consultora de CEJIL (2007).

En la actualidad, investiga sobre las obligaciones estatales en el ámbito empresas y derechos humanos, y el acceso a la justicia en situaciones atinentes a estas responsabilidades, más específicamente, sobre empresas estatales y derechos humanos (Fondecyt Nº 11150853, Responsabilidad directa e indirecta del Estado por acciones y omisiones de las empresas estatales en materia de derechos humanos, con Javier Couso).

Por encomienda del Instituto Danés de Derechos Humanos, ha elaborado el Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016) el primer trabajo de su índole en Latinoamérica. También ha estudiado las instituciones y procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos, y la implementación e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución Chilena (co-investigadora de Fondecyt Nº 1120909).

De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. 

Publicaciones:

Schönsteiner, J., “El derecho internacional de los derechos humanos en el Tribunal Constitucional chileno: El mínimo común denominador”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile (Valdivia), Año 29, Vol. 1, 2016, 197-226.

Schönsteiner, J. / Couso, Javier, "La implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Chile: Ensayo de un balance", Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Año 22, Número 2, 2015.

Schönsteiner, J., Lovera, D., Beltrán y Puga, A., “Reflecting the human rights challenges of consolidating democracies: recent developments in the Inter-American System of Human Rights”, en: Human Rights Law Review Vol. 11, Issue No. 2, 2011362-389.

Schönsteiner, J., “Dissuasive Measures and the “Society as a Whole”: A Working Theory of Reparations in the Inter-American Court of Human Rights”, American University International Law Review, Vol. 23, No. 1, pp. 127-164.

Schönsteiner, J. / Paul, G. 2013, "Transitional Justice and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights", en: Michalowski, Sabine, Corporate Accountability in the Context of Transitional Justice, Routledge 2013, pp. 93-113.ISBN 978-0-415-52490-2.

Schönsteiner, J. 2011, “Irreparable damages, project finance and access to remedies by third parties”, en: Leader, S. (ed.), Global Project Finance, Human Rights, and Sustainable Development, Cambridge University Press, 278-315. ISBN 978-0-521-76260-1.

Schönsteiner, J. 2016, “Brechas de Cumplimiento: Estado, empresas y derechos humanos”, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 123-171. ISBN 978-956-314-374-4

Schönsteiner, J. / Silva, V. 2016 / Alarcón, F. / Cisternas, P., Derecho a la Vivienda: los campamentos en Chile, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 81-121. ISBN 978-956-314-374-4

Schönsteiner, J. / Barros, A. 2014, "Diligencia debida: proyectos de inversión, propiedad sobre los recursos naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas concernidos", en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 203-244. ISBN 978-956-314-301-0.

Coddou, A. /Schönsteiner, J./ Vial, T. 2013, "La ley antidiscriminación en Chile: avances e insuficiencias en la protección de la igualdad y la no discriminación", en: Vial, T. (ed), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 285-309. ISBN 978-956-314-243-3.

Schönsteiner, J. / Hervé, D. / Meves, I. / Mariangel, S. 2012, “Violaciones a los derechos humanos y medioambiente en Puchuncaví-Ventanas”, en: Coddou, A. (ed.) Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 131-161. ISBN 978-956-314-190-0.

Schönsteiner, J. 2010, Hacia mayor seguridad jurídica en la protección regional de los derechos humanos: las reformas procesales en el Sistema Interamericano, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 291-318. ISBN 978-956-314-099-6.

Schönsteiner, J. 2010, Responsabilidad empresarial y derechos humanos: el caso de la gran minería, en: Contesse, J. (ed.), Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago, pp. 407-448. ISBN 978-956-314-116-0.

Schönsteiner, J. / Díaz, M. 2016, “Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2015", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 495-525. ISBN978-956-314-367-6

Schönsteiner, J. / Apiolaza, C. / Díaz, M. / Martínez, V. 2015, "Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 471-503. ISBN 978-956-314-337-9.

Schönsteiner, J. / Macari, M. / Rojas, C. / Vergara, A. 2014, "Reseña de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público 2014, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 589-617. ISBN 978-956-314-291-4.

Schönsteiner, J. / Aranis, K. / Benítez, D. / Macari, M. / Rey, B. 2013, "Revisión de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 548-581. ISBN 978-956-314-228-0.

Schönsteiner, J. / Benítez, D. / Fuentes, C. / Mariangel, S., 2012, "Algunos fallos emblemáticos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011”, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 515-539, ISBN 978-956-314-138-2.

Schönsteiner, J. et al., Estudio de Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, 2016, disponible en: www.derechoshumanos.udp.cl, 215 páginas.

Schönsteiner, J. / De la Maza, C. 2013, Amicus Curiae, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán contra Chile, San José Costa Rica, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 23 páginas.

Schönsteiner, J. 2013, Challenges for Chilean Investors. The Effects of the OCDE Guidelines for Multinational Enterprises. A Practical Approach, Informe para los Puntos Nacionales de Contacto de Noruega y Chile, Oslo / Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 32 páginas.

Schönsteiner, J. et al. 2012, Fortalecimiento de la Democracia y el Derecho de Acceso a la Información en Chile, Serie de Estudios No. 9, Fundación Konrad Adenauer, Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/libros, 78 páginas.

Schönsteiner, J./ Van Yurick, M.E., Comunidades Indígenas, Derechos Humanos y Empresas, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, sin editorial, 150pp. ISBN 978-956-362-188-4. Publicado.

 

Cursos en materia de derechos humanos:

Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Empresas y Derechos Humanos (pregrado y Magister)

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 

Coordina el área “Empresas y derechos humanos” del Centro, creada en 2010. De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

Por Judith Schönsteiner, publicado en El Mostrador, 12 de junio de 2016 

El caso del hogar ELEAM en Puente Alto, donde fallecieron varias personas en condiciones indignas y que fue administrado por una empresa familiar, solo es la punta de un iceberg. Uno que se esconde debajo de las aguas de falta de fiscalización del Estado en el ámbito del cuidado, que es también una incapacidad generalizada para fiscalizar y así prevenir afectaciones a los derechos humanos por parte de privados.

Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice. Así, deben asegurar que los derechos humanos de las personas bajo cuidado efectivamente se respeten por parte de las empresas.

Estos estándares, que han sido desarrollados, entre otros, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ximenes Lopes contra Brasil, parecen haber sido violados en el caso que recientemente conocimos por la prensa. Llama profundamente la atención que Senama había recibido las denuncias desde hace varios meses, y no pudo actuar "porque (...) no tenía personal ni plata para mandar" a los fiscalizadores. Ese retraso a primera vista no corresponde con el estándar de debida diligencia que es aplicable. Seamos claros: el Estado puede optar por la privatización de estos servicios; pero debe garantizar a los y las habitantes el goce de sus derechos, como el derecho a la privacidad, la integridad física y psíquica, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad.

[cia tipo="destaque"] Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice.[/cita]

En otros ámbitos, según el reciente Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos de la UDP, la situación tampoco es mucho más alentadora. En materia de pesca y minería, algunos entrevistados para el Estudio señalaron que el Estado ha renunciado a fiscalizaciones sin aviso, porque le era imposible mantener la confidencialidad de la agenda de fiscalizaciones. Por tanto, hoy se anuncian todas las fiscalizaciones a las empresas con anticipación de varias semanas. Eso puede tener el impacto positivo de lograr un cierto grado de cumplimiento relacionado con la visita de los fiscalizadores, pero también permite sustraer evidencia o indicios de incumplimientos más serios.

Además, hay un serio problema de colaboración y coordinación entre los entes fiscalizadores, más allá de que las competencias no están siempre claramente definidas o circunscritas. Así, existen duplicaciones en las competencias - por ejemplo, los comedores en faenas mineras - y al mismo tiempo, áreas que no están sujetas a ninguna fiscalización - por ejemplo, un número considerable de prestaciones de salud que no recaen ni en el ámbito de competencia del SERNAC, ni en la de la Superintendencia de Salud. En cuanto a la coordinación, detectamos que la Superintendencia de Medioambiente tiene un serio desafío de ejercer su mandato y no puede cumplirlo porque depende de los recursos y la voluntad de cooperación por parte de otras superintendencias que no necesariamente priorizan las solicitudes de fiscalización de la SMA.

A estos problemas estructurales, se suma la falta de recursos financieros y técnicos para la fiscalización preventiva, además, de la falta de capacitación de los y las funcionarios/as para llevar adelante su labor.

¿Las consecuencias? Incidentes como el incendio en el vertedero de Santa Marta; derrames, el desastre ambiental de Chiloé, o, justamente, el caso de la Fundación AMSCA en Puente Alto.

Por Judith Schönsteiner, publicado en La Tercera, 12 de julio de 2016 

El gobierno anunció la instalación de una mesa de diálogo con distintos actores de La Araucanía, indígenas y no-indígenas, para generar “propuestas específicas” sobre una solución al conflicto entre Estado, comunidades mapuche y empresariado en La Araucanía. Pensamos que esta iniciativa debiera tomar en cuenta el contexto del conflicto que la región está viviendo. Este contexto incluye el rol de las empresas y el impacto de sus actividades en materia de derechos humanos. El reciente estudio del Centro de Derechos Humanos de la UDP sobre empresas y derechos humanos dedica una sección a este asunto. Esta columna pretende contribuir al debate con un breve resumen de su análisis y conclusiones.

 

A la luz de los estándares internacionales, en el conflicto entre Estado, comunidades indígenas y empresas, se han infringido derechos de propiedad, integridad e incluso, el derecho a la vida. En la medida que el Estado no proporciona acceso a la justicia, éstas infracciones se convierten en violaciones a los derechos humanos. Así, por ejemplo, mientras el Estado está avanzando en el acceso a la justicia en el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay (2013), no ha proporcionado debido acceso a la justicia en todos los cuatro casos de comuneros jóvenes muertos por parte de Carabineros; entre ellos, Alex Lemún (2002). Este caso fue declarado admisible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por uso desproporcional de la fuerza policial, y por denegación de acceso a la justicia a causa del uso del sistema de justicia militar donde se alegaron faltas al deber de investigación y sanción, principalmente. El Estado tampoco ha cumplido con el deber de prevención de violaciones a los derechos de niños y niñas mapuche que resultan heridos por balines y perdigones en allanamientos, situación que hace años ya ha preocupado a Unicef y la Cruz Roja.

 

En cuanto a los daños a maquinaria de camioneros o empresas forestales, el gobierno ha mencionado crear un fondo para superar la falta de acceso a la indemnización en estos casos; sin embargo, aún no se han conocido mayores detalles sobre esta iniciativa. Tampoco en estas situaciones, el Estado en este momento no logra cumplir con el deber de prevención.

 

Además, el nivel de remuneración promedio para personas no-indígenas es un 43% más que para personas indígenas. Esto confirma la discriminación hacia estas últimas. Además, como el acceso a formación de calidad es otro factor sujeto a discriminación, por tanto se generan efectos de discriminación indirecta que se suman a los de discriminación directa: así, incluso si se mide entre personas con un mismo oficio, sin tomar en cuenta el diferencial en educación, esta brecha salarial se mantiene entre el 29% y 34%.

El origen del conflicto se enraíza en la falta de reconocimiento de territorios ancestrales de las comunidades mapuche, en desacuerdos profundos sobre el modelo de desarrollo y uso de las tierras, y en la falta de reconocimiento y representación políticos del pueblo mapuche en la institucionalidad estatal. Estas situaciones constituyen en sí, violaciones sistémicas y estructurales de los derechos de los pueblos indígenas, y marcan el contexto de la creciente tensión y violencia que estamos observando desde hace más o menos 10 años. La violación de los derechos humanos conlleva más violaciones de los derechos humanos.

Por tanto, estas violaciones estructurales deben ser resueltas si el Estado pretende seriamente bajar los niveles de conflictividad y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y no-discriminación. Estas obligaciones también tienen consecuencias para las empresas que desarrollan su actividad en la zona.

 

El Estudio de la UDP concluye que entre otras cosas, las empresas, especialmente las forestales y la piscicultura, tendrán que aceptar mayor regulación económica y ambiental, así como limitaciones a sus proyectos de expansión para que el Estado pueda encontrar un equilibrio en la protección de los derechos, especialmente, en relación a la escasez hídrica y el empobrecimiento de los suelos causados por los monocultivos. Además, el Estado debe considerar la posibilidad de expropiar terrenos para poder restituir territorios ancestrales a las comunidades, y así crear este balance de derechos. La Ley de Fomento Forestal también requiere una revisión a la luz de los derechos humanos. Finalmente, los pueblos deben participar en la definición de las prioridades políticas y de desarrollo en la región.

 

Este desafío no es sólo para el Estado. No es suficiente que la empresa deje de aprovecharse de la desigualdad de poder; al contrario, las empresas deberían tomar iniciativas propias para mejorar la desigualdad de remuneración, el cambio de uso de tierras sobreexplotadas, la protección del agua en la región, adelantándose en esta materia incluso, a la regulación del Estado, tal como indican los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Más importante, sin embargo, no deberían impedir que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Mesa de trabajo en La Araucanía: Puntos a tomar en cuenta

Carta al Director publicada en La Tercera, 12 de junio de 2016.

 

Señor director:

Preocupa de sobremanera la crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tuvo que suspender todas las restantes audiencias del año 2016, y si en la próxima Asamblea General los estados de la OEA no ponen los fondos necesarios, tendrá que despedir a un 40% de su personal.

 La CIDH ha protegido a personas de todas las Américas ante dictaduras y conflictos internos. Su labor en esto ha sido imprescindible. Aún hoy, los estados y las sociedades necesitamos el sistema interamericano de derechos humanos, aunque estemos en democracia. También se violan los derechos humanos, y ante la falta de acceso a la justicia, la desigualdad en el goce de derechos económicos, sociales y culturales, las amenazas a los y las defensores de derechos humanos, ante horribles condiciones carcelarias y daños ambientales y a la salud, necesitamos los órganos de supervisión internacionales, ya que a nivel interno, no se han logrado solucionar mentados problemas.

 Si el sistema requiere, como todos los sistemas de justicia, una revisión estructural para cumplir mejor su función - los problemas de atraso en el sistema de casos están sobre la mesa - , ésta se debe discutir como tal, y no reteniendo los fondos a los que los estados se han comprometido. Esto constituye una amenaza a la independencia del órgano y tendrá consecuencias en su imparcialidad, ya que tendrán que temer el recorte de facto de sus facultades. 

 Es el momento en el que los estados tendrán que mostrar su real compromiso con los derechos humanos, poniendo los fondos necesarios y convenciendo a otros gobiernos latinoamericanos de hacer lo mismo. Posteriormente se discutirá sobre la mejora en la eficacia de la CIDH. 

En ese contexto pregunto,  si en algún país donde se detectaran problemas de eficacia en una Fiscalía, ¿se exigirá recortar sus facultades y competencia, en vez de aumentar su capacidad de responder a la cantidad de casos que le llegan?

 

Judith Schönsteiner
Centro de Derechos Humanos UDP

Columna de opinión publicada en El Mostrador, 12 de junio de 2016.

 

El caso del hogar ELEAM en Puente Alto, donde fallecieron varias personas en condiciones indignas y que fue administrado por una empresa familiar, solo es la punta de un iceberg. Uno que se esconde debajo de las aguas de falta de fiscalización del Estado en el ámbito del cuidado, que es también una incapacidad generalizada para fiscalizar y así prevenir afectaciones a los derechos humanos por parte de privados.

Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice. Así, deben asegurar que los derechos humanos de las personas bajo cuidado efectivamente se respeten por parte de las empresas.

Estos estándares, que han sido desarrollados, entre otros, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ximenes Lopes contra Brasil, parecen haber sido violados en el caso que recientemente conocimos por la prensa. Llama profundamente la atención que Senama había recibido las denuncias desde hace varios meses, y no pudo actuar "porque (...) no tenía personal ni plata para mandar" a los fiscalizadores. Ese retraso a primera vista no corresponde con el estándar de debida diligencia que es aplicable. Seamos claros: el Estado puede optar por la privatización de estos servicios; pero debe garantizar a los y las habitantes el goce de sus derechos, como el derecho a la privacidad, la integridad física y psíquica, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad.

[cia tipo="destaque"] Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice.[/cita]

En otros ámbitos, según el reciente Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos de la UDP, la situación tampoco es mucho más alentadora. En materia de pesca y minería, algunos entrevistados para el Estudio señalaron que el Estado ha renunciado a fiscalizaciones sin aviso, porque le era imposible mantener la confidencialidad de la agenda de fiscalizaciones. Por tanto, hoy se anuncian todas las fiscalizaciones a las empresas con anticipación de varias semanas. Eso puede tener el impacto positivo de lograr un cierto grado de cumplimiento relacionado con la visita de los fiscalizadores, pero también permite sustraer evidencia o indicios de incumplimientos más serios.

Además, hay un serio problema de colaboración y coordinación entre los entes fiscalizadores, más allá de que las competencias no están siempre claramente definidas o circunscritas. Así, existen duplicaciones en las competencias - por ejemplo, los comedores en faenas mineras - y al mismo tiempo, áreas que no están sujetas a ninguna fiscalización - por ejemplo, un número considerable de prestaciones de salud que no recaen ni en el ámbito de competencia del SERNAC, ni en la de la Superintendencia de Salud. En cuanto a la coordinación, detectamos que la Superintendencia de Medioambiente tiene un serio desafío de ejercer su mandato y no puede cumplirlo porque depende de los recursos y la voluntad de cooperación por parte de otras superintendencias que no necesariamente priorizan las solicitudes de fiscalización de la SMA.

A estos problemas estructurales, se suma la falta de recursos financieros y técnicos para la fiscalización preventiva, además, de la falta de capacitación de los y las funcionarios/as para llevar adelante su labor.

¿Las consecuencias? Incidentes como el incendio en el vertedero de Santa Marta; derrames, el desastre ambiental de Chiloé, o, justamente, el caso de la Fundación AMSCA en Puente Alto.

Carta al Director publicada en La Tercera, 19 de mayo de 2016.

 

Señor director:


Hace 10 años, entró en vigencia la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A pesar de la aprobación de una ley al respecto (20.422), las personas con discapacidad en Chile,  sus familiares y cuidadores, aún están esperando la plena vigencia,  incluso de los mínimos imprescindibles de sus derechos: accesibilidad de los espacios públicos y de la información pública en igualdad de condiciones; toma de decisiones autónoma; acceso al trabajo en igualdad de condiciones y con iguales pagos; acceso a la educación en igualdad de condiciones; protección contra abusos; e incluso tratamientos médico-psiquiátricos que pueden constituir, según el Relator contra la Tortura, malos tratos. La razón: falta de regulación, regulación contraria a la Convención, falta de concientización en la sociedad, y falta de adopción de políticas públicas en favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

Recientemente, el Comité de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad mandó sus recomendaciones a Chile. Espero que en su cuenta pública del 21 de mayo de este año, la Presidenta de la República pueda reiterar su compromiso, y el compromiso del Estado de Chile, con las personas con discapacidad y sus derechos. Es una obligación para el Estado de Chile. Espero que pueda anunciar medidas concretas que resguarden la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, especialmente en cuanto a su igualdad ante la ley, e inclusión en los ámbitos laboral y educativo.

Las personas con discapacidad no pueden esperar más, y toda la sociedad debe tomar conciencia de aquello, tal como indica el artículo 8 de la Convención arriba mencionada. La inclusión es su derecho, y la diversidad la riqueza de nuestra sociedad. 

Judith Schönsteiner

Directora, Centro de Derechos Humanos UDP

Por Judith Schönsteiner, publicado en El Mostrador, 6 de mayo de 2016 

Chiloé está lejos. La marea roja trajo a la isla y a sus pescadores artesanales a las noticias santiaguinas. Los despidos y precariedades de los últimos meses no lo habían logrado. Una marea roja sin precedentes, que produce la asfixia de miles de sardinas y moluscos, posiblemente causadas por el calentamiento superficial del mar, originado por El Niño. Sin embargo, también se ha afirmado que se vertieron miles de toneladas de pescado en descomposición al mar (las cifras sobre la cantidad exacta varían), factor que podría haber aumentado la mortandad de moluscos y peces en la X Región.

Ante esta situación, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, aseguró a los pescadores artesanales que se han ido organizando en asambleas en Chiloé, que no los dejaría solos. El mismo día, el ministro del Interior, Jorge Burgos, indicó, ante la exigencia de un bono de $ 300 o $ 400 mil a los pescadores artesanales, que “no somos un gobierno de billetera fácil”. Pero ¿cuál es exactamente la responsabilidad del Estado en esta situación?

Primero, prevenir que la situación de desabastecimiento y falta de liquidez para la compra de productos básicos se agrave. Debe garantizar, en virtud del Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un nivel básico de vida adecuado a cualquier habitante del país, especialmente, si se trata de grupos vulnerables, por su condición socioeconómica o por otros factores de discriminación o vulnerabilidad. En la situación que se está dando hoy, ya se están cumpliendo varias de las variables que el Nobel de Economía Amartya Sen ha identificado como indicios de que se genere –de no mediar intervención distributiva y de apoyo – el hambre en una región aislada de un país.

Segundo, la reacción del Estado ante la protesta social por estos acontecimientos debe regirse estrictamente por el derecho internacional, evitando cualquier exceso de uso de fuerza, así como las restricciones ilegítimas de la libertad de expresión y libertad de asociación. Eso incluye la transparencia sobre lo que realmente ha ocurrido y, si no se sabe, investigarlo.
Tercero, debemos hacernos la pregunta por la responsabilidad del Estado en mitigar los efectos que han tenido un fenómeno natural, por un lado, y eventualmente, la falta de regulación de la actividad económica en el contexto de la mayor vulnerabilidad del ecosistema, por el otro. A los pescadores artesanales y los trabajadores despedidos de Chiloé no les servirá una explicación de causalidad y responsabilidades civiles compartidas para paliar la falta de ingresos que se ha sostenido por meses, y que podría seguir así por varios más.

No estamos ante una reducción en los ingresos, sino de su completa ausencia en el caso de todas las personas que se dedican cien por ciento a la pesca. En virtud del Art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado debe proveer el derecho a la seguridad social ante el riesgo de perder el empleo, incluyendo el empleo independiente, y en virtud de su Art. 11, un nivel adecuado de vida. Nada le impide posteriormente investigar las responsabilidades de actores privados por el daño ocurrido, y recuperar parte de la inversión en medidas paliativas vía una demanda del Consejo de Defensa del Estado contra las empresas u otros actores presuntamente responsables.

Cuarto, el Estado debe revisar la eficacia de los mecanismos de fiscalización de la contaminación y su capacidad real de prevenir los delitos ambientales. Esto implica también una regulación clara sobre la contaminación del mar territorial y de la zona económica exclusiva. Esta norma hoy no existe, por lo que impide a la Superintendencia de Medio Ambiente fiscalizar ese punto. La otra cara de la moneda es que las empresas dedicadas a la producción industrial de pescado o mariscos, no tienen norma que seguir en esta materia. La observancia voluntaria de “buenas prácticas”, como se comprobó en muchos casos parecidos, no es suficiente incentivo.

Finalmente, sin embargo, hay una responsabilidad directa de las empresas, incluso si el Estado no cumpliera con su deber de regulación y prevención de los daños a través de la fiscalización. Así, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del 2011, y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, establecen la responsabilidad directa de las empresas por los derechos humanos y el medioambiente, en virtud de la due diligence (la debida diligencia) en materia de sus impactos negativos en los derechos humanos de sus trabajadores y las comunidades. Ciertamente, no debieran hacer nada que agrave la situación. No hay evidencia que hayan tomado las medidas preventivas y de mitigación que hubiera correspondido ante la reducción de la necesidad de trabajadores, y la mayor sensibilidad del ecosistema marino.

Parece que la crisis del salmón del 2007 no nos sirvió para mejorar nuestra legislación, los mecanismos de fiscalización, la seguridad social para los trabajadores, empleados e independientes de la industria pesquera, ni la responsabilidad empresarial. Ni si quisiera en materias tan básicas como los derechos humanos.

Hay una responsabilidad directa de las empresas, incluso si el Estado no cumpliera con su deber de regulación y prevención de los daños a través de la fiscalización. Así, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del 2011, y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, establecen la responsabilidad directa de las empresas por los derechos humanos y el medioambiente, en virtud de la due diligence (la debida diligencia) en materia de sus impactos negativos en los derechos humanos de sus trabajadores y las comunidades.

Columna publicada en La Tercera, 21 de enero de 2016.

Una nube de humos tóxicos cubrió Santiago y sus alrededores. Un incendio en el basural de Santa Marta, al sur de la capital,  fue la causa. Considerando la laxa regulación y casi inexistente fiscalización sobre separación de residuos, además de los efectos notorios en la salud de la población, pareció más que sorpresivo que las autoridades no reconocieran la necesidad de medidas preventivas y remediativas, para por lo menos proteger a la población más vulnerable. No se distribuyeron mascarillas, no se trasladó la población vulnerable, no se decretó emergencia ambiental en las comunas colindantes. Pareciera que se tratara como “un día de esmog en verano” – y ¿por qué preocuparse si en invierno, es a diario? ¿Por qué preocuparse si en la mayoría de las comunas, el viento disipa la nube de humo?-.  Pero mientras la composición del esmog es más o menos conocida, un incendio en un basural libera necesariamente gases y materiales más tóxicos que la quema de leña o incluso, de combustibles. Reconozcámoslo: si el incendio hubiese ocurrido en otras comunas de la RM, las autoridades hubieran lo más probablemente, bajo presión de población más influyente, reaccionado de manera distinta. San Bernardo,según la Casen 2013 publicada en 2015, es una de las comunas más vulnerables de la RM.

Pero hay preguntas adicionales que surgen. Son preguntas de sentido común, pero quiero plantearlas desde una perspectiva de derechos humanos, porque ellas nos permiten ver los problemas estructurales que están detrás de este incidente.

Si el derecho a un medioambiente sano o el derecho a la salud están involucrados, el Estado debe, primero y según el derecho internacional de los derechos humanos que Chile ha reconocido, investigar y si se confirma, sancionar la responsabilidad civil o penal de la empresa y de sus gerentes se deberá. Ser innovativo en el uso de gases en un relleno, no exime de cumplir con todas las normas ambientales, tampoco el haber certificado a  la empresa en 2004 según la norma ISO 14001. Especialmente, si se considera que esta certificación caduca cada tres años (dato que la empresa no publica en su página web). Según los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU,las empresas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, especialmente, en materia de prevención, manejo de riesgos y reparación por impactos negativos a los derechos humanos.

Existen otros elementos por lo menos igualmente importantes. El Estado debe adoptar medidas de prevención de daños a estos derechos, según la obligación de debida diligencia consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto implica, en lo concreto, que las autoridades tengan las facultades correspondientes para lograr una protección eficaz – y las puedan ejercer con la suficiente cantidad de recursos, y sin presiones indebidas sobre las decisiones que sean discrecionales. Una investigación en curso del Centro de Derechos Humanos de la UDP confirma que las distintas Superintendencias, especialmente la de Medioambiente, no cuentan con los recursos necesarios para efectuar su labor de fiscalización.

Considerando que en el mundo de los negocios, muchas veces las multas no son detractores de incumplimiento – el relleno sanitario Santa Marta ha sido multado 45 veces en 14 años según La Tercera – se hace necesario que las autoridades sean facultadas para cerrar un establecimiento mucho antes. Si además, podrían operar influencias indebidas – desde corrupción y tráfico de influencias hasta consideraciones de orden pragmático (al estilo de pensar que “es mejor un relleno sanitario con alto riesgo de contaminación y accidentes funcionando, que la basura en la calle o en vertederos ilegales”) – estos cierres de operaciones deberían estar sustraídos de la discreción del fiscalizador y ordenarse automáticamente si ciertos criterios se (in)cumplen.

El tema sin embargo, va aún más allá de esto, aunque sea incómodo reconocerlo. El negocio de la basura es un tan buen negocio porque todos preferimos botar en vez de evitar la basura o reciclar. Sin incentivos estatales e incluso, empresariales en esta materia – regulación o auto-regulación sobre empaques y reciclaje, la promoción de una cultura de “segunda mano”, además de fiscalización estatal de residuos tóxicos de la basura también de casas particulares y del retail, – los basureros y rellenos sanitarios seguirán siendo de altísimo riesgo, simplemente por el coctel de material que allí se reúne.

 
Lunes, 28 Diciembre 2015 00:00

Subsecretaría de Derechos Humanos.

Columna por Judith Schönsteiner, publicada en La Tercera, 21 de diciembre de 2015

Finalmente, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea  la Subsecretaría de Derechos Humanos como una nueva subdivisión del Ministerio de Justicia, que se hará cargo de la promoción y educación de derechos humanos, y de asegurar que habrá una política de derechos humanos en el país. Es un importante paso hacia una institucionalidad más robusta en este ámbito, con su comité interministerial y el encargo de elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos. También coordinará las respuestas del Estado chileno  ante los órganos internacionales de supervisión de los derechos fundamentales, y, así se espera, velará por la implementación de las respectivas recomendaciones y órdenes.

En este sentido, llena un vacío institucional que había persistido y que, por ejemplo, significaba que no había quién pudiese coordinar el encargo del artículo 2 de la Ley que establece medidas contra la discriminación, a saber, la adopción de políticas públicas de no-discriminación. En se sentido, complementa el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se mantiene como organismo autónomo según su mandato.

A pesar de haber sido convocado a última hora, al acto de promulgación asistieron  representantes de fuerzas de orden, la sociedad civil y ministerios. Hubo muchos otros a quienes la invitación no llegó y además, no deja de sorprender  que casi todas las referencias concretas tuvieran relación con las violaciones del pasado. Es verdad, ha sido una demanda de la sociedad civil desde hace mucho tiempo, y una repetida recomendación y orden de los órganos internacionales, la tipificación del crimen de tortura, por ejemplo. El trabajo de las asociaciones de derechos humanos -familiares de detenidos desaparecidos, por nombrar solo una- ha sido imprescindible y valiente. Cierto, era un momento para volver a reconocer esa labor y además, queda mucho por hacer en temas de justicia transicional, especialmente en materia de sobrevivientes de tortura, como el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP lo ha señalado repetidamente.

Pero son esas  mismas asociaciones que nos recuerdan, junto con los órganos internacionales y otras múltiples organizaciones de la sociedad civil, que la discriminación a los distintos grupos vulnerables, la desigualdad económica, y otros factores, requieren una mayor protección de derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales hoy, así como la prevención de violaciones de distinta índole, incluso, cuando se cometen por privados.

La Subsecretaría de Derechos Humanos está a cargo de todos los derechos humanos a cuyo respeto y garantía se ha comprometido Chile. Será importantísimo no perder nunca de vista ese mandato. Por ello, le compete la tarea fundamental de transversalizar políticas públicas de derechos humanos, para así cumplir con la prevención de eventuales violaciones. El desafío entonces, no es solo de contribuir reparar las graves violaciones del pasado, sino que ir convirtiendo al Estado de Chile en uno cuya forma de actuar permanente garantice los derechos humanos de los habitantes de este país en todas sus políticas.

Viernes, 18 Diciembre 2015 00:00

"Instituto unicameral"

Carta al director de organizaciones defensoras de DD.HH., en La Tercera, 17 de diciembre de 2015.

Señor director:

El domingo en su columna, Axel Buchheister hizo una ácida e infundada crítica al trabajo realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a propósito de la presentación de su informe anual. El profesional sostiene que la autonomía del INDH es inconstitucional y que su atribución de hacer recomendaciones al Estado, se funda únicamente en que los parlamentarios de centro derecha no se atrevieron a oponerse. Dicho análisis es liviano y falaz o, al menos, demuestra un desconocimiento total de la institucionalidad en materia de derechos humanos.

Es menester recordarle que la autonomía del INDH y su mandato no se debe a un capricho de un sector, sino a los acuerdos que los estados han suscrito, plasmados en los Principios de París, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1993. Entre ellos, la necesidad de contar con una institución autónoma y con un mandato amplio que le permita “presentar, a título consultivo, al gobierno, al Parlamento y a cualquier otro órgano pertinente (…) informes sobre todas las cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos”. En consecuencia, las situaciones que da cuenta el informe recientemente presentado, no dicen relación con una interpretación antojadiza del INDH sino con un exhaustivo examen que esta institución realiza del país.

Como organizaciones defensoras de DD.HH., estimamos que cualquier análisis o crítica sobre la labor del INDH debe ser fundada en el rol que a éste le toca cumplir por mandato legal, el cual fue entregado por el Parlamento a través de la ley 20.045 que lo crea. Lo demás sólo da cuenta de que ese análisis es incómodo, porque es un reflejo de las deudas que el Estado tiene en esta materia.

Marcela Benavides

Cimunidis

Javiera Farías

Leasur

Luis Larraín

Fundación Iguales

Consuelo Contreras

Corporación Opción

Gloria Leal

Instituto de la Mujer

Carolina Carrera

Corporación Humanas

Irma Iglesias

Fundación Down 21 Chile

Amalia Mauro

Centro de Estudios de la Mujer

Fabiola Gutiérrez

Observatorio de Género y Equidad

Judith Schönsteiner

Centro de Derechos Humanos UDP

Marta Cisternas

Casa Memoria José Domingo Cañas

Sandra Huentemilla

Asoc. de Profesionales Indígenas

Cynthia Plencovic

Observatorio Contra el Acoso Callejero

Ximena Erazo

Fundación Henry Dunant

América Latina

Erika Montecinos

Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio

Andrés Rivera

Observatorio de Derechos Humanos y Legislación