Judith Schönsteiner

Judith Schönsteiner

Profesora asociada de la Facultad de Derecho. Tiene un Doctorado en Derecho (2011) y un LL.M. en Derecho Internacional de Derechos Humanos (2006) por la Universidad de Essex, Inglaterra, y un M.A. en ciencia política por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania (2003). En 2001 y 2002, estudió en el Institut d’Etudes Politiques de Estrasburgo. Investigadora visitante del Max Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht (2012, 2016).

De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. Miembro del Comité de Edición del Anuario de Derecho Público. Participó de la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de las Personas en Situación de Discapacidad  (2014-2016). Miembro del Claustro del Doctorado en Derecho de la UDP. Alumna del Arts and Humanities Research Council (beca de doctorado), del Cusanuswerk (beca de pre- y posgrado). Socia del Essex Business and Human Rights Project. Consultora de CEJIL (2007).
 

Por encomienda del Instituto Danés de Derechos Humanos, ha elaborado el Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016), el primer trabajo de su índole en Latinoamérica. También ha estudiado las instituciones y procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos, y la implementación e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución Chilena (co-investigadora de Fondecyt Nº 1120909, con Javier Couso).

En la actualidad, investiga sobre las obligaciones estatales en el ámbito empresas y derechos humanos, más específicamente, sobre empresas estatales y derechos humanos (Fondecyt Nº 11150853, Responsabilidad directa e indirecta del Estado por acciones y omisiones de las empresas estatales en materia de derechos humanos).

Publicaciones

Revistas

  • Schönsteiner, J., “Attribution of State Responsibility for Actions or Omissions of State-owned Enterprises in Human Rights Matters”, University of Pennsylvania Journal of International Law, Volume 40, forthcoming (isi/scopus).

  • Schönsteiner, J., “El derecho internacional de los derechos humanos en el Tribunal Constitucional chileno: El mínimo común denominador”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile (Valdivia), Año 29, Vol. 1, 2016, 197-226 (scielo/scopus).

  • Schönsteiner, J. / Couso, Javier, "La implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Chile: Ensayo de un balance", Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Año 22, Número 2, 2015, pp. 315-355 (scielo).

  • Schönsteiner, J., Lovera, D., Beltrán y Puga, A., “Reflecting the human rights challenges of consolidating democracies: recent developments in the Inter-American System of Human Rights”, en: Human Rights Law Review Vol. 11, Issue No. 2, 2011, 362-389.

  • Schönsteiner, J., “Dissuasive Measures and the “Society as a Whole”: A Working Theory of Reparations in the Inter-American Court of Human Rights”, American University International Law Review, Vol. 23, No. 1, pp. 127-164.

  • Schönsteiner, J., “Alternative appointment procedures for the commissioners and judges in the Inter-American System of Human Rights”, Revista IIDH No. 46, San José, Costa Rica, 2007, pp. 195-215.

Capítulos en volúmenes editados

  • Schönsteiner, J. 2018, “Empresas y Derechos Humanos: lecturas a la luz del ius constitutionale comune, en: Von Bogdandy, A., et al. (eds.), ¿Del paradigma de la tension al paradigma del diálogo? El Ius Constitutionale Comune en Derechos Humanos en América Latina y el Derecho Económico Internacional, Editorial Jurídia UNAM. En imprenta.

  • Contreras, M. / Schönsteiner, J. 2017, Empresas sanitarias y derecho al agua, in: Vial, Tomás (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 99-162.

  • Schönsteiner, J. / Díaz, M. 2016, “Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2015", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 495-525. ISBN 978-956-314-367-6

  • Schönsteiner, J. 2016, “Brechas de Cumplimiento: Estado, empresas y derechos humanos”, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 123-171. ISBN 978-956-314-374-4

  • Schönsteiner, J. / Silva, V. 2016 / Alarcón, F. / Cisternas, P., Derecho a la Vivienda: los campamentos en Chile, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 81-121. ISBN 978-956-314-374-4

  • Schönsteiner, J. / Apiolaza, C. / Díaz, M. / Martínez, V. 2015, "Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 471-503. ISBN 978-956-314-337-9.

  • Schönsteiner, J. / Macari, M. / Rojas, C. / Vergara, A. 2014, "Reseña de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público 2014, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 589-617. ISBN 978-956-314-291-4.

  • Schönsteiner, J. / Barros, A. 2014, "Diligencia debida: proyectos de inversión, propiedad sobre los recursos naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas concernidos", en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 203-244. ISBN 978-956-314-978-956-314-374-4301-0.

  • Schönsteiner, J. / Paul, G. 2013, "Transitional Justice and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights", en: Michalowski, Sabine, Corporate Accountability in the Context of Transitional Justice, Routledge 2013, pp. 93-113.ISBN 978-0-415-52490-2.

  • Coddou, A. /Schönsteiner, J./ Vial, T. 2013, "La ley antidiscriminación en Chile: avances e insuficiencias en la protección de la igualdad y la no discriminación", en: Vial, T. (ed), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 285-309. ISBN 978-956-314-243-3.

  • Schönsteiner, J. / Aranis, K. / Benítez, D. / Macari, M. / Rey, B. 2013, "Revisión de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 548-581. ISBN 978-956-314-228-0.

  • Schönsteiner, J. / Benítez, D. / Fuentes, C. / Mariangel, S., 2012, "Algunos fallos emblemáticos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011”, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 515-539, ISBN 978-956-314-138-2.

  • Schönsteiner, J. / Hervé, D. / Meves, I. / Mariangel, S. 2012, “Violaciones a los derechos humanos y medioambiente en Puchuncaví-Ventanas”, en: Coddou, A. (ed.) Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 131-161. ISBN 978-956-314-190-0.

  • Schönsteiner, J. 2011, “Irreparable damages, project finance and access to remedies by third parties”, en: Leader, S. (ed.), Global Project Finance, Human Rights, and Sustainable Development, Cambridge University Press, 278-315. ISBN 978-0-521-76260-1.

  • Schönsteiner, J. 2010, Hacia mayor seguridad jurídica en la protección regional de los derechos humanos: las reformas procesales en el Sistema Interamericano, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 291-318. ISBN 978-956-314-099-6.

  • Schönsteiner, J. 2010, Responsabilidad empresarial y derechos humanos: el caso de la gran minería, en: Contesse, J. (ed.), Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago, pp. 407-448. ISBN 978-956-314-116-0. 

Otras publicaciones

  • Schönsteiner, J. et al., Estudio de Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, 2016, disponible en: www.derechoshumanos.udp.cl, 215 páginas.

  • Schönsteiner, J. / De la Maza, C. 2013, Amicus Curiae, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán contra Chile, San José Costa Rica, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 23 páginas.

  • Schönsteiner, J. 2013, Challenges for Chilean Investors. The Effects of the OCDE Guidelines for Multinational Enterprises. A Practical Approach, Informe para los Puntos Nacionales de Contacto de Noruega y Chile, Oslo / Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 32 páginas.

  • Schönsteiner, J. et al. 2012, Fortalecimiento de la Democracia y el Derecho de Acceso a la Información en Chile, Serie de Estudios No. 9, Fundación Konrad Adenauer, Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/libros, 78 páginas.

  • Schönsteiner, J./ Van Yurick, M.E., Comunidades Indígenas, Derechos Humanos y Empresas, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, sin editorial, 150pp. ISBN 978-956-362-188-4. Publicado.

Docencia en materia de derechos humanos:

  • Derecho Internacional de los Derechos Humanos

  • Derechos Económicos, Sociales y Culturales

  • Empresas y Derechos Humanos (pregrado y Magister)

  • Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Supervisión:

  • Inés de Ros (co-tutela con la Universidad Pompeu Fabra)

  • Cristóbal Carmona

Coordina el área “Empresas y derechos humanos” del Centro, creada en 2010.

Esta columna fue públicada originalmente en CIPER Chile el 8 de Agosto 2018

La persecución de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo fue una persecución por la fe. Muy distinta es la situación de la Iglesia chilena hoy. Comparaciones entre los dos momentos de la historia, tales como las que hizo hace algunas semanas el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, solamente confunden al desconocer esta diferencia. Lo que hoy evidenciamos es una persecución penal de delitos como el abuso sexual infantil y la violación, así como del encubrimiento o de la facilitación de estos delitos. No son situaciones comparables histórica ni jurídicamente. Más bien, queda la impresión que el cardenal se está victimizando en una situación en la que debe responder, obviamente respetando la presunción de inocencia hasta comprobar lo contrario, como imputado en un proceso penal. 

Ha quedado de manifiesto que la justicia eclesiástica, en Chile tal como en muchos otros países, no da el ancho para lograr la prevención efectiva del abuso sexual a menores de edad, la violación y el acoso sexual de personas adultas por parte de obispos, sacerdotes y religiosos/as. Sobre ella quiero reflexionar, a partir de una entrevista de Ana María Celis, abogada del Arzobispado de Santiago a cargo de la relación con el Ministerio Público, que fue publicada en El Mercurio. 

La justicia canónica funciona según un sistema penal inquisitivo, en el cual el tribunal eclesiástico es juez y parte a la vez, sin las garantías de debido proceso para víctimas ni para acusados. A este gravísimo problema, se suman por lo menos dos más: la completa falta de transparencia del proceso y muchas veces, también del resultado, y la ineficacia de las penas y medidas decretadas para la prevención de nuevos delitos. 

Es por esto que la relación entre la justicia eclesiástica y el Ministerio Público se debe revisar para conformar la debida diligencia en materia de persecución penal. En estos momentos, estamos ante un Estado dentro del Estado, con privilegios como el secreto pontificio que no son justificables en casos de delitos. La falta de investigación, sanción y reparación genera responsabilidad internacional del Estado de Chile y al mismo tiempo, de la Santa Sede, en materia de derechos humanos. 

Esta contradicción se evidencia también en el documento “Cuidado y Esperanza. Líneas guía de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales a menores de edad” (2015). Mientras llama a las víctimas (no a los clérigos que toman conocimiento de los hechos) a denunciar los delitos ante las autoridades civiles (párr. 53), se confirma en el “Protocolo ante Denuncias contra Clérigos por abusos a Menores de edad” (2011) no solo el secreto del confesor, también protegido por el Código Procesal Penal, sino también la vigencia sin limitaciones del secreto pontificio (un secreto procesal que aplica especialmente para delitos graves contra el derecho canónico, mientras en los otros procesos solo rige la confidencialidad). Pero este último no está reconocido por el derecho procesal chileno (párr. 31).

La vigencia de estos “secretos” genera conflictos, especialmente cuando el superior jerárquico de una persona culpable de delitos oficie también como confesor del mismo acusado. En esta situación, no podría cumplir con el deber de prevención y debida diligencia que tiene en virtud de su superioridad jerárquica o de empleador.

Adicionalmente, si sacerdotes u obispos además tienen responsabilidad por establecimientos educacionales, tienen el deber de denunciar en virtud del artículo 175 del Código Procesal Penal. En analogía a esta regla, no podrían tampoco aplicar privilegios para superiores jerárquicos que están a cargo de colegios católicos. Esto pareciera incluir a los obispos, pues son, finalmente, los superiores de colegios católicos diocesanos y universidades católicas, respecto de los “delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”.

Considerando que la Iglesia ejerce además un deber de cuidado también en sus propias instituciones de formación (seminarios, noviciados), podríamos argumentar que es la misma institución la que debiese proceder a la denuncia, en vez de esperar solamente la denuncia por parte de la víctima.

El Estado, por su parte, tiene la obligación de actuar diligentemente (obligación de la que se ha desentendido por muchos años). Las autoridades deben investigar las estructuras de poder con la rigurosidad que exige la gravedad de los hechos, para situar a los delitos en su contexto y evaluarlos correctamente. 

Si hay estructuras criminales que, además, se repiten a lo largo de las diócesis en Chile (y probablemente, mundialmente) no podemos presumir que quienes integran estas estructuras se quedarán quietos mirando como su poder se desmantela. La investigación del Ministerio Público, por tanto, debe proceder con prudencia. La ampliación del mandato del Fiscal especial hacia otras regiones de Chile es una medida prudente en este sentido, ya que la práctica de la justicia canónica de cambiar simplemente de diócesis a acusados y condenados por abusos sexuales, podría significar que evidencia importante para la investigación del Fiscal se encuentre, justamente, en otras regiones. 

En este mismo sentido, el informe de Charles Scicluna debería entregarse lo antes posible al Ministerio Público. Como sociedad, como personas católicas y no-católicas, tenemos un derecho a saber, un derecho a la verdad. Con las debidas garantías para los acusados y para las víctimas que pidieron resguardo de su identidad ante la sociedad, pero un derecho a la verdad, tal como lo define el derecho internacional de los derechos humanos. Del resguardo de la identidad, además, no podemos deducir automáticamente la confidencialidad de toda la información, que es información de interés público en caso de delitos. 

Sería inaceptable si nos enteráramos que, por dar curso a investigaciones eclesiásticas – necesarias en todo caso, especialmente cuando la justicia civil no puede actuar porque los hechos han prescrito – la evidencia de los casos más delicados (que involucran menores de edad) fuera silenciosamente enviada a Roma, y, por tanto, puesta fuera del alcance jurisdiccional del Estado chileno. Si la Iglesia chilena quiere colaborar seriamente con las autoridades civiles en esta materia, debe asegurarse que la evidencia sigue estando disponible en Chile.

Finalmente, y tal vez es el punto más neurálgico en la colaboración: la negativa de entregar información a las autoridades en función de la protección de la confidencialidad solicitada a las víctimas debe revisarse, no solamente en relación a los establecimientos educacionales. Debemos averiguar si las víctimas que denunciaron ante la justicia eclesiástica en su momento seguirían exigiendo aún hoy, considerando las circunstancias, la confidencialidad de toda la información que proporcionaron. Fue muchas veces el temor ante las represalias, la incomprensión o la incredulidad en las parroquias, diócesis e instituciones eclesiásticas, lo que movió a las personas pedir la confidencialidad.

¿Cómo saber si las víctimas realmente siguen hoy con el deseo y la necesidad de confidencialidad en el nuevo clima de denuncia y transparencia que está rigiendo en la sociedad chilena? Sólo podemos saberlo si les volvemos a preguntar. Es un deber de la justicia eclesiástica.

Esta columna fue públicada originalmente en El Mostrador el 1 de Agosto 2018

En varios países ya se han constituido y/o finalizado Comisiones de Verdad sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos. Algunos a cargo del Estado respectivo; otros, realizados por el Parlamento. La mayor tarea de una comisión sería analizar el contexto que permitió que se hayan cometido estos abusos y se hayan encubierto o silenciado. Es decir, las estructuras, redes, la cultura organizacional, y la mezcla entre idolatría a algunos sacerdotes, el secreto y la práctica de confesión mal entendida, y el abuso de conciencia. También debiera abarcar el abuso de poder contra las mujeres que impide su participación en la toma de decisiones y, por tanto, en el equilibrio sano de una organización. Solo así se podrán lograr propuestas eficaces de garantías de no-repetición. También deberá determinar reparaciones para las víctimas. Esta cpolumna pretende contribuir a un debate sobre la forma en la que podría trabajar una Comisión de Verdad y Reparación sobre abusos sexuales por clérigos en Chile.

Algunos han propuesto que se cree una Comisión conformada por laicos y laicas, o sea, personas que no son religiosos o sacerdotes, pero sí son miembros de la Iglesia católica y participan activamente de ella, usualmente sin ser parte de sus estructuras de poder. Sin embargo, para lograr la independencia de una Comisión de Verdad y Reparación es imprescindible que, a través mecanismos de conformación y selección, así como su financiamiento y sus procesos de trabajo, se garantice esta independencia con mecanismos complementarios. Una Comisión, usualmente, no es jueza en casos particulares, pero sí jueza sobre la calificación de hechos, prácticas, de estructuras de poder o que facilitan la concentración de poder, e diseños institucionales que facilitan manipular y dominar incluso la conciencia de las personas.

El problema del abuso de poder y consciencia está arraigado tan profundamente que necesitamos una mirada fresca, analítica y con lúcida comprensión de las estructuras sutiles de poder revestido de lo “religioso”. Necesitamos una mirada que logre, por ejemplo, analizar el impacto que tiene en la facilitación de los abusos el hecho de que el confesor, el jefe o formador y el superior de un sacerdote o seminarista puede ser la misma persona. Por tanto, la Comisión de Verdad y Reparación no podría tener vínculo directo alguno con la jerarquía eclesiástica, ya sea institucional o de parentesco. Su financiamiento debería ser asegurado por la Iglesia, pero ser administrado por un órgano independiente que responda solamente a la misma Comisión.

El modo de seleccionar a los y las integrantes debe no solo responder a un criterio de interdisciplinariedad –psicólogos(as), sociólogos(as), teólogos(as), médicos(as) y abogados(as)– sino también representar distintos sectores de la sociedad y los distintos grupos de víctimas. Así, propongo una conformación por personas elegidas por los laicos y laicas de todas las diócesis chilenas, respetando los criterios de independencia e imparcialidad indicados; por personas elegidas por el Estado (idealmente el Congreso) que no sean miembros de la Iglesia católica; y personas designadas por las distintas organizaciones de víctimas, incluyendo a las religiosas que no tienen ni han tenido cargos de poder en sus congregaciones.

Idealmente, no más de la mitad de los(as) integrantes de la Comisión serán miembros activos de la Iglesia católica y ningún miembro podría ejercer cargos eclesiales mientras integre la Comisión. Ciertamente, es una propuesta; otros países han confiado la conformación de la Comisión enteramente al Parlamento. En Chile, sin embargo, por el elitismo y la interrelación de sus estructuras de poder político y religioso, no parece tan buena idea basarse únicamente en una sola vía de nominación.

El proceso debería ser transparente y público, a menos que una víctima solicite declarar en privado ante la Comisión. Para efectos de recoger su testimonio en el informe final de la misma, se daría un seudónimo a la persona que declara. Para evitar la revictimización de las personas que sufrieron abusos, la Comisión de Verdad y Reparación debería trabajar con estándares compatibles con las exigencias del derecho procesal penal, evitando así las dificultades que se experimentan en Chile con los datos de la Comisión Valech. De esta forma, las declaraciones ante la Comisión podrían, si el caso así lo amerita y con el consentimiento de la víctima, ser reutilizadas en los procesos penales o civiles y se evitaría la revictimización que puede ocurrir al declarar varias veces sobre temas tan delicados como los abusos sufridos.

Lo más importante del informe final será, a mi juicio, el esclarecimiento de las estructuras eclesiales que facilitan los abusos. Para esto, también tendrá que tener a la vista documentos internos de la Iglesia, como el informe de Charles Scicluna. La Comisión de Verdad y Reparación no solamente propondría un marco para las reparaciones de las personas que sufrieron abuso, sino también garantías de no-repetición, como cambios institucionales, de derecho canónico, del clericalismo y la cultura institucional del (ab)uso del poder.

El Estado debería además nombrar, como observadores del proceso y, especialmente, garantes de su transparencia, debido proceso, perspectiva de género y respeto a las minorías, particularmente de la diversidad sexual, el Instituto Nacional de Derechos Humanos u otra institución que pueda velar por el correcto desarrollo de los procedimientos.

Sábado, 16 Junio 2018 00:00

Acuerdo Corfo-SQM: el deber de consulta

Columna publicada en El Mercurio Legal el 15 de junio de 2018, también se puede leer en Derecho UDP

Esta columna fue escrita junto a Cristóbal Carmona

Columna publicada en El Mostrador, 25 de mayo de 2018

El Estado no se puede quedar inerte ante las revelaciones y la posible existencia de redes criminales y de encubrimiento al interior o al amparo de un organismo privado, incluso si este está protegido por la libertad religiosa. Esta no puede conllevar nunca privilegios en el derecho penal.

Columna publicada en El Mostrador, 28 abril de 2018

Esta columna fue escrita junto a María Eugenia Valdés

Columna publicada en La Tercera, 22 de enero de 2018

Esta columna fue escrita junto a Lidia Casas, Centro de Derechos Humanos de la UDP

Miércoles, 27 Diciembre 2017 00:00

Plan en DD.HH. del gobierno

Columna de opinión publicada en La Tercera, 23 de diciembre de 2017.

Viernes, 17 Noviembre 2017 00:00

Intentos de suicidio en el Sename

Columna de opinión publicada en La Nación, 12 de noviembre de 2017.-

Hace unas semanas, ocho jóvenes habrían intentado suicidarse, con drogas psicotrópicas, cortes profundos o ahorcamiento.Fueron llevados a un hospital por sus lesiones; un joven quedó internado a la espera de un examen psiquiátrico. Los otros fueron enviados de vuelta al Centro de Internación del Sename, correspondiente a un centro de justicia juvenil. A los días, otro joven intentó suicidarse en el mismo Centro. Además, se han reportado graves falencias en la limpieza e higiene del lugar, tanto en sus interiores tal como en el exterior.

Ante esta situación, se ha solicitado la intervención del Centro, y de parte de la asociación de trabajadores del Sename, la salida de una autoridad del Centro que no estaría calificada técnicamente para el cargo; mientras tanto, diputados de la República han pedido investigar los sucesos. El Sename ha negado que se haya tratado de intentos de suicidio e instruyó un sumario administrativo para determinar la responsabilidad por el ingreso de clonazepam al Centro, usado por algunos jóvenes para auto-agredirse.

Desde una perspectiva de derechos humanos, es completamente insuficiente el proceder de las autoridades. Reconociendo que el consumo de estupefacientes, especialmente los sintéticos de última generación, pueda ser un asunto muy difícil de detectar, el Estado tiene la obligación no solo de investigar posibles responsabilidades administrativas y penales en relación al cuidado de los jóvenes (ver Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP, 2017), sino también tiene la obligación constante de tomar todas las medidas necesarias -e idóneas- para proteger la vida y la integridad física y psíquica de los y las jóvenes.

Para quienes están bajo el cuidado del Estado, automáticamente aumenta el deber de protección: en el derecho internacional de los derechos humanos, siempre se considerará responsable al Estado por una muerte en detención, a menos que el Estado puede demostrar que siguió todos los protocoles que le exige el derecho internacional de los derechos humanos. Este deber de cuidado se incrementa si se trata -como en este caso- de adolescentes quienes se encuentran bajo la protección por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Así, el deber de prevención implica que el Estado debe adoptar medidas adicionales y preventivas -en este caso, por ejemplo, la derivación de los jóvenes a servicios de salud mental, en pos de la rehabilitación de consumo de drogas cuando ello proceda y de diagnósticos psiquiátricos- para evitar que la persona pueda volver a agredirse. Reenviar a siete de los ocho jóvenes de vuelta al Centro sin la adopción de medidas claras, parece, por tanto, por lo menos negligente. Como lo indica un funcionario del Sename, los jóvenes en el Centro de Internación son personas con un alto grado de vulnerabilidad; y justo por esta razón, aumenta (y no baja) el umbral de debida diligencia que se le exige al Estado.

Las autoridades deben una explicación sobre cómo han aplicado, en este caso, el protocolo de intervención para la prevención del suicidio infanto-juvenil. Sin juzgar, por falta de información y experticia médica, el riesgo de suicidio de los seis jóvenes, se impone la siguiente reflexión: Si realmente el riesgo de volver a atentar contra su vida era leve o moderado en estos casos (se debe dudar de esto hasta probar lo contrario), y si tal como recomienda el Ministerio de Salud en 2013, es una medida primordial de contención en casos de riesgo leve y moderado de suicidio, “poner [al / a la joven] en contacto con redes sociales y familiares”, pero que en caso de los jóvenes en la justicia juvenil esta opción no existe, ¿cómo se explica que no se tomen medidas adicionales de prevención para reemplazar la ausencia de esta red? ¿Es posible considerar que la exposición al mismo contexto donde ocurrió el intento de suicidio masivo pueda constituir una medida preventiva?

Cabe preguntarnos si la devolución al Centro de Internación no respondió, más bien, a la documentada falta de priorización de internos/as del Sename en los servicios de salud psiquiátrica.

"...Un sistema que multa menos —aquí, significativamente menos— que la ganancia o el ahorro en inversiones obtenido mediante la conducta infractora no es eficaz a menos que tenga una sanción creíble, no pecuniaria y adicional a disposición; en este caso, la real posibilidad de caducar una concesión..."

Lunes, 30 Octubre 2017 00:00

Caso Luchsinger y prisión preventiva

Columna de opinión publicada en La Tercera, 28 de octubre de 2017.

Señor director:

Las reacciones a las absoluciones en el caso han sido inmediatas: por un lado, responsabilizando a los operadores de la justicia por no haber garantizado el acceso a la justicia en un crimen gravísimo; por otro, reprochando mantener por largo tiempo en prisión preventiva a personas cuya responsabilidad finalmente no se acreditó.
La responsabilidad del Estado es doble: por cualquier violación del derecho a la vida debe garantizar acceso a la justicia y una investigación diligente que permita aclarar hechos y responsabilidades penales (artículos 4.1 y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sin embargo, como destacó la Corte Interamericana en reiteradas ocasiones, no existe derecho de la víctima a ver a una cierta persona declarada culpable, a menos que se acredite, más allá de cualquier duda razonable, su participación en los hechos.
También es responsabilidad del Estado garantizar un juicio justo a las personas imputadas (artículo 8 CADH). Solo nos enfocaremos en un elemento: la facultad estatal de decretar prisión preventiva. Ésta no puede exceder un plazo razonable, definido en relación a la complejidad del juicio. Además, y allí hay un problema con la legislación chilena que favorece, contrario al derecho internacional, que la prisión preventiva sea impuesta automáticamente a causa del tipo de delito que se imputa. Más bien, se debería probar caso a caso que la libertad de la persona pone en peligro la prueba, o que exista un riesgo fundado de fuga.
Si es posible lograr una investigación diligente con medios menos lesivos como arresto domiciliario, son éstos los idóneos. Si se acreditara que la orden de prisión preventiva haya sido excesiva, corresponde indemnizar por ella.
Cristián Riego y Judith Schönsteiner 
Centro de Derechos Humanos UDP

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