Judith Schönsteiner

Judith Schönsteiner

Profesora asociada de la Facultad de Derecho. Tiene un Doctorado en Derecho (2011) y un LL.M. en Derecho Internacional de Derechos Humanos (2006) por la Universidad de Essex, Inglaterra, y un M.A. en ciencia política por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania (2003). En 2001 y 2002, estudió en el Institut d’Etudes Politiques de Estrasburgo. Investigadora visitante del Max Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht (2012, 2016-2019) y profesora invitada del Master of Human Rights del Centro de Derechos Humanos de la Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.

De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. Miembro del Claustro del Doctorado en Derecho y del Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ambos de la Facultad de Derecho de la UDP. Integra el Editorial Board de la serie Interdisciplinary Studies in Human Rights de la editorial Springer.

Participó de la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de las Personas en Situación de Discapacidad (2014-2016), e integra el Comité Espejo del Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Chile desde 2011. Actualmente, miembro del Comité 360 del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas.

Se especializa en materia de empresas y derechos humanos, principalmente, en regulación e incentivos estatales para el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Por encomienda del Instituto Danés de Derechos Humanos, ha elaborado el Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016), el primer trabajo de su índole en Latinoamérica.

También ha estudiado las instituciones y procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos, y la implementación e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución Chilena (co-investigadora del proyecto Fondecyt Nº 1120909, con Javier Couso).

En 2018, finalizó un proyecto que investigó las obligaciones estatales y empresariales en el ámbito de empresas estatales y derechos humanos (Fondecyt de Iniciación Nº 11150853, Responsabilidad directa e indirecta del Estado por acciones y omisiones de las empresas estatales en materia de derechos humanos).

En 2020, se adjudicó un proyecto Fondecyt (regular) Nº 1201380 para estudiar las responsabilidades estatales y empresariales en las cadenas de suministro acuícolas en Chile, en los países de los consumidores, los inversionistas y financistas.

Ha capacitado en materia de empresas y derechos humanos a distintos actores, entre ellos, Ministerio de Relaciones Exteriores, DIRECON, Instituto Nacional de Derechos Humanos, comunidades indígenas, SONAMI, sindicatos, y ONGs, y en materia de derechos humanos en general, a la Defensora Penal Pública, Gendarmería de Chile, entre otros.

Publicaciones

Revistas

• Schönsteiner, J., O Plano Nacional de Ação sobre Direitos Humanos e Empresas do Chile: um balanço sobre o seu impacto discursivo e realum balanço sobre o seu impacto discursivo e real, Revista de Direito Internacional / Brazilian Journal of International Law, Vol. 16 Nº 3, pp. 94-111.

• Schönsteiner, J., “Attribution of State Responsibility for Actions or Omissions of State-owned Enterprises in Human Rights Matters”, University of Pennsylvania Journal of International Law, Volume 40, issue 4, 2019, 895-936.

• Schönsteiner, J., Proteger el medioambiente más allá de las fronteras: Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre Medioambiente y Derechos Humanos, en: Justicia Ambiental, Vol. 10, 2018.

• Schönsteiner, J., “El derecho internacional de los derechos humanos en el Tribunal Constitucional chileno: El mínimo común denominador”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile (Valdivia), Año 29, Vol. 1, 2016, 197-226.

• Schönsteiner, J. / Couso, Javier, "La implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Chile: Ensayo de un balance", Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Año 22, Número 2, 2015, pp. 315-355.

• Schönsteiner, J., Lovera, D., Beltrán y Puga, A., “Reflecting the human rights challenges of consolidating democracies: recent developments in the Inter-American System of Human Rights”, en: Human Rights Law Review Vol. 11, Issue No. 2, 2011, 362-389.

• Schönsteiner, J., “Dissuasive Measures and the “Society as a Whole”: A Working Theory of Reparations in the Inter-American Court of Human Rights”, American University International Law Review, Vol. 23, No. 1, 2007, pp. 127-164.

• Schönsteiner, J., “Alternative appointment procedures for the commissioners and judges in the Inter-American System of Human Rights”, Revista IIDH No. 46, San José, Costa Rica, 2007, pp. 195-215.

Capítulos en volúmenes editados

• Schönsteiner, J., Corporations and Social Rights, in: Binder, C. / Hofbauer, J. / Piovesan, F. / Úbeda de Torres, A. (eds.), Research Handbook on International Law and Social Rights, Elsiever, forthcoming 2020.

• Schönsteiner, J. / Zúñiga, M., “Compliance after “kind” reminders”, in: Grote, R. / Morales, M. / Paris, D. (eds), Edward Elgar Research Handbook on Compliance in International Human Rights Law, Elsiever, forthcoming 2020.

• Schönsteiner, J., / Contardo, J., “Chile”, in: Kessedjian, C., /Cantú, H. (eds.), Private International Law for Corporate Social Responsibility, Springer 2020, pp. 225-256.

• Schönsteiner, J. / Hervé, D. 2019, “Estado de la información sobre calidad de aire en Chile”, en: Vargas, Francisca (ed), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, 491-532.

• Órdenes, M. / Ramos, L. / Schönsteiner, J., Derecho a la educación: Proyecto de Admisión ¿Justa? Análisis a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos en materia de educación, en: Vargas, F. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP 2019, pp. 299-327.

• Schönsteiner, J. 2019, “Empresas y Derechos Humanos: lecturas a la luz del ius constitutionale comune, en: Von Bogdandy, A. et al. (eds.), Constitucionalismo Transformador, Inclusao e Direitos Sociais, Editora IusPodium, Salvador de Bahía, 193-223.

• Schönsteiner, J. 2019, La implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra Chile, en: Bogdandy, Armin von et al. (eds), Cumplimiento e Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Transformando Realidades, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, México, pp. 319-346. ISBN 978-607, 7822-56-1.

• Schönsteiner, J. 2018, "Empresas y Derechos Humanos: Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas y Plan Nacional de Derechos Humanos", en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, 317-342.

• Schönsteiner, J. 2018, “Empresas y Derechos Humanos: lecturas a la luz del ius constitutionale comune", en: Von Bogdandy, A. et al. (eds.), El constitucionalista transformador en América Latina y el derecho económico internacional. De la tensión al diálogo, Editorial Jurídia UNAM, 397-426.

• Contreras, M. / Schönsteiner, J. 2017, Empresas sanitarias y derecho al agua, in: Vial, Tomás (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 99-162.

• Schönsteiner, J. / Díaz, M. 2016, “Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2015", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 495-525. ISBN 978-956-314-367-6

• Schönsteiner, J. 2016, “Brechas de Cumplimiento: Estado, empresas y derechos humanos”, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 123-171. ISBN 978-956-314-374-4

• Schönsteiner, J. / Silva, V. 2016 / Alarcón, F. / Cisternas, P., Derecho a la Vivienda: los campamentos en Chile, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 81-121. ISBN 978-956-314-374-4

• Schönsteiner, J. / Apiolaza, C. / Díaz, M. / Martínez, V. 2015, "Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 471-503. ISBN 978-956-314-337-9.

• Schönsteiner, J. / Macari, M. / Rojas, C. / Vergara, A. 2014, "Reseña de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público 2014, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 589-617. ISBN 978-956-314-291-4.

• Schönsteiner, J. / Barros, A. 2014, "Diligencia debida: proyectos de inversión, propiedad sobre los recursos naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas concernidos", en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 203-244. ISBN 978-956-314-978-956-314-374-4301-0.

• Schönsteiner, J. / Paul, G. 2013, "Transitional Justice and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights", en: Michalowski, Sabine, Corporate Accountability in the Context of Transitional Justice, Routledge 2013, pp. 93-113.ISBN 978-0-415-52490-2.
Coddou, A. /Schönsteiner, J./ Vial, T. 2013, "La ley antidiscriminación en Chile: avances e insuficiencias en la protección de la igualdad y la no discriminación", en: Vial, T. (ed), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 285-309. ISBN 978-956-314-243-3.

• Schönsteiner, J. / Aranis, K. / Benítez, D. / Macari, M. / Rey, B. 2013, "Revisión de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 548-581. ISBN 978-956-314-228-0.

• Schönsteiner, J. / Benítez, D. / Fuentes, C. / Mariangel, S., 2012, "Algunos fallos emblemáticos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011”, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 515-539, ISBN 978-956-314-138-2.

• Schönsteiner, J. / Hervé, D. / Meves, I. / Mariangel, S. 2012, “Violaciones a los derechos humanos y medioambiente en Puchuncaví-Ventanas”, en: Coddou, A. (ed.) Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 131-161. ISBN 978-956-314-190-0.

• Schönsteiner, J. 2011, “Irreparable damages, project finance and access to remedies by third parties”, en: Leader, S. (ed.), Global Project Finance, Human Rights, and Sustainable Development, Cambridge University Press, 278-315. ISBN 978-0-521-76260-1.

• Schönsteiner, J. 2010, Hacia mayor seguridad jurídica en la protección regional de los derechos humanos: las reformas procesales en el Sistema Interamericano, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 291-318. ISBN 978-956-314-099-6.

• Schönsteiner, J. 2010, Responsabilidad empresarial y derechos humanos: el caso de la gran minería, en: Contesse, J. (ed.), Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago, pp. 407-448. ISBN 978-956-314-116-0.

Otras publicaciones

• Schönsteiner, J. et al., Estudio de Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, 2016, disponible en: www.derechoshumanos.udp.cl, 215 páginas.

• Schönsteiner, J. / De la Maza, C. 2013, Amicus Curiae, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán contra Chile, San José Costa Rica, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 23 páginas.

• Schönsteiner, J. 2013, Challenges for Chilean Investors. The Effects of the OCDE Guidelines for Multinational Enterprises. A Practical Approach, Informe para los Puntos Nacionales de Contacto de Noruega y Chile, Oslo / Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 32 páginas.

• Schönsteiner, J. et al. 2012, Fortalecimiento de la Democracia y el Derecho de Acceso a la Información en Chile, Serie de Estudios No. 9, Fundación Konrad Adenauer, Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/libros, 78 páginas.

• Schönsteiner, J./ Van Yurick, M.E., Comunidades Indígenas, Derechos Humanos y Empresas, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, sin editorial, 150pp. ISBN 978-956-362-188-4. Publicado.

• Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016) en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/empresaddhh/Sch%C3%B6nsteiner_Estudio%20Linea%20Base%20Chile%2027.5.2016.pdf

Becas

Alumna del Arts and Humanities Research Council (beca de doctorado), y del Cusanuswerk (beca de pre- y posgrado).

Docencia en materia de derechos humanos:

Derecho Internacional de los Derechos Humanos

• Derechos Económicos, Sociales y Culturales
• Empresas y Derechos Humanos (pregrado y Magister)

Supervisión de tesis de magister:

• Vicente Martínez
• Oscar Recabarren
• Javiera Rosenda
• Francisco Sánchez
• Marcela Zúñiga
• Diego Lillo 
• Verónica del Pozo


Supervisión de estudiantes de doctorado:

• Cristóbal Carmona
• Marcela Zúñiga

Por Marcela Zúñiga y Judith Schönsteiner.

Publicado originalmente en El Mostrador el 29 de Octubre.

¿Han sido adecuadas, oportunas, idóneas y efectivas las medidas adoptadas por el Estado? ¿El Estado ha emprendido un real proceso de reparación coordinado y dialogado? ¿Ha realizado el requerido reconocimiento de responsabilidad por exceder lo permitido por la legítima defensa y la proporcionalidad? Por el momento, la respuesta parece ser negativa. Esperemos que las víctimas no tengan que activar miles de demandas por falta de servicio, antes de que el Estado reconozca su responsabilidad institucional por el uso excesivo de la fuerza.

Desde que se conocieron las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social, el Estado de Chile ha intentado emprender acciones con miras a rehabilitar o “reparar” a las víctimas por los daños sufridos por parte de agentes del Estado. Transcurrido ya más de un año desde el inicio de las protestas, cabe preguntarse si esos esfuerzos han sido idóneos, oportunos y efectivos.

El derecho internacional de los derechos humanos exige que toda violación de DDHH sea íntegramente reparada. Esta obligación es adicional a la de investigar el delito y sancionar a los(as) responsables. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha reconocido en su jurisprudencia constante que los Estados tienen el deber, por un lado, de declarar y reconocer las violaciones cometidas por sus agentes o bajo su tolerancia y, por otro, reparar el daño causado por tales actuaciones, independientemente de la declaración de responsabilidad penal en el caso. Tal proceso requiere que cada poder del Estado actúe coordinadamente, de acuerdo con su capacidad institucional, con el objetivo de otorgar una reparación íntegra.

Ahora bien, ¿qué medidas concretas pueden contribuir a la reparación de los daños? La propia Corte IDH ha establecido que la reparación toma diversas formas, tales como medidas de restitución (si es posible), satisfacción, rehabilitación e indemnización. Además, deben cesar las violaciones y otorgarse garantías de no repetición.

Ejemplos son la restitución de tierras ancestrales; actos de reconocimiento de responsabilidad estatal y disculpas públicas de parte de los órganos que han cometido la infracción; memoriales para las víctimas y sus familias; pagos de gastos funerarios; otorgamiento de tratamientos médicos gratuitos –físicos, psicológicos y psiquiátricos–, incluidos medicamentos y transporte, así como rehabilitación en caso de discapacidad adquirida, a cargo de equipos multidisciplinarios por el tiempo que sea necesario. La creación, modificación y/o derogación de leyes que facilitaron o causaron la violación; capacitación a funcionarios públicos; elaboración e implementación de protocolos, así como también indemnizaciones por daño patrimonial y moral.

En Chile, los esfuerzos de reparación han seguido distintas vías. En diciembre de 2019, se creó el “Programa Integral de Reparación Ocular”, cuya implementación no ha estado ausente de críticas, especialmente vinculadas al retardo en las prestaciones, falta de apoyo psicológico y problemas en la tramitación de licencias médicas, gestión de medicamentos y declaraciones de invalidez. Esto dio pie a que el Gobierno anunciara hace un mes la presentación de un proyecto de reparación para las víctimas del estallido social, anuncio que a la fecha no se ha materializado.

Además, la presidenta del Senado informó el pasado viernes que, junto a la Comisión de Derechos Humanos, habían constituido una mesa para contribuir a la verdad, justicia y reparación de las violaciones cometidas, junto con el objetivo de incluir recursos para que el Programa PRAIS se haga cargo de atender a las personas que sufrieron mutilaciones graves. Esto, además, incorporando medidas para que no se repitan las violaciones de DDHH. Como hemos dicho, la verdad es parte de la reparación integral y, en este sentido, es valorable la iniciativa del Senado.

En el mismo sentido, diputados de la oposición presentaron un proyecto de reparación e indemnización para las víctimas de violencia estatal y sus familiares. El proyecto apunta a “establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad del Estado de Chile”, mediante la aplicación de una serie de excepciones probatorias bajo el procedimiento de juicio sumario regulado en el Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, el Ministerio Público y el Poder Judicial han intentado reaccionar ante la enorme cantidad de delitos denunciados, cuestión que deben hacer de oficio, pero que también es reclamada por la mayoría de las víctimas, dada la expectativa de que los delitos más graves –contra la integridad y la vida– encuentran justicia, principalmente, en la sanción penal efectiva. A la fecha, el porcentaje de formalización no supera el 1%. Como muestra el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP de 2020, el Ministerio Público no da abasto para otorgar una rápida respuesta a las víctimas, a pesar de haber tomado medidas para adecuar los métodos de trabajo a la mayor cantidad de causas.

Dado este contexto, ¿han sido adecuadas, oportunas, idóneas y efectivas las medidas adoptadas por el Estado? ¿El Estado ha emprendido un real proceso de reparación coordinado y dialogado? ¿Ha realizado el requerido reconocimiento de responsabilidad por exceder lo permitido por la legítima defensa y la proporcionalidad? Por el momento, la respuesta parece ser negativa. Esperemos que las víctimas no tengan que activar miles de demandas por falta de servicio, antes de que el Estado reconozca su responsabilidad institucional por el uso excesivo de la fuerza.

Martes, 27 Octubre 2020 00:00

Tratados en la nueva Constitución

Carta al director publicada originalmente en La Tercera el 27 de Octubre.

SEÑOR DIRECTOR

El presidente de la CPC, Juan Sutil, señaló a este medio que “debemos también fortalecer todos los tratados internacionales, partiendo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por los de libre comercio, hasta llegar a todos los relativos a la protección de la inversión extranjera.”

Siguiendo esta propuesta, los derechos humanos habrían perdido, por dos razones principalmente. Primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es no vinculante en el derecho internacional, además de ser más vaga que los tratados de derechos humanos. Segundo, los tratados internacionales económicos obtendrían, de jure y de facto, un reconocimiento mayor que los tratados de derechos humanos. La razón: aquellos sí son vinculantes en el derecho internacional, y tomarían precedencia sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al no incorporar los tratados de derechos humanos, y a mayor jerarquía que los tratados económicos.

La propuesta del señor Sutil nos llevaría de vuelta incluso a antes del 1989, cuando el artículo 5º inciso 2º introdujo esta diferencia. Chile estaría violando la cláusula de progresividad del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturas, y desoiría, además, la voz de la ciudadanía que ha exigido la mayor garantía de los derechos sociales.

Judith Schönsteiner

Centro de Derechos Humanos UDP

Por Dominique Hervé y Judith Schönsteiner, académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Publicado originalmente en La Tercera el 23 de Abril.

Un estudio reciente de la Universidad de Harvard concluyó que “un pequeño aumento en la exposición a largo plazo al material particulado fino PM2.5 conduce a un gran aumento en la tasa de mortalidad de Covid-19, con una magnitud de aumento 20 veces mayor que la observada para PM2.5 y mortalidad por otras causas”. Si bien no es de extrañar que la exposición de las personas a contaminación atmosférica genere una situación de mayor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sí resulta llamativo que, al parecer, el riesgo es todavía mucho mayor cuando hablamos del Covid-19.

Es de público conocimiento que numerosas ciudades de la zona centro y sur de nuestro país están saturadas por contaminación atmosférica, en particular PM2.5, una situación que también afecta a localidades específicas en la zona norte, ante la presencia de ciertas industrias. La reducción o detención de actividades productivas –algo que puede resultar dañino en lo económico y laboral– hace previsible una menor exposición a este material particulado durante este invierno, pero esa baja podría contrarrestarse: las emisiones por calefacción particular de leña o combustibles fósiles de otra índole deberían más bien aumentar, por el mayor tiempo que las personas deben permanecer en sus casas.

En este escenario, se torna indispensable contar con información detallada, válida y confiable sobre los índices de contaminación (una carencia que ha destacado el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP), a fin de diseñar e implementar medidas de mediano y largo plazo para disminuir la contaminación. Ello es más urgente ante el riesgo adicional de que quienes se enferman por el Covid-19 tengan consecuencias más graves si están expuestos a contaminación atmosférica. Y es necesario incluso pese a las diferencias de opinión en la comunidad científica en torno a la relación entre la contaminación atmosférica y la propagación del coronavirus por el aire: el llamado principio de precaución sostiene que, ante la incertidumbre científica, aumenta –en vez de disminuir– la exigencia de protección e información.

Los resultados del estudio de la Universidad de Harvard subrayan la importancia de adoptar medidas inmediatas para mejorar la información que se entrega a la ciudadanía en materia de contaminación, así como para prevenir el empeoramiento de la calidad de aire. La crisis sanitaria del Covid-19 solo aumenta la urgencia de ello, y las medidas beneficiarán a todos los pacientes de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Y una vez superada la pandemia, estas medidas deberán hacerse permanentes, justamente porque responden a una necesidad continua que sólo se hace más visible por el virus.

Columna originalmente publicada el 07 de Abril 2020 en El Mostrador 

Ciertamente, el Coronavirus no hace distinción entre ricos y pobres: contagia por igual. Y también es verdad que, en esta oportunidad, las comunas del sector oriente de la capital, con mayor nivel de ingresos, registran más contagios, probablemente por el privilegio de los más ricos de poder viajar a Europa o Asia en las vacaciones o por negocios. Aunque esto podría deberse, además, a una menor detección de casos en comunas como Estación Central, donde las personas no van al médico a menos que estén muy mal.

Sin embargo, mientras el virus trata y tratará a todos y todas por igual, nuestro sistema de salud no lo hace. Sin medidas decididas por parte de la autoridad, la preocupante escasez de insumos que se vislumbra (ver El Mostrador del 3 de abril), golpeará con más fuerza a los sectores más vulnerables, perpetuando la discriminación estructural que caracteriza el sector salud en Chile y que ha sido diagnosticada reiteradamente en instancias como el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP. En pocas palabras, mientras no se centralice la respuesta sanitaria con criterios transversales a nivel nacional, la prevención y el cuidado serán mejor en las comunas ricas que en las pobres.

La declaración del estado de catástrofe entrega a las autoridades facultades para regular nuestros dos sistemas de salud – el privado y el público –, de tal forma que ante la crisis respondan como uno solo. Ya se han tomado médicas rápidas, como el ingreso de bonificación del test a la canasta básica de FONASA (indispensable para tener la cobertura de las Isapre) o la distribución central de las camas de cuidado intensivo (respiración mecánica), cuya implementación debe ser fiscalizada. Pero las autoridades deben hacerse cargo también de otros problemas graves, entre ellos la falta de abastecimiento de insumos básicos de higiene, la persistente mentalidad de que cada centro y hospital “se la arregle solo”, y la protección de los y las trabajadores de la salud.

Ante estas urgencias, es preocupante que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señale que los municipios pueden hacer mucho más contratando una mayor cantidad de profesionales y personal sanitario: ¿con qué dinero, si los presupuestos del sector se cubren a partir de un per cápita que se calcula por comuna? La atención y la presión sobre el servicio salud primaria en comunas con más ingresos ciertamente no es la misma que en sectores populares.

La discriminación estructural en el sistema de salud de Chile quedará de manifiesto si la salud pública se ve obligada a dar prioridad a pacientes de COVID-19, desatendiendo otros casos urgentes o graves. El efecto sería una discriminación indirecta, prohibida por el derecho internacional: sólo quien tiene los recursos para atenderse en el sistema privado podría acceder a exámenes o tratamiento de enfermedades como el cáncer. El triage de gravedad se debe realizar sobre todos los casos que se presentan, no sólo los relacionados al Coronavirus. La transparencia requiere que las autoridades informen sobre la cantidad de casos urgentes que no se pudieron atender, por ejemplo, por no disponer de salas o equipos de operación, y cuáles son los criterios con que se rechaza el diagnóstico o tratamiento de un caso no-COVID-19.

En las próximas semanas, Chile tendrá que adoptar, adicionalmente, un protocolo sobre los criterios más concretos que apliquen para tratar a pacientes de COVID-19 y cómo priorizarlos en relación con otros casos de riesgo vital como los descritos en el párrafo anterior. Criterios distintos a los estrictamente médicos (probabilidades de supervivencia y eficacia del tratamiento, por ejemplo) contravendrían la prohibición de discriminar en las garantías de salud. Una exclusión ex ante (general y automática) de ciertos grupos de personas del acceso a respiración mecánica, por ejemplo, sería contraria a esta prohibición.La crisis es una oportunidad.

Dado que es nos amenaza a todos y todas, podría ayudarnos a aprender, finalmente, a abordar la discriminación estructural que impide que gocemos de acceso igualitario a salud de la misma calidad, tanto quienes habitan en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea como mis vecinos y vecinas de Estación Central. Cualquier exclusión o dificultad de acceso hacia las personas y grupos menos favorecidos en Chile (de tez más oscura, origen social menos prestigioso o –la de mayor incidencia en el país– un bolsillo más flaco) contravendría las obligaciones que el Estado ha contraído internacionalmente.

Cierto, no todo será posible. Los recursos son limitados y eso se muestra incluso en países con los mejores y equitativos sistemas de salud del mundo. Habrá quienes morirán. Pero las obligaciones internacionales – y la dignidad de las personas – nos obligan a distribuir la escasez de manera justa, transparente y preocupándonos por todas las patologías con posible riesgo vital, no solamente COVID-19. Permitir que sea el mercado el que haga esa distribución o no crear mecanismos adicionales de solidaridad entre comunas ricas y comunas pobres sería una negligencia grave.

Miércoles, 11 Diciembre 2019 00:00

No sabemos qué respiramos

*Esta columna fue escrita junto a Dominique Hervé, Facultad de Derecho UDP. Originalmente publicada en la Tercera, el 11 de Diciembre 2019

Lo que se hizo patente durante los últimos años en la zona industrial de Puchuncaví-Quintero es un problema sistémico a lo largo del país: no podemos estar seguros sobre qué respiramos. Esa ignorancia es en sí un problema para el derecho a la salud y se ve acentuada actualmente en algunos sectores, dadas las emisiones por incendios y barricadas y el uso masivo de gases lacrimógenos en las últimas semanas.

En chile, la información ambiental sobre calidad de aire a pesar de existir un sistema que la regula– no cumple con los estándares de derechos humanos aplicables tanto para el acceso a la información, como para la calidad y contenido de la misma.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP de 2019, publicado en noviembre, reveló que los datos con los que contamos sobre los contaminantes en nuestras ciudades y pueblos son incompletos, por no abarcar todos los principales contaminantes nocivos para la salud y por no ser debidamente accesibles. Solo la información sobre material particulado grueso (PM10) se encuentra sistemáticamente disponible para la población.

Uno de los mayores problemas identificados por el informe es la falta de calidad de los datos que se usan para tomar decisiones de políticas públicas, tales como la adopción de planes de descontaminación. Así, existen errores de medición, ubicación no representativa de estaciones de monitoreo, baja frecuencia de mediciones y la ausencia de un laboratorio de referencia y un mecanismo de verificación de la calidad de la información sobre contaminación del aire. Otro aspecto del problema es que Chile no ha definido las concentraciones de contaminantes según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (nuestro país es más permisivo) y, peor aún, no ha abarcado contaminantes tan riesgosos como el carbono negro, o el arsénico y benceno que forman parte del PM10 y PM2.5.

Con ello, sabemos el tamaño de los contaminantes que respiramos, pero no su toxicidad; por lo tanto, no podemos tomar acciones individuales ni colectivas informadas para proteger nuestra salud.

La calidad del aire está íntimamente relacionada con el cambio climático, pero necesitamos datos distintos para hacer frente a cada uno: mientras para el último interesa reducir la cantidad de emisiones (y, por lo tanto, se miden éstas), la calidad de aire requiere además información sobre la concentración de los contaminantes en lugares habitados. Sin ella, no sabremos qué respiramos. Es preocupante que, justamente en el año de la COP25 del cambio climático, el informe revele que la cantidad de fiscalizaciones de calidad de aire por parte de la Superintendencia de Medioambiente ha bajado drásticamente.

En definitiva, es urgente avanzar para establecer las condiciones para un sistema independiente y transparente de verificación de la calidad de los datos sobre la contaminación del aire en el país.

Martes, 10 Diciembre 2019 00:00

Empresas, derechos humanos y estallido social

Columna originalmente publicada el 06 de Diciembre 2019

Organismos internacionales como Naciones Unidas y la OCDE, así como en el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas en Chile (a renovarse el próximo año), reconocen que las empresas deben respetar los DDHH y prevenir los impactos negativos que atenten contra ellos. Esto va incluso más allá de lo que les exija la ley; tal como ejemplificó la iniciativa #primerpaso, que reúne empresas que se comprometieron a no pagar sueldos menores de $ 500.000. No obstante, el actual contexto de crisis social y política en Chile ha dejado en evidencia que la definición de “impacto” que han manejado empresas y gremios muchas veces queda corta, y se reduce a los efectos directos, por ejemplo, sobre el derecho a la salud de la población aledaña afectada por las emisiones de sus instalaciones.

Esta definición acotada deja fuera tres formas de impacto indirecto que atingen al debate sobre justicia social y que, pese a no ser nuevas, deben ser reconocidas y eficazmente combatidas en cualquier acuerdo social futuro que pretenda ser justo. Éstas son: la corrupción y el financiamiento indebido de campañas políticas; la evasión de impuestos y el lobby tributario a favor de quienes tienen más recursos; y el lobby contra una mayor regulación para garantizar derechos sociales. Estos se dan en el contexto de la privatización de los servicios sociales cuando éstos son rentables, y la falta de mecanismos solidarios para proveer servicios de calidad cuando no lo son.

La capacidad de influenciar las elites políticas es claramente mucho mayor de la que tienen las personas afectadas, a pesar de una sociedad civil organizada y órganos de protección como el INDH o el SERNAC. En las últimas semanas, los casos sobre financiamiento de la política y corrupción que terminaron en salidas alternativas o sin condenas nos hablan elocuentemente de cómo la cancha está desequilibrada: algunos se enriquecen o aceptan beneficios económicos en perjuicio de la posibilidad del Estado de garantizar los DDHH.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que ningún Estado, grupo o persona puede emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de los DD.HH. Lo que se pide con toda razón a quienes saquean – que no afecten los derechos laborales de los trabajadores, por ejemplo – se debería pedir con mayor razón a quienes tienen poder y capacidad de generar un mucho mayor desbalance a los derechos humanos que los primeros.

Martes, 10 Diciembre 2019 00:00

Día de los Derechos Humanos

Carta publicada originalmente en El Mercurio por Judith Schönsteiner y Lidia Casas el 10 de Diciembre 2019,

Tradicionalmente, el 10 de diciembre el INDH ha presentado su Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile. Este es el primer año desde su creación en que no ocurrirá, ya que los y las funcionarios han tenido que desplegarse día y noche en calles, comisarías y hospitales para velar por el respeto a los DD.HH., dada la urgencia y gravedad de los acontecimientos en el país.

En este contexto, debe valorarse positivamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya creado una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI), informada el pasado jueves, ante la grave preocupación del organismo internacional por las violaciones de DDHH en nuestro país. El mecanismo –que también se ha instalado en países como Venezuela (desde 2017), Nicaragua (2018), Haití (2019) y Bolivia (2019)– busca “monitorear y dar respuesta a la situación de DD.HH.“, enfocándose principalmente en patrones de violaciones y asuntos estructurales, incluyendo de derechos sociales, y no en casos aislados.

Mientras la CIDH prepara su visita a Chile, esperamos que el INDH cuente con los recursos necesarios para realizar su labor en el nuevo contexto y no sólo medidas paliativas para responder a la contingencia.

Por Judith Schönsteiner y Lidia Casas
Centro de Derechos Humanos UDP

Miércoles, 06 Noviembre 2019 00:00

Derechos humanos

Carta publicada junto a Lidia Casas, originalmente en La Tercera el 05 de Noviembre 2019

SEÑOR DIRECTOR

Manifestamos nuestra preocupación por las opiniones que consideran innecesaria la visita de la Comisión Interamericana de DD.HH. en este momento.

La protección de los DD.HH. se logra aplicando estándares internacionales, tal como señala el mandato del Instituto Nacional de DD.HH., por lo que la colaboración con órganos internacionales es de suma importancia para la correcta interpretación de esos estándares.

Estos organismos también brindan apoyo necesario al INDH y otras instituciones (como organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales) para la protección de quienes defienden los DD.HH. en Chile. Estas personas no gozan de protección específica, lo que por sí solo es razón suficiente para invitar a la CIDH, que tiene amplia experiencia en ello. Por ejemplo, el personal del INDH ha trabajado en circunstancias adversas e incluso ha sido agredido.

Pero el apoyo de la CIDH no debe limitarse a observar, evaluar y recomendar cómo investigar, sancionar y prevenir las violaciones a derechos como la integridad, libertad de expresión, circulación y reunión y el derecho a la vida. Su mandato también le permite aclarar estándares internacionales en materia de derechos sociales que están en el corazón de las demandas populares, así como otros sobre la obligación del Estado de proteger los DD.HH. de posibles vulneraciones por parte de terceros (privados).

Todo ello es de máxima relevancia en la discusión que debemos tener para fortalecer nuestra democracia y justicia social.

Lidia Casas
Judith Schönsteiner

Centro de Derechos Humanos UDP

 

Carta publicada originalmente en La Tercera, por 206 profesores y profesoras de derecho, entre ellas, Lidia Casas y Judith Schönsteiner

“Ante la grave crisis política y social que vive Chile y las violaciones a los derechos humanos que se han producido”.

Así se titula la carta firmada hoy por 206 académicos -decanas y decanos- de las principales escuelas de derecho del país que reaccionaron ante los casos de abusos policiales y militares que se han conocido tras cinco jornadas de protestas en el país.

“Como profesoras y profesores de derecho de diversas facultades del país y de diversas posturas políticas no podemos guardar silencio ante la situación actual que vive nuestro país”, dice el encabezado de la misiva.

Acto seguido sostienen que “condenamos las graves violaciones a los derechos humanos que se han constatado en diversos lugares del país. Hemos tenido noticia de hechos gravísimos que, con el transcurrir de los días, muestran patrones comunes. Exigimos que las autoridades con poder de mando sobre las fuerzas militares y de orden corrijan a la brevedad esta situación e impidan que se vuelvan a cometer. Asimismo, hacemos un llamado a los efectivos militares y de orden a hacer uso de la fuerza de la forma menos lesiva posible, cumpliendo estrictamente los estándares internacionales, y dentro del marco jurídico vigente”.

En el punto 2 de la carta sostienen que “exigimos que las autoridades pongan término al Estado de Emergencia y al toque de queda lo más pronto posible, pues constituyen restricciones graves a derechos y libertades fundamentales de las personas de nuestro país”.

Agregan que “exigimos que se respeten los derechos de los manifestantes, y esperamos que sus demandas sean escuchadas y canalizadas por las autoridades de los diversos poderes del Estado. Esperamos un diálogo efectivo, responsable y de buena fe para elaborar un pronto camino de solución a la demanda social”.

Hacen un llamado también a los abogados y abogadas de todo el país a que informen a la ciudadanía sobre sus derechos y los medios para ejercerlos, y que asuman la representación gratuita y oportuna de quienes vean vulnerados sus derechos. “Asimismo, instamos a que informen de los medios de fiscalización ciudadana del poder, en especial, de los procedimientos militares y policiales, recabando medios de prueba”, dicen.

“Conminamos a sociedad civil organizada a que contribuyan a difundir y garantizar la dignidad y derechos de todas las personas. Respaldamos el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Conminamos a todas las autoridades, funcionarios y la ciudadanía en general a que colabore con dicha institución para que pueda desplegar su labor de la manera más eficaz”, agregan.

En la misiva también se respalda la labor realizada por el Poder Judicial controlando la legalidad de detenciones y amparando la libertad de detenidos, asegurando que “los instamos a que sigan desarrollando su labor con el mayor celo posible”.

Agradecen además a los estudiantes de derecho de diversas facultades del país “que de forma solidaria han realizado asistencia jurídica gratuita durante estos días de excepción constitucional. Instamos a que sigan desarrollando su labor y a que la ciudadanía colabore en ello”.

“Señalamos que desde ya nos comprometemos a que ningún acto constitutivo de una violación a los derechos humanos quede impune, impulsaremos incansablemente que se hagan efectivas todas y cada una de las responsabilidades legales, constitucionales e internacionales que correspondan a los hechos acaecidos en estos días, respecto de las autoridades de gobierno, como los miembros de las fuerzas armadas y de orden”, finaliza la carta.

Firman esta carta:

Agustina Alvarado, Universidad Católica del Norte.
Alberto Coddou, Universidad Austral de Chile.
Alejandra Hermosilla, Universidad de Viña del Mar.
Alejandra Zúñiga, Universidad de Valparaíso.
Álvaro Castro, Universidad de Chile.
Álvaro Domínguez, Universidad de Concepción.
Álvaro Fuentealba, Universidad de Chile.
Álvaro Magasich, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Álvaro Núñez, Universidad Austral.
Amaya Alvez, Universidad de Concepción.
Ana María García, Universidad de Chile.
Andrea Martones, Universidad de Chile.
Andrés Benavides, Universidad de Valparaíso.
Andrés Delgado, Universidad Autónoma de Chile.
Barbara Sepúlveda, Universidad Alberto Hurtado
Boris Hau, Universidad Alberto Hurtado.
Camila Troncoso, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Camilo Arancibia, Universidad de Valparaíso.
Carlos Cabezas, Universidad de Antofagasta
Carlos Navia, Universidad de Valparaíso.
Carolina Bruna, Universidad de Chile.
Catherine Ríos, Universidad Nacional Andrés Bello.
Cecilia Valenzuela, Universidad de Valparaíso.
César Ramos, Universidad Diego Portales.
Christian Scheechler, Universidad Católica del Norte.
Christian Suárez, Universidad de Talca.
Christian Viera, Universidad de Valparaíso.
Claudia Sarmiento, Universidad Alberto Hurtado y Universidad Adolfo Ibáñez.
Claudio Agüero, Universidad Alberto Hurtado
Claudio Fuentes, Universidad Diego Portales.
Claudio González, Universidad de O’Higgins.
Claudio Nash, Universidad de Chile.
Constanza de la Fuente, Universidad Austral de Chile.
Constanza Salgado, Universidad Adolfo Ibañez.
Consuelo Cortés, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Consuelo Murillo, Universidad Austral de Chile.
Cristián Alarcón, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Cristóbal Carmona, Universidad Diego Portales.
Cristóbal Osorio, Universidad Nacional Andrés Bello.
Danae Fenner, Universidad de Chile.
Daniel Mondaca, Universidad de Valparaíso.
Daniel Hasson, Universidad Nacional Andrés Bello.
Daniela Accatino, Universidad Austral de Chile.
Daniela Marzi, Universidad de Valparaíso.
Daniela Méndez, Universidad Santo Tomás.
Diego Pardo Álvarez, Universidad Austral de Chile.
Diego Pardow, Universidad de Chile.
Diego Rochow, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Domingo Lovera, Universidad Diego Portales.
Edgardo Riveros, Universidad Central de Chile.
Eduardo Bofill, Uniersidad de Valparaíso.
Eduardo Caamaño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Elvira Badilla, Universidad Católica del Norte.
Ema Salinas, Universidad de Chile.
Ernesto Vásquez, Universidad de Chile.
Emilio Oñate, Universidad Central de Chile.
Enrique Letelier, Universidad de Valparaíso.
Enrique Rajevic, Universidad Alberto Hurtado.
Enzo Solari, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Erick González, Universidad Nacional Andrés Bello.
Esteban Szchmulevic, abogado constitucionalista.
Estefania Esparza, Universidad de la Frontera.
Ezio Costa, Universidad de Chile.
Fabiola Girao, Universidad de Valparaíso.
Federico Szczaranski, Universidad de Talca.
Felipe Abbott, Universidad de Chile.
Felipe González, Universidad de Valparaíso.
Felipe Gorigoitía, Universidad de Valparaíso.
Felipe Paredes, Universidad Austral de Chile.
Fernando Atria, Universidad de Chile.
Fernando Muñoz, Universidad Austral de Chile.
Flavia Carbonell, Universidad de Chile.
Flavio Quezada, Universidad de Valparaíso.
Francisca Moya, Universidad Adolfo Ibáñez.
Gladys Camacho, Universidad de Chile.
Gloria Mancilla, Universidad de Talca.
Gonzalo Berríos, Universidad de Chile.
Gonzalo Cortés, Universidad Católica del Norte.
Guillermo Jiménez, Universidad Adolfo Ibáñez.
Guillermo Silva, Universidad de Chile.
Hugo Tórtora, Doctor en Derecho.
Humberto Carrasco, Universidad Católica del Norte.
I. Vidal Tamayo, Universidad Autónoma de Chile
Ignacio Ackermann, Universidad de Valparaíso.
Inés Robles, Universidad de Valparaíso.
Ismael Martínez, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Iván Vidal Tamayo, Universidad Autónoma de Chile.
Jaime Bassa, Universidad de Valparaíso.
Javier Valle, Universidad de Tarapacá.
Javier Arévalo, Universidad de Chile.
Javier Contesse, Universidad de Chile.
Javier Velásquez, Universidad Católica de Temuco.
Javier Wilenmann, Universidad Adolfo Ibáñez
Javiera Arce, Universidad de Valparaíso.
Javiera Tapia, Universidad Nacional Andrés Bello.
Jesús  Ezurmendia, Universidad de Chile.
John Charney, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Jonatan Valenzuela, Universidad de Chile.
Jörg Stippel, Universidad Autónoma de Chile.
Jorge Astudillo, Universidad Andrés Bello.
Jorge Contesse, Rutgers University y Universidad Diego Portales.
Jorge Ulloa, Universidad Central de Chile.
José Ángel Fernández, Universidad Austral de Chile
José Henríquez Muñiz, Asociación de Pensamiento Penal.
José Ignacio Núñez, Universidad Central de Chile.
José Luis Ugarte, Universidad Diego Portales.
José Miguel Valdivia, Universidad de Chile.
José Pablo Gómez, Universidad Santo Tomás.
Juan Antonio Núñez, Universidad Central de Chile.
Juan Carlos Ferrada, Universidad de Valparaíso.
Juan Enrique Serrano, Universidad de La Frontera.
Juan Pablo Severin, Universidad Católica del Norte.
Juan Sebastián Vera, Universidad Austral de Chile.
Judith Schönsteiner, Universidad Diego Portales.
Kamel Cazor, Universidad Católica del Norte.
Karin Uribe, Universidad de Valparaíso.
Karina Saavedra, Universidad Nacional Andrés Bello.
Karla Varas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Laura Albornoz, Universidad de Chile.
Laura Mayer, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Lautaro Contreras, Universidad de Chile.
Leonardo Moreno, Universidad Alberto Hurtado.
Leticia Morales, Universidad Austral.
Lidia Casas, Universidad Diego Portales.
Lieta Vivaldi, Universidad Diego Portales y Universidad de Chile.
Liliana Galdámez, Universidad de Chile.
Lorena Lorca, Universidad de Chile.
Luciano Rojas, Universidad de Talca.
Luis Cordero, Universidad de Chile.
Luis Palacios, Universidad San Sebastián.
Luis Villavicencio, Universidad de Valparaíso.
Luppy Aguirre, Universidad de Chile.
Macarena Vargas, Universidad Diego Portales.
Manuel Núñez, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Magdalena Bustos, Universidad de Chile.
Marcela Aedo, Universidad de Valparaíso.
Marcela Tapia, Universidad Austral de Chile.
Marcela Zúñiga, Universidad Diego Portales.
Marco Andrade, Universidad Austral de Chile.
María de los Ángeles González, Universidad de Chile.
María Eugenia Montt, Universidad de Chile.
María Fernanda Ovalle, Universidad de Valparaíso.
María Paula Poblete, Universidad de Talca.
Matías Guiloff, Universidad Diego Portales.
Matías Silva, Universidad Católica Silva Henríquez.
Mauricio Duce, Universidad Diego Portales.
Mauricio Matus, Universidad Pablo de Olavide.
Miguel Schurmann, Universidad Central de Chile.
Miriam Henríquez, Universidad Alberto Hurtado.
Mylene Valenzuela, Universidad Central de Chile.
Myrna Villegas, Universidad de Chile.
Nicolas Emanuel Olivares, Universidad Nacional de la Pampa
Nicolás Espejo, Exeter College, Oxford University.
Nicolás Oxman, Universidad Central de Chile.
Nicolás Perrone, Universidad Nacional Andrés Bello.
Nicole Nehme, Universidad de Chile.
Nicole Selamé, Universidad de Valparaíso.
Olga Espinoza, Universidad de Chile.
Oscar Silva, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Osvaldo Artaza, Universidad de Talca.
Pablo Aguayo, Universidad de Chile.
Pablo Contreras, Universidad Autónoma de Chile.
Pablo Gres, Universidad Católica del Norte.
Pablo Marshall, Universidad Austral de Chile
Pablo Martínez, Universidad Católica del Norte.
Pablo Soto, Universidad Diego Portales.
Patricia Toledo, Universidad Austral de Chile
Patria Reyes, Universidad de Valparaíso.
Patricio Hidalgo, Universidad de Chile y Universidad Alberto Hurtado.
Paula Ahumada, Universidad Central de Chile.
Paula Gutiérrez, Universidad de Valparaíso.
Paula Medina, Universidad Central de Chile.
Paula Vial, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Paulina Astroza, Universidad de Concepción.
Paz Irrarázabal, Universidad de O’Higgins.
Pietro Sferraza, Universidad Nacional Andrés Bello.
Ramón Mayorga, Universidad Austral de Chile.
Ricardo Lillo, Universidad Diego Portales.
Ricardo Saavedra, Universidad de Valparaíso.
Rocío Lorca, Universidad de Chile.
Rocío Sánchez, Universidad Nacional Andrés Bello.
Rodrigo Calderón, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Rodrigo Palomo, Universidad de Talca.
Rodrigo Poblete, Universidad de Talca.
Rodrigo Busto, Universidad Diego Portales.
Salvador Millaleo, Universidad de Chile.
Rodrigo Medina, Universidad Santo Tomás.
Sebastián Agüero, Universidad Austral.
Sebastián Figueroa, Universidad Adolfo Ibáñez.
Sebastían Ríos, Universidad Austral de Chile.
Sergio Fuenzalida, Universidad Central de Chile.
Sergio Gamonal, Universidad Adolfo Ibáñez.
Silvana del Valle, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Silvio Cuneo, Universidad Central de Chile.
Soledad Fernández, Universidad de Valparaíso.
Tomás Blake, Universidad Diego Portales.
Tomás Jordán, Universidad Alberto Hurtado.
Tomás Ramírez, Universidad de Chile.
Tomás Vial, Universidad Diego Portales.
Valentina Durán, Universidad de Chile.
Verónica Undurraga, Universidad Adolfo Ibáñez.
Viviana Ponce de León, Universidad Austral de Chile.
William García, Universidad Alberto Hurtado.
Ximena Gauché, Universidad de Concepción.
Ximena Insunza, Universidad de Chile.
Yanira Zuñiga, Universidad Austral de Chile.

 

Columna publicada en periódico El País el 18 de Junio, junto a Mariclaire Acosta, Carlos Ayala, Catalina Botero y Juan Méndez, miembros del Panel Independiente de Expertos para las elecciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El próximo 28 de junio, durante la Asamblea General que tendrá lugar en la ciudad de Medellín (Colombia), los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos definirán cuestiones cruciales para la región. Entre ellas, la elección de cuatro de los siete integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la hora de votar, los Estados deberían elegir a personas que reúnan los altos estándares de autoridad moral, versación en derechos humanos e independencia que la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige. Sin embargo, las elecciones se acercan y algunos países se aproximan a ellas con algunas dificultades para cumplir esa misión.

La lista de candidatos se ha cerrado con solo cinco nombres para cubrir cuatro vacantes. De acuerdo a la información evaluada por este panel independiente, tres de los candidatos; Margarette May Macaulay (propuesta por Jamaica), Esmeralda Arosemena de Trotiño (por Panamá), y Julissa Mantilla Falcón (por Perú), cumplen con los requisitos que tanto la Convención Americana como el Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana exigen para este cargo; mientras que dos de los candidatos —Everth Bustamante García (propuesto por Colombia) y Edgar Stuardo Ralón Orellana (por Guatemala)— no cumplirían con dichos requisitos. El panel ha llegado a esta conclusión luego de un proceso abierto, participativo y transparente de tres meses, que incluyó entrevistas con los candidatos y recepción de la información enviada por diversas personas y organizaciones de la región.

Teniendo en cuenta que se decide el futuro del órgano encargado de la protección de los derechos humanos en la región, estas elecciones deberían ser una oportunidad para fortalecerlo desde adentro, nombrando a personas claramente calificadas para esta función. Para eso, sería necesario que los Estados cuenten con un número razonable candidatos entre los cuales decidir, y que estos reúnan las condiciones requeridas. Sin embargo, una gran cantidad de ellos no propusieron candidatos y, de acuerdo a la información recabada por este panel, los que los han propuesto no han hecho convocatorias abiertas, ni han llevado a cabo procesos de nominación transparentes ni participativos a nivel local, que hubieran sido capaces de ofrecer garantías de la idoneidad e independencia de las personas nominadas.

Este escenario limita las propias posibilidades de elección de los países en su encuentro en Medellín, en desmedro no solo de la adecuada composición, sino de la legitimidad de un organismo clave para los derechos humanos en el continente. A quienes integramos este panel nos une nuestra trayectoria en el estudio, la enseñanza, la promoción y la defensa de los derechos humanos y la democracia a nivel regional e internacional. Hemos sido llamados a desarrollar esta labor en nuestro carácter de expertos independientes, de forma objetiva e imparcial. Nos convocaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso Legal, y la Open Society Justice Initiative, como nueva expresión de un esfuerzo que vienen realizando desde 2015 para promover elecciones más transparentes y participativas en el Sistema Interamericano.

Trabajamos de forma autónoma, definimos nuestra propia metodología para medir los criterios establecidos por la Convención Americana, y contamos con la asistencia, como secretaría, del Centro de Derechos Humanos del American University Washington College of Law. Nuestro informe da cuenta tanto de la información que utilizamos como del razonamiento que nos llevó a adoptar, por consenso, nuestras conclusiones.

Creemos que el mayor valor de este ejercicio es realizarlo de esta manera, y pensamos que es vital que se siga realizando, sea promovido por sociedad civil, o sea incorporándolo dentro de los procesos de elecciones de la OEA. Esperamos nuestro informe contribuya a la labor responsable de los Estados, en la importante misión de elegir a los próximos miembros de la CIDH, y que, en general, convoque a la reflexión y al diálogo sobre el modo en que se nominan y eligen a los integrantes de los órganos del Sistema.

 

Página 1 de 6